José SÁNCHEZ LÓPEZ

Quince años duró la depredadora carrera política de Roberto Borge Angulo, pero bastó sólo un quinquenio como gobernante para que causara mayor daño a su estado que todos sus antecesores, con desvíos superiores a los 20 mil millones de pesos.

Al término de su mandato, el 24 de septiembre de 2016, no acudió a la toma de protesta de su sucesor, Carlos Manuel Joaquín González, y por espacio de nueve meses se dedicó de lleno a disfrutar y a dilapidar su fortuna mal habida, hasta que el 31 de mayo de 2017 un juez federal giró orden de aprehensión en su contra y lo colocó en calidad de prófugo.

Sin embargo su confianza era tal que sólo se enteró que ya era un proscrito, hasta que el mediodía del domingo 4 de junio de ese mismo año, cuatro días después de haberse ordenado su captura, elementos de la Policía Internacional (Interpol) lo detuvieron cuando se disponía a abordar un avión en el aeropuerto de Tocumén, que lo llevaría a París, Francia, y de ahí a Madrid, España.

Fue encerrado inicialmente en el penal El Renacer, una de las cárceles panameñas, pero al conocerse su intención de fugarse, lo cambiaron a la prisión de la sede de la Policía Nacional de Panamá, donde el jueves 4 de enero llegaría una aeronave de la Procuraduría General de la República que lo regresará a México.

En cuanto al lugar donde pudiera ser llevado al llegar a México todavía no se define, debido a que podría ser al hangar de la PGR para de ahí trasladarlo hasta el Penal de Neza Bordo, donde se ubica la sede del juez federal que otorgó la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero, cuya pena corporal va de los cinco a los 15 años.

No obstante, la Fiscalía General de Quintana Roo solicitó y obtuvo tres órdenes de aprehensión en contra de Borge Angulo por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública, por lo que también podría ser llevado a dicha entidad.

Desviaron más de 20 mil mdp

Lo cierto es que ahora, de una u otra manera, es cuestión de horas para que el político cozumeleño enfrente a la justicia mexicana y con ello comience la cacería de decenas de cómplices, quienes, junto con él, desviaron más de 20 mil millones de pesos.

Como una jugarreta del destino, el día que cumplió 38 años de edad (viernes 29 de diciembre) fue notificado, dentro de la prisión de la sede de la Policía Nacional de Panamá, que el día 4 de enero de 2018 la PGR iría por él; paradójicamente, al día siguiente, el viernes 5, cuando ya esté en México, el actual gobernante de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien es su principal acusador, festejará su natalicio número 58, como si la repatriación de Borge fuera su “regalo de Reyes”.

No tan escurridizo como González Canto

Roberto Borge si bien asimiló a la perfección las enseñanzas de su maestro, el también exgobernador Félix Arturo González Canto, para seguir saqueando a su estado, no aprendió a “blindarse” como su gurú y ahora paga las consecuencias, mientras que sus cómplices, cerca de una treintena, ya están en la mira de la PGR y de la Fiscalía General de Quintana Roo.

La red de complicidades que tejió Borge Angulo, entre familiares y amigos, jueces, notarios, miembros de su gabinete, servidores públicos

y empresarios, nacionales y extranjeros, incluso sus padres, fue para desviar, malversar y saquear las arcas estatales, causando un millonario quebranto a la entidad sin antecedentes, resultando más voraz que sus antecesores.

Dichos latrocinios originaron 17 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Quintana Roo y cuatro en la Procuraduría General de la República, lo que dio origen a igual número de carpetas de investigación; hasta la fecha solamente han sido detenidos cuatro excolaboradores del quintanarroense.

Los más buscados

Entre los fugitivos más importantes, y contra los que ya hay orden de aprehensión, figuran: Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas, y Eliézer Villanueva Lanz, exsubsecretario técnico hacendario; funcionarios de primer nivel en la administración borgista.

Juan Pablo Guillermo tiene varias denuncias penales y de juicio político en su contra, una de ellas por enriquecimiento ilícito por mil 464 millones de pesos, presentada por la misma institución que representaba en el gobierno de Borge.

Con la intención de evadir la ley, solicitó un amparo en mayo, pero el juez tercero de Distrito en Quintana Roo, el cual lleva su causa, le negó la suspensión definitiva, por lo que la orden de captura está vigente, aunque inexplicablemente y pese a estar ubicado en la ciudad de Mérida, no se ha cumplimentado.

En el caso de Villanueva Lanz, subsecretario de Finanzas, las autoridades de la actual administración estatal y las federales, lo consideraron el “cerebro” financiero de Roberto Borge y cuando estaba plenamente ubicado y pudo haber sido detenido, ya que desde marzo había orden de aprehensión en su contra, “se volvió humo”.

Las policías ministerial y federal “le perdieron la pista” y ahora versiones extraoficiales señalan que huyó de México y se encuentra en Líbano, donde se refugió junto con su esposa, Violette Eljure, oriunda de dicho país.

También figuran empresarios que actuaron como enlace o prestanombres de los negocios de Borge, entre ellos: Édgar Manuel Méndez Montoya; Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de Corpogas, y los empresarios madrileños José Guillermo Martínez Cárdenas y Lorenzo Sánchez Hidalgo, ambos detenidos en España.

Varias de las denuncias se turnaron a la PGR por delitos como “venta ilegal de bienes públicos”, sobre todo en terrenos de reserva territorial que fueron vendidos de manera ilícita a precios por debajo de su valor real.

Mauricio Góngora Escalante, exalcalde de Solidaridad y candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura, de acuerdo a la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática, es otro sobre quien pesa una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía General de Quintana Roo, por recibir 201 millones de pesos del erario para su campaña electoral.

Las solicitudes de captura por el mismo delito también involucran a José Gabriel Concepción Mendicutti Loria, exsecretario de Gobierno; Bibiano Villa Castillo, e titular de Seguridad Pública; Juan Pedro Mercader, también exsecretario de Seguridad Pública y extitular del desaparecido Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad.

Otros exfuncionarios que también tienen orden de aprehensión, pero del fuero común, por el delito de desempeño irregular de la función pública, son: Gonzalo Abelardo Herrera, extitular de la Función Pública; Mario Castro, exdelegado de Diconsa; Ercé Barrón Barrera, extitular de la Administración Portuaria Integral; Luis Alberto González, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural; Román Quián, exsecretario de Gobierno, y Víctor Hugo Loyola, exprocurador fiscal.

La gigantesca cadena de estafas de Borge y su clan, en perjuicio, lo mismo de particulares que de las finanzas públicas de Quintana Roo, comenzó en el Instituto del Patrimonio Estatal, con la venta irregular a ridículos precios -entre el uno y seis por ciento del valor comercial real-, de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial, equivalentes a seis veces la totalidad de la zona hotelera de Cancún.

Quebranto a la cuenta pública

Selvas, manglares, pantanos, parajes, islotes, hoteles, comercios y demás tipos de negocios fueron arrebatados fraudulentamente, lo mismos al gobierno estatal que a empresarios.

Ello significó quebranto a la cuenta pública estimado en mil 99 millones 492 mil 370 pesos, además de otros desvíos de recursos públicos por 55 millones de apoyos al campo y falsas compras de maquinaria agrícola; otro más por 600 millones que debieron destinarse a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y a gasto corriente.

