José SÁNCHEZ LÓPEZ
La cadena de saqueos a tiendas de conveniencia, los bloqueos, las falsas llamadas de alerta de bombas, las marchas de protesta ante la supuesta inseguridad en Quintana Roo, principalmente en Cancún y los atentados contra Barcos Caribe, sólo son maniobras para desestabilizar al gobierno del estado y desviar las investigaciones en torno a los exgobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.
Así lo revelaron fuentes de la Fiscalía General del Estado, quienes añadieron que el objetivo es desestabilizar al gobierno mediante una escalada de violencia con atentados prefabricados, enfrentamientos, saqueos, bloqueos y bombazos, pero además poder cobrar un seguro de cuatro millones de dólares por la embarcación siniestrada.
El objetivo, señalaron expertos allegados a las pesquisas, sería desviar las investigaciones en torno a los exgobernantes Borge Angulo, recluido y vinculado a proceso, y González Canto, sobre quien pesan por lo menos media docena de denuncias, tanto del fuero común como del federal que ya son investigadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Apuntaron que la desesperación por la pérdida de contactos para seguir burlando la ley y eludir futuros problemas judiciales, como lo hicieron ambos mandatarios durante su gestión, pero sobre todo verse sin poder y en la miseria, luego de vivir en la opulencia y con riesgo de acabar en prisión, ha originado que el todavía senador de la República y su socio político y económico, Roberto Borge Angulo, hoy preso, intenten desestabilizar, por cualquier medio y a toda costa, la paz
política y social de Quintana Roo.
Los exgobernantes, cuyas atrabiliarias acciones fueron de sobra conocidas durante su mandato, mediante grupos de choque, agitadores y desestabilizadores, así como un “ejército cibernético”, intentan crear un cisma político y social en Quintana Roo con el objeto de dar una falsa imagen de la entidad y con ello desviar los reflectores en su entorno para volver a evitar el peso de la ley por los múltiples delitos que se les imputan.
Grupos de choque infunden miedo
González y Borge, durante sus administraciones, infundieron el miedo con grupos de choque y golpeadores, incorporados de las filas del mismo personal de sus gobiernos, como el primero que utilizaba a policías estatales y judiciales, los cuales colocó en todos y cada uno de los municipios para que le reportaran cualquier movimiento de protesta o rebelión y sofocarla de inmediato.
En el caso de Borge Angulo, éste lo hizo de manera más descarada, a través de su director de Gobernación, Isaías Capelline Lizárraga, quien terminara abatido a tiros en Cancún, junto con su escolta Ángel Casillas, el 13 de julio de 2016, cuando tripulaban una camioneta por calles de una zona exclusiva de este paradisíaco lugar.
La cadena de saqueos a tiendas de conveniencia, los bloqueos, las falsas llamadas de alerta de bombas, las marchas de protesta ante la supuesta inseguridad en Quintana Roo, principalmente en Cancún y los atentados contra Barcos Caribe, sólo son maniobras para desestabilizar al gobierno del estado y desviar las investigaciones en torno a los exgobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.
Así lo revelaron fuentes de la Fiscalía General del Estado, quienes añadieron que el objetivo es desestabilizar al gobierno mediante una escalada de violencia con atentados prefabricados, enfrentamientos, saqueos, bloqueos y bombazos, pero además poder cobrar un seguro de cuatro millones de dólares por la embarcación siniestrada.
El objetivo, señalaron expertos allegados a las pesquisas, sería desviar las investigaciones en torno a los exgobernantes Borge Angulo, recluido y vinculado a proceso, y González Canto, sobre quien pesan por lo menos media docena de denuncias, tanto del fuero común como del federal que ya son investigadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Apuntaron que la desesperación por la pérdida de contactos para seguir burlando la ley y eludir futuros problemas judiciales, como lo hicieron ambos mandatarios durante su gestión, pero sobre todo verse sin poder y en la miseria, luego de vivir en la opulencia y con riesgo de acabar en prisión, ha originado que el todavía senador de la República y su socio político y económico, Roberto Borge Angulo, hoy preso, intenten desestabilizar, por cualquier medio y a toda costa, la paz
política y social de Quintana Roo.
