Cae Eugenio Flores: otro ex gober priista corrupto

Eugenio Hernández
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José SÁNCHEZ LÓPEZ

Ahí nació, ahí creció, ahí gobernó y ahí acabó su carrera política, al ser capturado luego de 2 años y 4 meses de ser declarado prófugo de la
justicia de Estados Unidos, por asociación ilícita para lavar dinero (30 millones de dólares), defraudación bancaria y por formar parte de
las operaciones de una empresa no autorizada para el envío de dinero, ilícitos por lo que podría alcanzar, tan sólo en esa nación, hasta 25
años de cárcel.
En México, donde también es requerido por la ley, se le imputan los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada, por
los que tendría, como mínimo, otra pena aún mayor a la que le sería impuesta en la Unión Americana.
Se trata del tamaulipeco Eugenio Javier Hernández Flores, aquél que llegó a manifestarse a favor de la pena de muerte para acabar con la
delincuencia y que fuera distinguido por una agencia internacional crediticia como “excelente financiero”, pero que al término de su
gestión como gobernante de Tamaulipas, dejara a su natal estado con una deuda pública de 9 mil 134 millones de pesos, “hipotecando” a sus
paisanos hasta el 2029.
El ex gobernante fue detenido la mañana de ayer, en su natal Ciudad Victoria, por elementos de la Policía Ministerial de Tamaulipas, en
base a la orden de aprehensión derivada de la causa penal 14/2017, por los delitos de peculado y lavado de dinero.
De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, Hernández Flores, por medio de su prestanombres, Alberto Berlanga
Bolado y la empresa GMC S.A de C.V, de Altamira, realizó en el año 2007 una operación de compra por 16 millones de pesos de un terreno de
mil 600 hectáreas, situadas en el Puerto Industrial de Altamira, pero que son propiedad del estado.
Para hacer posible la operación de compra-venta, participaron las empresas; Materiales y Construcción Villa de Aguayo, propiedad de
Fernando Cano Martínez, testaferro del también ex mandatario tamaulipeco, Tomás Yarrington Ruvalcaba y GMC, S.A de C.V. de
Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, ex secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el gobierno de Eugenio Hernández
Flores.
El gigantesco terreno, tiene a la fecha un valor real de mil 584 millones de pesos.
Eugenio Hernández había sido investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada, en el mismo expediente por el que fue acusado
Tomás Yarrington Ruvalcaba, que ahora se encuentra sujeto a un juicio de extradición en Italia.
A un año de haber asumido el cargo de mandatario estatal, gracias al PRI, traicionó a su partido al dar la espalda al candidato presidencial tricolor Roberto Madrazo Pintado, quien lo apoyó en cada postulación, y respaldar al panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, por órdenes de Elba Esther Gordillo, según una llamada que la maestra y el tamaulipeco sostuvieron el día de la elección.

