Caso Tlatlaya: Encendida polémica por el significado de ‘abatir’

julio 6, 2015 By Huellas de México

Caso Tlatlaya: Encendida polémica por el significado de ‘abatir’

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Ciudad de México, 6 de jul.- En un lío internacional se ha metido el gobierno y ejército mexicanos tras una serie de comunicaciones secretas del ejército expuestas al público por un grupo de organizaciones de derechos humanos, y posteriormente alentadas por otros documentos confidenciales expuestos por la revista Proceso sobre el caso Tlatlaya, lo que ha provocado la condena internacional desde la ONU hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes exigen una amplia investigación y explicación al respecto, no obstante aún se permanece a la espera de explicaciones que deberían al menos ser de tanto peso como las graves acusaciones emitidas.

 

¿Fue el ejército?

Fue el jueves pasado que organizaciones sociales encabezadas por el Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, emitieron una conferencia de prensa para presentar una investigación realizada acerca del caso de 23 personas ejecutadas por el ejército en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, concluyendo con base en testimonios y documentos oficiales, que los militares involucrados tenían la orden de «abatir delincuentes en horas de oscuridad», lo cual se ha vuelto el centro de la polémica.

Las organizaciones expusieron los documentos obtenidos a través de un proceso de amparo de la víctima y en el cual se exponen las órdenes vertidas por la 22 zona militar del Estado de México, quien emite la instrucción de «abatir»; por lo que calificaron como una prueba irrefutable de que altos mandos del ejército emiten este tipo de órdenes. lo que vendría también a corrobar el porque de la generalización de los abusos de poder cometidos por las fuerzas castrenses.

Reforzando dichas acusaciones, la revista Proceso publica en su más reciente edición, como nota principal una investigación de GloriaLeticiaDíaz, titulada «En las ejecuciones de Tlatlaya, la cadena de mando llega a Peña Nieto»; donde afirman haber tenido acceso a documentos confidenciales, que vienen a ratificar que las acciones militares nocturnas contra el crimen, es parte de la estrategia federal implementada.

En el documento confidencial referido, se detalla ampliamente la estrategia que se deberá implementar en el combate al crimen organizado de parte de las fuerzas armadas; en él se viene a exponer que los polémicos operativos nocturnos estaban ya enmarcados en una estrategia nacional: “Basados en un profundo trabajo de inteligencia, las principales acciones para reducir la violencia se planearán y ejecutarán en horas de oscuridad, realizándolas en fuerza, con efectivos que sean necesarios para el éxito de la operación, dar superioridad a las tropas y ganar una imagen positiva ante la opinión pública”, se indica en el documento referido.

De igual forma en otra parte del documento se exponen órdenes que pudieron haber servido de justificación para la matanza: «En caso de ser agredidos por delincuentes con armas ‘de alto poder destructivo’, se ordena ‘emplear todo el armamento disponible a fin de (…) eliminar la amenaza, en forma tal que se garantice la integridad física del personal militar’.

Resalta la ambigüedad de los términos e instrucciones, donde no se expone limitación alguna en caso de rendición o presencia de civiles, además de dejar sin aclarar a que se refieren con «armas de alto poder destructivo”.

En el mismo documento también se exponen las recomendaciones para incrementar los dispositvos de seguridad en carreteras y zonas de amplia incidencia delictiva.

 

La respuesta de la Sedena

El general Cienfuegos no ha respondido aún por cada uno de los señalamientos vertidos en contra de la Sedena, este fin de semana estuvo solo practicamente, sin la presencia del ejecutivo, en la entrega de condecoraciones del Ejército, aunque refrendó «el líderazgo y guía» del presidente Peña Nieto, como apuntó CuartoPoder.

La Sedena unicamente se ha limitado a responder las acusaciones a través de un escueto comunicado donde afirman que en el mismo documento expuesto por las organizaciones, se incluyen instrucciones explícitas de salvaguardar los derechos humanos, como relata LaJornada.

No obstante en la conferencia de prensa del jueves pasado, ya habían hablado de dichas instrucciones de la Sedena, manifestando que representan una contradicción con la clara instrucción de «abatir».

