ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ

Solo, con su destino de convicto frente a sí, sin mayor protección, sin documentos oficiales que lo colocan como un indocumentado en territorio guatemalteco y sin los placeres de la cuantiosa riqueza que acumuló de manera ilegal durante su mandato, Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, fue esposado y detenido la noche del sábado en el vecino país del sur, sin que opusiera la menor resistencia.

En busca de una nueva identidad con la que se haría pasar como  “Alejandro” y Karime, su esposa como “Andrea”, el protagonista de un desfalco por más de 35 mil millones de pesos que podría ascender hasta los 60 mil millones de pesos, fue capturado cuando intentaba registrarse como huésped en el Hotel Rivera de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala.

Sin el gesto chistoso con el que solía mostrarse en público durante su mandato, más delgado, con rostro serio, pero no demacrado, relajado y sin bajar la mirada que acusara su derrota, Duarte y su esposa, con un look distinto, cabello corto y también sin el glamour y elegancia de la que hacía gala, llegaron cuatro horas antes a una zona de la Ciudad Tecún Umán, donde pretendían conseguir nuevas identificaciones.

A ambos se le venían siguiendo pistas en Costa Rica, Belice, Chiapas y Guatemala, lugares donde, según las autoridades, se habría escondido el ex funcionario.

Con anterioridad, el 18 de noviembre, un joven con pasaportes falsos y con fotografías del ex gobernador prófugo y Karime Macías Tubilla fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas. Y luego liberado.

Según las fuentes, la persona detenida dijo que los pasaportes apócrifos iban a ser entregados a Duarte y a su esposa.

En las imágenes recogidas por medios locales se ve al ex mandatario con un bigote y traje. Mientras que la foto de Macías Tubilla se le ve con el cabello corto.

En diciembre, una vez girada la ficha roja emitida por la Interpol, se especuló que Javier Duarte, a quien el PRI le retiró sus derechos partidistas, estaba en Costa Rica, pues el gobierno de ese país advirtió sin titubear que en caso que el ex gobernador prófugo fuera ubicado sería arrestado y extraditado.

Este sábado, en una intervención fuera de programación en Foro TV, el periodista Carlos Loret de Mola informó que, de acuerdo con información de inteligencia del gobierno federal, la supuesta visita de los tres hijos del ex gobernador habría llevado a las autoridades a descubrir el paradero de Duarte.

Javier Duarte, de 43 años, está acusado de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Su persecución y posterior captura que abre la puerta para conocer más detalles de una historia de corrupción y desfalco en Veracruz causó regocijo en redes sociales, donde se insistía en la necesidad de aplicar un severo castigo al funcionario que se convirtió en el protagonista del mayor desfalco de la historia contemporánea.

Duarte y Yarrington, sospechosa coincidencia

Aunque también surgieron dudas de sospechosas coincidencias con la detención de Tomás Yarrington en una misma semana, ligando ambos casos al proceso electoral de junio próximo, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en una apretada contienda pretende adjudicarse el triunfo con su candidato a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.

“Ojalá y sea también el anuncio de la detención de otros ex gobernadores, como el de Chihuahua y de Quintana Roo”, fue otro de los comentarios que corrió en redes.

De entre los sectores que mayor regocijo mostraron fue la Procuraduría General de la República la que en un boletín oficial resaltó:

“Hemos detenido a Javier Duarte con el apoyo de la República de Guatemala”, dijo a través de su cuenta de Twitter, en un intento por borrar todos los señalamientos de inmovilidad que durante meses dio la impresión de estar observando.

El exgobernador de Veracruz llevaba desaparecido desde el 12 de octubre del año pasado, cuando solicitó licencia a su puesto para enfrentar cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Antes, años atrás, cuando la avaricia no tocaba sus fibras más íntimas, el Duarte que se fugó a finales de octubre pasado, antes de haber concluido su administración, fue puesto como ejemplo de una “nueva generación de políticos” emanados del PRI por el presidente Enrique Peña Nieto, cuando era candidato a dirigir el país.

En enero pasado, la Interpol emitió una orden de búsqueda en 192 países contra el ex gobernador priista de Veracruz. El arresto de Duarte de Ochoa se da en la misma semana en que fue detenido, en Italia, Tomás Yarrington, otro ex gobernador del PRI acusado de lavado de dinero y narcotráfico.

La detención del ex mandatario, no así la de su esposa, era esperada con un ánimo radiante por parte de amplios sectores de la población, sobre todo a raíz de la frivolidad y la ambición desmedida con la que el matrimonio había manejado su alta responsabilidad en el gobierno jarocho.