El 2 de julio de ese año, previo al cierre de la votación, la líder sindical, ahora sujeta a prisión domiciliaria, le dijo a Hernández Flores que, según los números en su poder, el PRI se había desplomado y el triunfo estaba entre Felipe Calderón y el candidato perredista, Andrés Manuel López Obrador.
La ventaja era de Calderón con menos de un punto porcentual sobre López Obrador, según la entonces lideresa magisterial, por lo que le
pidió a Hernández Flores ordenar a su gente votar por Calderón Hinojosa, además de que convenciera a “gobernadores amigos de echarle
la mano al PAN”.
Y, efectivamente, el panista resultó electo a la Presidencia, pero en enero de 2012, siendo todavía presidente y cuando Flores Hernández ya
era ex gobernador, olvidó el apoyo que éste le brindó durante la contienda electoral y abrió una investigación en contra de los ex gobernantes de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma (actual senador con fuero), Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la SIEDO (Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada, después cambiaría a SEIDO), confirmaron la indagatoria por presunto lavado de dinero, narcotráfico y delitos fiscales.
Durante lo más álgido de su gestión, propuso realizar una consulta pública para considerar la posibilidad de imponer la pena de muerte a
fin de combatir a la delincuencia y frenar la violencia.
Eran los tiempos en que la agencia internacional de calificación crediticia Fitch, lo había hecho objeto de un amplio reconocimiento
por “su excelente manejo financiero” respecto a los créditos públicos y le otorgó una de las mejores calificaciones.
A poco de concluir su mandato y cuando ya había sido mencionado como vinculado al crimen organizado y se hablaba de un elevado incremento en la deuda pública, declaró que dejaba sanas las finanzas públicas de su estado, sin embargo, tras haber terminado su gestión se le atribuyó un exceso en el endeudamiento público de más de 9 mil millones de pesos.
Como resultado de sendas investigaciones, elementos de la PGR y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) catearon propiedades de
Eugenio Hernández en Tamaulipas y en Quintana Roo, entidad a la que supuestamente se mudó al concluir su administración y la cual era
gobernada por su amigo Roberto Borge Angulo, detenido y preso en Panamá, próximo a la extradición.
De esa manera, le incautaron 10 propiedades que el priista adquirió de forma irregular, sin embargo las indagatorias se estancaron y en el
2013 la PGR dio “carpetazo” al asunto y exoneró a Hernández Flores y a Cavazos Lerma.
Antes, a mediados de 2011, luego de concluir su mandato en el 2010 y cuando ya era buscado por las autoridades mexicanas y estadounidenses, se refugió en Quintana Roo, que ya gobernaba su amigo Roberto Borge Angulo, donde él, su esposa Adriana González Lozano, su secretaria particular, Mónica Andrea Roca Pérez; su secretario de Administración, Alejandro Jiménez Riestra y el empresario Farough Fatemi Corcuera, fueron tratados como reyes.
En diciembre de 2010, la pareja Hernández-Lozano, ocupó una de las lujosas suites de la Torre Emerald del bulevar Kukulcán de la zona
hotelera de Cancún y sus allegados, otros departamentos de la misma torre. Había dinero suficiente para que la camarilla pudiera darse ese
tren de vida.
Y ya juntos, tanto Borge como Hernández, se dieron a la tarea de participar de manera conjunta en diversas empresas y negocios, donde
salieron beneficiados.
Sin embargo, la protección que les brindaba Borge terminó en mayo de 2012 para Eugenio, su familia e incondicionales, cuando la SIEDO
ordenó asegurar diversos bienes del ex gobernador, diez de ellos en Cancún, Playa del Carmen y en la zona continental de Isla Mujeres,
producto de las operaciones fraudulentas.
Desde entonces, Eugenio Javier Hernández Flores desapareció de la escena de la vida pública de Cancún y se le consideró fugitivo, en
principio de la justicia norteamericana y, a la postre, del gobierno de México, pero su esposa se fue a vivir a una residencia de Puerto
Cancún, otra de sus propiedades, donde fue bien acogida por lo más granado de la sociedad cancunense, formando parte de las damas de
honor del DIF estatal que entonces presidía Mariana Zorrilla de Borge.
Las investigaciones siguieron su curso y en agosto de 2013, fue detenido en San Antonio, Texas, Guillermo Flores Cordero, originario
de Coahuila, y declarado culpable de lavado de dinero. En sus declaraciones inculpó a Eugenio Hernández señalando que había
utilizado empresas ficticias para enviar dinero de México a cuentas en el Valle del Río Grande a nombre de terceros y de esa manera encubrir
la procedencia de los fondos.
