mayo 3, 2014 By Jose G. Muñóz

Quintana Roo puso el cascabel al gato de las marchas

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José G. Muñoz García

@josegmunoz

La temporada de vacaciones resultó ideal para que la legislatura de Quintana Roo aprobara una ley para regular las marchas –aunque algunos medios la etiquetan como “protesta social, aunque pocas veces nada tenga de “social”—que contiene la prohibición expresas de bloquear vialidades o causar daños a instalaciones públicas o privadas.

De acuerdo a notas publicadas en sdpnoticias el 24 de marzo, y del sitio Animal Político del 2 de mayo, la iniciativa de ley fue presentada el jueves 20 de marzo por el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, y aprobada, primero, el 25 de marzo, pero modificada “en versión light” el 30 de abril, en razón que en la primera contenía tantas regulaciones, que cualquier marcha o manifestación de inconformidad era susceptible de ser disuelta por la autoridad. Por ejemplo, en la primera, se exigía que los manifestantes deberían pedir permiso a la autoridad. En la ley modificada, simplemente se pide que se dé aviso para resguardar la seguridad de manifestantes y de terceros.

Le ley “faculta a la autoridad para intervenir en las protestas sí, alteran el funcionamiento de las instituciones, se impide el desarrollo de las actividades de otros habitantes o sus derechos humanos, se hace uso de violencia o causan amenazas para intimidar a la autoridad en determinado sentido”, dice la nota de sdpnoticias.

Publica Animal Político que en la Ley de Ordenamiento Cívico “Queda prohibido llevar a cabo bloqueos en la vía pública. La administración pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizará el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los habitantes de Quintana Roo”.

Además, considera entre sus infracciones realizar actos que de manera ilícita afecten el normal funcionamiento de las acciones del Estado, los municipios, la actividad económica, turística y social política de la entidad.

Es curioso que tanto sdpnoticias como Animal Político coincidan en que la ley o prohíbe o limita la “protesta social”. Animal Político titula así su nota: “Quintana Roo, primer estado que aprueba ley para regular las protestas sociales”. En tanto, sdpnoticias titula así la información de referencia: “PRI presenta iniciativa para prohibir protestas en Quintana Roo”. Para uno, la ley “limita la protesta social”. Para otro, “prohíbe las protestas”: ni una cosa no la otra. La ley apenas si intenta otorgar más facultades a la autoridad local para contener a manifestantes violentos, mismos que no siempre representan a grupo social o partido político alguno, sino que forman parte de un proyecto político de mayor profundidad.

Cuando encapuchados se incrustan en algunas manifestaciones armados con tubos de fierro, varillas, sopletes, bats de béisbol, botellas con gasolina para lanzar cocteles Molotov y otras “herramientas” y secuestran y destruyen vehículos particulares, saquean comercios, incendian instalaciones públicas o privadas, lo que buscan es una respuesta idéntica de la autoridad, sea local o federal, para provocar la solidaridad del hombre de la calle y escalar la protesta hasta lograr la total ingobernabilidad o bien, de ser frustrada, portar una bandera con algún muerto de tribuna, como fueron los casos recientes de San Salvador Atenco, Estado de México, y Ayotzinapa, Guerrero.

Los casos citados forman parte apenas de una larga colección de manifestaciones violentas, muchas de ellas de ciertos gremios protagonizarlas por grupos de poder que han encontrado en la violencia el mejor sustrato para la impunidad y el logro de objetivos particulares, pero que están muy lejos de tener el carácter social. El Sindicato Mexi cano de Electricistas, La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, suman en sus activos miles de millones de pesos conseguidos con el chantaje y la violencia, que no siempre está dirigida contra la autoridad interesada, sino contra particulares.

La violencia anarquista la justifican por “la depredación” que hace los gobernantes y los grandes empresarios. Si en México, los ricos se hacen cada vez más ricos y aumenta el número de pobres, entonces quebrar unos cuantos vidrios, incendiar unos cuantos vehículos y matar uno que otro policía o transeúnte, es pecado venial que no debe ser castigado y más: debe ser imitado por los pobres para escalar en la anarquía hasta conseguir un nuevo orden “revolucionario”.

Quienes no están de acuerdo con que la autoridad limite la violencia en las manifestaciones callejeras generalmente lo hace desde una perspectiva de “izquierda revolucionaria”, pero olvidan que a toda reacción corresponde una reacción en sentido contrario. En la Italia de los años 30 del siglo pasado, la violencia fascista apareció como una reacción a la “violencia revolucionaria” de los sindicatos afiliados al Partido Comunista. Otro tanto ocurrió en Alemania. En ambos casos la violencia fascista y la nacionalsocialista, fue patrocinada por la ultraderecha. En los dos países se toleró primero, las manifestaciones arrebatadas de “la izquierda”. Eso no queremos para México. Bienvenidas las leyes que limiten las manifestaciones violentas.


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