marzo 23, 2015 By Ulises Navarrete

Comisión de Gobernación en sesión permanente para análisis de transparencia

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Javier Divany Bárcenas
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, vocero del grupo parlamentario del PRI, informó que la Comisión de Gobernación se declarará el próximo miércoles en sesión permanente para analizar la minuta que llegó del Senado sobre la Ley General de Transparencia y de Información Pública.
Ante los medios de comunicación el legislador del PRI refirió que la intención es que el documento se revise antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones el 30 abril.
Gutiérrez de la Garza habló al término de la Junta de Coordinación Política, quien dijo que la Cámara de Diputados recibió esa minuta el jueves pasado y se turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la de Transparencia y Anticorrupción, para opinión.
Aclaró que de ninguna manera se está condicionando que el Senado apruebe las reformas que envió la Cámara de Diputados para crear el Sistema Nacional Anticorrupción con el aval a la minuta de la Cámara alta sobre Ley General de Transparencia.
El vocero del PRI dijo que ambas se tienen que trabajar en paralelo y recordó que dentro del comité que rige el Sistema Nacional de lucha contra la corrupción está el propio Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Aseguró que ante la propia naturaleza del sistema anticorrupción tiene una liga directa con la Ley de Transparencia y por lo mismo es muy importante que en este periodo ordinario de sesiones también avance esta reforma constitucional, que al ser constitucional tiene que pasar por las legislaturas estatales.
“No está condicionada (su aprobación), pero debe ser lo óptimo que se emitan en paralelo, la Ley General de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción”, insistió.
Cabe mencionar que la reforma de Transparencia obliga a transparentar y permitir el acceso a su información a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal o municipal.


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