Lerma, Estado de México, 14 de mar.- El Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, otorgó la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista Aeropuerto de Toluca – Interlomas Naucalpan, propiedad de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, debido a las violaciones que se cometieron en el proceso contra las comunidades indígenas de la región, particularmente San Francisco Xochicuautla, quien solicitó este amparo y quienes exigen a los empresarios y autoridades, acatar la resolución y abandonar las obras de construcción de la autopista, pues han dejado de tener sustento legal para estar en el lugar.
Cabe recordar que el tamulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, es uno de los grandes amigos de Enrique Peña Nieto, dueño original de su famosa Casa Blanca, quizás esta cercanía les genera la confianza para seguirse sintiendo por encima de la ley, y cuando están por cumplirse ya casi un mes de las resoluciones emitidas el pasado 11 y 18 de febero, continúan desacatando la resolución judicial, y mantienen trabajos en los bosques originarios que siguen devastando, sin tener permiso siquiera de estar en el lugar.
Ante esta situación la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), emitió también una alerta, para que desocupen los territorios otomís en San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, detallando que:
“Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo”.
La reconocida organización defensora de derechos, quienes están en su vigésimo quinto aniversario, detallaron que aunque esta suspensión es un gran paso para las comunidades indígenas, aún falta que la empresa finalmente reconozca el daño de fondo que genera su proyecto y anuncie la cancelación definitiva del trazo carretero, criticado también por la comunidad científica, debido a la devastación de los frágiles bosques de los que dependen en gran medida el sistema hídrico que abastace de agua a las ciudades de México y Toluca.
El organismo recordó también las amenazas que ha habido contra integrantes de la comunidad, por lo que hizo un exhorto a la opinión pública a estar pendientes del caso, además de exigir a las autoridades el cumplimiento de la ley.
Las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades estatales, federales y municipales, cumplan con la suspensión concedida por el Poder Judicial, y que por lo tanto SAASCAEM, la empresa Autopista de Vanguardia, S. A. de C. V., desocupen de manera inmediata del territorio de San Francisco Xochicuautla, retirando maquinaria, trabajadores, así como también se retiren las policías estatales que suelen acompañar la obra.
Cabe señalar que además son dos los amparos que se obtuvieron para suspender el proyecto, el primero de ellos del 4 de diciembre de 2015 y el segundo, impulsado por un Delegado municipal, el Consejo Supremo Indígena, comuneros e indígenas de San Francisco Xochicuautla, el Colectivo de Abogados y Abogadas Solidarias CAUSA, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C.
En entrevista con el antropólogo y periodista Heriberto Paredes, los abogados Hugo Hernández de CAUSA y Carla Loyo, de la CMDPDH, describieron las agresiones contra los indígenas ñhato de Xochicuautla, como el principal motivo por el cual se concede la suspensión definitiva.
“En particular se adujo la violación a los derechos a la autodeterminación, al territorio y a la integridad cultural, al agua, a la consulta libre, previa, informada y con procedimientos culturalmente apropiados, así como al consentimiento. Asimismo, se atacó la constitucionalidad de la determinación de «necesidad pública» realizada por Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM), perteneciente a la Secretaría de Infraestructura del Estado de México, intentado explicar por qué la autopista de cuota Toluca-Naucalpan vulnera los derechos de los pueblos indigenas en sí misma, para reducir el tiempo el traslado de personas y mercancías (con posibilidad económica de cubrir la cuota) entre el Distrito Federal y el Aeropuerto de Toluca; cuestión que, a nuestros ojos, resulta inconstitucional.”
Los abogados señalaron que las autoridades tenían 10 días para informar personalmente a los responables de la obra, no obstante a más de un mes, la empresa Grupo Higa y sus contratistas, continúan invadiendo la comunidad indígena, con total complaciencia de las autoridades del Estado de México.
Ciudad de México, 31 de ago.- Este domingo en la comunidad de San Francisco Xochicuautla se reunieron más de 18 organizaciones sociales, integrantes de la sociedad civil y representantes de 11 pueblos del Estado de México y otras partes del país, como Atenco, Tepoztlán y Ostula. Ahí se leyó el Contradecreto expedido por el Consejo Supremo Indigena de San Francisco Xochicuautla y la Delegación Municipal de San Francisco Xochicuautla.