Los exgobernantes, cuyas atrabiliarias acciones fueron de sobra conocidas durante su mandato, mediante grupos de choque, agitadores y desestabilizadores, así como un “ejército cibernético”, intentan crear un cisma político y social en Quintana Roo con el objeto de dar una falsa imagen de la entidad y con ello desviar los reflectores en su entorno para volver a evitar el peso de la ley por los múltiples delitos que se les imputan.
Grupos de choque infunden miedo
González y Borge, durante sus administraciones, infundieron el miedo con grupos de choque y golpeadores, incorporados de las filas del mismo personal de sus gobiernos, como el primero que utilizaba a policías estatales y judiciales, los cuales colocó en todos y cada uno de los municipios para que le reportaran cualquier movimiento de protesta o rebelión y sofocarla de inmediato.
En el caso de Borge Angulo, éste lo hizo de manera más descarada, a través de su director de Gobernación, Isaías Capelline Lizárraga, quien terminara abatido a tiros en Cancún, junto con su escolta Ángel Casillas, el 13 de julio de 2016, cuando tripulaban una camioneta por calles de una zona exclusiva de este paradisíaco lugar.
Este personaje era el encargado de asaltar, robar, quemar vehículos, detener y encarcelar inocentes, fabricar delitos y cumplir cualquier orden, por injusta que fuera, de su jefe Roberto Borge, actualmente preso y vinculado a proceso por los delitos de peculado, lavado de dinero y otros.
En lo concerniente a la ruta, de Cozumel a Playa del Carmen, debe destacarse que es sumamente codiciada, porque cuenta con un mercado de cuatro millones de usuarios al año y desde hace más de tres -febrero de 2015-, Barcos Caribe era la empresa naviera que daba el servicio de transbordador.
En ese tiempo Borge Angulo era quien detentaba el poder y por lo mismo podía otorgar toda clase de concesiones y privilegios a la empresa de su amigo, patrón y socio, González Canto.
Con esas facilidades el negocio comenzó a crecer, por lo que pudieron comprar otras embarcaciones, hasta que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los descubrió y les impidió continuar con sus planes, ya que no pudieron demostrar el origen lícito del dinero con el que realizaban sus operaciones.
Como resultado, uno de esos ferris de esas transacciones estuvo varado por meses en Australia, hasta que finalmente fue vendido a otra firma.
Como parte de la campaña mediática para alejar los reflectores sobre ambos exgobernantes, se han registrado un sinfín de robos y saqueos a cadenas comerciales, tiendas departamentales, empresas y diversos comercios, así como eventos violentos, entre bloqueos, atentados, llamados de amenaza de bomba a escuelas y centros turísticos, para lo cual convocaban a través de las redes sociales a que la gente participara en los ilícitos, como una manera de manifestar su
inconformidad.
Sabotaje a Barcos Caribe
Uno de los últimos hechos y que terminó por salirsele de las manos fue el haber montado el sabotaje en la empresa naviera Barcos Caribe, propiedad de González Canto, con 51 por ciento de las acciones y de las familias Borge Martín y Borge Angulo, con el restante 49 por ciento.
El lunes 19 de febrero, el Servicio Náutico descubrió un objeto que flotaba en el mar, a 800 metros de las costas de Cozumel. Lo reportaron a la estación de Búsqueda y Rescate del Sector Naval y lo recuperaron entre las aguas del hotel Cozumel & Resort y el Faro de la Caleta.
En lo concerniente a la ruta, de Cozumel a Playa del Carmen, debe destacarse que es sumamente codiciada, porque cuenta con un mercado de cuatro millones de usuarios al año y desde hace más de tres -febrero de 2015-, Barcos Caribe era la empresa naviera que daba el servicio de transbordador.