Para muestra se citan los hallazgos de la esposa de Javier Duarte en una bodega en Veracruz, entre cuyos objetos había diarios y libretas donde presuntamente Macías anotó números de cuentas bancarias y referencias sobre propiedades en México y el extranjero.

Ya el pasado 20 de febrero el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, había informado sobre el aseguramiento de una bodega con pertenencias del exmandatario Javier Duarte y su esposa, Karime Macías.

Además, se encontró una relación de familiares, funcionarios públicos, socios y diversas personas con quienes tenían negocios.

Otro detalle que despertó una auténtica furia colectiva fue el conocimiento de medicamentos apócrifos con los que supuestamente se pretendía combatir el cáncer que invadió el cuerpo de decenas de niños y los que finalmente murieron.

A ello se suma la información del citado rancho en Valle de Bravo, Estado de México, con 25 caballerizas, que a diferencia de los infantes fallecidos, los equinos si contaban con todos los servicios médicos para su atención.

El caso se hizo aún más estridente después de las elecciones estatales del 5 de junio, cuando el candidato vencedor, Yunes Linares, amplió la denuncia contra Duarte luego que una investigación periodística revelara la probable desaparición de por lo menos 645 millones de pesos en empresas fantasma.

Apenas la semana pasada, el diario Reforma dio a conocer que la PGR indaga a Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con documentos consultados por dicho diario, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indaga, desde agosto de 2016, en instituciones bancarias de México las cuentas del matrimonio Macías Tubilla.

Asimismo, María Virginia Yazmín Tubilla, suegra del ahora detenido, es considerada prestanombres de propiedades de Javier Duarte en Estados Unidos.

QUE REGRESE LO QUE SE ROBÓ: PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó su reconocimiento y respaldo al trabajo realizado por la Procuraduría General de la República, quien en coordinación con diversas autoridades del Estado mexicano y de la República de Guatemala lograron la detención del exgobernador Javier Duarte.

A través de un comunicado, el PRI exigió que se realicen todas las indagatorias correspondientes y respetando el debido proceso se sancione ejemplarmente al exgobernador, así como a quienes se compruebe hayan formado parte de su red delictiva.

Asimismo, exigen a las autoridades federales correspondientes que se recupere el dinero y los bienes producto de actividades ilícitas y se reintegre en su totalidad al pueblo de Veracruz.

El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, fue suspendido del PRI el 26 de septiembre de 2016 y a solicitud de la dirigencia nacional de ese instituto político, la Comisión de Justicia Partidaria, expulsó a Javier Duarte el 25 de octubre de 2016.

RED DE CÓMPLICES

Entre los funcionarios cercanos a Duarte, el exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, fue detenido en marzo pasado en Xalapa, acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad por encubrir y ayudar a escapar al exgobernador Javier Duarte.

Sin embargo, el pasado 11 de abril, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, informó que el procesado continuará su proceso penal en prisión domiciliaria, por indicaciones de las autoridades médicas.

Entre las detenciones por el caso Duarte también está Francisco Valencia García, exsecretario de Comunicaciones y exdirector de la Comisión del Agua de Veracruz.

En 2016 se le señaló de cometer irregularidades en la Comisión del Agua Estatal durante el ejercicio de 2014, por una cantidad de 25 millones de pesos. En marzo pasado se le detuvo en la carretera Xalapa-Perote.

Mauricio Martín Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas y Planeación durante la administración de Duarte, fue detenido en Puebla el miércoles 29 de marzo, por el delito de coalición de servidores públicos.

EL DAÑOS SUPERIOR A LOS 60 MMDP

Con una cadena de ilícitos que poco a poco fue alejando de la realidad al ex mandatario, hasta llegar a pensar que nunca enfrentaría a la justicia, fue acumulando ilícitos que actualmente suman 60 las denuncias penales por un daño patrimonial que, de comprobarse, superaría los 60 mil millones de pesos.

Como parte de la investigación contra el ex gobernador de Veracruz, con licencia, Javier Duarte, la PGR descubrió la mecánica con la que se desviaron 500 millones de pesos de recursos provenientes del gobierno del estado a 35 empresas “fantasma”.

Él y sus secretarios son acusados de haberse robado el presupuesto de casi todas las dependencias y se les sigue un proceso en la Fiscalía estatal y en la Procuraduría Federal.

Así operó la red criminal que desvío dichos recursos:

-Durante varios meses, diferentes dependencias del gobierno de Veracruz otorgaron, mediante contratos, recursos económicos a 35 empresas “fantasma”.

-Estas 35 empresas, inexistentes, según la autoridad, estaban vinculadas con la prestación de diferentes servicios que no realizaron.

-Las 35 desviaron los recursos que les dio el gobierno de Veracruz hacia otras dos empresas, distintas entre sí.