En dicho documento se declara que las Instancias de la Comunidad no fueron consultadas debidamente, mediante procedimientos apropiados a través de las instituciones representativas correspondientes y mucho menos se otorgó el consentimiento para la construcción de la autopista Toluca Naucalpan”.
En el contradecreto se restituye a favor de los habitantes de la comunidad indígena otomi de San Francisco Xochicuautla y su Barrio la Concepción su territorio, por causa de violación a los derechos humanos colectivos de la Comunidad.
También exhortan a las autoridades gubernamentales a detener los trabajos del proyecto Autopista Toluca-Naucalpan y a que desocupen el territorio ancestral Otomi.
Este hecho fue calificado por el Grupo Paz con Democracia como “un acto histórico sin precedentes para los pueblos originarios en la lucha y defensa de su territorio. Éste sienta las bases de una posible construcción de soberanía desde abajo y para los de abajo”.
En el acto que se realizó en la explanada de la Delegación Comunal de San Francisco Xochicuautla los habitantes escucharon diversos discursos de solidaridad y respaldo acompañados de música y consignas.
CONTRADECRETO expropiatorio por el que se restituye una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común, a la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, Municipio de Lerma, Edo. de Méx.
ANTONIO MIGUEL REYES VALDEZ, DOMINGA VILLADA NICOLÁS, JAIME VARGAS GONZÁLEZ, LUCAS MIGUEL HERNÁNDEZ JOSEFA, MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ GARCÍA Y NICOLÁS RAMÍREZ GONZÁLEZ, INTEGRÁNTES DEL CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, AUTORIDAD TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD OTOMÍ SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA; ARMANDO GARCÍA ZALAZAR YNICOLÁS RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, PRIMER Y TERCER DELEGADOS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, MUNICIPIO DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, en ejercicio de las facultades que nos confiere la comunidad a la cual representamos con fundamento en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en sus fracciones III y VII; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, principalmente en sus artículos 6.1 inciso a) y 12; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, principalmente en sus artículos 18 y 32.2; el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, principalmente en sus párrafos cuarto y quinto, y
RESULTANDO
PRIMERO.- Que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio de dos mil quince, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, expropió una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común, de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, Municipio de Lerma, Estado de México, para destinarlos a la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan.
SEGUNDO.- Que el decreto mencionado en el resultando primero del presente contradecreto, menciona en el párrafo segundo de su respectivo resultando segundo lo siguiente: “[…] en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1° y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, los días 5, 8, 9, 10 y 12 de junio se llevaron a cabo diversas asambleas con los representantes de la Comunidad San Francisco Xochicuautla y su Barrio La Concepción, con objeto de realizar las consultas que conforme a derecho se requerían por tratarse de una comunidad indígena”. Pese a lo anteriormente expresado, quienes integramos el Consejo Supremo Indígena y la Delegación Municipal de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, no fuimos notificados de la realización de dichas asambleas ni participamos en ellas, por lo tanto la comunidad no fue consultada debidamente, mediante procedimientos apropiados a través de las instituciones representativas correspondientes y mucho menos se otorgó el consentimiento para la construcción y operación de la Autopista Toluca-Naucalpan, así como tampoco se autorizó a la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, a través del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), a continuar con proyecto de expropiación alguno.
TERCERO.- Que a pesar de que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que las consultas se deberán celebrar de buena fe, antes de la adopción y aplicación de cualquier medida legislativa o administrativa cuando algún pueblo indígena se vea afectado, el decreto expropiatorio mencionado en el resultando primero, reconoce en su propio resultando tercero que la superficie que se pretende expropiar ya se encontraba ocupada por el organismo público descentralizado SAASCAEM previamente a la publicación de dicho decreto, demostrando que ninguno de los procedimientos realizados tuvo como finalidad obtener el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad de San Francisco Xochicuautla.
CUARTO.- Que la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción ha manifestado su rechazo a la realización del proyecto Autopista Toluca-Naucalpan dentro de cualquiera de las 1,901-06-00 hectáreas reconocidas y tituladas en favor de dicha comunidad mediante Resolución Presidencial de 8 de agosto de 1951, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1952 y ejecutada el 30 de mayo del mismo año.
QUINTO.- Que debido a que desde la cosmovisión de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla existe un vínculo ancestral y sagrado con el territorio, éste resulta invaluable en términos económicos, por lo cual ningún avalúo que pueda ser realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como monto de indemnización para la realización del proyecto Autopista Toluca-Naucalpan es aceptable, ya que se generaría un daño irreparable e irreversible a la cultura, tradiciones y modo de vida de las y los habitantes de la comunidad.
