marzo 25, 2014 By

Antorcha Campesina compra a la justicia mexiquense

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Luego de acusar a autoridades ministeriales y policiales del Estado de México de “fabricar criminales”, a efecto de “justificar su ineficiencia” respecto de la inseguridad, violencia y criminalidad que se ha apoderado de la entidad, vecinos, comerciantes, transportistas y otros sectores de Cuautitlán-Izcalli solicitaron la urgente intervención de la Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, Congreso local  y del Poder Judicial, a efecto de que cesen los atropellos contra miembros de la organización de transportistas Izgasa y uno de sus representantes legales, a quienes sin prueba alguna acusan del homicidio de un integrante de Antorcha Campesina, organización que les disputa el control del transporte público.

“Ante los oídos sordos de Ministerios Públicos, personal de la Procuraduría General de Justicia mexiquense y otras instancias gubernamentales estatales, nos vemos obligados a demandar la intervención de los organismos mencionados y se decrete la inmediata libertad del abogado Vladimir Raymundo Trujillo Domínguez, Marcos Hernández Méndez, Marco Antonio Hernández Aguilar, Juan Aguilar Ortega y Ramón Posadas Colín, a quienes  injustamente se les acusa del lamentable homicidio del chofer antorchista Jorge Gómez Chávez.

Los hechos deben ser investigados a fondo, de manera seria y con apego a la ley, no como lo hicieron los policías ministeriales y municipales de Cuautitlán-Izcalli, quienes “agarraron” y pusieron a disposición del Ministerio Público y consignaron a personas inocentes, que nada tuvieron que ver en los lamentables hechos, los que no sólo enlutaron el hogar de la víctima y sus compañeros de actividades, sino a la sociedad en general, como ocurre cada que una persona es ultimada.

Parientes de los ahora consignados, confinados en el Penal de Santiaguito, localizado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, exigieron la intervención del gobernador Eruviel Ávila y del procurador General de Justicia, Miguel Ángel Contreras Nieto, para que de una vez por todas metan al orden y la legalidad a sus subordinados, quienes con el afán de supuestamente cumplir con su cometido detienen, vejan y consignan a personas inocentes, mientras que los verdaderos y peligrosos criminales “se pasean tranquilamente por los 124 municipios de la entidad”.

Expusieron que el pasado 19 de marzo miembros de Antorcha Campesina y de Izgasa, entre 12 y 12:30 del día, se enfrentaron a golpes y balazos en calles del citado municipio, resultado muerto el señor Gómez Chávez, tras lo cual se “desató una persecución y cacería de operadores de Izgasa, bajo el argumento de que habían sido ellos quienes ultimaron a Jorge, sin que a la fecha se acredite el dicho de esas supuestas autoridades.

Agregaron que tres horas después de los lamentables hechos y ante la invasión que hicieran policías y antorchistas a su domicilio particular, Marcos Hernández, vía telefónica, le informó de los hechos a Vladimir Raymundo Trujillo Domínguez, ya que lo representa legalmente, pues es abogado.

Al llegar al domicilio de la familia Hernández Méndez, el litigante fue recibido por los efectivos policiales, a quienes solicitó le mostraran la orden de cateo que les autorizaba ingresar al domicilio, obteniendo como respuesta su inmediata detención, ya que había  participado en la riña y por consiguiente en el homicidio, lo que “es totalmente falso e infundado”, no obstante, fue “paseado por varios municipios para que aceptara su responsabilidad y finalmente puesto a disposición del Ministerio Público y consignado, lo que violenta de manera flagrante el estado de derecho.

“Esperamos que el Poder Judicial, en concreto el Juzgado de la causa, resuelva conforme a derecho y ordene la libertad de los inculpados, a quienes se les fabricaron todo tipo de cargos. Es momento que las autoridades estatales y municipales sometan al orden a los encargados de la seguridad y procuración de justicia, y sancionen con severidad a los ineficientes que con cargos falsos, con imputaciones dolosas quieren justiciar su supuesta eficiencia”.


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