octubre 25, 2013 By Jose G. Muñóz

México: seis en conducta

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José G. Muño< García

@josegmunoz

 

La Organización de las Naciones Unidas emitió una nada agradable calificación a México, o más bien a su gobierno, en materia de derechos humanos y le plantó un seis y un tache en la frente, lo que entusiasmó a algunos medios y colocaron en lugar bastante destacado la información, donde se da cuenta de lo mal que se han portado los cuerpos de seguridad con algunos opositores –porque otros son arropados de manera inusual y recompensados luego de realizar actos vandálicos, como el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación— como haciendo propaganda para ver cómo 18 millones de votantes se equivocaron al elegir al candidato que como gobernante resultó un “represor”, para no perder la costumbre de convertir este ejercicio reflexivo en una historia de buenos y malos, para luego usar el jueguito en 2018.

 

Lo expuesto en la ONU por nuestra propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y varias Organizacciones No Gubernamentales especializadas en Derechos Humanos, es una innegable y aterradora realidad: numerosos casos de privación de la vida, desapariciones forzadas, cateos ilegales, detenciones y retenciones arbitrarias, y «el notable crecimiento» de la práctica de la tortura y en 2, 352 expedientes elaborados por la CNDH “hay indicios de la participación de servidores públicos, municipales, estatales y federales”, como publica El Universal en su versión en línea el pasado miércoles 23, aunque dicho así, en retahíla, lo primero que se insinúa es una colusión de funcionarios de los órdenes de gobierno, en una especie de conspiración permanente para sojuzgar, asesinar, desaparecer, torturar y todos los etcéteras que pueden resultar de estos actos de barbarie.

 

Es evidente que cada víctima tiene su victimario, pero no todas las víctimas tienen victimarios conjurados. La actitud salvaje de algunos trogloditas es a todas luces condenable. Nadie en su sano juicio avalaría esas prácticas atentatorias de los derechos humanos, pero vale presentar el mapa completo. Hablar de “servidores públicos” es referirse a personas que interactúan en diferentes estadios de la vida pública, desde policías de municipios apartados donde los policías ni idea tienen del rol legal que les toca desempeñar, hasta el presidente de la República, pasando por funcionarios de diferentes jerarquías y áreas de los poderes ejecutivo, Legislativo y Judicial.

 

Se violan derechos humanos lo mismo en las áreas de seguridad que en las de procuración y administración de justicia, en una interminable cadena de violaciones de violaciones bien identificadas que al final quedan en la más completa impunidad. El ejemplo más representativo es el del protagonista-víctima de la película Presunto culpable, donde los victimarios son policías bajo las ordenes de Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, un agente del ministerio público y los jueces que avalaron esa infame sentencia emitida dos veces, sin la más mínima prueba de laq culpabilidad del detenido.

 

Caciques regionales ordenan la desaparición de luchadores por la tierra, los bosques, los derechos humanos, por mejor educación, por mejor administración de la vida pública, por mejor democracia y los gobiernos estatales en tales casos serían los que deberían ser llamados a cuenta, pues a ellos les corresponde no sólo procurar e impartir justicia, sino evitar este tipo de crímenes, pero le cargan el muertito al gobierno federal, cuando algunas ONG’s exigen justicia.

 

Si matan a mujeres en cualquier municipio, el número se agrega al debe de la presente administración federal y el gran total de  los feminicidios pesa sobre la espalda del Presidente de la República en turno.

 

Se violan los derechos humanos por omisión. Los migrantes que salen de varios países centroamericanos con rumbo a Estados Unidos muchos de ellos son secuestrados extorsionados y asesinados, sin que hasta el momento el gobierno federal haya elaborado un programa de protección efectiva para esos hermanos en desgracia. Pero los victimarios no son todos miembros del gobierno federal, porque el crimen organizado también los ve con ojos de negocio.

 

Las mujeres reclaman, con justa razón, guarderías en cada centro de trabajo, alto al maltrato familiar, cese de la discriminación laboral; equidad en las oportunidades para participar en política, pero la solución no depende de una voluntad unívoca. Es necesario que se transforme toda una tradición de abusos enraizados ancestralmente. Es hora que muchos padres de familia cobran jugosas dotes a los novios que se desposarán con sus hijas, apelando a la ley de usos y costumbres y qué: ¿Eso es culpa del gobierno federal o del Presidente de la República?

 

Los diagnósticos son correctos, en principio, pero también deberían calificarse con un seis, porque si bien contienen denuncias importantes, no proponen soluciones viables, con base en realidades locales, regionales y federales.

 

El gobierno federal es responsable directo de los delitos que se cometen contra ciudadanos tanto los miembros de las fuerzas armadas como de las diferentes corporaciones que conforman el aparado de seguridad del Estado Mexicano, pero no puede solucionar el universo de problemas en su conjunto. Los medios tienen ese déficit de información que también deben cubrir.


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