SEXTO.- Que en la opinión de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, a través de su autoridad tradicional denominada Consejo Supremo Indígena, y de sus primer y tercer delegados municipales, se considera improcedente el “Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común, de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, Municipio de Lerma, Edo. de Méx.” publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio de dos mil quince, dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, el siete de julio de dos mil quince, rubricado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, y por el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jesús Murillo Karam, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que en el presente caso no se cumplió con los procedimientos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe establecida en los artículos 6 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 19, 32 y 38 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
SEGUNDO.- Que para conectar el área metropolitana del Valle de Toluca y de la Ciudad de México, actualmente existen vías de comunicación, tanto libres como de cuota, que permiten el flujo vehicular, así como el transporte de bienes y personas entre la capital del país, la Ciudad de Toluca y el Aeropuerto Internacional de Toluca.
TERCERO.- Que de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas mediante la protección más amplia, por lo tanto la causa de utilidad pública consistente en la construcción de carreteras y demás obras que faciliten el transporte, establecida en el “Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común, de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, Municipio de Lerma, Edo. de Méx.”, es improcedente ya que se ven violentados los derechos colectivos de la comunidad referida en dicho Decreto, a la libre determinación, a la autonomía, a la cultura, al territorio, a la consulta y al consentimiento previos, libres e informados, entre otros, los cuales se encuentran reconocidos fundamentalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos constitucionales y convencionales antes citados, hemos tenido a bien expedir el siguiente
CONTRADECRETO
PRIMERO.- Se restituye a favor de los habitantes de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, una superficie de 37-93-86 hectáreas (TREINTA Y SIETE HECTÁREAS, NOVENTA Y TRES ÁREAS, OCHENTA Y SEIS CENTIÁREAS) de terrenos de agostadero común, por causa de violación a los derechos humanos colectivos de dicha comunidad.
SEGUNDO.- Se exhorta al organismo público descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, así como a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que detengan los trabajos del proyecto Autopista Toluca-Naucalpan y a que desocupen en lo inmediato el territorio objeto del presente Contradecreto, el cual pertenece a la comunidad indígena otomí San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción.
TERCERO.- Publíquese el presente Contradecreto expropiatorio por el que se restituye territorio a la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, Municipio de Lerma, Estado de México; notifíquese y ejecútese.
Dado en la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, Municipio de Lerma, Estado de México, a quince de julio de dos mil quince.- Los integrantes del Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, Antonio Miguel Reyes Valdez, Dominga Villada Nicolás, Jaime Vargas González, Lucas Miguel Hernández Josefa, María Isabel Hernández García y Nicolás Ramírez González.- Rúbricas.- El Primer Delegado Municipal de San Francisco Xochicuautla, Municipio de Lerma, Estado de México, Armando García Zalazar.- Rúbrica.- El Tercer Delegado Municipal de San Francisco Xochicuautla, Municipio de Lerma, Estado de México, Nicolás Ramírez Domínguez.- Rúbrica.-
Este domingo 30 de agosto las autoridades tradicionales del pueblo indígena otomí-ñätho de Xochicuautla emitirán el “contradecreto de reapropiación” que habían anunciado como respuesta al decreto expropiatorio de Enrique Peña Nieto contra su territorio.
Lo harán en una ceremonia junto a otros pueblos como el nahua de Ostula, la Tribu Yaqui de Sonora y San Salvador Atenco; además de intelectuales como Sergio Aguayo y el padre Raúl Vera.
En conferencia de prensa, autoridades de la comunidad denunciaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no emitió el tipo de medidas cautelares que habían pedido personalmente a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión.
Xochicuautla exigió que se detuvieran los trabajos del proyecto y retirara la maquinaria, así como personal de la empresa y de cuerpos policiacos. Sin embargo, las medidas cautelares son temporales y terminaron hoy, por lo que el gobierno federal puede proceder a la indemnización de los terrenos.
“No dudados que en los próximos días, que ya pasaron las medidas cautelares, policías puedan hacer arribo para incursionar”, dijo el vocero José Luis Fernández. También reveló que personal de la empresa y de elementos de gobernación del Estado de México todavía se internan en sus bosques.
