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Añejas inercias, poderosos diques que protegen violaciones a derechos humanos e injusticias

Ciudad de México a 22 de mayo.- Los desafíos que enfrentan la seguridad y la justicia en México aún son muchos; por lo que, distintas autoridades suman propuestas en aras de consolidar un ambiente de paz y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que viven o transitan por el país.

La seguridad pública en México requiere la creación de una nueva Ley de Policías que contribuya a la profesionalización de los agentes sobre todo en las Policías Municipales, afirmó Ernesto Canales, presidente de la Asociación Renace, durante la clausura del Séptimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, que duró dos días.

Por otro lado, fue hace 70 años, cuando se fundó la Organización de las Naciones Unidas (ONU); al respecto, el compromiso con los derechos humanos fundamentales, que consagró primero la Carta de las Naciones Unidas y luego la Declaración Universal de Derechos Humanos, perdura actualmente en muchos otros tratados y acuerdos. Entre ellos, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994.

No obstante, el Gobierno mexicano no atiende la desaparición de migrantes, ya sea por omisión, incapacidad y cinismo, acusaron organizaciones civiles; en ese sentido, el problema de las desapariciones de personas migrantes a su paso por nuestro país, calcula que hay más de 25 mil personas desaparecidas según registros oficiales; cabe destacar que, el primer obstáculo para abordar la problemática de la desaparición de personas migrantes es la falta de visibilidad que tiene el tema, por lo que su dimensión es difícil de calcular, a decir de Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, durante el Foro Nacional sobre Migrantes Centroamericanos en Desaparición Forzada, publicó Sinembargo.

Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong señaló que sin excusas ni pretextos, en junio del próximo año estará en marcha el nuevo sistema penal acusatorio en todo el territorio nacional que permitirá acceder a una justicia pronta y expedita para los mexicanos.

Pero en Sonora hay no hay un avance del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP); a pesar de que, el gobierno de Guillermo Padrés recibió de la federación casi 62 millones de pesos desde el 2011 para implementarlo en la entidad. Dicho sistema, debería quedar listo en junio de 2016. No obstante, el reporte “Los avances de la implementación y operación de la Reforma Penal en México”, del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC), destaca que Sonora presenta una calificación reprobatoria, pues ni siquiera ha hecho la declaratoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobado por el Congreso de la Unión en 2013.

En este sentido, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) velará por el correcto desempeño de los juzgadores del nuevo sistema penal acusatorio oral, aseguro el Consejero Alfonso Pérez Daza; al respecto, la nueva etapa en la impartición de justicia mexicana, se caracteriza porque el Estado asume su responsabilidad y al mismo tiempo vigila que los operadores del sistema cumplan debidamente su función; “Los jueces del sistema penal acusatorio y oral enfrentarán una serie de responsabilidades propias de ese sistema. El desafío es importante, pues el juez deberá discernir entre lo justo y lo injusto en cada caso concreto, mediante la aplicación de los principios de publicidad, contradicción, continuidad, concentración, inmediatez, igualdad, legalidad, imparcialidad y presunción de inocencia”, agregó Pérez Daza.

Por su parte, la Procuradora Arely Gómez González sostuvo una segunda reunión de trabajo con integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento al caso Ayotzinapa. En el encuentro se abordó el avance de las tareas de coadyuvancia que desahoga el grupo de expertos para la investigación de la masacre de los 43 normalistas en Iguala y Cocula, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados, informó Reforma.

A su vez, Arely Gómez refiere cuatro ejes con los que la Procuraduría General de la República trabajará, en vísperas de convertirse en una fiscalía autónoma: procuración de justicia eficaz y eficiente, respeto a los derechos humanos, transparencia con rendición de cuentas y la transición al nuevo sistema de justicia penal. Al respecto, la procuradora decidió poner al frente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Atención a la Comunidad a el doctor Éber Omar Betanzos Torres.

Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto garantizar la integridad de los líderes de la tribu yaqui opositores a la construcción del acueducto Independencia, impulsado por el gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías. La CIDH consideró las medidas cautelares a favor de tres líderes indígenas ya que el caso “reúne los requisitos de gravedad e irreparabilidad” para solicitar al Estado mexicano que “adopte las medidas”.

 

 

Redacción. Huellas de México

Presentan destrucción de patrimonio biocultural ante CIDH

Washington, Estados Unidos a 30 de octubre.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió hoy en audiencia, a representantes de 14 organizaciones sociales, académicas y de comunidades indígenas, que denunciaron la destrucción del patrimonio biocultural de México por privilegiar megaproyectos, la falta de legislación y políticas culturalmente adecuadas para los pueblos indígenas y comunidades equiparables.