 

Significado de abatir; matar o desalentar

A pesar de las acusaciones respaldadas por organismos internacionales, aún hay quien opina que abatir no significa necesariamente asesinar, así lo expone el «periodista» JorgeFernándezMenéndez en su artículo, «Tlatlaya: no hubo orden de abatir», donde afirma que «ese abatir, como está utilizado en el párrafo, puede servir como cualquiera de sus sinónimos: derribar, hundir, derrumbar, derrocar, tirar, tumbar, volcar, inclinar, vencer, humillar, desalentar».

No obstante suena bastante inversímil la justificación del columnista estelar de Excelsior, más aún considerando que el reporte entregado por los militares que orquestaron el operativo en Tlatlaya, fue precisamente que se había logrado «abatir» a 18 delincuentes, cifra que posteriormente subieron a 22.

Por este motivo la gran mayoría coincide en que el «abatir» del ejército, significa matar, asesinar, ejecutar, tal y como considera Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, quien argumentó que “el mensaje no puede estar más claro: los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso legal”; como describe ElEconomista.

Incluso el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, se ha manifestado ya también al respecto, así como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, quienes instan a las autoridades mexicanas a ampliar las investigaciones, advirtiendo que «las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales», como publicó ElSiglodeTorreón.

ElInformador también recapitula la reacción de Amnistía Internacional, respetado organismo mundial que ha emitido un comunicado exigiendo a las autoridades mexicanas «actuar con urgencia», solicitando también al presidente de México definir su posición al respecto: “Es fundamental que el presidente Enrique Peña Nieto formule públicamente una condena de este acto y un compromiso con los derechos humanos ordenando una investigación pronta, exhaustiva e independiente a cargo de las autoridades civiles sobre cómo están aplicando las fuerzas armadas la política de seguridad del gobierno”.

En ese sentido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también lamentó la lentitud del proceso judicial, por lo que emitió un exhorto para que «inicie cuando antes el proceso», pues también se ha tornado sospechoso el retraso del mismo.

 

Crisis política

Mientras tanto en el Senado de la república, diversas voces se pronunciaron a favor de retornar al ejército a los cuarteles, como relata la crónica de AndreaBecerril, quien cita a legisladores como Manuel Bartlett, quien acusó de absurdas las explicaciones de la Sedena: «Debe sancionarse a quien ordenó abatir, en lugar de estar dando explicaciones absurdas, sentenció el senador de oposición.

Asimismo en LaJornada se hace un análisis del proceso legislativo por medio del cual se pretendía regular la actividad del ejército en las actividades policiales; lo cual, precisamente se congeló debido a que la Sedena pretendía tener atribuciones casi de independencia para poder llevar a cabo sus operaciones en total opacidad y falta de rendición de cuentas. Según el relato, la Sedena habría sido quien terminó parando la ley, «por ello, ‘extraña’ el reciente llamado del secretario de la Sedena para que el Congreso legisle y otorgue un marco jurídico que de certeza a las fuerzas armadas en la tarea de combatir a la delincuencia organizada».

Por su parte la Secretaría de Gobernación criticó la presencia de una de las víctimas en la conferencia de prensa del jueves, así lo externó el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa, quien advirtió que «ellos tienen razón en que hay que ser cuidadosos y conviene que ellos (Centro Pro) también sean cuidadosos en esta parte», como se publica en la nota de FabiolaMartínez.

El funcionario confirmó también que estarán informando puntalmente de las medidas cautelares, que ya han sido emitidas también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso aún merece mucho mayores aclaraciones oficiales, pues las acusaciones son contundentes y de gran peso; periodistas como SanJuanaMartínez han profundizado en la cadena de mando, afirmando que la cadena de responsablidades, «esta compuesta por el propio Cienfuegos, el general Jaime Godínez Ruiz, comandante de la I Región Militar, el general José Luis Sánchez León, comandante de la 22/A Zona Militar, el general Francisco Ortega Luna, jefe de la comandancia de la 22/A, Raúl Castro Aparicio, comandante del 102/0 Batallón de Infantería de San Miguel Ixtapan, el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, firmante en la orden de Relevo por Ausencia temporal del Comandante del 102/0 Batallón de Infantería, el Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez del mando de personal de tropa»; acusando también la responsabilidad de Osorio Chong, afirmando que esta no es la única masacre cometida por el presente gobierno, por lo que hace también un llamado a poner en claro la estrategia del estado.

 

David Galeano. Huellas de México

 

 

 


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