septiembre 13, 2013 By

SCJN: Indebido proceder

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José G. Muñoz García

@josegmunoz

Las sospechas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aplicaría con la exactitud el mandato constitucional sobre el debido proceso, porque se “vaciarían las cárceles de todo el país”, se están confirmando con la resolución de negar la libertad al maestro indígena Roberto Patishtán, acusado sin pruebas sólidas de haber conspirado para emboscar y dar muerte a siete policías.

Según crónicas, hay testimonios en el expediente penal que Alberto Patishtán participaba en una asamblea escolar cerca del lugar de la emboscada. “hay documentos en donde toda la asamblea atestigua su presencia. Hay pruebas fundamentales que el tribunal omitió. Hay un presidente municipal que decidió inculparlo de la muerte de su hijo, hay 11 años de prisión injusta y como el maestro mismo afirma: «No puedo estar preso ni dos días por algo que no cometí», cualquiera de nosotros que se sabe inocente afirmaría lo mismo”, publica Lucía Rafael en el portal de la Organización Editorial Mexicana con fecha de este viernes 13 de septiembre.

El 23 de enero la SCJN ordenó la libertad “inmediata” de la ciudadana francesa Florence Cassez, tras examinar su expediente, donde se encontró que se le obligó a posar para las cámaras de Genaro García Luna.

La SCJN explicó que el “debido proceso” es “respeto de los derechos de una persona durante un juicio –incluso desde la averiguación previa— plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales, encaminados a la intención de una resolución equilibrada y justa. Estos derechos se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y garantizan el respeto de la condición humana, así como constituyen un límite en la actuación del Estado”-

Y en nombre del “debido proceso” violado, se liberó en febrero de 2012 a siete indígenas tzotziles por la masacre de Acteal, Chiapas, en 1977, acusados de homicidio y lesiones. Se descubrió que se violaron sus derechos porque aparecieron documentos públicos que dejaron si valor las pruebas, las cuales, además, eran contrarias a la ley.

En octubre de 21012, la SCJN ordenó liberar a un indígena mazahua acusado de secuestro; en noviembre de ese mismo año, se dejó en libertad a dos indígenas nahuas, acusados de robo de vehículo.

Y la joya de la corona: en octubre de este año salió de la cárcel el tristemente célebre Rafael Caro Quintero, capo del narcotráfico y acusado de haber ordenado la muerte del agente de La DEA Enrique Camarena y el argumento, es el mismo: fallas en el debido proceso.

Jueces, magistrados y ministros, encerrados en su castillo de cristal, ajenos a toda crítica razonable, deciden quien sale o permanece en la cárcel, inocentes o culpables, da lo mismo. Blindados contra la sociedad, aplican sentencias diferentes a casos similares. Su criterio es el que vale, o, al menos el criterio de seis ministros contra cinco, en el caso de las resoluciones del pleno de ministros. Cómo estará de intensa la duda jurídica, que se tiene que decidir por votación, lo que deja mucho que desear de uno de los principios de justicia, que es la certeza.

Ellos sentenciaron que los macheteros de San Salvador Atenco, Estado de México, fueran liberados, porque se les violó el “debido proceso”. Gracias a cuatro votos contra uno, los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle -quien fue condenado a 112 años de prisión por secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación- Felipe Alvarez Medina y Héctor Galindo, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, quedaron liberados.

La película Presunto culpable, donde se exhibe la ominosa forma en que un acusado es sentenciado en dos instancias judiciales de la ciudad de México, es un fractal de cómo se conducen agentes del ministerio público federal y jueces federales. Si los inocentes encarcelados pueden sumar miles, serían decenas de miles los sentenciados que sufrieron violaciones al “debido proceso”.

El caso Patishtán es apenas uno de los miles que pueden encontrarse en las cárceles de México. La justicia está endeudada con los mexicanos de a pie.


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