En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos maya, nahua de la Sierra Norte y la tribu yaqui expusieron ante la CIDH el “patrón sistemático de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos” en México.

Luis Arturo Carrillo, portavoz del colectivo MAOGM, que lucha contra los transgénicos detalló que uno de los planteamientos fue que 70% del territorio nacional tiene potencial minero, por lo que 35% fue concesionado por el gobierno entre los años 2000 y 2010, periodo en el que, destacó se autorizaron más de 29 mil concesiones para la explotación minera.

Carrillo Sánchez, agregó: “Alrededor de 17% de estas concesiones –unos 5 mil 87 títulos– se encuentran dentro de alguno de los territorios indígenas y, en algunos casos, las concesiones ocupan todo su territorio ancestral, como es el caso de kiliwas, kikapoo, cucapás, pimas y guarijios”, destacó.

Asimismo, se expuso ante la CIDH, las autorizaciones para la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM) en México y la amenaza que esto representa para el maíz, alimento ancestral y fundamental de la cultura y sobrevivencia de los y las mexicanos.

Al respecto, los especialistas del tema señalaron: “Debido a la política del Estado en parte del país, se ha sustituido el maíz indígena por el mejorado e híbrido, principalmente en áreas de riego y de temporal con buenas condiciones de lluvias anuales. El 92% proviene de pocas empresas transnacionales, que no tienen la obligación de certificar de dónde obtuvieron su germoplasma y tiene la protección de obtentores en la ley de semillas de 2007”.

Además, en la Península de Yucatán han sido autorizados sin consulta, varios permisos para siembra de soya genéticamente modificada, entre los que destaca un permiso para siembra comercial de 253 mil hectáreas.Por lo que, comunidades y organizaciones mayas de los estados de Campeche y Yucatán interpusieron tres amparos, en cuyas sentencias el Poder Judicial reconoce la arbitrariedad, falla a favor del pueblo maya y deja sin efecto este permiso. Actualmente, dos de estos tres juicios están a cargo de tribunales colegiados y uno de ellos ha sido atraído, dada su relevancia, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, aún con las sentencias que prohíben estos cultivos y en claro desacato a la restricción judicial, este año se sembró soya transgénica en el estado de Campeche.

Entre las peticiones realizadas a la CIDH incluyen realizar un trabajo masivo de difusión en su Informe Regional sobre el Derecho a la Consulta; solicitar información al Estado mexicano respecto de los mecanismos de consulta vigentes en casos de proyectos de supuesto interés público y los mecanismos para evaluar la sostenibilidad ambiental de los proyectos y su impacto sobre el patrimonio biocultural.

 

 

Redacción. Huellas de México

Cierran carretera en Sonora por detención de líder de Tribu Yaqui

Vicam, Sonora, 12 de sep.- Desde las 5 de la mañana comenzó el bloqueo de la carretera federal número 15, que conecta a Ciudad Obregón con Guaymas, en el estado de Sonora, una importante vía internacional que minutos más tarde quedó cerrada en su totalidad por miembros de la Tribu Yaqui quienes denuncian la detención de su vocero Mario Luna Romero.

El día de ayer el procurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, confirmó que se cumplió la orden de aprehensión, ante una denuncia en contra varios líderes yaquis por el delito de secuestro, en contra de otro miembro de la tribu, Francisco Romo, quien continúa en calidad de desaparecido.

Diarios como Excelsior, justifican ésta versión a partir de una declaración de otro miembro de la tribu, Tomás Rojo, sobre quien pesa también una orden de aprehensión, el también vocero refirió que semanas antes Romo fue detenido y llevado ante autoridades tribales, cuando el pasado 8 de junio del 2013, intentó cruzar alcoholizado por un punto donde estaba prohibido el paso.

No obstante otros medios como el Siglo de Torreón, dan más detalles sobre esta versión, subrayando que en aquella ocasión el sujeto fue amarrado y soltado posteriormente el mismo día, como parte de un castigo común que se hace por usos y costumbre, y del cual se registran decenas de casos por año.

El mismo medio, además de resaltar que se canceló dos veces la conferencia de prensa para informar de la detención deMario Luna, refiere que los yaquis denuncian que la detención se realizó con lujo de violencia, donde fuerzas militares y federales allanaron la reserva indígena de Vicam, para catear la guardia tradicional, recinto sagrado de los yaquis, para posteriormente llevarse preso al líder indígena.

Francisco Romo se encuentra en calidad de desaparecido, y según declaraciones de fuentes ministeriales, podría estar muerto; este sujeto había sido denunciado en varias ocasiones, de valerse incluso de grupos armados para tomar por la fuerza la guardia tradicional indígena de Vicam, como hizo en enero pasado.

 

 

David Galeano
Huellas de México

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