Detalles finos del caso Iguala señalan al narcogobierno

octubre 1, 2015 By Redacción Huellas

Detalles finos del caso Iguala señalan al narcogobierno

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Ciudad de México a 1 de octubre.- Las complicidades y responsabilidades compartidas por acción e inacción en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el pasado 26 y 27 de septiembre del 2014, son evidenciados por diversos analistas con serios cuestionamientos que aluden al oro blanco y la red de protección institucional de dichas actividades.

De acuerdo con el expediente que integró la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Ayotzinapa, el 27 de septiembre, elementos del Ejército y de la Armada de México recibieron la orden de investigar el paradero de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que habían desaparecido horas antes, en la ciudad de Iguala, Guerrero. De acuerdo con tarjetas informativas conjuntas de la Secretaría de Gobernación y del Consejo Nacional de Seguridad y Policía Federal.

Además, elementos castrenses del 27 Batallón de Infantería, el Ejército informó a las policías municipal y estatal del ataque a estudiantes, pero éstas hicieron caso omiso a los reportes; en ese sentido, los militares monitorearon durante cerca de 15 horas los movimientos de los normalistas, desde las 19:40 horas del 26 de septiembre, cuando arribaron a la altura del kilómetro 127 de la carretera Iguala-Chilpancingo, hasta las 10:25 horas del 27 de septiembre, cuando a través del C-4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo) supieron de una persona desollada que, después se sabría, era un estudiante de la Normal de Ayotzinapa. La información se desprende de la versión pública de los partes militares elaborados por los elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, y que fueron desclasificados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por su parte, el periodista HéctorDeMauleón, indicó que una Urvan, vuelve aparecer aquella noche en Iguala. Esta vez, en el informe rendido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Aparece en la declaración de JLRB, un ex estudiante de Ayotzinapa, de 35 años de edad, quien dice que: “Como a las 22 o 22:30 se entera en las noticias y decide ayudar a los muchachos yéndose para el sitio (…). Cuando llegó al lugar vio una Urvan blanca, se identificó como ex estudiante y pensó que estaba seguro porque había periodistas y compañeros, pero empezaron a disparar… disparaban hacia donde estaban los autobuses. Se tiró hacia la banqueta, se rodó y se fue corriendo como pudo en la calle. Solicitó un taxi de un celular de un compañero y se fue solo en el taxi”. ¿Hubo aquella noche una o varias Urvan empeñadas en Iguala? ¿Su presencia abre un camino que agregue algo a una tragedia cuyo móvil sigue en la penumbra?

Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prometió elaborar un informe de recomendaciones al gobierno federal sobre los Otros Desaparecidos en Iguala, luego de la prevaleciente impunidad, las tragedias ignoradas de los familiares y la violación a sus derechos humanos; al respecto, Rose Marie Belle Antoine, presidenta de la CIDH, señaló la elaboración del documento al concluir el encuentro con familiares del comité de víctimas de desaparición forzada, «Los Otros desaparecidos de Iguala».

Por su parte, Rogelio Ortega, quien dejará la gubernatura de Guerrero el próximo 26 de octubre, señaló que su antecesor, Ángel Aguirre, “no actuó con la velocidad requerida”, como tampoco lo hizo el gobierno federal, para evitar la tragedia de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014. Con respecto, al cuestionamiento que le realiza ElUniversal, ¿Qué piensa de Ángel Aguirre, su predecesor? Ortega contestó: «Es un político guerrerense de gran calado, de los políticos vivos más experimentados. De una generación que le dio la oportunidad de cursar una experiencia gubernativa, y para él doble oportunidad: una producto de otra tragedia, la de Aguas Blancas, que le permitió ser gobernador por tres años. Y luego la otra, que le daba la oportunidad de ser gobernador por cuatro. Creo que la segunda oportunidad no la aprovechó».

Para JorgeFernándezMenéndez la solución debe ser guiada por la resurrección del estado de derecho; al respecto, el columnista considera que: “El gobierno, en estos años, ha apostado al discurso de la pacificación, de la coordinación, lo hizo bien, pero quizás hoy eso no alcanza. En aquella historia colombiana, al final lo único que termina colocando las cosas en otra dimensión, incluso encarrilándolas hacia los procesos de pacificación posteriores, fue la determinación de aplicar estrictamente la ley (con los narcos y con los actores políticos de todos los niveles, corrompidos por éstos) que asumió Uribe.”; por lo que, Menéndez considera que: «en nuestro caso, tendrá que ser igual: en Iguala, en torno a la fuga de El Chapo, en la Narvarte, en los innumerables casos de injusticia cotidiana”; “ Con la violencia y la corrupción que la genera, ha llegado el momento de ser menos políticamente correctos y más inflexibles”, sugirió el analista.

Por su parte, JesúsOrtegaMartínez refiere que en el segundo informe de la PGR respecto a Iguala, se desprende textualmente lo siguiente: “las informaciones presentadas al GIEI señalan que Iguala era un centro de tráfico muy importante. Según dichas informaciones, algunos autobuses son utilizados para transportar heroína y cocaína y el dinero obtenido de este tráfico, entre Iguala y Chicago. Es decir, el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque. [….] A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora”.

En ese sentido, Ortega señala que: «La PGR ha sido omisa de la existencia de un de la compañía Estrella Roja, a pesar de existir múltiples testimonios de que dicho autobús fue detenido por una patrulla de la Policía Federal. Más aún, hay pruebas de que al hacer evidente por el GIEI la existencia de ese quinto autobús de la empresa Estrella Roja, la PGR presentó otro cuyas características no concuerdan con aquellas derivadas de los testimonios de estudiantes agredidos y de otros testigos.»; «Es decir, la PGR oculta en sus informes la presencia de un quinto autobús en los hechos y cuando el GIEI evidencia su existencia, la PGR presenta ¡uno diferente!», en ese sentido, cabe la interrogante, ¿porqué lo oculta la PGR?

Mientras tanto, el alcalde de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, decidió dar marcha atrás en su decisión de nombrar como secretario de Seguridad Pública Municipal a Crisóforo Tinoco Bahena, quien presuntamente tiene vínculos con la delincuencia organizada y estuvo bajo las órdenes de José Luis Abarca Velázquez; al respecto, el gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, acudió a la instalación del ayuntamiento de Iguala, “entiendo que ese cargo quedó sin efecto, es lo que me ha platicado hace un momento el Presidente Municipal, quedó sin efecto y bueno yo creo que es muy importante que todos estemos muy atentos para que cualquier circunstancia que se observe sea corregida inmediatamente”.

 

Redacción. Huellas de México


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