enero 24, 2014 By Huellas de México

Texas asesina a un hombre, la ley y la justicia

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José G. Muñoz García

@josegmunoz

 

Con la ejecución del mexicano Edgar Tamayo en el estado de Texas, uno de los 38 estados de los 50 que componen  de la Unión Americana que tienen la pena de muerte como castigo a delitos extremos, se consumó un asesinato ilegal e injusto que contradice los valores supremos de la democracia, entre los que se encuentra preservar la vida humana.

 

En Estados Unidos se defiende con denuedo la pulcritud al “debido proceso” que se define como un principio legal por el cual el Estado respetará todos los derechos legales que posee una persona según la ley. “El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley”, se lee en Wikipedia.

 

Añade: “El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se expresa a veces como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la gente y no debe abusar físicamente de ellos”.

 

Texas violó el debido proceso con Edgar Tamayo, al no haber permitido que contara con asistencia consular, como lo establece el Artículo 36 del famoso Caso Avena, firmado el 23 de abril de 1963 en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

 

El Artículo 36 1.b dice: “El nacional del Estado que envía, que es arrestado, detenido o puesto en prisión preventiva , debe ser informado, sin dilación, que le asisten los siguientes derechos: I) el derecho a la notificación consular; y II) el derecho a que cualquier comunicación que dirija a a la oficina consular sea transmitida sin demora”. Este derecho no le fue concedido al mexicano Edgar Tamayo, por lo que se incurrió en una evidente ilegalidad. Cabe recordar que en México se dejó en libertad a la francesa Florence Cassez por habérsele violado el “debido proceso”.

 

El estado de Texas ha respondido a estos reclamos con una simpleza imposible de sostener en un razonamiento estrictamente jurídico: que no está obligado a acatar los resolutivos de la Convención porque no fueron formados por ningún representante de Texas, argumento tab falso como un billete de seis dólares, porque cuando el gobierno federal de cualquier país que esté formado por “estados libres asociados” firme acuerdos con otras naciones o un conjunto de ellas, los estados miembros están más que representados si ese gobierno fue elegido conforme a derecho.

 

Texas cometió una injusticia más, porque no siempre las leyes son justas. Platón estableció que las leyes en sí no son justas, sino que son instrumento para aplicar la justicia. Las leyes, cuando se alejan de la defensa del bien común y del respeto a la dignidad humana, son a todas luces injustas. Adolfo Hitler, quien padecía insomnio, dictaba leyes por las noches y se convertían por las mañanas en decretos y estos en leyes que se aprobaban sin chistar por su parlamento como el llamado Decreto del incendio del Reichstag, con el que se acababa con todos los derechos que suelen defender las naciones democráticas: la libertad de expresión; el respeto a la propiedad privada; la libertad de prensa; la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de las conversaciones telefónicas; así como la libertad de reunión y de asociación.88 Además, permitía al gobierno nacional intervenir cualquier gobierno regional que considerase incapaz de mantener el orden en su estado.89.

 

Juristas puros establecen que «Son leyes justas -dicen los juristas puros- las que respetan y se sostienen en los Derechos Humanos aprobados por las Naciones Unidas (ONU)».

 

Hay legislaciones cargadas de fanatismo religioso, que ni siquiera interpreta el deseo de la propia religión que les inspira. De esta forma, vemos cómo el mundo diplomático y de los defensores de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, presionan para que alguna pobre mujer no sea muerta por lapidación, cuando una inhumana ley así lo prescribe, y hasta sin derecho a juicio.

 

Hay leyes hechas precisamente para impedir las prácticas religiosas o democráticas. Hay leyes que permiten el homicidio, como en los casos del aborto “legal”. Hay leyes que permiten matar a un enfermo terminal, dizque por eutanasia.

 

Texas, pues, cometió una injusticia, y las que vienen, pues otro mexicano está en la antesala de la muerte: Ramiro Hernández. El portal Animal Político publica este viernes 24:

“El próximo 9 de abril, el estado de Texas tiene una cita más con un mexicano al que condenó a la pena de muerte y que forma parte del llamado Caso Avena, en el que tras una denuncia de México la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha solicitado a Estados Unidos que haga una revisión judicial por la violación al derecho al acceso consular. El caso de Ramiro Hernández Llanas será el cuarto amparado por el fallo de la Corte que no es revisado en Texas para determinar si la violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares durante el proceso judicial fue determinante para que los mexicanos fueran condenados a la pena capital”.

 

Esta es la justicia que aplica la nación más poderosa del orbe. Y la aplica como un ejercicio absurdo de poder.

 


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