Decreto de EPN expone permiso a Higa para pisotear otomís

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Ciudad de México, 10 de jul.- El día de ayer en el Diario Oficial de la Federación se publicó un nuevo decreto expropiatorio mediante el cual se estaría despojando de 37 hectáreas a la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México, entre otras, para permitir el paso de la polémica autopista Toluca – Naucalpan, concesionada a Autopista de Vanguarda SA, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, el mismo que construyó la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto.

 

Peculiar modus operandi

El caso es grave y ha llamado la atención de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, quienes coinciden en que se están violentando múltiples derechos inherentes de los pueblos originarios, firmados y ratificados por el gobierno mexicano.

Aunque no es la única acusación grave en contra de las autoridades, también se está denunciando un modus operandi inédito para concretar la realización del proyecto, pues el gobierno del Estado de México, una empresa privada, en este caso Autovan, y el gobierno federal, se han puesto de acuerdo para cambiar en múltiples ocasiones la estrategia para la imposición del proyecto carretero; son 8 años de conflicto ya con las comunidades indígenas, quienes han detenido por la vía legal todos los intentos de imposición del proyecto carretero, no obstante esta semana se ha concretado una nueva intentona del gobierno federal por finiquitar el proyecto: el decreto expropiatorio federal.

 

Polémico decreto

Tan sólo con la publicación del decreto ya se viene a ratificar una cuestión muy seria: el hecho de que desde hace años el gobierno estatal autorizó e emitió miles de millones de pesos para la realización de un proyecto, que ni siquiera contaba con los permisos para ello; pretendiendo ahora con el manotazo del decreto presidencial, imponer un proyecto que ha sido criticado desde múltiples perspectivas sociales.

Con esto además queda en evidencia que no se está cumpliendo con uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en todo el mundo: el derecho a la consulta previa e informada, lo cual no sólo lo han denunciado las más de 3 comunidades afectadas de los municipios de Lerma y Huixquilucan, sino también organizaciones internacionales como el Centro de Estudios Indígenas del Mundo, quien desde hace meses emitió una carta a funcionarios mexicanos como Guerra Abud, titular de Semarnat, exigiéndole respetar los derechos de los pueblos originarios y suspender el proyecto carretero; no obstante a la fecha, los organismos mexicanos siguen sin responder a los llamados que incluso se han emitido desde la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El decreto del día de ayer se trata del enésimo intento en legalizar un proyecto carretero, mediante el cual también se pondría en evidencia que nunca hubo legalidad para el mismo, por lo que entonces vendrían siendo ilegales las violentas incursiones de maquinaria realizadas en territorios comunales, las cuales han estado protegidas por miles de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, quienes han resguardado el avance de la máquinas del señor Hinojosa Cantú.

El día de hoy se realizó una protesta en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como relató la crónica de AristeguiNoticias, pobladores de la comunidad y grupos afines se manifestaron para solicitar a la CNDH se decreten medidas cautelares, para exigir el respeto de las comunidades originarias y suspender la construcción del paso carretero.

Son años de resistencia al proyecto carretero.
Son años de resistencia al proyecto carretero.

Los habitantes de San Francisco Xochicuautla, no son los únicos que denuncian la ilegalidad del trayecto, Raymundo Espinoza, abogado de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, organización que junto con el Tribunal Permanente de los Pueblos concluyó que se están cometiendo en México crímenes de lesa humanidad por la imposición de carreteras, expuso también diversas irregularidades que se ponen de manifiesto con el nuevo decreto expropiatorio, pues además de que no se cuentan con firmas esenciales para su expedición, contradicen múltiples artículos constitucionales.

