julio 20, 2013 By

Saldos: tropezones y heridas que tardarán en cicatrizar

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@josegmunoz

Todo indica que el Partido Acción Nacional conservará la gubernatura de Baja California, en la que lleva 24 años gobernando, triunfo que fue considerado por el líder nacional del blanquiazul como un logro que merece aplausos, mismos que le servirían para retirarse como Creta Garbo. Otras medallas que se atribuye Madero son el que su partido ganó las alcaldías de Mexicali, Aguascalientes, Puebla Saltillo, Boca de Río, Sombrerete (bastión de la familia Monreal en Zacatecas); –por cierto, en el municipio General Enrique Estrada de Zacatecas, ganó el candidato independiente Raúl de Luna Tovar, hecho que se erige como la gran novedad en este proceso electoral—.pero en los resultados generales los números van contra el optimismo maderista.

El PRI ganó 10 de 14 congresos y ese es un resultado que no promociona Madero. En Quintana Roo, el PRI ganó 10 alcaldías en disputa y 14 de las 15 diputaciones. El PAN obtuvo únicamente una diputación.

En Veracruz, donde gobierna Javier Duarte, estado donde estalló el escándalo denunciado por el PAN sobre la injerencia de funcionarios de la Sedesol en los procesos electorales el PRI triunfó en los 99 municipios más importantes y 27 de los 30 distritos electorales, además de haber obtenido 36 de 50 asientos del Congreso. Entre las localidades donde triunfó el PRI, están 24 de las 30 principales ciudades del estado: Pánuco, Poza Rica, Tuxpan, Martínez de la Torre, Xalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Minatitlán, San Andrés Tuxtla, Zongolica y Fortín de las Flores. El blanquiazul veracruzano obtuvo 42 ayuntamientos, incluido Córdoba, actualmente gobernado por el PRI, y repitió en Boca del Río, con el controvertido Miguel Ángel Yunes Jr. En la contabilidad por votos, el PAN obtuvo 500 mil menos que en las elecciones de 2010.

En Chihuahua el PAN sufrió varios descalabros significativo, porque el El PRI recuperó 12 municipios y ganó las dos principales ciudades, Chihuahua y Juárez, que representan el 70 por ciento de la población y el 80 por ciento de la economía estatal. También gobernará Parral, otra de las ciudades importantes de la entidad. Ahora gobernará en total 57 alcaldías, mientras el blanquiazul perdió 10 municipios de los 24 que gobernaba desde 2010.

Pero el triunfo de Baja California continúa bajo sospecha de haber sido producto de la versión Siglo XXI de la “concertacesión” inventada el siglo pasado por Carlos Salinas de Gortari, a juzgar por los extraños quiebres en las conductas de la plana mayor del priísmo local y nacional, a lo largo de la semana que termina el viernes 12 de julio:

Fue ampliamente difundido el discurso triunfalista del líder nacional del PRI, César Camacho, quien a las 18:00 horas anunciaba el triunfo del priísta Fernando Castro Trenti, candidato a la gubernatura de esa entidad. Hasta recordó que Luis Donaldo Colosio, presidente nacional del PRI en 1989, había reconocido “a esta hora” que las tendencias no favorecían a su partido. Esto, para retar a los panistas a que admitieran la derrota si es que tenían la misma vocación democrática que Colosio.

Tres horas después, a las 21:00 horas, se reportan fallas en el Programa de Resultados Preliminares Castro Trenti se fue a la yugular de la empresa contratada para dar los resultados preliminares, El Grupo Proisi.

El Presidente Enrique Peña Nieto pronunció el lunes las palabras mágicas que obligarían a modificar el discurso de Camacho Quiroz: “Corresponde a todos los candidatos y partidos políticos acatar la decisión ciudadana expresada en las urnas. México espera de contendientes y sus seguidores que prevalezca la civilidad y el reconocimiento de los resultados. El gobierno de la República se pronuncia por el respeto a los resultados y a las determinaciones de las autoridades locales”

Eso bastó para que líder nacional del tricolor declarara el martes 9 de julio que “cuando los resultados de las elecciones de este 7 de julio sean oficiales y apegados a la ley, el Partido Revolucionario Institucional habrá de reconocerlos y asumirlos, porque “nosotros no somos demócratas selectivos, de los que solamente reconocen la legalidad de un proceso cuando les favorece”. Ya no hubo ni la proclamación de la victoria ni la exigencia al panismo “democrático” a que reconociera la derrota.

Luego vino a ejercerse el sagrado derecho al pataleo: el miércoles, el representante de Compromiso por Baja California, Marcelo Machain, argumentó que se deben contar “voto por voto” ante las fallas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Ese mismo día, la agencia gubernamental Notimex difundió: “Los 12 distritos de Baja California que habían acordado implementar el sistema voto por voto, para contabilizar los sufragios de la jornada del pasado domingo para la elección de gobernador, recularon y lo suspendieron tras el llamado que hizo el candidato de la coalición Compromiso por Baja California, Fernando Castro Trenti, de solo abrir los paquetes que contengan el acta en su interior. El presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana local (IEPC-BC), Rubén Castro Bojórquez, aseguró que este posicionamiento “distiende” el ambiente político que se generó en la entidad y en el país luego de los comicios del pasado fin de semana”.

Estos vaivenes sólo acentúan la sospecha de la concertacesión.

Por otra parte, a la violencia registrada antes y en el proceso que dejó al menos una decena de muertos en varios estados, se agrega el reporte de la desaparición de varias decenas de personas (la información difiere de periódico a periódico) que habrían sido trasladadas del estado de Morelos a Veracruz. Las versiones disponibles del caso refieren que fueron contratadas por priístas para vigilar las casillas electorales, pero al llegar allá, se les instruyó que debían provocar violencia, a lo que se negaron, por lo que fueron abandonados en el municipio de Álamo Temapache, ubicado en la frontera con Tamaulipas.

Las procuradurías de Morelos y Veracruz nada saben al respecto: sólo la Comisión de Derechos Humanos de Morelos informa que se abrió una investigación sobre el caso a petición de cinco de los familiares de los desaparecidos.

¿Quién paga para “importar” personas de otras entidades para provocar desmanes? Si es cierto, como afirman que fueron priístas, la PGR debe atraer el caso e investigar hasta sus últimas consecuencias y dar con los culpables de esta infame práctica de la que se afirma en discursos públicos que es cosa del pasado.


José G. Muñoz


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