“Exigimos que la CNDH analice exhaustivamente la documentación, las pruebas presentadas para emitir la recomendación necesaria para cancelar y parar urgentemente el proyecto denominado autopista Toluca Naucalpan”, dijo el vocero.
Sobre el acto de “reapropiación”, Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), acompañante del pueblo otomí, dijo en entrevista para Más de 131 que la intención es que los pueblos más representativos del país acompañen a Xochicuautla para contraponer su visión sobre el derecho “ante la concepción jurídica occidental”.
El abogado cuestionó la autoridad que pueda tener Enrique Peña Nieto para haber expropiado casi 40 hectáreas del pueblo bajo la excusa de “utilidad pública” para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a empresas de Armando Hinojosa Cantú, contratista favorito del presidente.
“El interés público no está encima de ningún derecho. Se violan derechos para un negocio”, explica Lara, quien contó además que están por ir a Xochicuautla elementos del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que posteriormente organizaciones sociales firmen una petición de información a relatores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Antonio Reyes, miembro del Consejo Supremo Indígena que emitirá el acto de “reapropiación”, advirtió en la conferencia de prensa sobre la falta de agua que el proyecto podría generar: “No digan que no les estamos avisando lo que va a suceder. Es momento de que despierten. Los ríos subterráneos se pueden secar”,
Sobre la movilización que Xochicuautla hizo a la Secretaría de Gobernación, las autoridades del pueblo indicaron que rechazaron cualquier diálogo con el gobierno, pues desde el 2007 no consultaron a la comunidad. Consideran que, a estas fechas, una consulta ya no es viable por la forma en la que se implementa el proyecto, además de que ya no es previa, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“El día que platiquemos con el gobierno es para que nos digan que ese proyecto está cancelado”, dijo Fernández.
También contó que este domingo 9 de agosto hicieron otra asamblea para reafirmar el “no” a la autopista. E invitó a presenciar los murales de la comunidad, especialmente el realizado en memoria del fotógrafo Rubén Espinosa, cuya última marcha fue precisamente de Xochicuautla y Ostula.
Temoaya, Edomex, 11 de ago.- El presidente Enrique Peña Nieto conmemoró en el “Centro de Ceremonial Otomí”, el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, anunciando nuevas acciones e inversiones en todo el país; paradójicamente al mismo tiempo comunidades otomíes del Estado de México, exigían personalmente al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, extender las medidas cautelares, para detener las agresiones derivadas de la imposición de un proyecto carretero que ha generado gran controversia internacional, pues además de atentar flagrantemente contra los derechos de los pueblos originarios, y de ocasionar un gran número de afectaciones ambientales, implica un posible conflicto de interés, pues nuevamente el beneficiario es Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.
Peña Nieto señaló en su evento que se invertirán 28 mil 738 millones de pesos para llevar servicios de agua potable, drenaje o electricidad a más 3 mil pequeñas localidades indígenas, como describe ElEconomista, donde se subraya que los índices de indigenismo están estrechamente ligados a los de pobreza.
Tan falso como el Centro Ceremonial Otomí calificaron comunidades indígenas en resistencia, a los festejos del Día Mundial de los Pueblos Originarios; afirmando que en México están siendo pisoteados los derechos inherentes de los indígenas, como se pone de manifiesto en el caso de la autopista concesionada por 30 años para Juan Armando Hinojosa Cantú, como describe SDPNoticias.
Asimismo en SinEmbargo se detalla que los grupos originarios de los municipios de Lerma y Huixquilucan en el Estado de México, están exigiendo a la CNDH ampliar las medidas cautelares emitidas, las cuales están próximas a vencer; en estas se solicita detener las agresiones contra las comunidades y los habitantes de la región; pues ya han sido destruidas al menos cinco viviendas en la comunida de San Francisco Xochicuautla, de donde también más de 20 indígenas han llegado a ser encarcelados y se mantienen sujetos a proceso, además de que ha muchos los han hostigado y amenazado, solamente por el hecho de exigir se realice el procedimiento con apego a derecho, y no mediante la imposición y el cambio de estrategias que pone de manifiesto que nunca se han tenido los requirimiento esenciales para el trazo carretero.
Mientras tanto en Ostula, los indígenas Náhuas siguen exigiendo la liberación del comandante de su grupo de autodefensas, Cemeí Verdía; gran impacto está causando un reportaje de Laura Castellanos, donde se pone de manifiesto porque los Caballeros Templarios ofrecían una recompensa de 500 mil pesos por su cabeza.
