enero 3, 2014 By

Transparencia, otra promesa pendiente

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Hace más de una década que la sociedad mexicana viene dando una dura batalla en pro de la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos en todos los niveles de gobierno.

Sin embargo, con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República las cosas se enrarecieron.

El tricolor, por ejemplo, atoró por meses la reforma en materia de transparencia porque exigía que la Procuraduría General de la República (PGR), el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvieran, como en el caso de la Presidencia de la República, la opción de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tratar de echar atrás las decisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Al final, y debido a la presión de organizaciones civiles, los legisladores priistas recularon. Pero ese intento mostró que a este gobierno y al PRI no les gustan las cuentas claras.

Otro ejemplo es el del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, del que políticos opositores al PRI y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han denunciado que, además de ser el más elevado en la historia del país, carece de mecanismos para dar seguimiento al gasto del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.

Una muestra de la “opacidad” del Presupuesto son los recursos otorgados al Ramo 23, donde se ubican tres fondos que se repartieron entre municipios y demarcaciones territoriales del país, constituyendo en realidad “bolsas” diseñadas para ser “negociadas” y “repartidas” entre cada uno de los diputados, expuso hace unas semanas la Senadora perredista Dolores Padierna Luna.

Por su parte, Manuel Molano Ruiz, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), también se dijo preocupado porque el ejercicio del gasto sea tan poco claro: “Aún hay programas que no son evaluados: el Gobierno dice que no son evaluables porque no tienen fines preestablecidos y que no son parte de la estructura de gasto corriente del gobierno, pero todos los programa de gasto deben ser evaluados”.

Molano Ruiz afirmó que en el Ramo 23 se manifiesta otra vez un círculo perverso, “donde los gobernadores ponen a sus diputados y senadores, le hacen ciertos favores a la Secretaría de Hacienda y les asignan los recursos”.

Y si esto pasa con el presupuesto del país que se ejercerá en 2014, imagine entonces lo que sucede en otros rubros que son aún más fáciles de esconder o de triangular en los gobiernos federal, estatal y municipal.

En su campaña rumbo a la Presidencia, Peña Nieto prometió poner un alto al abuso de los recursos públicos que hacen gobernantes y funcionarios, y que incluso han llevado al borde de la bancarrota a varias entidades.

Sin embargo, en su primera oportunidad de poner la muestra ya como Presidente, ni siquiera tuvo la voluntad de mostrar y desglosar con transparencia sus propio patrimonio.

Enrique Peña Nieto está ya en el mes 14 de su administración y tampoco ha mostrado intención alguna de investigar y, en su caso, castigar con todo el peso de la ley a los gobernadores priistas que endeudaron sus estados, como es el caso de Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit, Chihuahua, Veracruz y Zacatecas.

Y esa actitud, por lo que se ha visto en el primer año del sexenio, no cambiará de tajo. La asignatura está pendiente y es fundamental para la sociedad que, sin duda, seguirá batallando contra la corrupción y en pro de la transparencia, a la que los priistas se niegan a abrir la puerta.

 

Fuente: sinembargo.mx


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