junio 3, 2015 By

Sedena niega violaciones a DDHH en Tlatlaya y censura expediente


México, DF, 3 de junio.- Once meses después de que efectivos del ejército mexicano abatieran a 22 presuntos delincuentes dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional Sedeña informó que “las investigaciones del caso están integradas a la causa penal 338 2014 radicada en el juzgado sexto militar, cuyo procedimiento se encuentra en etapa de instrucción por delitos de orden militar, los cuales no constituyen violaciones graves a los derechos humanos“, reporta el diario La Jornada.

La Sedena informó, en respuesta a una solicitud de información pública hecha por el reportero Gustavo Castillo, que decidió reservar por 12 años el contenido de las investigaciones realizadas por la Procuraduría de Justicia Militar en torno a esos hechos, en los cuales, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 12 de las 22 víctimas fueron ejecutadas por los militares.

La Sedena señaló que la investigación del caso Tlatlaya se encuentra en desahogo en los tribunales militares, en lo que respecta a las violaciones que sus ocho elementos cometieron a sus deberes castrenses, ya que independientemente de esta acusación cuatro de ellos enfrentan cargos en el ámbito civil federal, tres por homicidio calificado y uno por encubrimiento.

En octubre de 2014 Jesús Murillo Karam entonces titular de la Procuraduría General de la República dio a conocer que los cargos fueron por el asesinato de ocho de las 22 personas.

Dijo que la mayoría de los presuntos delincuentes murieron en enfrentamiento con los militares y ocho quedaron con vida y un sargento y dos soldados utilizaron las armas de los abatidos para ejecutar a sus compañeros.

Sin embargo, la CNDH indicó que no fueron ocho sino 12 los ejecutados por los soldados; nueve ya se habían rendido y estaban sin armas y otros tres estaban inertes; dos de ellos tenían entre 15 y 17 años.

Según el oficio de la Sedeña el juez sexto de distrito instruye una causa penal contra el personal militar por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de desobediencia e infracción de deberes castrenses correspondientes a cada militar, según su comisión o empleo.

Con esos argumentos, concluye el reporte de La Jornada, la Sedena se negó a proporcionar copia de su investigación en tomo a lo sucedido en Tlatlaya.

 

Fuente.m-x.com.mx


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