Otra ruta para la estafa fue la Naviera Barcos Caribe, cuyos principales accionistas y prestanombres de Borge fueron María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria de su padre Roberto Borge Martín y el abogado de la familia, César Celso González Hermosillo. Se estima que a través de dicha empresa llevaron a cabo el blanqueo de 4 millones 500 mil dólares americanos y 14 millones 290 mil dólares australianos.

Once investigaciones más en Fepade

Pero no nada más está implicado en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por parte de la PGR, también cuenta con 11 carpetas más de investigación en su contra por parte de la Fepade; tan sólo en una de ellas hay un desvío de más de 200 millones de pesos, a través del financiamiento ilícito de campañas en 2016.

José Mauricio Góngora Escalante, excandidato a gobernador por el PRI, quien sería favorecido con transferencias del gobierno de Roberto Borge, es uno de los involucrados en una de dichas carpetas, al recibir 201 millones de pesos para financiar la campaña en la que fue derrotado por Carlos Manuel Joaquín González.

La investigación revela que hubo transferencias del gobierno de Quintana Roo en el 2016 a las campañas de un partido político, por lo que se configura el ilícito de financiamiento ilícito, cuya pena va de 15 a 20 años de prisión, sin embargo al no ser un delito grave no hay prisión preventiva y se puede  pagar una multa y enfrentar el proceso penal en libertad.

Santuario del narco de Canto y Borge

Los ex gobernadores priistas de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, son responsables del caos en que se encuentra la entidad, originado por el crimen organizado, al vender la plaza dos veces a organizaciones rivales.

Así lo revela el resultado de las indagatorias realizadas a raíz de la captura en Panamá de Borge Angulo, con lo que comenzó a destaparse la cloaca que se gestó desde que González Canto asumiera la gubernatura en abril de 2005, al entablar relaciones simultáneamente con el cártel de Sinaloa y el del Golfo, cuyos sicarios han mantenido una cruenta guerra durante más de dos sexenios por el control del territorio.

De esa manera, desde hace 12 años Quintana Roo se convirtió en santuario del narcotráfico, en centro de operaciones de bandas de narcotraficantes, de tráfico de personas, en refugio de capos de las drogas y en paraíso fiscal para el blanqueo de capitales, además de que sigue siendo la puerta de entrada para la droga que llega a territorio mexicano por la frontera sur por aire, mar y tierra.

Asimismo, el analista Guillermo Vázquez Handall, uno de los exasesores de Borge Angulo, aseguró que en los gobiernos pasados había una especie de acuerdo entre la autoridad estatal y municipal y los grupos delincuenciales para operar libremente.

joebotlle@gmail.com

José SÁNCHEZ LÓPEZ

El pasado miércoles 9 fue detenida Leticia Rodríguez Lara. Una mujer a la que, como agente de la Policía Judicial Federal, el Estado capacitó y adiestró para combatir a criminales, pero que en el camino se dio cuenta que era más redituable ser delincuente que policía y se pasó al bando contrario.

Entonces dejó de ser solamente “la Lety” y como los barones de la droga a los que llaman “Don”, pasó a ser “Doña”.

En principio sólo era una narcomenudista más, a las órdenes del narco

Clemente Soto Peña, jefe de la célula del cártel de Sinaloa en Quintana Roo, quien, se dijo, daba millones de pesos al entonces procurador quintanarroense Gaspar Armando García Torres, por dejarlo “trabajar”.

Pero las ambiciones de Leticia iban más allá. Incorporó a su grupo a sicarios y desertores de otras organizaciones, Hizo su organización y en poco tiempo desplazó a su jefe asumiendo el liderazgo.

Durante cinco años que duró su reinado, casi lo mismo que el de Roberto Borge Angulo, a cientos de taxistas, meseros, brazaleteros, lampareros y comerciantes, principalmente de la zona hotelera de Cancún, los hizo sus esclavos.

Decenas de ejecuciones, levantones, secuestros, fueron el sello de su reinado.

Así, se erigió en la jefa del cártel de Cancún. Su poderío fue tal que tuvieron que unirse varios grupos criminales para combatirla, aunque al final fueron las fuerzas federales las que la derrotaron.

Su captura la hizo la Marina, en Cholula, Puebla, donde estaba de paso.

No hubo aviso para los gobiernos estatal y municipal, por aquello de las filtraciones.

Antes hubo múltiples cateos y operativos para detener a la “ilocalizable” mujer, pero cuando llegaban las fuerzas federales ya no había nadie.

Junto con ella fue detenido el ex agente de la Policía Ministerial, Ángel Fernando Tapia Chávez, que fue jefe de escoltas del ex procurador García Torres, aquél que recibía millones del narco.

Dos días después, en la Región 92 de Cancún, fue capturado José Guillermo Abdelnur Vanegas, ex secretario particular del multicitado ex procurador de Borge.

En la casa, habilitada como “tiendita”, tenía armas, cocaína y hasta su báscula gramera.

Por lo que respecta a “Doña Lety”, luego de un lustro de sembrar el terror en Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, Tulúm, Solidaridad, Alfredo V. Bonfil y otras localidades, será vinculada a proceso, lo mismo que su escolta.

¿Pero…hasta ahí?

La señora Rodríguez, apodada también “La 40”, fue vecina de Borge Angulo en los exclusivos y suntuosos apartamentos de Puerto Cancún, en la Torre Maoiris.

En el fraccionamiento Villa Magna, próximo el aeropuerto de Cancún, la

ex agente tenía como vecinos a familiares del ex gobernador.

En Quintana Roo, principalmente en Cancún y Alfredo V. Bonfil, todos sabían dónde estaba, menos quienes debían capturarla.

De hecho, su centro de operaciones era Alfredo V. Bonfil. Era sabido por todos los lugareños, menos por la policía. Era más que obvio el contubernio oficial.

Pero la red de complicidades no se limitaba a policías estatales y municipales, se extendía a niveles muy altos, por lo que se sabía intocable, de ahí que el operativo de los infantes de Marina que culminó con su aprehensión fue sin enterar a sus protectores.

Recordemos que la detención de su hijo, José Rafael Zocsi Rodríguez, “El Dobber”, el pasado 6 de julio, fue casual.

Hubo un asalto a una pizzería. Los ladrones huyeron en una camioneta blanca, sin placas. La policía acudió y encontró, de manera fortuita, al hijo de “Doña Lety” que pasaba por el lugar, en una camioneta blanca, sin placas y lo detuvo.

Fueron modestos elementos auxiliares que no estaban en la nómina de

“Doña Lety”, de lo contrario no lo hubieran detenido.

Ahora bien ¿Borge Angulo no sabía que gente cercana él, como su secretario particular y su jefe de escoltas, estaban al servicio de “Doña Lety”?

Por otra parte, el guadalajareño Remberto Estrada Barba, presidente de

Cancún, y su antecesor, Paul Carrillo de Cáceres, tienen mucho que explicar a las autoridades en cuanto a su “ceguera” que no les permitió ver a la temible “40”.

Aunque también habría que preguntarle a Mirna Karina Martínez Jara, síndico municipal de Cancún, y a Antonia Muñoz Torres, delegada en

Alfredo V. Bonfil, si también tienen problemas visuales, ya que tampoco se enteraron que por ahí andaba “Doña Lety”.

Borge Angulo ya está preso y, por mucho que trate de evitar su extradición, lo tendremos en México.