Ciudad de México, 9 de ago.- Este fin de semana indígenas ñhato (otomíes del Alto Lerma) de diversas comunidades de los municipios de Lerma y Huixquilucan, Estado de México, en compañía de diversos colectivos y organizaciones sociales, realizaron una rodada desde el Museo de Antropología en la capital del país, hasta los bosques de San Francisco Xochicuautla, en protesta por el despojo concretado mediante decreto, en el cual presidente Enrique Peña Nieto otorgó a una de las empresas Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, la concesión para construir una autopista que atraviesa una zona boscosa perteneciente a diversas comunidades indígenas, lo cual sigue generando gran polémica.
El proyecto ha generado gran controversia pues una vez más se estarían concediendo de manera ilegal una concesión irregular al afamado empresario dueño de Grupo Higa y gran amigo de Enrique Peña Nieto (el presidente fue el testigo de honor en la boda del hijo del empresario), lo cual ha sido cuestionado hasta por el New York Times hace unos días.
Los indígenas y activistas están denunciando que además del gravísimo impacto ambiental que se está generando, y que organismos ambientales como la Conabio ya alertó; también se está violentando de forma severa los derechos de los pueblos originarios de la región, a quienes nunca se les consultó de forma libre, previa e informada del proyecto, tal como marcan los convenios internacionales que en materia de derechos indígenas ha firmado México, por lo que mantienen una lucha frontal de resistencia al proyecto desde hace 7 años.
Incluso catedráticos de la UNAM como Octavio Rosas Landa, destacado investigador de la Facultad de Economía, y quien también pertenece a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, publicó un video donde hace un llamado a la justicia, afirmando que las acciones de despojo al pueblo otomí de Xochicuautla, deberían sancionarse con cárcel, pues eso es lo que establece la ley en los casos en que se incurra en prácticas de corrupción donde además de despojar a las comunidades indígenas de su territorio, se provoquen graves heridas sociales, amenazas, agresiones y hasta encarcelamiento de personas que simplente han exigido hacer valer sus derechos, como ha sucedido en este caso, el cual también ejemplifica el tipo de conflicto que viven o están por vivir muchos pueblos originarios del país.
Rosas Landa condenó severamente el decreto emitido por Enrique Peña Nieto el mes pasado, afirmando que es inconstitucional por diversos motivos, pues además de que se rompen diversos articulos constitucionales a nivel nacional, también se están violentando múltiples convenios internacionales, además de diversas solicitudes internacionales para respetar los derechos de las comunidades indígenas de Lerma, algunos emitidas incluso desde la ONU; no obstante todas las peticiones internacionales han sido ignoradas por el régimen de Peña Nieto, quien además ha cambiado la estrategia de imposición en al menos 5 formas distintas; la última de ellas el decreto federal; pues por la misma vía legal todos los intentos previos habían sido refutados.
Otra jornada de resistencia
Este sábado se llevó a cabo una nueva jornada de protestas en defensa del gran bosque de agua, decenas de personas participaron de un recorrido de 62 kilómetros desde la Ciudad de México, hasta la comunidad indígenas de Xochicuautla, quien se mantiene en resistencia desde hace más de siete años juntos con las comunidades de Huitzizilapan en el mismo municipio de Lerma, así como Ayotuxco, del lado de Huixquilucan.
En la comunidad de Xochicuautla se mantiene un campamento permanente de protesta para evitar el paso definitivo del trayecto carretero, el cual ya se encuentra avanzado en los diversos tramos del proyecto.
El colectivo de estudiantes Más de 131 también emitió otro nuevo material documental acerca de la lucha de los pueblos indígenas por las casi 50 hectáreas de bosque que estarían siendo devastadas por la autopista privada, a pesar de que la Conabio alertó que en el lugar existen decenas de especies en riesgo de extinción, algunas de ellas incluso endémicas del lugar, lo que ha propiciado la enérgica condena de organismos ambientalistas que también están denunciando el alto costo para un medio ambiente de por sí devastado, y que además enfrenta una severa crisis de agua.
Toluca, Edomex.- La Legislatura del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, la noche del pasado jueves la Ley de Movilidad que otorga a las autoridades estatales y los municipios la obligación de garantizar el libre tránsito vial y la atribución de eliminar cualquier obstáculo.