El abogado destaca además, la ridícula forma mediante la cual el estado pretende afirmar que informaron a la población: “las autoridades mexicanas dan muestra de su cinismo e ignorancia al señalar que, en efecto, con la notificación, la pregunta expresa y el consentimiento del Comisariado de Bienes Comunales, se dio por satisfecha en plenitud la garantía de audiencia de la cual son titulares la Asamblea comunal, los comuneros inconformes y la población afectada. Es muy importante recordarle al estado mexicano que el principio de legalidad, debido proceso y diligencia debida, que incluye como uno de sus aspectos a la mencionada garantía de audiencia previa, no se reduce a ésta y, en cualquier caso, tal garantía no se satisface de esta manera. Por si fuera poco, las autoridades comunales debieron informar de manera inmediata, adecuada y suficiente sobre la notificación al resto de los comuneros, incluidos los  inconformes con el proyecto, así como a la totalidad de la población que se ve afectada por el Decreto, lo cual no hicieron”.

“Digámoslo con más detalle. En ninguna de las tres partes que conforman el Decreto se mencionan las múltiples violaciones de derechos humanos que se han cometido en contra de los miembros de la comunidad inconformes con el proyecto carretero, y que oportunamente han sido denunciadas y que incluso se encuentran sometidas a juicio. Situación que de entrada supone el incumplimiento de los deberes específicos en materia de derechos humanos previstos en el artículo 1º constitucional. En segundo lugar, el Estado tampoco observa sus obligaciones generales en la materia, pues contempla exclusivamente el derecho a la consulta de las comunidades indígenas, pero en abstracto y eludiendo otros derechos en disputa, e incluso lo hace sin considerar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como sin interpretar las normas relativas a derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia siguiendo el principio de máxima protección.”

Años atrás el gobierno del Estado de México, ya había emitido un decreto que igual fue ampliamente criticado y posteriormente ignorado por el propio estado. Con este nuevo decreto, los abogados expertos nuevamente exponen la ilegalidad del proceso, tan sólo en cuestiones fundamentales como el derecho a la consulta:

“Se desprende del propio Decreto que la consulta:

  1. no fue previa, ya que se hizo con posterioridad a la notificación del proceso expropiatorio;

  2. no fue libre, dado que no se puede actuar en libertad cuando se tiene una notificación de procedimiento expropiatorio encima, la cual pone en cuestión la vida comunitaria y la sobrevivencia individual, y menos aún si, como también se desprende del Decreto, la zona expropiada ya estaba ocupada por el SAASCAEM con el respaldo de la fuerza pública;

  3. no fue informada, puesto que los comuneros inconformes no fueron debidamente notificados ni informados sobre los detalles del Decreto expropiatorio, su procedimiento y sus efectos (ni siquiera han sido debidamente informados del proyecto carretero por parte de las autoridades, quienes todo el tiempo han manipulado la información y han actuado con opacidad);

  4. no fue de buena fe, ya que subsisten recursos y juicios en trámite, además de que el territorio fue ocupado previamente y se han documentado las agresiones por parte de las autoridades y la empresa, finalmente;

  5. tampoco fue una consulta culturalmente accesible, pues se llevó a cabo según procedimientos ajenos a los propios de la comunidad, sobre los cuales, sobra decir, tampoco fue consultada”

Organizaciones defensoras de derechos humanos, también han venido denunciando las agresiones que han sufrido los originarios de las comunidades afectadas, quienes además de haber sido encarcelados y liberados al no haber motivos, en varias ocasiones, y de que han sido amenzadas de múltiples formas, continúan exigiendo el respeto a sus derechos fundamentales.

Incluso animales han sido agredidos con motosierra, denunció el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra
Incluso animales han sido agredidos con motosierra, denunció el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra

Las comunidades afectadas han colocado también un campamento de protesta para exigir la suspensión del proyecto que califican de ecocida y epistemicida, pues además del grave daño ambiental, denunciado también por varias ong’s, están denunciando la destrucción de los recintos más sagrados de su cultura, parajes de adoración milenarios, que actualmente siguen vigentes, y que quedarían también completamente devastados con el paso del proyecto carretero.

A través de redes sociales, y mediante el hashtag #XochicuautlaNoEstáSolo, se está llevando a cabo una campaña de información y denuncia de las determinaciones gubernamentales.

 

David Galeano. Huellas.mx

 

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Written By Huellas de México

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