diciembre 9, 2013 By

Cascada de Inversión extranjera en Pemex

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SAJID E. SÁNCHEZ PATIÑO

 

Vallas de acero blindadas a lo largo de mil 200 metros lineales, reforzadas por al menos tres mil 400 elementos de la Policía Federal, así como una tanqueta para disparar agua y contener posibles manifestaciones, es el escenario de preguerra que antecede a la discusión de la reforma energética en el Senado.
Se trata de la propuesta considerada como la más importante del sexenio y la más relevante en más 70 años.
¿Cuál es la prisa? Preguntó con antelación Cuauhtémoc Cárdenas, pero la respuesta no llega; en cambio todos los preparativos para aprobar la reforma más importante desde la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938 vive su fase más intensa desde el pasado sábado cuando los legisladores se declararon listos para iniciar el debate.
El exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mencionó que «con la premura que veo en el tema pareciera que tienen urgencia de empezar ciertos negocios particulares, no le veo otra razón, si vamos a entregarle algo a alguien, quiere decir que quien va a recibirlo ya le urge tenerlo, y quien lo va a entregar necesita su comisión, ¿cuál es la prisa?”, cuestionó Cárdenas.
En torno al destino de la controvertida e impugnada propuesta de reforma constitucional que abre paso a la participación de la inversión privada en la producción de hidrocarburos se tejen varios escenarios de interpretación que van de los catastrófico del PRD al espíritu nacionalista del PRI y al no pasa nada del PAN.
Una versión, muy del lado de las izquierdas mexicanas, refiere que las empresas extranjeras serán dueñas de plataformas marítimas, pozos petroleros y del suelo donde se extraiga crudo.
Sostienen que esta situación toma visos de realidad, especialmente en la frontera norte para el caso de que una empresa petrolera de EU adquiera en utilidad compartida dicho suelo que linde con la frontera mexicana, pues obviamente ese país extiende su territorio a esa área, reduciendo el suelo mexicano, perdiendo en consecuencia la soberanía territorial nacional de toda esa área adquirida.
El PRD más conciso ha dicho que se busca privatizar al petróleo con la entrada de capital extranjero en las labores de exploración y explotación de hidrocarburos.
Versiones de apoyo a su dictamen favorable habla que este paso es impostergable, como lo viene sosteniendo el dirigente nacional del tricolor, César Camacho Quiroz.
En total concordancia, Pedro Joaquín Coldwell sostiene que la citada reforma pretende que el sector recupere el crecimiento gracias a la mayor atracción de inversión. El PAN ha llegado a cifrar en hasta 30 mil millones de dólares (mdd) anuales extras a los casi 24 mmdd que aporta Pemex con su aprobación.
Las cifras por ahora no son muy halagüeñas: México ha dejado de producir cerca de un millón de barriles diarios desde su pico alcanzado en 2004, cuando la extracción promedio era cerca de 3.4 millones de barriles diarios promedio. Hoy este indicador ronda los 2.5 millones de barriles.
El país es uno de los 10 mayores productores de crudo del mundo, el segundo en América Latina, luego de Venezuela y este sector aporta cerca del 35 por ciento de los ingresos del gobierno.
Mancuerna indisoluble
La realidad es que el blanquiazul y el tricolor han hecho una mancuerna indisoluble para abrirle paso a una de las reformas que mantiene en vilo al país, porque definirá el futuro de la exploración y explotación del petróleo en México.
Dolores Padierna acusó que las bancadas del PAN y del PRI pactaron en secreto el proyecto, excluyendo al PRD. Además aventuró que hubo personas que sin pertenecer al Senado formaron parte de la redacción del proyecto.
Y si la iniciativa del PRI generó polémica desde un principio por su planteamiento de abrir el sector energético a la inversión privada nacional y extranjera, el PAN deja en evidencia su enorme interés en abrirle totalmente las puertas a la inversión extranjera en este sector.
El PAN está a favor de la apertura, pero plantea un esquema más amplio que el PRI, en el que se otorguen concesiones a particulares para la producción de hidrocarburos.
Contratos compartidos, una realidad
El proyecto de dictamen de reforma energética contempla abrir los modelos contractuales para que la iniciativa privada pueda invertir en el sector de extracción de hidrocarburos.
Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) acordaron en la elaboración del proyecto incluir cambios constitucionales que permitirán que los particulares entablen contratos para explotar yacimientos a través de las figuras de la utilidad y producción compartida, además del régimen de las licencias.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) argumentó que «Es un documento que cancela, que anula, la nacionalización del petróleo y la electricidad».
Jorge Luis Lavalle, senador del PAN e integrante de la Comisión de Energía, declaró el jueves anterior que ese es uno de los puntos «irreductibles» para su bancada, junto con la creación de un fondo petrolero y restar poder al sindicato en las decisiones de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ambos partidos mantuvieron la ventaja para su aprobación, ya que juntos conforman la mayoría calificada (dos tercios del Senado) para llevar a cabo reformas constitucionales sin el voto del PRD.
Aprobación a toda costa
El presidente Enrique Peña ha dicho que si hay mayorías se pueden sacar adelante las reformas, aunque no haya consenso o unanimidad.
Y de manera reiterada defiende que el país debe aprovechar la generosidad que ha tenido la naturaleza «y que ahora la política también debe acompañarle, para que México pueda aprovechar de manera exitosa su riqueza energética, dejando en claro, como premisa fundamental, la rectoría y la propiedad del Estado mexicano sobre los hidrocarburos, condición que no será afectada ni habrá de cambiar».
Todo empezó el sábado
Todo estaba listo para comenzar el sábado pasado la discusión en comisiones, pero un incidente que fue resuelto con una disculpa pública de los abanderados del PRI apagó la mecha de lo que se pensaba era el truene del proyecto.
La sesión entre senadores se había retrasado por «fallas técnicas», por lo que el PRD, principal fuerza de la izquierda, se retiró y exigió una reunión urgente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para dar certeza al formato de la discusión.
Tres horas más tarde se reunió el órgano del Senado, con la presencia de los líderes de las bancadas, y se acordó reanudar el encuentro para presentar el proyecto de dictamen.
Al recibir el documento, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, rechazó de inmediato el contenido del mismo, pues, dijo, no contempla que los hidrocarburos estén todo el tiempo bajo la tutela del Estado.

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