El diputado del Partido del Trabajo (PT) Norberto Morales, en su calidad de integrante de la Comisión parlamentaria de Comunicaciones y Transportes, votó contra la propuesta, por considerar que la disposición tiene por objeto criminalizar las marchas.
La nueva disposición local, indicó, es una réplica de la iniciativa federal promovida el 2 de diciembre de 2014 y que, en su momento, fue rechazada por el Episcopado de Guerrero, quien consideró inadecuada para su momento esa ley antimarchas.
Después, recordó, la Conferencia del Episcopado Mexicano advirtió una crisis humanitaria que ha derivado en inconformidades y, por tanto, consideró imprudente la aprobación de la Ley de Movilidad.
“Entendemos que a muchas personas no les parezca gente bien o bonita aquella que protesta y que entorpece la circulación porque no llegamos a tiempo a nuestro trabajo”, dijo.
Sin embargo, destacó, “en estos momentos de crispación social, la manifestación es la única forma en la que se libera presión por la tantas tropelías cometidas en contra de maestros, de ciudadanos considerados desarrapados porque pelean la aparición de sus 43 hijos, de médicos acusados injustamente o en contra de la reforma en materia de salud, de las aeromozas o pilotos que protestan por la desaparición de aerolíneas estatales”.
Con el derecho a la movilidad, acusó, esa válvula de escape se elimina, y para ello se sumarán esfuerzos de los niveles interinstitucionales y “se dará pauta a una situación soterrada, pues estaríamos legalizando el uso de las fuerzas de acción –policiaca– para evitar obstáculos”, pues una marcha obstruye la movilidad, viola la ley y, por tanto, debe ser sancionada.
El nuevo ordenamiento jurídico para el Estado de México integra iniciativas del Ejecutivo mexiquense y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y obliga a las autoridades estatales y municipales a garantizar el derecho al libre tránsito por sus vialidades.
El artículo quinto dispone que la movilidad debe estar al alcance de todas las personas que se desplazan por motivo laboral, de estudio, comercio, servicios, recreación y cultura en territorio mexiquense, con especial énfasis a grupos en condición de vulnerabilidad.
Jerárquicamente, el derecho a la movilidad primero debe garantizarse a peatones, después a ciclistas, usuarios del servicio público de transporte, transporte de carga, modos individuales públicos, motociclistas y otros modos particulares.
El artículo sexto reconoce como autoridades en materia de movilidad al gobernador, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Finanzas, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana –Policía Estatal– y los municipios.
Estas mismas autoridades, además de la Consejería Jurídica, dos integrantes de la sociedad civil expertos en la materia y un representante de los transportistas, integrarán el Comité Estatal de Movilidad, presidido por el mandatario estatal, órgano que podrá tomar decisiones y emitir resoluciones obligatorias para los miembros del Comité, entre otras atribuciones.
Los municipios estarán facultados para participar de manera coordinada con las autoridades en materia de movilidad, “en la aplicación de la Ley, cuando sus disposiciones afecten o tengan incidencia en su ámbito territorial”.
El artículo noveno incluye entre las facultades municipales las de “mantener la vialidad de cualquier tipo libre de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u obstruyan el tránsito peatonal, ciclista, vehicular, excepto en aquellos casos debidamente autorizados”.
En el ámbito de su competencia, los ayuntamientos podrán determinar, aplicar y ejecutar las sanciones correspondientes a quienes incurran en infracciones a esta ley y a sus reglamentos; y promover las acciones para el uso racional del espacio vial, teniendo como prioridad la jerarquía de movilidad.
En contraparte, el diputado priista Armando Corona justificó que en la ley no existe ningún artículo que se relacione con la prohibición de marchas, y la panista Adriana Hinojosa arguyó que la nueva norma no impide la libertad de expresión, alguna garantía individual o derecho constitucional.
Ciudad de México a 3 de agosto.- Diversos analistas cuestionan el gran “ego del gobierno” que nubla la mirada crítica, así como los actos que vulneran las leyes, el cinismo y la incongruencia de la clase política en México.
En los Pinos: “todo problema del gobierno es una tormenta pasajera” refiere el periodista RaymundoRivaPalacio; en esta lógica: “Si el país se convulsiona por el asesinato de 43 normalistas, ya se cansarán de marchar y protestar. Si las críticas sobre la política económica son devastadoras, es un mero problema de los ricos y los grupos de interés afectados. Si los críticos en la prensa piden que el presidente retome el rumbo de su gobierno, les dicen que no oyen a la gradería. Si los cercanos al presidente, cuando logran que los escuche, le mencionan lo que sucede en las calles mexicanas, les cambia la conversación, desestima sus observaciones y responde, para cerrar la plática: ”.