En ese tiempo Borge Angulo era quien detentaba el poder y por lo mismo podía otorgar toda clase de concesiones y privilegios a la empresa de su amigo, patrón y socio, González Canto.
Con esas facilidades el negocio comenzó a crecer, por lo que pudieron comprar otras embarcaciones, hasta que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los descubrió y les impidió continuar con sus planes, ya que no pudieron demostrar el origen lícito del dinero con el que realizaban sus operaciones.
Como resultado, uno de esos ferris de esas transacciones estuvo varado por meses en Australia, hasta que finalmente fue vendido a otra firma.
Como parte de la campaña mediática para alejar los reflectores sobre ambos exgobernantes, se han registrado un sinfín de robos y saqueos a cadenas comerciales, tiendas departamentales, empresas y diversos comercios, así como eventos violentos, entre bloqueos, atentados, llamados de amenaza de bomba a escuelas y centros turísticos, para lo cual convocaban a través de las redes sociales a que la gente participara en los ilícitos, como una manera de manifestar su
inconformidad.
Sabotaje a Barcos Caribe
Uno de los últimos hechos y que terminó por salirsele de las manos fue el haber montado el sabotaje en la empresa naviera Barcos Caribe, propiedad de González Canto, con 51 por ciento de las acciones y de las familias Borge Martín y Borge Angulo, con el restante 49 por ciento.
El lunes 19 de febrero, el Servicio Náutico descubrió un objeto que flotaba en el mar, a 800 metros de las costas de Cozumel. Lo reportaron a la estación de Búsqueda y Rescate del Sector Naval y lo recuperaron entre las aguas del hotel Cozumel & Resort y el Faro de la Caleta.
En la Secretaría de Marina confirmaron que se trataba de un artefacto explosivo, armado con PVC y un mecanismo para activarlo a control remoto.
Dos días después, el miércoles 21, se registró un estallido en la cabina del ferry Caribe I, cuando ya había atracado en el muelle de Playa del Carmen. Hubo 24 heridos, cinco de ellos estadounidenses. El percance se atribuyó en principio a un corto circuito causado por una parrilla que conectaron los tripulantes para calentar sus alimentos, según lo comentó la directora de la Administración Portuaria Integral, Alicia Ricalde Magaña.
También se propaló el hecho de que un grupo criminal, autollamado el cártel de Pumba y Taca se atribuyó el atentado mediante una manta colocada a las afueras de la iglesia de la colonia San Miguel 2, en Cozumel, en la que también se amenaza a la alcaldesa de dicho municipio, Perla Tun Pech.
Aparece organización criminal
Fuentes de la PGR y de la Fiscalía puntualizaron que es la primera vez que se menciona a dicha organización criminal, completamente desconocida, por lo que descartan su existencia y, por ende, su autoría, con lo que se robusteció la teoría del autoatentado.
En uno de los videos que ya se encuentran en poder de las autoridades que investigan el caso, entre ellas, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), dado que entre los lesionados hubo cinco estadounidenses, se observa a un tipo de gorra con una mochila en la espalda y una maleta pequeña color aluminio que se hace de palabras con la tripulación al tratar de subir a la nave, ya que no lo dejaban pasar.
Tras la discusión, el sujeto logra su cometido y la embarcación inicia su travesía rumbo a Playa del Carmen. Cuando el ferry atraca en el muelle fiscal de Playa del Carmen, se observa al mismo sujeto salir sin la maleta color aluminio.
También se aprecia a Roberto Borge Martín, padre del exgobernador Roberto Borge y uno de los socios de Barcos Caribe, quien fue uno de los primeros en descender de la embarcación que, con un escolta a su lado, observa tranquilo, sin que denote emoción alguna, como uno de sus barcos de altísimo valor económico quedaba reducido a cenizas.
Media hora después de observar la conflagración, Borge Martín se retiró tranquilamente del lugar, para abordar un yate de lujo en ese mismo muelle.
