enero 16, 2014 By

SCJN confirma la facultad de autoridades para ubicar celulares en tiempo real.

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Distrito Federal— El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalidó que la Procuraduría General de la República (PGR), Procuradurías estatales y “los servidores públicos” soliciten “por simple oficio o medios electrónicos” a los concesionarios, la geolocalización en tiempo real, de teléfonos celulares involucrados en la investigación de delitos graves, sin la intervención de un juez federal.

Una mayoría de cinco ministros votó en el sentido de que las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Telecomunicaciones no violan el derecho a la intimidad y por tanto, no se requiere de que el ministerio público solicite la autorización judicial para localizar los teléfonos celulares involucrados en casos de secuestro, extorsión, narcotráfico y amenazas; tres ministros votaron a favor de que la Corte fijara criterios que evitaran el uso arbitrario de la medida por parte de las Procuradurías; mientras que tres ministros mantuvieron su vota por la inconstitucionalidad de las normas.

El ministro Sergio Valls –quien junto con Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío votaron por la invalidez de las normas– cuestionó que la Corte haya aprobado reglas o lineamientos que son únicamente “de buen fe”, para acotar las atribuciones de las Procuradurías “para que no se den excesos o un uso indebido en detrimento de los derechos humanos”. “Qué o quién lo garantiza, qué o quién lo controla, además, tratándose de los derechos humos no se trata de que exista la posibilidad de que posteriormente se puedan denunciar abusos a fin de que se repare el daño hecho, sino que, precisamente se trata de que el Estado garantice su ejercicio y protección para que no se cause lesión a los derechos humanos”.

Agregó que la única forma para que no haya un exceso o un uso indebido por parte de la autoridad investigadora y proteger así los derechos humanos, es mediante la autorización judicial, como contrapeso institucional de la función investigadora que realizan las Procuradurías del país.

Se necesita de un control judicial “que autorice la ubicación geográfica bajo pruebas objetivas de su necesidad, y por supuesto con la vigilancia de que la diligencia se ejecute en los términos en que fue autorizada”, subrayó Valls.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sólo los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Fernando Franco aclararon que estaban de acuerdo con el proyecto (en el sentido de la constitucionalidad de la norma), pero que se apartaban de los resolutivos que no fijaban lineamientos específicos para evitar excesos por parte del ministerio público.

Zaldívar abundó que “la línea argumentativa a la cual se llega a la conclusión, al final resulta distinta a la que tengo y la que manifesté desde la sesión anterior”.

Precisamente, Zaldívar proponía una “interpretación conforme” en la que la Corte fijara lineamientos al ministerio público para que utilizara los artículos referidos únicamente para los delitos que establece la ley (secuestro extorsión, delitos contra la salud y amenazas) “en casos de urgencia”, cuando estuviera en riesgo la vida o integridad de las víctimas y cuando existiera riesgo de que se ocultara o desapareciera el objeto del delito.

En cambio, Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar, Alberto Gelacio Pérez Dayán y el ministro presidente Juan N. Silva Meza avalaron un proyecto en el que se señala que la legislación vigente es clara en señalar la forma en la que las Procuradurías deben regir su actuación en el caso de la geolocalización de teléfonos celulares en caso de delitos graves y que en caso de que hubiera alguna violación al derecho a la intimidad de las personas, ésta se justifica en aras de la acción ágil y eficaz del ministerio público para perseguir los delitos graves.

La mayoría desechó los argumentos de la CNDH en el sentido de que las normas vulneraban el derecho a la intimidad al otorgar facultades discrecionales no justificadas al ministerio público.

Finalmente, la mayoría se pronunció por la interpretación conforme para permitir que la investigación de los delitos de alto impacto, en estos casos, “no pase por un control judicial previo”, maximizando así el derecho a la integridad personal de todos.

Fuente: Diario.mx


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