México bajo la lupa mundial en DDHH por Tlatlaya y Ayotzinapa

junio 30, 2015 By

México bajo la lupa mundial en DDHH por Tlatlaya y Ayotzinapa

Ciudad de México, 30 de jun.- Los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya siguen ocupando no sólo los titulares de diversos medios alrededor del planeta, sino que también se han vuelto parte de la agenda de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien presentó múltiples quejas en su cuarto reporte, mientras que la ONU, a un año de la masacre de Tlatlaya, lanzó un exhorto público para que el gobierno mexicano y las instancias correspondientes asuman a cabalidad las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien denunció publicamente el incumplimiento de las mismas.

 

Ayotzinapa, una carrera con obstáculos

Este lunes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), comisionado por la CIDH para coadyuvar en el caso de los 6 jóvenes asesinados y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, presentó su cuarto reporte del caso, mediante el cual hizo público los múltiples obstáculos e irregularidades que se ha topado en las diligencias, por lo que incluso se vuelve a insistir en la indagación de nuevas líneas de investigación.

El GIEI denunció que la investigación se encuentra dividida en al menos 15 procesos diferentes, los cuales se llevan a cabo por separado en juzgados repartidos en varios estados, por lo que una de las peticiones primordiales es la de unificar las diligencias, para lo cual tienen ya programada una reunión con la procuradora general Arely Gómez.

Asimismo externaron su preocupación, pues apenas el 30% de las solicitudes realizadas a las autoridades competentes han recibido respuesta; sólo un 24% se ha resuelto de forma parcial, mientras que al resto sigue sin dársele seguimiento alguno, como relata el diario ElPaís.

De igual forma el grupo de expertos integrado por Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, expusieron que su petición de entrevistarse con miembros del Batallón 27 del Ejército mexicano, presentes aquella noche en Iguala, sigue quedando en el aire, pues el estado ha respondido que “aún se está analizando la petición”, a pesar de que tiene ya más de tres meses de haber sido realizada.

Al respecto ElEconomista cita la excusa de la Segob; emitida por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien señaló que “el Estado continúa analizando la pertinencia de esta diligencia a partir del mandato del propio grupo y del marco legal vigente”.

Curiosamente el mismo funcionario sugiere implicitamente que mejor vayan a tocar a otra ventanilla; proponiendo realizar la petición a través ahora del Ministerio Público; “para ampliar declaraciones y preguntar otro tipo de dudas.

El grupo ya se plantea solicitar una prórroga también para su gestión, dada la lentitud de las autoridades para responder a las peticiones del GIEI.

 

Tlatlaya, un año de especulación

Hace un año fuimos uno de los primeros medios que reportó la masacre en el sur del Estado de México, antes de que fuera reconocido de forma oficial por el gobierno mexiquense; desde aquel momento haciamos mención del sospechosismo que inundaba el caso; pues las versiones de ejecución corrieron desde un inicio en la zona, mientras que el silencio oficial al paso de las horas, aumentaba la incertidumbre y especulación.

Finalmente, después de muchas horas Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, confirmó oficialmente los hechos, con el respaldo de la Sedena, afirmando que se trató exclusivamente de un enfrentamiento con el crimen organizado.

No obstante meses después, comenzaron a salir investigaciones periodísticas que expusieron las múltiples mentiras que se dijeron en torno al caso, por lo que se inició una averiguación que ha atraído también las miradas internacionales, pues se está acusando al Ejército Mexicano de perpetrar ejecuciones extrajudiciales de forma indiscriminada.

La CNDH emitió diversas recomendaciones por las claras violaciones a los derechos humanos; no obstante a un año de la matanza, tuvo que ser la misma CNDH quien salió a exhibir publicamente al gobierno mexicano de no estar dando cabal cumplimiento a las recomendaciones emitidas, como detalla AristeguiNoticias.

La CNDH reiteró “que Tlatlaya es un caso de violaciones graves a derechos humanos que lastima a la sociedad y no debe repetirse”, respondiendo también a las arbitrariedades de la Sedena y el INAI, quienes han estado reservando información, bajo la excusa de que no fueron graves las violaciones a los DDHH.

En ese sentido resulta interesante también la entrevista realizada por CarlosBenavides al titular de la Sedena, General Salvador Cienfuegos, quien considera un error la nueva disposición del fuero militar aprobada apenas hace un año, y la cual se ha convertido en un conflicto para los militares, quienes enfrentan el riesgo de ser procesados por desobediencia, o bien por violación a los derechos humanos, según su razonamiento.

Asimismo el general ex jefe de estado mayor del Batallón 27, reconoce también que incidentes como el de Tlatlaya han costado muy caros al Ejército Mexicano, aludiendo que ha habido también un linchamiento hacia las fuerzas armadas, siendo que no se tiene toda la información del caso.

En ese tenor coinciden organizaciones como Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en voz de su directora, consideró que a 4 años de la reforma constitucional a los Derechos Humanos, se han alcanzado avances importantes, como relata JuanPabloReyes.

De igual forma el subsecretario de Derechos Humanos. Roberto Campa, se manifestó por los logros alcanzados a cuatro años de la reforma, aunque resaltando que aún quedan desafíos importantes que atender, tales como la tortura y la desaparición forzada, como describe la crónica de Reforma.

No obstante en la realidad se sigue percibiendo un clima de alto riesgo en México, incluso para los organismos defensores de derechos humanos; el día de ayer trascendió en Excelsior que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) cerró su representación en la Cuenca del Papalopan, en la zona limítrofe con el estado de Puebla, precisamente por el incremento a la violencia y las amenazas recibidas de parte de personas relacionadas con la delincuencia organizada.

 

Redacción. Huellas de México

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