Flores Cordero confesó que entre 2009 y 2012, ganó dos millones y medio de dólares como “comisión” por blanquear 30 millones
provenientes del narcotráfico, por órdenes de Hernández Flores, lo que originó que las autoridades de Estados Unidos le incautaran sus
cuentas bancarias que el tamaulipeco tenía en ese país, así como su casa en el condado de Bexar.
Asimismo, en octubre de 2014, un Juez de Ciudad Victoria, se decretó la inmovilización definitiva de las cuentas bancarias de Óscar Manuel
Gómez Guerra, esposo de Elsa Hernández Flores, hermana de Eugenio, al ser señalado como uno de los principales prestanombres del ex
mandatario y en junio de 2015, la Corte federal de Texas dio a conocer la oficialización de los cargos contra Hernández Flores.
Antes, en el 2014, de acuerdo a la orden de arresto C-14-178-SS, radicada en la Corte del Distrito Sur de Texas, la Drug Enforcement Administration (DEA), había señalado a Eugenio Hernández de recibir, durante su administración, sobornos de los grupos criminales que
operabas en la zona: primero del cártel del Golfo y después de “Los Zetas”.
Un señalamiento más, fue el de José Salvador Poe Quintanilla, ex miembro del Cártel de Los Zetas y también testigo protegido, quien
reveló que en 2004 se celebró una reunión en un bar de Ciudad Victoria entre funcionarios, políticos, líderes de los Zetas y del Cártel del
Golfo.
Entre los capos estaban Heriberto Lazcano Lazcano , extinto líder de Los Zetas, Antonio Galarza Coronado y Jorge Eduardo Costilla Sánchez,
“El Coss”; por parte del Golfo.
La reunión fue organizada, según Poe Quintanilla, para definir el apoyo económico que ambas organizaciones criminales proporcionarían a
la campaña para la gubernatura de Eugenio Hernández Flores, con el que hablarían “para plantearle las condiciones que le impondrían cada
grupo delictivo”.
Se pactó otra reunión a la que asistió Hernández Flores, Ricardo Gamundi Rosas, ex dirigente estatal del PRI en Tamaulipas y colaborador cercano de Humberto Moreira Valdez, durante su gestión como presidente nacional del mismo partido, así como Rodolfo Torre Cantú, diputado federal y candidato a la gubernatura de Tamaulipas, mismo que fuera asesinado en 2010 por sicarios del Cártel del Golfo.
“Nos encontrábamos ubicados detrás de Heriberto Lazcano, como a un metro, cuando le dijo Heriberto a Eugenio que los que harían los pagos y movimientos que le fueran requeridos dentro de su gabinete de gobierno, una vez que fuera gobernador, serían Los Zetas a través de
El Paisa, El Rojo, así como quien habla”, declaró el testigo protegido.
Otros testimonios, como el del empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, al acogerse al Programa de Testigos Bajo Protección,
durante el proceso legal que se le sigue por sobornar a funcionarios mexicanos y contribuir a lavar dinero en bancos de Estados Unidos,
dijo haber apoyado en operaciones ilícitas a cinco ex gobernadores: cuatro priistas y un panista.
Quienes encabezaron la lista fueron Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, seguidos de Humberto Moreira Valdez y Jorge Torres López,
ex mandatarios de Coahuila, así como del panista Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes.
Detalló que el modus operandi de Eugenio Hernández, era a través de una red de empresas fantasma y prestanombres para recibir sobornos y
de esa manera extraer dinero de forma ilegal de las arcas del estado, una de las cuales fue detectada por el gobierno de EU abierta a nombre
de Álvaro García González, quien fungió como director de la Comisión Municipal de Agua Potable de Reynosa, Tamaulipas.
Sin embargo y a pesar de que ya era buscado y requerido por los gobiernos mexicano y estadounidense, el PRI se negó a quitarle los derechos partidistas al asegurar que el proceso en su contra no se había presentado ante las instancias judiciales o civiles correspondientes.
Tuvieron que transcurrir casi 2 años y medio, para que al fin Eugenio Hernández Flores fuera atrapado y no por las autoridades federales
que, supuestamente, lo perseguían, sino por elementos de la policía estatal de Tamaulipas.
Tras su detención, el gobierno de los Estados Unidos podría solicitar que se establezca el proceso de extradición del aún miembro del PRI,
sobre quien pesan al menos dos órdenes de aprehensión, pero hasta el momento no han solicitado a México la detención provisional con fines
de extradición, aunque se presume que ello ocurra en breve, toda vez que son quienes tienen mayores elementos de prueba en contra del ex
mandatario tamaulipeco.

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Written By Max Vite

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