Javier Bárcenas
Juan Javier Pérez Saavedra, auditor superior de la Federación en funciones, informó que los efectos positivos de la fiscalización superior en el tema de recuperaciones, los montos reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe), a las cuentas bancarias específicas de los fondos y programas federales o al patrimonio del propio ente fiscalizado de la Cuenta Pública 2016, las recuperaciones a esta fecha ascienden a 7,896.9 millones de pesos.
Dicha suma podría incrementarse debido a la existencia de Pliegos de Observación pendientes de solventar, y destaca que, desde la fiscalización de la Cuenta Pública de 2001, se reportan recuperaciones por más de 123,000 millones de pesos.
“Me gustaría destacar que, si bien las recuperaciones son un beneficio cuantificable producto de las revisiones de la ASF, no hay una relación directa entre la calidad de la labor auditora y el monto de las recuperaciones; las mayores recuperaciones no necesariamente derivan de una mejor fiscalización. En efecto, las recuperaciones están en función, principalmente, de los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los objetos y sujetos revisados”.
Adicionalmente a la entrega de los 699 informes individuales correspondientes al mes de febrero y de conformidad con los artículos 33 y 34 de la LFRCF, se presenta el Informe General Ejecutivo.
Señala que este documento ha sido elaborado desde la Cuenta Pública 2013, y fue concebido como un producto que sirve al legislador y al ciudadano para comprender más claramente la gestión de los recursos públicos por parte de los distintos ámbitos gubernamentales, y que refleja, al mismo tiempo, la aportación de la fiscalización superior en el proceso de rendición de cuentas.
Ante el diputado Luis Maldonado Venegas, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación e integrantes de la misma,
Señala que la ASF ha promovido, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, las Responsabilidades Administrativas Sancionatorias ante los órganos internos de control de los entes auditados de la misma manera en la que se había realizado en cuentas públicas anteriores; es decir, para efectos de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, aún no se establece una distinción entre faltas administrativas graves y no graves conforme a la nueva LGRA, y tampoco se ha iniciado la implementación de las facultades de investigación y substanciación otorgadas a la institución.
La ASF presentó 699 informes individuales correspondientes a la entrega del mes de febrero, que en conjunto con los 502 informes rendidos en junio y 664 en octubre, suman un total de 1,865 referidos a la Cuenta Pública 2016, lo que significó un 13.5 por ciento de crecimiento en el número de auditorías respecto a la fiscalización de la Cuenta Pública 2015.
De las 1,865 auditorías realizadas, 1,709 se refieren a revisiones de cumplimiento financiero y 148 a auditorías de desempeño; se hicieron dos estudios y seis evaluaciones de políticas públicas. Cabe aclarar que las revisiones de cumplimiento financiero, incluyen: (1) auditorías con enfoque de desempeño, (2) de inversiones físicas, (3) forenses, (4) de tecnologías de la información y comunicaciones, (5) control interno, así como (6) gasto federalizado.
Por otra parte, respecto al segundo nivel de análisis, el auditor señaló que la ASF incluyó en el Informe General Ejecutivo la descripción de seis áreas que se estimaron relevantes dentro de la operación del sector gubernamental mexicano y que, desde la perspectiva de los equipos auditores, constituyen temas que presentan factores de distinta índole, que propician recurrencia de observaciones de auditoría y que tienen efectos económicos y sociales significativos. Me gustaría destacar las más relevantes.
La primera se refiere a las contrataciones que se realizan al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Este tipo de operaciones ha sido señalado recurrentemente por la ASF, ya que pone en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos. Se presenta un ambiente de excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas.
La ASF constató que en este tipo de esquemas participaban, sobre todo, universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios. No obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016, se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos como son empresas paraestatales de entidades federativas y en ocasiones, de la propia Federación.
La segunda área con riesgo de alto impacto es la de obra pública. La ASF ha identificado cuatro causas principales que propician las deficiencias en proyectos de infraestructura: (1) problemáticas en la planeación y programación de los trabajos, (2) debilidades de carácter técnico, (3) insuficiencias económicas y (4) fallas de ejecución.
Por ello, será necesario contemplar modificaciones en la Ley de Obras Públicas y en la Ley de Asociaciones PúblicoPrivadas, a fin de robustecer el papel del Estado en la vigilancia de estas figuras, en línea con la visión y los objetivos del SNA, en el que se deja en claro la relevancia del involucramiento de la esfera privada.
En las revisiones practicadas en relación con la Cuenta Pública 2016 a las operaciones de las empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) se ha apreciado una tercera área de riesgo, en relación con el esquema de gobernanza que las rige.
Otra área de riesgo se refiere a los padrones de los programas gubernamentales. Después de 16 años de que las leyes federales y los presupuestos de egresos establecieron la obligación de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal conformaran los padrones de beneficiarios y sus sistemas integradores para maximizar la eficiencia y control en el otorgamiento de subsidios, aún prevalece el problema de su falta de estructuración e integración.
En otro tema, en el Informe General Ejecutivo se incluye un apartado con 74 propuestas de reformas legislativas derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, para consideración y referencia de la Cámara de Diputados, las cuales buscan ser de utilidad para la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y para el ajuste en el contenido de los marcos jurídicos, a fin de reducir riesgos y opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.
Dichas propuestas se agrupan en los siguientes rubros: (1) Banca de desarrollo e instituciones de crédito, (2) Gasto federalizado, (3) Política energética, (4) Transparencia presupuestal e inteligencia fiscal y financiera, (5) Gestión y protección de recursos naturales y (6) Seguridad en el espacio aéreo mexicano, migración y profesionalización del sector salud.
