junio 12, 2014 By Redacción Huellas

Desapariciones, detenciones e injusticia denuncian en Aquila

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Ciudad de México a 12 de jun.-Tras la desaparición de los tres indígenas nahuas de San Miguel Aquila, integrantes de grupos de autodefensa de Michoacán informaron de su localización en una narcofosa sobre la carretera costera.

Por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns, en su informe sobre México, señaló que los asesinatos y la impunidad de la guerra contra el narco emprendida el sexenio pasado continúan en la Administración de Enrique Peña Nieto. Asimismo, Christof Heyns, advirtió que las violaciones al derecho a la vida en México se producen a niveles “intolerables” y que persiste un enfoque militarista en la seguridad .

Ignacio Martínez de la Cruz, Francisco Javier Ramos Walle y Carlos Zapien Díaz, indígenas de la comunidad de San Miguel Aquila desaparecidos desde el 25 de noviembre de 2013, eran directivos de la empresa comunal de transportes de material ferroso Lanesek y fueron vistos por última vez cuando viajaban a bordo de una camioneta con rumbo hacia la ciudad de Colima la cual presuntamente fue interceptada por Caballeros Templarios, a la altura de la población de San Juan de Alima.

A su vez, en lo que va del sexenio de Peña Nieto, se han registrado más de 7 mil 600 desapariciones forzadas, es decir 17 personas por día indicaron organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Cabe destacar que la denuncia de la desaparición de los indígenas de la comunidad de San Miguel Aquila, no sólo se presentó en instancias nacionales además se recurrió al ámbito internacional mediante una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 4 de junio de 2013, la comunidad de San Miguel Aquila, se organizó en guardias comunitarias para la defensa de su territorio, ante el hartazgo por el acoso y las extorsiones de los Caballeros Templarios; sin embargo, en el mes de enero del presente año, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, ordenó que los desarmaran.

No obstante, supuestos autodefensas asumieron la guardia comunitaria y desde entonces, apoyados por el comisionado y el alcalde Juan Hernández, presuntamente asesinan, desaparecen e intentan cobrar derecho de piso denunciaron los indígenas nahuas.

Por su parte, Octavio Villanueva Magaña, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, afirmó que está siendo perseguido y hay una orden de aprehensión en su contra. Asimismo, aseguró que 16 de sus compañeros siguen presos en el penal de Perote, Veracruz, y tres en el de Mil Cumbres, Michoacán; además,tres desaparecieron y cinco fueron asesinados.

Octavio Villanueva agregó: «No estamos de acuerdo en formar parte de la Fuerza Rural Estatal que propone el Gobierno Federal. Tememos que se convierta en el instrumento de represión contra los pueblos indígenas michoacanos. El objetivo de nuestra guardia es cuidar nuestra comunidad y nuestra gente. Estamos en contra de expandirnos y andar conquistando territorios como lo hacen los grupos de autodefensas apoyados por el Gobierno Federal».

En ese sentido, la población vivió en paz durante el tiempo en que operó la guardia comunitaria. Sin embargo, el 14 de agosto de 2013, cuando en un megaoperativo entró a San Miguel de Aquila, compuesto por la Policía Estatal, la Marina y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) del Ejército, levantaron y agredieron a los integrantes de la guardia local. Además, destruyeron las oficinas de la comunidad y robaron efectivo, así como diversos artículos..

Ante el operativo, que la comunidad considero como arbitrario, los comuneros cercaron la comunidad y 100 elementos del Ejército quedaron dentro. A su vez, solicitaron dialogar con el Gobierno estatal; no obstante, arribaron miembros del GOE en formación de combate, quienes disolvieron la defensa con gases lacrimógenos y balas de goma y se llevaron presos a 45 personas de la comunidad, entre ellos al líder, Agustín Villanueva.

Asimismo, los indígenas de Aquila denunciaron que en el traslado de los 45 detenidos, al puerto de Lázaro Cárdenas, los agentes hicieron una parada en el poblado de La Placita, lugar que es considerado como “cuna del crimen organizado”, en dicho poblado soltaron a cinco comuneros, arriesgando su vida; sin embargo, un taxista se los llevó a Aquila, cabe mencionar que el chofer del taxi fue asesinado días después.

Los demás detenidos fueron trasladados al penal de Mil Cumbres, en Morelia y al Centro Federal de Readaptación Social número 5 de Villa Aldama, Veracruz, . El líder de la comunidad y quien en ese momento fungía como el Comisario de Bienes Comunales, Agustín Villanueva Ramírez; además, de sus dos hermanos, Efraín Villanueva Ramírez y Vicente Villanueva Ramírez, fueron acusados de robo, allanamiento de morada, secuestro, violación, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y acopio de cartuchos.

A su vez, los demás presos fueron acusados de tener vínculos con el crimen organizado y los enviaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México.

Posteriormente, el 20 de agosto los parientes de los líderes comunitarios detenidos fueron al penal de Mil Cumbres; sin embargo les negaron ver a sus detenidos. Por lo que, en la tarde se organizó una marcha en el centro de Morelia, y al finalizar la manifestación, un grupo de encapuchados les impidió abordar el autobús ya que, lanzaron piedras y gasolina hasta que lo incendiaron.

En San Miguel Aquila, el mismo 20 de agosto, aproximadamente mil policías estatales lo sitiaron e irrumpieron en el auditorio, saquearon, robaron y ultrajaron a los comuneros. Además, asesinaron a los guardias Salvador Ramos Eudave y Jacinto Alejandro Martínez Paulino.

Cabe mencionar que el alcalde Juan Hernández Ramírez de filiación priista encabezó el operativo, el cual también se dirigió a las oficinas de la empresa comunal Lanesek, donde amenazaron y golpearon a los trabajadores.

Tras los ataques a la comunidad de Aquila, el 28 de agosto el gobernador interino Jesús Reyna , quien actualmente está procesado por su presunta relación con los Caballleros Templarios, realizó una visita a Aquila y llevó despensas; asimismo, Reyna pidió a los pobladores que olvidaran lo sucedido porque ahí «no había pasado nada».

Los indígenas se organizaron en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), dirigida por Francisco Jiménez Pablo, quien reitera las denuncias contra las presuntas autodefensas de Aquila que amenazan a los pobladores.

Por su parte, Francisco Jiménez Pablo, titular de la CNPA-MN señaló: «El 31 de enero, a iniciativa del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, me reuní por primera vez con Alfredo Castillo Cervantes para plantearle el caso de Aquila. Nos dijo que rearmáramos a la guardia comunitaria, nos pedía que nos alineáramos con José Manuel Mireles y con Hipólito Mora; le dijimos que no estábamos de acuerdo porque no compartimos la idea de una autodefensa expansiva que conquista territorios, pero sobre todo porque escuchábamos que el proyecto de las autodefensas de alguna manera fue auspiciado y tolerado por el Estado».

Uno de los habitantes de Aquila afirmó: “No confiamos en el gobierno. No queremos autodefensas, sino otra vez una guardia comunitaria indígena”.

 

 

Redacción. Huellas de México


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