abril 29, 2015 By

SFP advierte nuevas medidas para combatir la corrupción

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Distrito Federal— La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer las reglas que deberán seguir los servidores públicos para presentar a partir del 1 de mayo su declaración de conflicto de interés.

Entre los funcionarios que están obligados a presentarla, informó la SFP en un comunicado, están el presidente de la República, Secretarios de Estado, la Procuradora General de la República, el consejero jurídico, titulares de entidades paraestatales y de órganos desconcentrados, así como 206 mil servidores públicos más, pertenecientes a 350 instituciones de la Administración Pública Federal.

En la declaración de posible conflicto de interés, detalló, se incluirá información relacionada con puestos, cargos, comisiones, actividades o poderes que el declarante desempeñe en órganos directivos, en organizaciones con fines de lucro (empresas), o bien en otras asociaciones privadas.

También, añadió, los funcionarios deberán informar sobre participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos que tengan valor económico presente o futuro.

Además de la declaración de conflicto de intereses, cuyo formato se da a conocer hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los servidores públicos deberán presentar la actualización de su situación patrimonial en la que por primera vez deberán informar el nombre del último vendedor de los inmuebles propiedad de los declarantes.

La SFP anunció que además hoy se ponen en marcha otras tres acciones ejecutivas para combatir la corrupción, de las ocho ordenadas por el presidente Enrique Peña en febrero.

La primera es la propuesta del protocolo de actuación de los servidores públicos en su contacto con los particulares en materia de contrataciones públicas.

La segunda, el Registro de Servidores Públicos que intervienen en contrataciones; y la tercera, la actualización de la lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República, a través del «Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados».

 

 

Fuente. Reforma


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