“Doña Lety”, su hijo y uno de sus principales colaboradores también están tras las rejas y están vinculados a proceso.

Pero ¿y la caterva de allegados al ex mandatario quintanarroense que tomaron parte, lo mismo en el saqueo al estado que en la colusión con narcos?

¿Nada? ¿O están a la espera que llegue otro “amigo” para colarse nuevamente a la ubre gubernamental?

***La corrupción es más infecciosa y letal que cualquier peste.

joebotlle@gmail.com

José Sánchez López
Pareciera que los regaños del juez Gerardo Moreno García causaron efecto en los atolondrados funcionarios de la Procuraduría General de la República que acudieron a la primera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ya que en la segunda diligencia se apersonó el segundo hombre en jerarquía dentro de la PGR, junto con media docena más de MP`s federales, que terminaron por llevar a la cárcel al ex mandatario veracruzano.
En contraste con la primera diligencia del caso, efectuada el pasado lunes 17, en la que se observó a un Duarte seguro, confiado y desafiante, ya que prácticamente se hizo cargo de su defensa e incluso interrogó a los MPF`s hasta 15 veces, haciéndolos caer en titubeos y contradicciones, lo que originó la reconvención del juez a los fiscales; en la segunda audiencia permaneció callado, no intervino y a diferencia de la sonrisa burlona que lo ha caracterizado, se le vio ceñudo, con una acentuada mueca de disgusto.
En el primer encuentro, el abogado de Duarte, Marco Antonio del Toro se esmeró en remarcar las torpezas de los fiscales que de una imputación de 580 millones de pesos, sólo pudieron mostrar documentos que acreditaban el supuesto desvío por 38 millones, “ni siquiera el 10 por ciento”.
Los titubeos, contradicciones e inconsistencias de los MPF, Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez, que no habían intervenido en el caso, provocaron que el juez los reconviniera, lo que originó que al término de la diligencia, comentara el abogado defensor, en corrillos del recinto judicial, que sacaría a su cliente en la siguiente audiencia.
Sólo que en el segundo encuentro, ya no acudieron los mismos MPF, sino se apersonó el subprocurador de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada, Alonso Israel Lira Salas, quien, curiosamente, fungió como director de Procedimientos Legales de la Unidad Financiera de Hacienda y fue el que meses antes enderezara la denuncia ante la PGR contra Duarte, por desvío de fondos.
El panorama cambió diametralmente para el inculpado y sus defensores, quienes conforme se desarrollaba la diligencia, en la que la PGR aportaría 82 pruebas inculpatorias, se mostraban azorados, ya que de 580 millones iniciales desviados, la cifra aumentó a ¡mil 600 millones de pesos!
Tras más de 12 horas da prolongada diligencia, con intervalos de varios recesos, la defensa de Duarte escuchó la resolución del juez Moreno García que no esperaban, vinculando a proceso a su cliente por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ordenando su prisión preventiva por seis meses.
Desde horas antes, había desaparecido el gesto burlón de Duarte, quien tras escuchar el fallo del juzgador, terminó por fruncir el ceño.
Seguidamente fue regresado al área de ingresos del penal, donde, temporalmente se halla confinado ya que la PGR solicita que se le envíe a una prisión federal de alta seguridad.
Irónicamente, un nutrido número de internos de dicho reclusorio mostraron su inconformidad ante la estancia de Javier Duarte en ese lugar y amenazaron con hacer una huelga de hambre si las autoridades carcelarias persisten en que permanezca en esa prisión.
Afirmaron que no puede haber comparación entre un ladrón común, que no se parapeta en un cargo para delinquir y “una rata coluda que aprovechó su puesto para robar a sus paisanos”.
Simultáneamente, las autoridades carcelarias hicieron un llamado a gobierno federal para que Duarte de Ochoa sea trasladado a un penal de máxima seguridad, dados los delitos por los que está siendo procesado, además de que cuenta con el poder económico suficiente para tratar de huir.
En corrillos de la PGR, comentan funcionarios que dio resultado la estrategia de fingirse torpes, para que la defensa se confiera y finalmente se ganara el caso, sin embargo también se dice que ante la ineptitud mostrada en la primera diligencia y los desastrosos resultados que se avecinaban, optaron por enmendar las acciones y llevar a prisión a Duarte.

Fe y fanatismo, devoción y comercio, rezos y blasfemias, bendiciones y mentadas, feligreses y mercaderes; mezcla sui géneris que desde la madrugada de cada día 28 de mes, se congrega para rendirle tributo al santo más venerado: San Judas Tadeo, en cuyo templo se reúnen miles y miles de fieles que acuden a venerar a “UNO DE LOS DOCE”, señala un lienzo de varios metros que cuelga de uno los muros del santuario, refiriéndose a Los 12 Apóstoles.

La cita donde se congrega la mayoría de los devotos de San Juditas, como le llaman coloquialmente, y a quien lo mismo veneran que respetan y temen (porque dicen que cuando se enoja, hay que tener cuidado), de manera extraña no es en el templo que le pertenece, donde realmente es el Santo Patrono, sino en la iglesia situada en Paseo de la Reforma, colonia Guerrero.

En ese templo, los santos patrones era dos mártires de los tiempos de la conquista: San Hipólito y San Casiano, a quienes se les nombro guardianes y patronos de “La muy noble, insigne y leal Ciudad de México”.

Este recinto católico, que data de 1581, edificado sobre los cimientos de la antigua “Ermita de los Mártires”, se encuentra en la manzana que conforman las calles de Hidalgo, Héroes, San Fernando y Zarco, en pleno corazón de la Ciudad de México y cada día 28, es necesario acordonar el frente de la construcción con cercas metálicas, en una superficie mínima de 80 metros en derredor y cercar las inmediaciones, por lo que parte de la avenida Reforma, Hidalgo y otras avenidas, se ven seriamente afectadas en su circulación.

La iglesia donde realmente el Santo Patrono es San Judas Tadeo, es decir su casa, se localiza en la esquina de avenida Politécnico y Poniente 110, en la colonia Capultitlán, perímetro de la delegación Gustavo A Madero, sitio donde también se dan cita miles de feligreses, aunque no en la misma cantidad que en “San Juditas”, en Reforma, como es conocido el lugar.

Esta iglesia, de construcción modernista, es de la década de los cincuentas y, al menos en su aspecto exterior, se ve abandonada, maltratada, con los vitrales sucios, los techos ajados que requieren urgentemente de impermeabilización y los muros de pintura, además de que la afluencia de visitantes es mucho menor que la que se aprecia en la colonia Guerrero.

A juicio de uno de los cuidacoches de templo de Reforma, afirma que esos días “son los buenos”, al acudir más gente a San Hipólito: “Porque ahí de veras está la banda. La rata…Imagínate, la Guerrero, Tepito, el Centro, Garibaldi y ora que ya hasta los judiciales se lo enchalecaron…¿O qué…Si o no está la ratota?”.

Pero si bien el templo de los “Mártires de la Ermita” es de los tiempos de la conquista, la presencia de San Judas Tadeo, tiene solamente 38 años en esa iglesia y 25 de haber sido subido al Altar Mayor, para pasar de ser un “huésped”, es decir invitado especial a Santo Patrono, para rendirle culto especial, ya que todo gira en torno al “Patrón”, como también se le suele llamar.

