enero 10, 2014 By

Mireles: un injerto de Rambo con 007 y vengador anónimo

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@josegmunoz

Esta semana se expone en el aparador de la opinión pública un asunto que se había venido ventilando con alguna discreción: se trata de la posible autorización desde los sótanos del poder federal a la acción de los grupos de autodefensa, porque al menos en el estado de Guerrero los grupos armados denominados Policías Comunitarios –una variante semántica de los grupos de autodefensa—ya tenían el aval institucional desde hacía por lo menos 18 años, lo que pone en entredicho la eficacia de los tres poderes de la Unión para crear instituciones que otorguen plenas garantías de funcionalidad democrática a la sociedad mexicana en todas las entidades que componen la federación.

Llamó la atención de los analistas que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se haya metido en un laberinto a todas luces ilegal al aceptar que el gobierno federal protege al doctor José Manuel Mireles, líder visible de los grupos de autodefensa en Michoacán, porque combatía contra Los Caballeros Templarios, el cartel que antes con la denominación de La Familia Michoacana se había enseñoreado en todo el estado y parte de los estados limítrofes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Estado de México y algunas delegaciones del Distrito Federal, monopolizando toda actividad ilegal, desde el comercio informal hasta el secuestro, pasando por el narcotráfico, el despiadado secuestro y el abusivo cobro de piso.

La “protección” del gobierno federal a Mireles se refería, obviamente, a la que se daba en un hospital cinco estrellas de la Ciudad de México, donde se le atendía luego de un accidente aéreo ocurrido en tierra caliente de Michoacán, pero el término protección se extendió a otros estadios de la interpretación humana al explicar la razón: porque combatía contra los Templarios, lo que cambia por completo la idea de una solidaridad temporal con un herido famoso y más cuando Osorio Chong dijo que las autodefensas no tienen relación alguna con el crimen organizado, en contradicción abierta y pública con el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, quien ha sostenido dichos grupos son patrocinados por el Cártel de Jalisco. Incluso, en el reporte del accidente que tuvo Mireles en su avioneta, el gobierno del estado michoacano incluyó que Mireles venía de Guadalajara, donde se había entrevistado con “algunos empresarios”, como reforzando la tesis de Vallejo.

El gobierno federal tiene una deuda de transparencia con la sociedad a la que le debe rendir cuentas: Mireles y sus comandos se exhiben en todos los municipios de la región de Tierra Caliente michoacana con armas de grueso calibre y vehículos caros, sin que se sepa de alguna averiguación previa por este delito cometido a la luz pública que por ese solo hecho debería de intervenir, sin que denuncia previa. Incluso, tras algunos enfrentamientos, se ha difundido que se mataron al menos a cuatro Caballeros Templarios, lo que abre las sospechas que Mireles tiene la bendición de los sótanos del poder federal, para actuar con armas, lo que lo convierte en el Rambo mexicano, injertado del inglés 007, con recursos ilimitados y permiso para matar.

Ahora bien, la explicación sobre el origen del levantamiento armado es más que sabido: la incapacidad de los gobiernos para impedir los atropellos de La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, pero el permitir la justicia por propia mano es inconstitucional.

Sobre el particular, el portal de la revista proceso publicó el pasado jueves que La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que la “inseguridad, violencia y situación socioeconómica, que se viven en Guerrero provocó el surgimiento de los grupos de autodefensa, y que “desaparecerlas, sin acabar con las causas que las originaron, sería dejar a la ciudadanía en la indefensión”. A través del informe enviado por la CNDH a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la institución reclama que los ciudadanos están violando la Constitución al tratar de ejercer seguridad pública por su propia mano; advierte que la actuación de los grupos de autodefensa podrían generar una espiral de violencia; afectar la gobernabilidad e incluso los responsabiliza de impedir recuperar la seguridad.

La CNDH se refería sólo al estado de Guerrero, donde sí se “legalizaron” a grupos de policías comunitarias con la Ley 701, en el sexenio del gobernador Zeferino Torreblanca, como refiere Carlos Marín en su columna del jueves 9, pero si la Constitución prohíbe la justicia por mano propia, entonces no hay tal “legalización”, pero , lo de Michoacán es otra cosa y se le puede llamar paramilitarismo, tan .pernicioso para la sociedad como cualquier grupo criminal, porque para estos también se aplica la sentencia de John Emerich Edward Dalkberg Acton, más conocido como Lord Acton en 1887. En su redacción original decía: Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. (el poder corrompe; el poder absoluto, corrompe absolutamente).

Gabriel García Márquez se cansó de denunciar que en Colombia, los paramilitares agrupados en Autodefensas Unidas de Colombia fueron financiados por ganaderos, industriales, grandes comerciantes y tolerados por las Fuerzas Armadas, y con estas credenciales perpetraron numerosas masacres contra civiles ‘sospechosos’ de colaborar o pertenecer a la guerrilla hasta que se convirtieron en el Otro Poder, junto con las FARC y las Fuerzas Armadas, dolor de cabeza que duró el menos cuatro décadas

México no está ni para Rambos ni para 007’s ni para Caballeros ni autodefensas, tenemos un gobierno que debe actuar dentro de los márgenes de la ley.


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