En ese sentido, Riva Palacio, añade que “el México de Peña Nieto no es el México que ven muchos otros, incluidos miembros de su gobierno y el PRI”; “Sus diagnósticos, elaborados por ese mismo grupo enconchado, veta las opiniones de otros”. “Un secretario de Estado confió que en dos ocasiones que opinó en reuniones del gabinete sobre un tema que le concernía, recibió como respuesta del grupo íntimo del presidente una descalificación tan grande como grosera, y no volvió a tomar la palabra. Otro secretario se queja que hay decisiones que le competen a él, de las que se ha enterado por la prensa”; al respecto, el Times informó que: “el desprecio de la autoridad por la ley tiene como base que el contratista de la obra es Juan Armando Hinojosa, presidente del Grupo Higa”. “Después de años de batallas, dice el rotativo, el presidente Peña Nieto firmó una orden ejecutiva este mes para expropiar unas 36 hectáreas de lo que consideran los comuneros como una ”.
Además, el exmiembro del consejo de administración de OHL, el actual director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presuntamente ha incurrido en prácticas corruptas tales como, “el tráfico de influencias”; en ese sentido, los audios filtrados desde mayo pasado, y en particular los más recientes del 28 de julio, confirman que “el llamado es el máximo abrepuertas para que ese consorcio realice sus enjuagues corruptos con funcionarios mexicanos. Y es que, como lo dijo un escritor catalán desde que Lozoya asumió su cargo, , el presidente de la compañía”, indicó el analista AlejandroGutiérrez.
A su vez, el polémico panista Luis Alberto Villarreal, “con el pretexto de que este mes concluye la legislatura, el diputado federal difunde su supuesto por tooodo el estado con espectaculares, mantas y hasta spots”, señala TemploMayor. “Lo curioso es que su lema de despedida es , que tal vez sea el mismo que utilice en campaña, si es que se le hace ser el candidato del PAN a la gubernatura en el 2018”; no obstante, “uno de los detalles curiosos es que Villarreal, el mismo que protagonizó el escándalo de los moches panistas, presume como uno de sus logros la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción… y sin morderse la lengua”, añade la columna.
Ciudad de México, 30 de jul.- La fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y los vínculos del presidente Enrique Peña Nieto con el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú son dos asuntos que han causado una frustración a gran escala entre los mexicanos y puesto en duda la credibilidad del Ejecutivo mexicano, destaca el diario ‘The New York Times’ (NYT) en un artículo publicado este jueves en su portal.
“Aunque ambos casos llevan diferencias importantes, causaron una frustración descarada, que llegó al sentimiento compartido de que, a pesar de las declaraciones de Peña Nieto según las cuales México y su PRI cambiaron, no fue el caso de algunos de los problemas más fundamentales del país”, subraya el texto firmado por las periodistas Paulina Villegas y Frances Robles bajo el título “Los vínculos del Presidente mexicano con un contratista plantean preguntas”.
De acuerdo con el diario neoyorquino, en los últimos años las empresas de Hinojosa Cantú obtuvieron más de 80 contratos por un valor superior a 2 mil 800 millones de dólares, pero la relación del empresario con Peña Nieto saltó a luz pública después de que se reveló que el dueño de Grupo Higa había construido la “Casa Blanca” de la pareja presidencial “bajo términos inusualmente favorables”.
“La relación de Peña Nieto con el contratista es uno de los escándalos recientes que llevó duros cuestionamientos al presidente, manchó su herencia y erosionó la ya débil fe del público en las instituciones del país”, sostiene el artículo.
De igual manera, plantea que el escape del líder del cártel de Sinaloa a través de un túnel de un kilómetro y medio representó “otro golpe para la administración”, y pregunta “cómo eso fue posible sin la ayuda de alguien en el poder”.
“Ni el presidente ni su círculo cercano han sido inculpados en ninguno de los casos. El resultado de una investigación del gobierno sobre la mansión presidencial es inminente. Una indagación aparte examina la evasión de Guzmán”, destaca el texto, y subraya que en el caso de Hinojosa Cantú, el fiscal Virgilio Andrade es “uno de los viejos amigos (de Luis Videgaray)”.