Fue hasta 1740 cuando concluyó la construcción de la iglesia. Y aunque por diversas causas, en diferentes intervalos, algunos años estuvo cerrado al culto, finalmente a fines del siglo XIX fue entregado a los Misioneros Claretianos.

A finales de la década de los setentas, ya en pleno siglo XX, llegó San Judas Tadeo al templo de San Hipólito, aunque sólo ocupaba uno de tantos espacios destinado para los demás santos que se acostumbra ver en las iglesias, pero todavía no en el altar mayor.

Con el paso del tiempo, la veneración de muchísima gente a San Judas Tadeo, se fue haciendo más intensa, de tal suerte que en 1982, uno de los altos miembros de los Misioneros Claretianos decidió que su imagen fuera ya colocada en el Altar Mayor., pero no al centro, sino en el lado izquierdo, visto de frente el altar, Años después, sería finalmente llevado al centro del Altar Mayor.

La celebración de todos los días 28, no es porque sea la fecha de su nacimiento, sino de su sacrificio, ya que se sabe que San Judas Tadeo, (cuyo nombre significa: “Alabado sea Dios y valiente para proclamar su fe”), y el apóstol San Simón, fueron presos y martirizados en Persia, donde predicaron el cristianismo y fue el 28 de octubre, ya en los años sesentas de nuestra era, cuando les dieron muerte, aunque no se establece con precisión en que año fueron sacrificados.

Según las Sagradas Escrituras, San Judas Tadeo es mucho muy milagroso e intercesor directo con Nuestro Señor Jesucristo, dado que es su primo hermano, pues era hijo de Alfeo Cleofás, hermano del Señor San José y de Miriam Antera, hermana de San Joaquín, padre de la Virgen María.

De tal suerte, se dice que es él quien puede interceder directamente ante Jesucristo para cualquier petición, aunque también se advierte que si se le promete algo lo mejor es cumplirle, “porque tiene fama de castigador cuando no se le cumple”.

Se dice, entre los mismos devotos, que es protector de ladrones y suripantas, aunque, a juicio de clérigos, no hay ninguna base para afirmar tal aseveración, sin embargo es común que los días que se le festeja, los dos templos donde se le venera son visitados por personajes de toda laya.

Uno de los mitos que circula entre la gente, aunque para los sacerdotes no es cierto ni tiene validez alguna, es el hecho de que para que realmente sea milagroso y cumpla con todo lo que se le pida, se deben de tener en casa tres “San Juditas”: uno regalado, otro comprado y el tercero robado, versión desmentida por los mismos capellanes de los templos.

El día de su festejo, es normal observar a hombres, mujeres, niños y niñas y hasta bebés, ataviados con la túnica de San Judas Tadeo, lo mismo que rostros patibularios de verdaderos lacras, chavos banda, pero eso sí, muy devotos, que también lucen el hábito de San Judas Tadeo.

Obreros, amas de casa, uno que otro figurín trajeado y de corbata y miles de personajes, todos cargando a San Juditas, bien de bulto o cuando menos, su imagen en llaveros, estampas o en diminutas figuras dentro de cápsulas de plástico, los fieles acuden de todas partes de la República a rendirle tributo al Santo Patrono.

En la interminable romería que comienza desde muy temprana la mañana y concluye hasta entrada la noche, tiempo en el que hay misas cada hora, los devotos, en el caso de los amigos de lo ajeno, van a pedir que les vaya bien en su “trabajo”, es decir que los ayude a delinquir o bien a dar gracias porque luego de su ilícito, no los atraparon.

Y al igual que en el tiempo en que Jesús fustigó y corrió a los mercaderes que inundaron el templo, decenas de comerciantes de todo, abarrotan las dos iglesias, principalmente la de Hidalgo, en interminable fila de puestos con artículos religiosos, comida, antojitos, dulces, artesanías, fayuca, piratería, flores, etcétera.

En las inmediaciones de dicha iglesia, se observan a tripulantes de patrullas y unidades de emergencia médica, ya que es común que se requiera su intervención por algún insolado, caído o accidentado o bien por alguien que trata de aprovechar las aglomeraciones para obtener alguna ganancia, aunque no sea muy religioso.

A la entrada del templo de la Guerrero, se observa a una señora grande, humilde, que, a diferencia de numerosos pedigüeños, ella no va a pedir, sino a regalar: tortas, agua, tiempo, limosna y a pedir por todos los demás, en agradecimiento por un favor recibido de San Juditas, “más venerado que todos los santos, pues a él se le festeja cada mes y no cada año”, afirma la mujer que se niega a dar su nombre.

Los días 28, son los que mayor número de juramentos se registran por parte de muchísima gente que promete no ingerir licor, consumir drogas o cometer actos indebidos y aunque todos los días los hay, en octubre se multiplican.

Se dice también que es Santo Patrono de los buenos y los malos, en el entendido que los buenos muchas veces resultan más malos que los malos, como es el caso de los agentes judiciales que se adjudicaron su protección, bajo el argumento de que a ellos también les dicen “judas”, derivado del término “judicial” que hizo que lo tomaran como su protector.

Al respecto, los fieles de San Juditas, que no pertenecen a la policía, hacen la aclaración de que quizá si pueda ser Judas el protector de los judiciales, pero en todo caso su santo tendría que ser Judas Iscariote, “el que traicionó al Señor” y no San Judas Tadeo, ya que es de todos conocida la peculiar manera de conducirse de la mayoría de “La Tira”, como es llamada la policía en todas sus facetas.

Al respecto, este pasado 28 de enero, ocurrió un incidente entre buenos y malos, que, evidentemente, revela que alguien no cumplió con lo que había prometido y recibió el merecido castigo:

Resulta que Sergio Garibay Pérez, de 27 años de edad, con dos ingresos, uno al Reclusorio Sur y otro al Oriente, por los delitos de robo, acudió al templo de San Hipólito, vestido como San Judas Tadeo, “a dar gracias”, porque le habían salido bien dos de sus trabajos: el robo a un local de celulares y otro a un café internet, ambos en la colonia Lindavista.

Para consumar sus hurtos, le acompañaron dos menores: “El Pulga” y “La Peque”, cuya pequeña estatura era aprovechada por el ladrón para introducirlos a los establecimientos por cualquier espacio por reducido que fuera y una vez en el interior, le abrieran.

Para su mala fortuna, el mismo día que fue a dar gracias, la pareja de agentes judiciales a los que les tocó investigar los dos robos, acudieron también a la iglesia, dado que era día de San Juditas para pedirle que los ayudara en sus investigaciones.

Para mala fortuna de Sergio, quien ya había estado en la cárcel, además de que hubo quien lo reconoció, los “judas” lo identificaron de inmediato y con todo y túnica, al salir del templo, lo detuvieron y lo remitieron ante el Ministerio Público.

Ahora, se encuentra sujeto a un tercer proceso y preso en una cárcel que no conocía, el Reclusorio Norte, pero ya sin derecho a la libertad condicional, dada su reincidencia, además de las pruebas aportadas por los judiciales que, seguramente, estos sí, regresaron a dar gracias a su protector.

Tanto en uno como en otro templo, se aprecian retablos o cientos de milagros por los favores concedidos, así como muchísimas veladoras que tienen que retirar los encargados del templo por cuestión de espacio, mismo que es más reducido en San Hipólito.

