enero 6, 2015 By Huellas de México

¿Participó el Ejército en la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa?

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Ciudad de México, 6 de ene.- La tensión política continúa acrecentándose al tiempo que los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa amenazan con radicalizar también las protestas. Mientras que cada día surgen más sospechas en torno a la participación del estado a través del Ejército Mexicano en los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, también surgen voces críticas quienes con tono igual de fuerte, se exasperan e insultan arduamente a quienes impulsan dichas sospechas.

Algunos de los que más polémica han generado con sus declaraciones son los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete (del Instituto de Física de la UNAM) y Pablo Ugalde Vélez (de UAM Azcapotzalco), quienes tras haber refutado de forma presuntamente científica la versión oficial de la PGR de los estudiantes incinerados en el basurero de Cocula, han externado que su nueva línea de investigación apunta a que los jóvenes pudieran haber sido cremados por el ejército.

Fue la periodista San Juana Martínez, quien publicó en LaJornada una entrevista a los investigadores, donde manifiestan sus serias sospechas de que el ejército fue quien manipuló y posteriormente incineró a los jóvenes en crematorios del ejército o privados.

Uno de los problemas de las declaraciones es que están basadas principalmente en sospechas y especulaciones, y aunque tengan un amplio fundamento considerando la historia de los batallones del Ejército mexicano en Guerrero, y los hechos ocurridos; lo cierto es que los científicos no muestran en este caso evidencia contundente al respecto.

Esto ha generado también fuertes críticas; uno de los más molestos fue Carlos Marín, dir. editorial de Milenio; quien escribió un largo artículo donde no escatimó energía para burlarse e insultar abiertamente a quienes describió como «vividores de tragedias».

No obstante ésta no es la única acusación contra el Ejército Mexicano, los padres de los normalistas desaparecidos, afirmaron que proximamente radicalizarán aún más su protesta, «debido a la inacción del gobierno mexicano», incluyendo entre sus demandas, que se permita la revisión exhaustiva de las instalaciones y documentos del Ejército Mexicano, a quienes acusan de haber participado en los crímenes contra sus hijos, como relata SinEmbargo. Los familiares también han denunciado amenazas de parte de las fuerzas castrenses, buscando intimidarlos y hacerlos desistir de su movimiento de protesta y búsqueda.

Y es que los elementos de prueba que relacionan al Ejército Mexicano con la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa sigue acrecentándose; destacan por ejemplo los datos y declaraciones ministeriales sacadas a la luz pública por Proceso, en los cuales se da cuenta de documentación que describe hechos que involucran a elementos del Ejército Mexicano en actos de encubrimiento e incluso apoyo al grupo delictivo Guerreros Unidos; además de que «por lo menos los comandantes de los batallones de Infantería 27 y 41, de Iguala y Teloloapan, así como de la Octava Región Naval, con sede en Acapulco, estuvieron al tanto del poder corruptor y de la capacidad de fuego del cártel Guerreros Unidos».

Cabe recordar que el pasado 30 de diciembre, el diario La Jornada publicó también testimonios que revelan que el alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza, quien está siendo investigado por el caso Ayotzinapa, recibió fuertes presiones de la Sedena, para poner al frente de la seguridad municipal al teniente Tomás Bibiano Gallegos y al mayor Salvador Bravo Bárcenas, este último está siendo investigado también en la investigación, mientras que Gallegos fue ejecutado a tan solo unos días de haber asumido el cargo.

No obstante sobresalen las declaraciones hechas por Bravo Bárcenas, quien afirma haber denunciado ante el coronel del Batallón 27 del Ejército Mexicano, Juan Antonio Aranda Flores, que uno de sus subalternos en la policía de Cocula, César Nava González, había asumido autoritariamente el control de la organización policial, amenazándolo incluso con dañar a su familia si pretendía impedirlo; «Ahora las órdenes aquí las doy yo», le sentenció César Nava, quien actualmente se encuentra preso y es uno de los principales sospechosos de haber perpetrado el crimen contra los jóvenes estudiantes.

Lo que destaca es que a pesar de las denuncias que tenía el coronel acerca de que el crimen organizado, había coptado las fuerzas policiales de Cocula, no hizo nada, incluso se reunió con esta persona como relatan testimonios en diversos medios, donde se detalla que tras la reunión, en vez de detenerlo, jamás volvieron a molestarlo.

Incluso persisten declaraciones ministeriales de detenidos que señalan que diversos retenes militares de la región, tenían instrucciones precisas para proteger traslados delicados del grupo delincuencial Guerreros Unidos en la zona.

Resalta además que la PGR sí tenía en su poder desde 2012 averiguaciones en contra de José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y su familia; mismas que estuvieron estancadas hasta que ocurrieron los lamentables hechos de Iguala en septiembre pasado.

Y es que con el antecedente inmediato de Tlatlaya, siguen surgiendo voces internacionales que demandan esclarecer el papel del ejército y los hechos ocurridos en Guerrero, situación que se ha visto alentada por el hecho de que se ha tomado la determinación de reservar la información de ambos casos por varios años, como describe SinEmbargo.

También ya hay incluso peticiones formales en el extranjero, para que se deje de apoyar al gobierno mexicano, por atentar impunemente en contra de los derechos humanos, tal es el caso de los Estados Unidos, donde organizaciones sociales han presentado a varios senadores, solicitudes para que el gobierno estadounidense reconsidere los apoyos militares para el ejército mexicano. Mientras tanto en México la tensión continúa y el #YaMeCanse está a punto de llegar a su edición 20.

 

 

Raúl Flores Durán
Huellas de México


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