Lozoya al sacrificio

Garcia Jose
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Postigo
Garcia JoseJosé García Sánchez
 
Culpable o inocente, si es o fue un funcionario público no será sancionado. Las pruebas de la responsabilidad de los funcionarios públicos son borradas por expertos en las prácticas de corrupción.
Las reglas de conducta de un funcionario público se violentan mucho antes que puedan arrojar sospechas. De ahí que los medios dan cuenta de los descalabros al presupuesto. Pero a la hora de ser sancionados hay puentes de impunidad que se negocian entre el tiempo en que su sospecha se convierte en orden de aprehensión. Es ahí donde comienza la negociación.
Ser prófugo de la justicia para un ex servidor público representa un tiempo de negociación con la justicia mexicana. Las leyes no son importantes en este caso, se apuesta por los silencios y la discreción selectiva.
Si puede haber el sacrifico de algún funcionario menor, se lleva a cabo. Ahí está el caso del delegado de SCT en Morelos, José Luis Alarcón, cuya cabeza fue cortada para que no cayera la de Gerardo Ruiz Esparza.
Sin embargo, la proximidad de las elecciones pone en bandeja de plata a Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 10 millones de dólares a cambio de la licitación para construir la refinería de Tula, de no actuar la justicia mexicana contra el ex director general de Pemex, la derrota electoral será inminente.
Cuando una información surge de los medios del país con el que hacen negocios los funcionarios públicos mexicanos por lo regular se busca defender al país de la intromisión extranjera, cuando en realidad los culpables carecen de identidad voluntariamente.
Esta vez el diario O Globo dio a conocer este soborno de la constructora de Brasil; así como en su momento Vanguardia y El País, dio a conocer la corrupción existente entre los funcionarios de la SCT, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza y OHL.
En el caso de Lozoya no importa si es culpable o inocente, las investigaciones sobran, lo urgente es meter a alguien a la cárcel antes de que empiece el año electoral que inicia el 9 de septiembre. La actual administración y el PRI no puede menos que hacer como que juzga a sus propios miembros y así ser competitivos en las urnas. De otra manera, la información sobre Lozoya en el extranjero y en las redes, coloca de nuevo al PRI como el partido político más corrupto de México y seguramente de muchos otros países del mundo.
Al estilo del psicópata de Donald Trump, uno de los abogados de Lozoya, Javier Coello explicó que con el derecho de réplica defenderán a Lozoya de los medios de comunicación. Porque el ex funcionario asegura que es víctima de una campaña. Lo cierto es que si dejan ir a Lozoya el PRI y el gobierno federal pierden la oportunidad de enmendar la sucia trayectoria de impartir justicia a la medida.
Por si fueran pocos los embates contra la prensa en el actual sexenio, el ex director general de Pemex se dice víctima de los medios de información tanto de Brasil, donde apenas y saben quién es; y de México, cuya gris trayectoria en sus tareas públicas contrasta con las grandes cantidades de dinero que obtiene.
Lozoya, llegó en temporada de huracanes y deberá comprobar una inocencia a toda prueba o pagar lo que no pagaron los Duarte, los Moreira, y otros tantos que están en su etapa de prófugos de la justicia, lapso sagrado en el cual negocian su libertad o su sentencia, de acuerdo a los intereses de todos los implicados en el ilícito que se les imputa.
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Written By Max Vite

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