Ambas iglesias, cuentan con personal de seguridad, mantenimiento y vigilancia y de hecho, los días 28, los seguidores de San Judas son prácticamente “entorilados”, como en una plaza de toros, para que entren y salgan del templo a la mayor brevedad posible, ya que son miles y miles los que van a postrarse ante San Judas Tadeo.

Pero si todos los días la afluencia de devotos resulta copiosa, los días 28 de cada mes impera la locura y el 28 de octubre, aquello se convierte en un pandemónium, donde, como de costumbre, los que obtienen mayores beneficios son los mercaderes de la fe.

Así, entre buenos y malos, comerciantes, ladrones, sexo servidoras, devotos, feligreses, limosneros y estafadores que intentan colgarle a los fieles estampitas, rosarios, escapularios y demás objetos, la imagen que predomina en ambos templos, es precisamente la de San Judas Tadeo, aunque ahora ya pueden observarse otras dos imágenes que cobran vigencia y aumentan cada día.

Se trata de “La Niña Blanca” o “La Santa Muerte”, como le llaman o hasta el santo patrono de los narcotraficantes, Jesús Valverde, cuyo busto se observan ya en muchos puestos de artículos religiosos y son ofertados por los nada católicos comerciantes a módicos precios, dicen, “porque ellos también hacen muchos milagros”, afirman.

Empero, para los fieles seguidores de San Juditas, nadie, absolutamente nadie podría desbancar a San Judas Tadeo, cuyo poder ninguno pone en duda y del que da muestras no cada año, sino cada mes y no nada más en sus dos iglesias, sino en muchos otros templos más donde también ya se le venera.

JOSÉ SANCHEZ LOPEZ

Los vínculos de la ahora ex coordinadora de las cárceles federales, Celina Oseguera Parra, con Joaquín “El Chapo”, Guzmán Loera, desde hace casi 20 años, finalmente la llevaron a prisión, luego de ocupar por cuarta vez el máximo cargo para dirigir y controlar los penales de “máxima” seguridad, burlada, en el país.

Fue precisamente Celina Oseguera, quien, como directora de la prisión de máxima seguridad de La Palma, llamada hoy El Altiplano, solicitó el 22 de noviembre de 1996 el cambio del “Chapo” Guzmán al penal de Puente Grande, Jalisco, de donde escaparía en enero de 2001.

Para justificar el traslado del capo a la prisión de Jalisco, Oseguera Parra argumentó: cuestiones de seguridad, buena conducta del reo y la posibilidad de que al convivir más con su familia, tuviera mejores oportunidades para una mejor “reinserción social” del narcotraficante.

Desde entonces era un secreto a voces el vínculo entre el líder del Cártel de Sinaloa y la carcelera de alto nivel, quien durante más de dos décadas logró sortear múltiples acusaciones de todo tipo, principalmente por corrupción para volver a enquistarse una y otra vez en el sistema carcelario.

Celina Oseguera Parra, nació en Colima. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de su estado natal y se tituló en 1981 con el número de cédula profesional 0670290. En su currículum señalaba contar con una maestría pero ese grado no aparece en la Dirección de Profesiones de la SEP.
Comenzó como litigante y a su paso por recintos judiciales, entabló relaciones con otros abogados y, principalmente, con funcionarios penitenciarios, de tal suerte que fue llamada para ocupar cargos sin mayor relevancia en el sistema carcelario hasta que en 1993 fue designada directora del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, curiosamente el mismo año en que fue capturado por primera vez (9 de junio) “El Chapo” Guzmán.

Terror en las prisiones
Convertida ya en alta funcionaria de las prisiones, federales y locales, Celina era temida por los presos pobres y los custodios a los que trataba por igual, excepto aquellos que accedían a trabajar para ella.

Llegó a tener sus grupos de choque, formados por reclusos y celadores, que se encargaban de “disciplinar” a los presos que no se dejaban extorsionar.

Contrariamente, era muy amiga de los reos de poder, principalmente narcotraficantes, con los que se mostraba servicial, protectora y complaciente en sus exigencias de drogas, sexo servicio y privilegios a

cambio de fuertes sumas de dinero.
Las investigaciones de que fue objeto, a raíz de diversas denuncias, pero que nunca prosperaron “por órdenes superiores”, revelaron que Celina es asidua practicante de rituales como la Santería y el culto a la Santa Muerte, inclusive que en los prisiones imponía a la población penal la adoración a las deidades que veneraba.

Poco a poco su historial se tornaba conflictivo y la iba colocando en el ojo del huracán, con lo que Celina se hizo célebre en las páginas de la nota roja.

Custodios que fueron víctimas de la prepotencia y los abusos de poder de la abogada, cuyo anonimato resulta obvio, confirman que Oseguera Parra siempre manejó la venta de privilegios en la cárcel al mejor postor lo que ocasionó que fuera corrida de diversas instituciones penitenciarias.

Rosario de denuncias
Ahora, tras su detención Celina deberá responder por múltiples acusaciones, entre ellas un documento de 11 hojas firmado por 138 presos del Penal El Altiplano que el 25 de febrero de este año denunciaron ante la CNDH, hacinamiento, manoseo a familiares, alimentos agusanados.

Entre las violaciones a los derechos humanos está el tema de la visita familiar, ya que al ingresar y al salir la visita, principalmente las mujeres, son tratadas de manera indigna, sin respeto, obligadas a desnudarse ante los celadores.

En 2010, la Comisión de Derechos Humanos del DF, emitió la recomendación 4/2010, por la red de prostitución de mujeres y su explotación en los pasadizos a los juzgados. Una interna de Santa Martha interpuso una queja el 21 de octubre de 2009. Acusó que en los traslados al Reclusorio Oriente, donde enfrentaba proceso junto con su esposo, era víctima de hostigamiento sexual por parte de los custodios.

La obligaban a tener sexo con ellos y si no la amenazaban con golpear a su marido. Si la custodiaban celadoras, la hacían que se prostituyera y cuando se negaba le restringían las visitas.

Ese tipo de acusaciones se multiplicaron, incluso a la zona se le llegó a llamar “El Kilómetro” –distancia que deben de recorrer en los túneles para llegar a juzgados–, ya que cada vez que alguna reclusa tenía que acudir a una diligencia, era sometida por los custodios, incluso llevaban a internas que no tenían nada qué hace en ese lugar, pero eran requeridas por los “padrinos” (reos de poder) de las cárceles.

En esa ocasión, Celina respondió que los casos de prostitución en los reclusorios eran propiciados por las mismas internas que ofrecían sexo servicio de manera voluntaria a cambio de dinero.

La corrupción en pleno
En el 2011, se descubrió que Sandra Avila Beltrán, “La Reina del Pacífico” se sometió a una aplicación de bótox, lo que derivó en la renuncia de la directora del penal femenil de Santa Martha, Sara Leticia Morales Cartagena, pero a Celina Oseguera nunca la tocaron.

Ya para entonces era titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, designada por el defenestrado Marcelo Ebrard Casaubón, y con la colimense al frente, la corrupción se disparó en los penales capitalinos.

En abril de 2011, Celina nombró a Miguel Rivera Villa como director ejecutivo de seguridad penitenciaria; un mes antes, cuando era secretario de Seguridad Pública en Zacatecas, en la administración de Amalia García, Los Zetas” rescataron a 53 de sus cómplices del penal de Cieneguillas, lo que ocasionó su cese.

