diciembre 13, 2013 By Jose G. Muñóz

Se libra en la capital del país batalla por la sucesión presidencial

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@josegmunoz

Justo en la semana en que conmemoró el 63 aniversario de que la ONU elaboró una lista de los derechos humanos que deberían preservarse entre las naciones fundadoras “para impedir que los horrores de la guerra se reproduzcan”, se alzaron voces de reclamo en diversas partes del país y del extranjero sobre violaciones sistemáticas por parte de instituciones gubernamentales les a la larga lista de DDHH que el gobierno mexicano está obligado a proteger, en tanto que es uno de los países firmantes del protocolo.

Las denuncias se centran contra las tres instituciones que participan en la “guerra” contra el crimen organizado: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación y Procuraduría de la República. Los actos denunciados son: desaparición forzada de personas, generalmente de hombres y mujeres activistas por los derechos humanos luchadores sociales, opositores al gobierno federal y gobiernos locales, amén de la impunidad con la que se permite al crimen organizado cometer actos de barbarie de sobra conocidos y denunciados, ante la indiferencia oficial.

Una vez más la esencia y la existencia en plena contradicción. El discurso que embellece el rostro del gobernante y los hechos, necios, que lo contradicen, en una guerra de cifras que no componen el día a día de quienes sufren el flagelo.

En el plano legislativo, el oficialismo aliado con el Partido Acción Nacional, se anotó un nuevo triunfo al aprobarse en ambas cámaras la Reforma Energética, el proyecto estrella de Enrique Peña Nieto y pocos saben cómo beneficiará o perjudicará al mexicano de a pie, cuando el mismo Gustavo Madero Muñoz afirma que la reforma fue aprobada “para bien o para mal”. Las voces en pro sostienen que es para bien. Las izquierdas curiosamente coinciden en que es para mal. Se rompió el tabú de que a Pemex no se le podía tocar ni con el pétalo de una empresa privada, cuando suman miles de millones de pesos los contratos de la paraestatal con empresas privadas nacionales y extranjeras. Al ruptura del tabú encrispa a la izquierda, que advierte: cada 100 años despierta el México bronco: en 1810, se levantó para luchar por su independencia; en 1910, toma las armas para acabar con las injusticias que cometían los hacendados contra la población pobre, apoyados por el porfirismo, y desde 2010, los grupos de autodefensa se arma para combatir la barbarie del crimen organizado. Y en las sierras de Guerrero, Michoacán, Durango y Nuevo León, los grupos armados lanzan sus proclamas de izquierda (www,cedema.org), como fractales de las grandes revoluciones marxistas de Rusia, China.

Los maestros concentran en la capital de la República sus reclamos contra la Reforma Educativa, pero también por la energética. Cuando se les da lo que exigen, piden más. Siempre van por más. Incluso, no pocos sueñan asumir el poder completo. Ese es el fin de la revolución marxista: llegar al poder por la vía de la violencia, aunque el caso de los maestros es una lucha de estrategia mixta: proclaman resistencia “pacífica”, pero provocan daños varios millones de pesos a su paso en las calles. Si algún maestro es detenido infraganti, exigen su libertad y llaman al gobierno “represor”. Violan le ley burguesa, pero la evocan; se escudan en ella, como el reclamar su derecho a manifestarse, sin citar, claro, los estropicios que se cometen. Son daños colaterales inevitables, dicen sus panegiristas.

En este contexto los diputados aprueban una ley que reglamenta las protestas y las obliga a respetar de manera estricta el término “pacífico” de un reclamo callejero. Nada de vandalismos.

La reacción de quienes exigen leyes que garanticen el derecho a la violencia callejera y del campo, esgrimen una serie de argumentos de antología:

-Que la ley Sotomayor, como se le bautizó, fue impulsada por Enrique Peña Nieto para acabar con la candidatura presidencial de Miguel Mancera, al demostrar que el jefe de gobierno se negó sistemáticamente a castigar a los vándalos.

-Que la aprobación de esta nueva ley fue un cabildeo en lo oscurito por Miguel Mancera, para recuperar su popularidad perdida ante el hartazgo que mostraban los capitalinos por las molestias que causan los Manifestantes un día sí y otro también ante mirada indiferente de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, la “izquierda verdadera”, la del cambio verdadero, la que se agrupa en torno a Morena, incluidos los neoizquierdistas Manuel Bartlett y Manuel Camacho Solís, encontró una coyuntura de oro en el aumento al precio del Metro, para dar la puntilla a Mancera, ejerciendo otra resistencia civil pacífica que provoca cientos de miles de simpatías: toma estaciones terminales del Sistema de Transporte Colectivo Metro y permite el paso a multitudes sin pagar su respectivo boleto.

Es que a la verdadera izquierda le estorba Miguel Mancera, precandidato natural para el 2018 a la Presidencia de la República.


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