El objetivo de los propietarios de la naviera, aparentemente, se había consumado por partida doble: primero, lograr que aumentara considerablemente la percepción de inseguridad en Quintana Roo, pues no solo hay temor de balaceras en las calles o de ser asaltado en las mismas, sino que ahora en los recintos portuarios se registran explosiones que ponen en peligro la vida de los pasajeros y empleados.
Y la segunda, no menos importante, cobrar el seguro de la nave siniestrada que es de aproximadamente 4 millones de dólares, un verdadero tanque de oxígeno a sus desquebrajadas finanzas, desde que las autoridades congelaron todas las cuentas del exgobernador quintanarroense Borge Angulo y maniataron las manos al senador González Canto, con base en las indagatorias a que es objeto.
Dos días después, el miércoles 21, se registró un estallido en la cabina del ferry Caribe I, cuando ya había atracado en el muelle de Playa del Carmen. Hubo 24 heridos, cinco de ellos estadounidenses. El percance se atribuyó en principio a un corto circuito causado por una parrilla que conectaron los tripulantes para calentar sus alimentos, según lo comentó la directora de la Administración Portuaria Integral, Alicia Ricalde Magaña.
También se propaló el hecho de que un grupo criminal, autollamado el cártel de Pumba y Taca se atribuyó el atentado mediante una manta colocada a las afueras de la iglesia de la colonia San Miguel 2, en Cozumel, en la que también se amenaza a la alcaldesa de dicho municipio, Perla Tun Pech.
Aparece organización criminal
Fuentes de la PGR y de la Fiscalía puntualizaron que es la primera vez que se menciona a dicha organización criminal, completamente desconocida, por lo que descartan su existencia y, por ende, su autoría, con lo que se robusteció la teoría del autoatentado.
En uno de los videos que ya se encuentran en poder de las autoridades que investigan el caso, entre ellas, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), dado que entre los lesionados hubo cinco estadounidenses, se observa a un tipo de gorra con una mochila en la espalda y una maleta pequeña color aluminio que se hace de palabras con la tripulación al tratar de subir a la nave, ya que no lo dejaban pasar.
Tras la discusión, el sujeto logra su cometido y la embarcación inicia su travesía rumbo a Playa del Carmen. Cuando el ferry atraca en el muelle fiscal de Playa del Carmen, se observa al mismo sujeto salir sin la maleta color aluminio.
También se aprecia a Roberto Borge Martín, padre del exgobernador Roberto Borge y uno de los socios de Barcos Caribe, quien fue uno de los primeros en descender de la embarcación que, con un escolta a su lado, observa tranquilo, sin que denote emoción alguna, como uno de sus barcos de altísimo valor económico quedaba reducido a cenizas.
Media hora después de observar la conflagración, Borge Martín se retiró tranquilamente del lugar, para abordar un yate de lujo en ese mismo muelle.
El objetivo de los propietarios de la naviera, aparentemente, se había consumado por partida doble: primero, lograr que aumentara considerablemente la percepción de inseguridad en Quintana Roo, pues no solo hay temor de balaceras en las calles o de ser asaltado en las mismas, sino que ahora en los recintos portuarios se registran explosiones que ponen en peligro la vida de los pasajeros y empleados.
Y la segunda, no menos importante, cobrar el seguro de la nave siniestrada que es de aproximadamente 4 millones de dólares, un verdadero tanque de oxígeno a sus desquebrajadas finanzas, desde que las autoridades congelaron todas las cuentas del exgobernador quintanarroense Borge Angulo y maniataron las manos al senador González Canto, con base en las indagatorias a que es objeto.
Caribe III
Pero las cosas no les salieron tan bien como las habían planeado, el viernes 23 de febrero, según oficio 215/2018, dirigido al licenciado César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado del exgobernador Borge Angulo, por el director de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Álvaro Guadarrama Mejía, se le notificó
la suspensión de otro catamarán, el ferry Caribe III, porque estaban vencidos los certificados Nacional de Seguridad, Nacional de Francobordo y Nacional de Seguridad Radioeléctrica y la póliza del Seguro del Viajero, desde el 25 de enero.