También fue destituido el subsecretario del Sistema Penitenciario Estatal, Gerónimo Miguel Andrés Martínez, pero de inmediato pasó a formar parte del equipo de Celina Oseguera. Lo hizo director de Santa Martha.

Meses después también sería echado, tras descubrirse la protección que daba a Giovanni Bautista, sentenciado a 42 años de cárcel, líder de una banda de secuestradores y extorsionadores que operaba desde el interior de la penitenciaría.

En noviembre de 2011, cinco internos del Reclusorio Oriente iniciaron una huelga de hambre, por maltratos, extorsiones, comida en mal estado, restricción de visitas, entre otros abusos. Dentro del grupo se encontraba el pastor boliviano Josmar Flores Pereira, el llamado “aeropirata”, al que se le acusó en septiembre de 2009 de secuestrar un avión que llegaba a la ciudad de México.

“Me quieren desprestigiar”
La respuesta de Celina fue despectiva, “se trata de fanáticos religiosos, perturbados, que por todos los medios tratan de desprestigiar al sistema penitenciario, pero nada de lo que dicen es cierto”, aseguró en ese tiempo.

El 17 de octubre de 2012, un grupo de custodios, cansados de ser extorsionados por sus jefes y del trato despótico y arbitrario de Celina, cerraron la Calzada de Tlalpan y enunciaron la enorme corrupción en las cárceles del DF, por lo que exigían la destitución de la subsecretaria, que nunca se dio.

La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, cuyo presidente es el abogado Alberto Woolrich Ortiz, denunció en mayo de 2013: “Se ha documentado que la principal responsable de la corrupción en las cárceles es Celina Oseguera Parra, quien en la actualidad radica en la ciudad de Miami, Estados Unidos, toda vez que adquirió diversas propiedades con el importe de las extorsiones llevadas a cabo a múltiples presos”.

En una carta jurada presentada a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, se pedía determinar por qué de los constantes abusos y anomalías reportados por quienes eran extraditados a la Unión Americana, expediente 10-CR-20185-COOKE.

En el escrito, retomado en el juicio por el prestigiado abogado norteamericano Edward R. Shohat, se describe que la mafia carcelaria, encabezada por Celina Oseguera Parra:

“Obtenía cuantiosos beneficios económicos a raíz de múltiples presiones, violaciones, vejaciones, maltratos, denuestos, golpes, bastonazos, cachiporrazos, ultrajes, agravios, humillaciones, ofensas e insultos que constantemente le infringían a prisioneros”.

Acusaciones de asesinatos
En el mismo documento figuran asesinatos de internos que intentaron poner al descubierto “El Imperio de Celina”. Citan los casos del mexicano Alejandro Senderos Higuera y de los estadounidenses Frederick Alan Mc Phail Fanger y Orlando Mijares Estévez, “victimados a consecuencia de las denuncias de corrupción”.

Otro caso fue el de la interna María Leonor Parres Murillo, a quien Celina quería obligar a prostituirse con jefes del narco. Al negarse, fue golpeada y se le intentó asesinar lanzándola de un segundo piso.

En mayo de 2015, se supo que una mujer visitó al Chapo” Guzmán en el Altiplano, con documentos apócrifos. Un mes después, en junio, trascendió que la mujer misteriosa era la diputada local del PAN en Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, quien estaba embarazada, lo que hacía presumir que fueron constantes las visitas.

Se dijo que quien autorizaba ese tipo de “reuniones” era Celina Oseguera Parra, pero la mujer siguió firme en su cargo.

De acuerdo a las investigaciones, una vez que fue cesada de su cargo tras la fuga del capo, se supo que ella dio las órdenes para que se le quitara a Guzmán Loera la vigilancia permanente, directa y permanente de tres guardias al día que se rolaban en turnos de ocho horas cada uno y tenían que reportar hasta el más mínimo detalle del día a día en prisión del capo.

Pero todo tiene un límite y la gota que derramó el vaso fue precisamente la segunda fuga del “Chapo”, ya que si bien en la primera pasó desapercibida su intervención, en ésta última fueron demasiadas las evidencias.

Así, olvidada por Olofin y Obatalá, máximas deidades de la tradición santera del pueblo Yoruba, y por La Santa Muerte, fue cesada y consignada junto con el director del penal del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma y la directora Jurídica, Leonor García, junto con otras 11 personas.

Por José Sánchez López

La negligencia médica y complicidad sindical en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), han generado un detrimento en sus servicios e innumerables muertes, a consecuencia de errores y ausencias médicas y la apatía del personal sindicalizado, como es el caso del mismo director del instituto, Sebastián Lerdo de Tejada, quien falleció a los 48 años de edad.

A tres meses y medio de su muerte, José Reyes Baeza Terrazas nuevo Director eneral del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ordenó que se investigue al personal médico, incluido el director del hospital Adolfo López Mateos, ya que si bien la causa oficial del fallecimiento fue un infarto al miocardio, un video del nosocomio revela que hubo negligencia médica e incluso se alteró la bitácora para desvirtuar los hechos.

La manera cómo ocurrió el deceso de Lerdo de Tejada trascendió a la opinión pública por tratarse, irónicamente, del mismo director general del ISSSTE, de haber sido otro derechohabiente más hubiera quedado en el anonimato, como muchísimos otros casos más en que la víctima (no se puede hablar de paciente en esas circunstancias), no reviste mayor importancia.

Llueven denuncias, pero nadie las atiende

Prueba de ello es que a raíz de la implementación de los Módulos de Atención al Derechohabiente (MOAD), el ISSSTE ha registrado más de un millar de escritos entre denuncias, quejas, comentarios o peticiones en hospitales Regionales, Clínicas y Unidades Especializadas en los 133 inmuebles que conforman el instituto.

Las anomalías se registran a nivel nacional, de acuerdo a los mismos reportes de los derechohabientes, que denuncian deficiente atención médica, malos tratos de parte de los facultativos, enfermeras, camilleros, recepcionistas y hasta del personal de vigilancia.

Empero, además de lo que se registra en los MOAD, en los buzones de las clínicas-hospitales se reciben de 15 a 20 quejas y denuncias al mes.

En el 90 por ciento de los casos expuestos, los derechohabientes hacen referencia a la mala actitud del personal, específicamente por el cuerpo médico y sindicalizado, como lo son enfermeras, recepcionistas y personal de vigilancia, el resto es por negligencia médica.

En este rubro, cabe destacar que la mayoría de los empleados, se saben amparados por el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, que encabeza Luis Miguel Victoria Ranfla, quien asumió el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2013-2017 y que nada hace por remediar esta crítica situación. Solo guarda silencio.

En su discurso de toma de protesta, aseguró, irónicamente, al entonces director general del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada: “estoy cierto que con el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, podremos conseguir el objetivo de transformar esta noble institución”.

Y desde luego, no perdió oportunidad para magnificar a su protector, Joel Ayala Almeida, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), “bajo cuya directriz habremos de concretar las condiciones óptimas de trabajo que requieren nuestros agremiados”.

No obstante, el cúmulo de quejas siguió aumentando por omitir atención médica, por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, por ejercicio indebido del servicio y por negligencia médica por mencionar algunas.

Quejas por todo el país
Uno de tantos casos es el de una derechohabiente en Yucatán, a la que le fue negado el tratamiento para una rara enfermedad: hemoglobinuria paroxística nocturna.