-Los dueños de estas dos empresas descubiertas en la investigación adquirieron, con esos recursos, tierras ejidales en Veracruz a precio sobrevaluado.

Por Enrique Sánchez Márquez

La pretensión de reelegirse por tercera ocasión del magistrado Edgar Elías Azar, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), generó un profundo cisma y la rebelión de un bloque opositor de magistrados quienes advirtieron que es la hora del cambio, pues no aceptan que no haya otro juez –entre ellos- que pueda continuar al frente del tribunal.

En el pleno privado que se realizó el pasado 21 de septiembre, el magistrado Elías Azar dejó abiertas sus pretensiones de reelegirse, dijo que hay muchas cosas por terminar y que, para sacar esos proyectos no hay nadie mejor que él; presumió tener las relaciones públicas y políticas para terminar esos proyectos, incluso, apuntó que en esta carrera: “ya ni dios me para”.

En el bloque opositor destacan magistrados de reconocida capacidad profesional, ética y moral, como José Guadalupe Carrera, Lázaro Tenorio Godinez, Petra Quezada Guzmán, Rosalba Guerrero Rodríguez, Eugenio Ramírez, Juan Luis González A. Carrancá, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez y Maurilio Domínguez Cruz, entre otros y, aunque Elías Azar tiene 25 magistrados a quienes tiene bajo control, por favores que les ha hecho, en realidad hay cuando menos otros diez jueces bajo presión quienes le brindan su apoyo.

Con ambición porfirista el magistrado Edgar Elías Azar pretende reelegirse por tercera ocasión como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuando en cien años de historia de esta institución de justicia nunca se ha visto, menos en alguien quien acostumbra dar línea y torcer la ley. Él mismo afirma en sus pretensiones de cacique justiciero que en su proyecto de otros cuatro años más, “Ni dios lo para”.

Pese a las represalias sucias y vengativas, a las que suele recurrir el presidente magistrado Elías Azar y, a quien también le gusta cobrar favores, integrantes del bloque opositor denunciaron que el presidente del TSJDF, también quiere presidir el Consejo de la Judicatura, de ahí, que desde ahora los opositores buscan frenar la actitud dictatorial y reeleccionista para evitar que la justicia se alimente de favores y de incondicionales.

Enfermo de poder el actual Presidente magistrado afirma que hay temas que le obligan a quedarse, dice no ser imprescindible pero a la vez, señala “que nadie lo supera”. Sus palabras demuestran que no está centrado en su trabajo, sino sólo en el poder, dado que hay magistrados que pueden desempeñar con gran dignidad, talento, capacidad, ética, moral y profesionalismo el cargo.

Elías Azar dice contar con 25 magistrados que apoyan su reelección, cuando en verdad, en muchos casos son incondicionales a quienes les hizo el favor de recomendarlos y, ahora, quiere cobrar el favor, así es su estilo; además, hay cuando menos otra decena de magistrados quienes bajo presión, están a su favor, pues saben, que de lo contrario el presidente magistrado es vengativo y recurre a las represalias para mostrar su fuerza e intimidar a quienes piensan distinto a él.

El doctor Elías Azar sueña con ser el “Porfirio Díaz” de la justicia en el Distrito Federal, como él mismo dice, es “imprescindible” y cree que no hay hombre ni mujer magistrados que puedan presidir el TSJ. Tampoco para nadie dentro del Tribunal es secreto que al magistrado Elías Azar le guste dar línea de ciertos casos a los magistrados, ejerciendo una presión que en muchos casos lleva a fallos donde sin duda hay conflicto de interés.

Su actuar por los pasillos oscuros de la justicia ya vienen desde mucho antes, hay antecedentes negros que retratan de cuerpo entero al doctor: actos de corrupción, venganzas, fraudes, amenazas, intimidaciones, conflicto de intereses, manipulación de la justicia, abuso de poder y toda una gama de ilícitos que al amparo del cargo, su castigo ha quedado en el camino, de acuerdo a las múltiples denuncias de litigantes afectados, de jueces y magistrados, entre otras víctimas.

Siendo secretario de Finanzas del estado de Guerrero, en el sexenio de José Francisco Ruiz Massieu, al doctor Elías Azar se le responsabilizó de elaborar o al menos permitir la emisión de facturas apócrifas con el propósito de defraudar a un empresario de esa entidad.

Lo acusan de traicionar al mismo Ruiz Massieu a cuyos familiares (viuda e hijas) los despojó de dos condominios residenciales, un jet y cuentas bancarias en dólares. Así, de ese tamaño las juega el presidente magistrado quien enfermo de poder quiere reelegirse en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, donde dice tener ya todo preparado para su tercer periodo.