Ante la disposición se dio una inusual actividad en las redes sociales en la que se convocó a una marcha y manifestación para apoyar a Barcos Caribe, a fin de que continuara dando servicio, al tiempo que culparon a las empresas competitivas y al gobierno del actual gobernador, Carlos Manuel Joaquín González, de las deficiencias en el servicio de los transbordadores.
Pero las cosas no les salieron tan bien como las habían planeado, el viernes 23 de febrero, según oficio 215/2018, dirigido al licenciado César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado del exgobernador Borge Angulo, por el director de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Álvaro Guadarrama Mejía, se le notificó
la suspensión de otro catamarán, el ferry Caribe III, porque estaban vencidos los certificados Nacional de Seguridad, Nacional de Francobordo y Nacional de Seguridad Radioeléctrica y la póliza del Seguro del Viajero, desde el 25 de enero.
Ante la disposición se dio una inusual actividad en las redes sociales en la que se convocó a una marcha y manifestación para apoyar a Barcos Caribe, a fin de que continuara dando servicio, al tiempo que culparon a las empresas competitivas y al gobierno del actual gobernador, Carlos Manuel Joaquín González, de las deficiencias en el servicio de los transbordadores.
Artefactos de manufactura casera
Pero la embestida de las huestes de González y de Borge para continuar con la campaña de desprestigio y desestabilización del gobierno estatal no pararon ahí, sino que el 1 de marzo, en el ferry Caribe III, anclado frente a la Capitanía del puerto de Cozumel, la Marina localizó otros dos artefactos de los que se hizo cargo.
Sin embargo ya habían logrado su objetivo, aunque fuera en parte, pues tras el nuevo hallazgo de las supuestas bombas, que no son sino artefactos de manufactura casera, rudimentarios, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a sus coterráneos para que tuvieran cuidado al viajar a Quintana Roo y de preferencia no
utilizar los transbordadores.
En relación con el autoatentado por parte de los propietarios de la naviera, cabe destacar que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que no puede descartarse dicha versión y que la Procuraduría General de la República tiene ya su hipótesis sobre lo que ocurrió, pero será la propia instancia la que dé a conocer la conclusión de las indagatorias, así como a los responsables que serán puestos a disposición de las autoridades, es decir que aunque no hizo precisiones, ya hay avances importantes en las investigaciones.
Pero la embestida de las huestes de González y de Borge para continuar con la campaña de desprestigio y desestabilización del gobierno estatal no pararon ahí, sino que el 1 de marzo, en el ferry Caribe III, anclado frente a la Capitanía del puerto de Cozumel, la Marina localizó otros dos artefactos de los que se hizo cargo.
Sin embargo ya habían logrado su objetivo, aunque fuera en parte, pues tras el nuevo hallazgo de las supuestas bombas, que no son sino artefactos de manufactura casera, rudimentarios, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a sus coterráneos para que tuvieran cuidado al viajar a Quintana Roo y de preferencia no
utilizar los transbordadores.
En relación con el autoatentado por parte de los propietarios de la naviera, cabe destacar que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que no puede descartarse dicha versión y que la Procuraduría General de la República tiene ya su hipótesis sobre lo que ocurrió, pero será la propia instancia la que dé a conocer la conclusión de las indagatorias, así como a los responsables que serán puestos a disposición de las autoridades, es decir que aunque no hizo precisiones, ya hay avances importantes en las investigaciones.
Ante tales elementos, resulta más que evidente que se trata de una serie de actos para difundir una imagen de ingobernabilidad, de desestabilización del estado, con lo que los verdaderos responsables tratan de alejar de ellos las luces y reflectores que podrían llevarlos a prisión, en el caso de González Canto y de acabar de manera definitiva con su carrera política.