Al conocerse el caso, trascendió que había otros siete pacientes más en las mismas circunstancias, a los que había que suministrarles el medicamento Eculizumab, producto de alto costo, pero disponible para el ISSSTE, a través del programa de Enfermedades Huérfanas a cargo de la Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria, pero la medicina simplemente no se las daban hasta que intervino la organización “Derechos y Justicia”, a través de su director, Luis Adrián.

Sin embargo, el caso que ejemplifica claramente la manera como actúa el personal médico y el administrativo del ISSSTE, protegido por el SNTISSSTE y la FSTSE, a sabiendas que no les va a pasar nada, fue lo sucedido con el extinto Sebastián Lerdo de Tejada, cuya muerte, por su importancia, trascendió a los medios, pero resulta obvio hay muchos más que trascienden.

Una llanta distrajo la atención médica
El 22 de mayo, el director general de ISSSTE Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, de 48 años, sufrió un infarto al miocardio y sus familiares tuvieron la penosa idea de que lo llevaran al instituto que dirigía para que le salvaran la vida.

Fue trasladado al hospital regional “Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México e ingresó a las 22.15 horas.

Esa ocasión, el propio ISSSTE informó que se realizaron todos los esfuerzos y maniobras de reanimación posibles, con tal de salvar la vida del funcionario, cuya muerte se registraría, según dio a conocer el instituto, a las 22.56 horas.

Dado que se trató de un comunicado oficial, sin que nadie reportara alguna irregularidad, hasta ahí llegó el caso y ya no se tocó más el asunto.

Sin embargo, cuatro meses después el periódico “El Universal” dio a conocer un video del mismo hospital, concretamente de la cámara 16, con duración de tres minutos, aproximadamente, que reveló las graves anomalías del personal e incluso la alteración de la bitácora del nosocomio para desvirtuar los hechos.

En la videograbación, se observa que el funcionario ingresó al hospital a las 22.15 horas y no cinco minutos después, como lo aseguró la institución en su boletín donde afirmó que se había hecho “hasta lo imposible” para salvarle la vida.

Extrañamente, el paciente infartado no ingresa por el pasillo de urgencias, sino por otro acceso; no se observa a ningún médico, solamente a una enfermera, a dos paramédicos y a un camillero.

Tampoco se aprecia la celeridad que debe aplicarse en esos casos, la camilla es empujada con parsimonia, mientras uno de los paramédicos masajea el corazón del infartado.

En ese momento, se supone que una de las ruedas de la camilla sufre algún desperfecto y no pueden avanzar, por lo que proceden a revisarla, incluso el paramédico que masajeaba al paciente deja de hacerlo y se agacha para ver la rueda.
En ese lapso, pasan 23 segundos en que el enfermo deja de recibir la escasa atención que le daban, mientras que otra doctora pasa junto a la camilla, la mira de reojo y sigue de largo.

Luego la camilla continúa su trayecto y aunque esto ya no se observa en la cámara, trascendió que no fue llevado a la sala de “choque”, especial pata esos casos sino a otra y finalmente, luego de 51 minutos después de haber ingresado y no 46, como lo indican en su comunicado, se reporta horas más tarde, de manera oficial la muerte de Lerdo de Tejada Covarrubias.

No se respeto protocolos de vida
Paradójicamente, 46 días antes de su muerte, el 6 de abril, el director Lerdo de Tejada informó a través de un boletín, que acataba la recomendación 07/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por el caso de una adolescente de 16 años de edad que perdió a su bebé por inadecuada atención médica del personal de Urgencias y Gineco-obstetricia del Hospital “Dr. Baudelio Villanueva Martínez”, en Reynosa, Tamaulipas.

Aprobó el pago de un millón 295 mil 200 pesos por indemnización y dio intervención al Organo Interno de Control en el Instituto e instruyó revisar los protocolos de atención en los servicios médicos y de urgencias “para evitar que se repitan hechos tan lamentables como el que nos ocupa”, precisó el ahora extinto en su comunicado, sin saber que, justamente, el no respetar esos protocolos, también en su caso, le causaría la muerte.

Pese a tales evidencias, el secretario general de la FETSE Ayala Almeida, salió enseguida a defender la posición de Victoria Ranfla, secretario general del SNTISSSTE, al sostener que respaldaba plenamente “la honorabilidad en el desempeño y trabajo del personal del ISSSTE en todos sus niveles”.

“La dirigencia nacional de la FSTSE le damos crédito a los trabajadores, sobre todo del área médica, pues sabemos que su responsabilidad la cumplen aun en situaciones adversas”, dijo, y de paso, advirtió que seguirán luchando y exigiendo que todas las entidades en el país que tienen adeudos con esa gran institución (ISSSTE), los cubran.

En torno a la negligencia en el deceso del director del ISSSTE, dijo: “lo que sé de la causa de la muerte, es que fue debido a un padecimiento grave derivado del prolongado consumo de tabaco”.

Mientras tanto, el médico Luis Antonio Godina Herrera, quien quedó como encargado de la dirección general de ISSSTE tras el fallecimiento de su titular, ordenó al Comité de Quejas Médicas, a la Comisión de Vigilancia y al Organo Interno de Control se investigue el por qué no se aplicaron los multicitados “protocolos”.

Quizá en esta ocasión, por tratarse de quien fuera el máximo directivo del ISSSTE, podría conocerse una decisión justa en cuanto al caso, pero…¿qué hay de muchísimas más que no son conocidas por la “irrelevancia” de sus protagonistas?

José SÁNCHEZ LÓPEZ
A mediados de febrero pasado, Miguel Ángel Osorio, titular de Segob, declaró: “México está en los mejores niveles de seguridad en los últimos 10 años”; un mes después, Monte Alejandro Rubido García, comisionado Nacional de Seguridad lo contradijo y advirtió: “no es momento de echar las campanas al vuelo”, opinión que compartieron especialistas en materia de seguridad al señalar que “el rubro de la seguridad es una asignatura pendiente”.
Y es que la detención de Servando Gómez Martínez, “La Tuta” y el último de los “zetas”, Oscar Omar Treviño Morales, “El Z-42” levantó el entusiasmo de la autoridad al señalar que el crimen organizado estaba diezmado y que eran los estertores de una guerra sangrienta.
La euforia continuó con la detención de Mario Álvarez Espinosa, “El Metro”, quien fungía como jefe de las plazas de Zamora y Los Reyes, Michoacán e intentaba asumir el liderazgo de los fragmentos de las células remanentes de Los Caballeros Templarios, después que el operativo federal iniciado en 2014 desarticuló a esa organización criminal.
Luego de ellos han seguido otras, la más reciente detención en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la de Daniel Menera Sierra, de 33 años, considerado jefe regional del grupo crimina que operaba en Coahuila.
Del lado menos optimista se escucharon versiones de que ambas detenciones eran el inicio de una guerra intestina entre cárteles en busca de sucesores, lo que daría lugar a secuestros, muertes y secuestros, es decir, más violencia.
Esta última versión es avalada por la Procuraduría General de la República al asegurar que ha disminuido 50 por ciento el número de organizaciones criminales pero la detención de líderes sólo modificó el mapa delictivo en México.
Informes de la Procuraduría General de la República obtenidos por la Jornada, a través de una solicitud reinformación Pública refieren que actualmente el Cartel de Jalisco Nueva Generación es el grupo más poderoso seguido por Los Caballeros Templarios.
En tanto el cártel de Sinaloa disminuyó su presencia de 18 a seis entidades y su poderío es comparable al de Los Zetas y al del grupo Beltrán Leyva, segúnlos datos proporcionados por el Ministerio Público Federal.