Otras voces, como la del abogado Alberto Woolrich Ortiz, en entrevista difundida por el portal electrónico periodicoyunque.com, precisa que la reelección de Elías Azar sería un verdadero retroceso para justicia a pesar de las modificaciones legales del caso.

Recordó que el doctor impuso como Oficial Mayor del Tribunal a Carlos Vargas Martínez quien estaba inhabilitado por el Consejo de la Judicatura Federal por 10 años al haber participado en compras ficticias en perjuicio del Gobierno federal.

Elías Azar, dijo el litigante, ha logrado amasar en muy poco tiempo una gran cantidad de inmuebles en zonas exclusivas de la Ciudad de México y del estado de México y en su natal Guerrero donde posee varios ranchos.

Pero hay otras muchas voces que sólo esperan el momento preciso para que se hagan escuchar y, todas ellas, coinciden en que al doctor Elías Azar le gusta torcer la ley en su favor, que es su estilo, son sus usos y costumbres.

Enrique Sánchez Marquez
Los días pasan y la autoridad encargada del esclarecimiento de la brutal embestida en contra de los estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, no aciertan a encontrar un camino de credibilidad y de confianza con los familiares de las víctimas.
Ayotzinapa, sin embargo, queda para la historia y cualquiera que sea el desenlace deberá ser un parteaguas para el futuro, no solo de Iguala, ni de Guerrero, ni de un personaje político en particular, sino del propio Estado mexicano, que deberá poner las bases para un nuevo desarrollo político social y económico.
El presidente Enrique Peña Nieto está llevando la peor parte, porque su agenda para insertar a nuestro país en el concierto internacional enfrenta serios tropiezos.
El capital político que como estadista, como estratega, como jefe nato del país y pilar de los cimientos para una nueva estructura de México, lo está rebasando Ayotzinapa.
También el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha caído en una franja de inestabilidad, porque los caminos que ha emprendido, no han sido los más indicados para calmar el clamor de padres, maestros y de la sociedad, tanto nacional como internacional y de un pronto esclarecimiento se multiplican.
Otro personaje que más ha quedado en entredicho es el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien ha mostrado poco talante y sensibilidad para encauzar un diálogo fructífero, sobre todo con los padres de familia.
Su parquedad, que a veces raya en la altanería, lo frío de sus comentarios y su actitud que poco invita al diálogo, se vuelve contra él con mayor peso con esas afirmaciones de pedir más tiempo, sin agotar, sin dar cabida a conjugaciones de ideas con sus interlocutores.
“Prefiero pedir tiempo y no voy a decir nada antes de tener los elementos”, expresión del procurador Murillo Karam que equivale a decir nada, en momentos en que los que más se requiere mucha sensibilidad para entender el dolor de los padres.
Hay evidencia clara de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y las corporaciones que conforman el cuerpo de Seguridad Nacional, están trabajando, se descubren fosas, se hayan restos, los análisis de las necropsias continúan, aumentan los detenidos y se habla que el cerco se estrecha entorno a los autores intelectuales, pero el exgobernador Ángel Aguirre Rivero denota que ha salido bien librado y la “pareja imperial”, como le llaman a exalcalde con licencia, José Luis Abarca, y María de los Ángeles, apenas enfrenta un proceso judicial.
Entonces se observa claramente que las investigaciones no están avanzando de la manera tan ágil y transparente como lo exige la opinión nacional e internacional, y mientras, el tiempo continúa transcurriendo.
Aparezcan o no los 43 estudiantes normalistas, aquí lo urgente es recuperar la integridad del Estado mexicano que se mira maltrecho, desgastado y dañado por unas profundas raíces de corrupción, ilegalidad e impunidad que lo atacan y lo asfixian.
De la suerte de los 43 jóvenes, casi niños, de Ayotzinapa, todos esperamos la mejor de las suerte, pero desde ahora ellos deben pasar a la historia como la base para reconstruir al Estado mexicano; ellos deben servir para que los gobernantes y las instituciones se sacudan de todo lo que los corroe, y establecer nuevas bases y nuevas reglas, porque el sacrificio de los que murieron y los que no aparecen sirvan para establecer nuevos caminos y corregir todo el aparato gubernamental.
Esa es la gran lección; ya tenemos la gran lección. Estamos a tiempo de aprender. Debemos de evitar que todo siga igual, porque la sangre regada de los jóvenes normalistas que a la fecha han muerto no debe servir sólo para homenajes y discursos llenos de demagogia o para encumbrar a políticos.
Es la hora de la verdad y hay una frase que no debemos olvidar:
¡Ayotzinapa vive!