noviembre 10, 2014 By Redacción Huellas

Protestas y sospechosismo causa versión de la PGR

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Ciudad de México a 10 de noviembre.- Luego de las protestas que incendiaron la puerta de Palacio Nacional, la Procuraduría General de la República (PGR) liberó a los 18 jóvenes que fueron retenidos por dichos hechos; en ese sentido, el único delito en el que pudieron incurrir algunas de las 18 personas retenidas es el de motín y daños a monumentos históricos, los cuales no son grave, señaló la PGR.

Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, condenó la violencia que se presentó tras la serie de protestas por la desaparición y posible masacre de 43 estudiantes de Ayotzinapa; al respecto, el mandatario indicó: “Es inaceptable que alguien pretenda utilizar esta tragedia para justificar su violencia“, desde la ciudad estadounidense de Anchorage durante una escala rumbo a una visita a Australia y China; asimismo, Peña Nieto agregó: “No se puede exigir justicia actuando con violencia“, recalcó el mandatario.

Mientras tanto, el día de ayer, los estudiantes normalistas establecieron dos retenes en la autopista del Sol, para extraer combustible de autobuses de líneas de transporte y camiones pesados, además se llevaron más de una docena de camiones. Un retén, lo montaron al sur de la ciudad, en la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol.

A su vez, la caravana #43×43 llegó al Zócalo del DF, tras una marcha de siete días, desde Iguala; al respecto, el vocero del movimiento indicó: “No creemos la versión oficial, los queremos vivos, dijo José Alcaraz, vocero del movimiento; proponen padrón de desaparecidos”; “Ni un desaparecido más”, porque, hasta entonces, “México estará de luto”.

Asimismo, los normalistas de Ayotzinapa, estudiantes de la ciudad de México, y papás de normalistas desaparecidos quemaron vehículos frente a palacio de Gobierno de Guerrero para exigir que se encuentre con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por su parte, luego de un mes de haber realizado 24 búsquedas donde encontraron 36 fosas, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) concluyó la primera etapa de la búsqueda de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala.

Mientras que Juan Salcedo, comentarista en Facebook de Acción Nacional, al respecto del incendio provocado en una puerta de Palacio Nacional, consideró que hechos como éste indican que «se esta orquestando la justificacion para reprimir.»

A su vez, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que las manifestaciones de violencia durante las movilizaciones en protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pueden servir a la “mafia del poder” para «desprestigiar al movimiento».

No obstante, Carlos Marín, director del rotativo Milenio, calificó de vándalos y criminales a quienes emprendieron el sábado contra Palacio Nacional (frente a los pacíficos marchistas #43×43); “Un muertito por el amor de Dios” es el clamor, tan vergonzante como infame, implícito en “la lucha” de agrupaciones cuyo giro “justiciero” no es la solución sino el mantenimiento de problemas, y que enarbolan causas legítimas como fachada, agregó el comunicador.

Cabe destacar que las protestas arreciaron luego de las evidencias que el Procurador General de México, Jesús Murillo Karam, presentó el día viernes que indican el probable asesinato de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa pocas horas después de haber sido detenidos por la policía municipal de Iguala y Cocula y entregados a sicarios de los Guerreros Unidos.

Para Cecilia Soto: «Lo que más llama la atención de la información compartida por el procurador general de la República es el extremo cuidado con el que los delincuentes, Guerreros Unidos, buscaron ocultar toda huella de la autoría del asesinato bárbaro de varias decenas de jóvenes la madrugada del 27 de septiembre.»; «Al instrumentar la incineración de los cadáveres en forma tan sistemática demostraron, en primer lugar, larga práctica y conocimiento de las dificultades para colectar muestras de ADN de entre las cenizas.» Soto, agregó «En segundo lugar, y más significativamente, demostraron temor. Si inicialmente la orden de exterminio a los jóvenes fue dada bajo el incentivo de “defender el territorio” como lo declarara uno de los testigos, ¿por qué no dejar los cadáveres como mensaje para sus enemigos?»

Mientras tanto, tras la conferencia de Jesús Murillo Karam, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD rechazó el informe; al respecto, el Sol Azteca aseguró que las investigaciones en las que se plantearon los indicios del asesinato e incineración de los 43 normalistas desaparecidos, dejan dudas, por lo que «Quieren pesquisas certeras». En ese sentido la columna Frente Políticos señaló: «Hay que recordárselos claramente: son los responsables de esta historia de terror. Lo que digan para tratar de ganar votos está de más. ¿Por qué no entonces Carlos Navarrete, Los Chuchos y su corte en pleno, dejan la comodidad de sus sillones y van a buscarlos?»

No obstante, «Pensada para el consumo de masas, la novelesca actuación del procurador −con sus dislates histriónicos y el carpetazo del caso incluidos− remite al «Decreto noche y niebla» (Nacht und nebel erlass) del führer Adolfo Hitler, del 12 de diciembre de 1941, reconocido como el primer documento de Estado con órdenes para detener-desaparecer personas de manera furtiva o secreta, bajo el cobijo/ocultamiento de la oscuridad y la niebla.» indicó el periodista Carlos Fazio; agregó, «El decreto fue complementado por otros del mariscal Wilhelm Keitel, que especificaban cómo debían «hacer desaparecer» a personas sospechosas de resistir la ocupación nazi en Europa: sin «dejar rastro» de su paradero y «sin proporcionar información alguna» a sus parientes. El cadáver debía ser inhumado en el sitio de muerte y el lugar no sería dado a conocer. El objetivo, instruyó Keitel, era generar “un efecto aterrorizante (abschreckende Wirkung), eficaz y perdurable sobre los familiares y la población, que debería permanecer con la «incertidumbre» sobre el destino de los detenidos.»

A su vez, el columnista Jorge Fernández Menéndez cuestionó, ¿qué pasó en los diez días previos a que el gobierno federal se hiciera cargo de la investigación?; «No nos engañemos: a nivel municipal y estatal, se desvió el curso de la investigación. Esa primera semana supuestamente buscando a los jóvenes casa por casa en Iguala porque supuestamente estaban escondidos fue criminal; el que el gobernador Aguirre y el procurador Blanco no pudieran o quisieran mantener bajo vigilancia al presidente municipal y su esposa, al jefe de la policía local y a otros involucrados, que no pudieran proporcionar desde un primer momento una información mínimamente fidedigna sobre lo ocurrido pasa de la sospecha o la negligencia a la complicidad.»

 

 

Redacción. Huellas de México


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