TODO BIEN: OSORIO
Durante un evento en Mérida, el pasado 12 de febrero, Osorio Chong, tras destacar las detenciones o abatimientos de importantes capos, afirmó que México está en los mejores niveles de seguridad de los
últimos 10 años.
Tales aseveraciones las fundamentó en razón de que tan sólo en 18 meses, el Gobierno Federal pudo hacer lo que no lograron sus antecesores en 12 años: detener a las principales cabezas del narcotráfico.
Su racha comenzó el 15 de julio de 2013 con la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”; prosiguió con la caída de Joaquín “El
Chapo” Guzmán, el 13 de febrero de 2014 y en menos de un mes después, el 9 de marzo sería abatido Nazario Moreno González; siguió Héctor Beltrán Leyva, el uno de octubre del mismo año y una semana después, fue capturado Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”.
Ya en este año y como si su discurso hubiera sido premonitorio, 15 días después de su mensaje se dio la captura de Servando Gómez Martínez, “La Tuta” y en menos de 72 horas caería el último de los “zetas”, Oscar Omar Treviño Morales, “El Z-42” con lo que reforzaría sus declaraciones.
No obstante, expertos en narcotráfico como Eduardo Guerrero Gutiérrez, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Chicago y especialista en materia de seguridad y transparencia, así como Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, discrepan de tales señalamientos y hacen importantes acotaciones.

LA DETENCIÓN DE CAPOS NO ERRADICA VIOLENCIA
Respecto a las detenciones de los capos, indica Guerrero Gutiérrez, “si bien no dejan de ser importantes, no deben convertirse en versión única, ni prevaleciente del problema de la violencia en México”.
Una visión global de la inseguridad en nuestro país demanda tener presentes, para empezar, otros hechos que han ocurrido en las mismas semanas en que se daban los éxitos gubernamentales y
ejemplifica: El 6 de marzo, el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje sobre el ultramaratón en la Sierra Tarahumara que fue cancelado por temor a la violencia y tan sólo horas después de darse a conocer ese artículo, Jesús Manuel Pérez Montoya y Eric Fabián Paredes Valois, encuestadores del INEGI fueron “levantados” en esa misma zona y una semana después aparecieron muertos con un tiro en la cabeza.
Por lo mismo y sin desestimar el mérito de las detenciones de capos, precisa, no es exagerado decir que puede resultar más fácil detener a “La Tuta” que construir una policía honrada y efectiva en el país.
Los grandes golpes, dijo, sólo significan algo si corren paralelos a la construcción de instituciones que permitan contener al máximo los intentos de una criminalidad que buscará refugio en pequeñas poblaciones, por lo que urge que el gobierno dedique menos tiempo a cuadrar cifras que justifiquen su triunfalismo y mayor esfuerzo a combatir, en un plano general, la violencia.
Las líneas de esa estrategia eran que había que golpear a los grandes cárteles, descabezarlos, fragmentarlos en bandas de menor tamaño, que dejaran de ser una amenaza para la seguridad nacional y se convirtieran, con el tiempo, solo en un problema de seguridad pública, meta, obviamente, no lograda.
Advierte que la captura o muerte de cada capo, produce un triple efecto violento: primero, la lucha interna para ocupar el sitio del caído, luego la disputa entre los cárteles rivales para apoderarse del territorio y después las feroces embestidas de los grupos criminales hacia la sociedad para demostrar cuál es el más sanguinario y sembrar el terror en la ciudadanía.

José SANCHEZ LOPEZ

joebotlle@gmail.com

La mañana del miércoles 9 de julio de 2014, moradores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, realizaron una marcha para protestar por una disposición legal que quitaba a las juntas auxiliares municipales del estado el manejo del Servicio del Registro Civil.

Era un movimiento como tantos otros, en protesta por la manera de gobernar de RAFAEL MORENO VALLE, que superó en brutalidad a su abuelo del mismo nombre y con el mismo cargo, sólo que 45 años antes.

Hubo un detalle en el que no repararon los manifestantes: recién se acababa de aprobar la “Ley Bala”, a iniciativa de RAFAEL MORENO y que mejor oportunidad para “estrenarla” que la incipiente manifestación de los chalchihuapanenses.

Toletes, gases y petardos contra pancartas y consignas.

El resultad no podía ser otro:

Más de 100 civiles lesionados, muchos de ellos de gravedad y un menor de 11 años muerto. También resultaron heridos varias decenas de uniformados.

Al niño JOSE LUIS TEHUATLIE TAMAYO le estalló en la cabeza un proyectil lanzado desde un helicóptero. Su muerte fue casi
instantánea.

Las consecuencias resultaron mayúsculas y el escándalo rebasó al mandatario estatal que tuvo que recular con su cacareada “Ley Bala”.

Dos meses después, el 11 de septiembre, la CNDH, en el documento 2VG/2014, “recomendó” a MORENO VALLE que se iniciaran los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, FACUNDO ROSAS ROSAS y del personal de dicha corporación participante.

La reparación de daños a las víctimas y una disculpa pública, así como las medidas y garantías a tomar para que no se repitan ese tipo de
actos.

MORENO VALLE tardó un mes y una semana para anunciar en su boletín 2055 que acataba lo recomendado.

Dijo que capacitará en Derechos Humanos a todos los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley en el Estado, con especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza pública.

Señaló que la Contraloría, en el caso de FACUNDO ROSAS, con fama de represor, lo amonestó y le impuso una multa, pero sigue el frente de la policía y en lo referente a la gente bajo su mando destituyó al subsecretario de Coordinación y Operación Policial y a dos mandos operativos y les impuso también una multa.

La disculpa pública, que tenía que ofrecerla RAFAEL MORENO VALLE, fue dada por JUAN PABLO PIÑA, jefe de la oficina del gobernador.

Como había que sentar precedente, fueron cesados 6 elementos de tropa y a esos sí, los inhabilitó 4 años para que no anden golpeando ni matando manifestantes, por órdenes de FACUNDO, claro está.

Pero faltaba lo mejor, según la recomendación de la CNDH, hubo cinco civiles implicados y a ellos si había que aplicar todo el peso de la ley.

Eran las cuatro de la madrugada del sábado, cuando varios comandos, integrados por policías (de los mismos que asesinaron al menor), con armas largas, ingresaron a cinco viviendas de Chalchihuapan donde rompieron puertas, ventanas, saquearon las casas y a golpes y culatazos sacaron a los moradores.

Los detenidos FLORENTINO TAMAYO, RAUL CONTRERAS, VICENTE JUAREZ, ALVARO GARCIA y FAUSTO MONTES, estuvieron desaparecidos por más de siete horas en las que fueron interrogados “científicamente”.

Los llevaron al Juzgado Tercero de lo Penal, donde los obligaron a declarar sin la presencia de un abogado y finalmente los encarcelaron en el Centro de Reinserción Social de Puebla.

La justicia prevaleció y, sobre todo, se dio cumplimiento a la recomendación de la CNDH, ¡faltaba más!***DALE PODER A UN NECIO Y LO CONOCERAS.***AU REVOIR.