julio 26, 2014 By Ulises Navarrete

Cuida gobierno 107 albergues infantiles; la IP, 805

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Expertos consideran que lo ocurrido en el albergue La Gran Familia es una oportunidad para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y enfrente el problema de la niñez en orfandad y establezca mecanismos de regulación y control sobre los centros de asistencia, ya sean públicos o privados.

Según datos del DIF nacional señalan que el número de niños en situación de abandono o que están separados de sus padres por cuestiones jurídicas y permanecen en albergues del país creció el año pasado.

Hasta diciembre de 2013 se registraron 25 mil 700 niños en esa situación, cifra superior a la de 2012, cuando se contabilizaron 17 mil 522 en dichos centros de asistencia.

El número de albergues registrados en el país, administrados por gobiernos y particulares, llegó a 922, de los cuales 805 son privados y 117 públicos. El reporte oficial establece que en el último año el gobierno federal destinó 39 millones 912 mil 500 pesos en subsidios.

Nashieli Ramírez, coordinadora de Ririki Intervención Social y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del DF, dijo que la situación que se evidenció a partir de La Gran Familia no es única, puesto que estima que siete de cada 10 albergues tienen deficiencias y pese a ello siguen operando.

Por su parte, Mario Luis Fuentes, experto en asistencia social y exdirector del DIF nacional, indicó que hay un vacío legislativo, puesto que el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia no tiene facultades para vigilar los albergues privados y exigir que les abran las puertas.

En tanto, Sofía Consuegra, investigadora de la UAM, señaló: “El modelo comenzó a resquebrajarse cuando ni los albergues públicos ni los privados cumplieron con el fin principal, que era dar sólo estancia temporal y buscar un hogar para los niños”.


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