Las periodistas Paulina Villegas y Frances Robles también dan cuenta del decreto presidencial que el pasado domingo 9 firmó Enrique Peña Nieto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, para la construcción de una autopista privada que realizará la subsidiaria de Grupo Higa, Constructora Teya.
“Después de años de manifestaciones y batallas legales, el presidente Enrique Peña Nieto firmó este mes una orden ejecutiva que aprueba la expropiación de 38 hectáreas de lo que muchos consideran tierra sagrada. Y no es de extrañar que lo haya hecho, argumentan los pobladores. El mismo contratista que cavará a través de su tierra ha celebrado el título a la mansión de la familia del presidente, proveído una casa al secretario de Hacienda sin ningún beneficio y ha hecho miles de millones de dólares en acuerdos con el gobierno”, publica el Times.
Los otomíes, añade, “no se están peleando con un equipo de construcción cualquiera”, sino contra “un hombre de negocios tan conectado que los mexicanos lo han llamado el ‘contratista favorito’ del presidente” y contra un proyecto carretero cuyo presupuesto se disparó al pasar de 132 a 207 millones de dólares.
“El mismo contratista que excava sus tierras era el dueño de los títulos de la mansión presidencial, proveyó una casa al secretario de finanzas (Luis Videgaray) e ingresó miles de millones de dólares en sus negocios con el gobierno”.
Y pregunta: “¿Cómo un amigo del presidente, quien empezó vendiendo material de oficina terminó controlando un imperio que ingresa miles de millones de dólares con contratos con el gobierno, obtiene luz verde para abrir un camino en un bosque protegido y gana licitaciones para construir hospitales y trenes?”.
El tamaulipeco Hinojosa Cantú, entonces pequeño empresario “sin nada”, apunta, creció a la sombra de los gobiernos mexiquenses de Arturo Montiel y sobre todo de Enrique Peña Nieto, quien le otorgó concesiones de obras millonarias durante su periodo de gobernador de la entidad.
“Cuando Peña Nieto ganó la presidencia, los contratos crecieron”, explican los periodistas, quienes resaltan que tanto las oficinas de la Presidencia como las de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también las del PRI y del empresario, se negaron en contestar sus preguntas.
Ciudad de México, 28 de jul.- Cientos de indígenas ñhato y simpatizantes marcharon este martes en la capital del país rumbo con rumbo a la Secretaría de Gobernación para exigir el respeto a los tratados internacionales y a las determinaciones de las comunidades indígenas de Lerma y Huixquilucan en el Estado de México, quienes piden la cancelación de un billonario proyecto carretero concesionado a Grupo Higa.
Encabezados por habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, los inconformes denunciaron las graves afectaciones sociales y ambientales que se generan con este proyecto carretero, lo cual también está siendo denunciado por diversas organizaciones sociales.
El gobierno de Enrique Peña Nieto determinó pagarles a los indígenas a menos 30 pesos el metro de bosque y terreno a expropiar; favoreciendo una millonaria concesión otorgada al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú; el mismo que construyó la polémica Casa Blanca del presidente.
En Twitter se hizo Topic Trend el hashtag #Xochicuautla
Ciudad de México, 27 de jul.- El pueblo otomí de Xochicuautla lanzó una convocatoria a la sociedad en general para marchar de la Estela de Luz a la Secretaría de Gobernación (Segob) bajo dos demandas: La cancelación del decreto expropiatorio de Enrique Peña Nieto contra casi 40 hectáreas de su territorio y la cancelación de la construcción de laautopista Toluca-Naucalpan, que cruzaría por su bosque.
A su vez, deciden abrazar a la comunidad nahua de Santa María Ostula tras el ataque que sufrieron por parte del Ejército y la detención del líder de su policía comunitaria, Semeí Verdía, quienes exigirán su liberación inmediata, alto al hostigamiento de la Marina y el Ejército y justicia para la familia del niño que murió por un disparo de los militares.
La cita es este martes 28 de julio a las 4:00pm en la Estela deLuz y marcharán a Segob:
José Luis Fernández, comunero de Xochicuautla, sede inaugural del Festival Mundial de las Resistencias y ganadora del premio de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo 2015, advierte que esta es la primera de varias movilizaciones que realizarán, y que en ella informarán a la sociedad lo que pasa en su pueblo y en las comunidades indígenas en general.
“Basta ya que a las comunidades indígenas y campesinas se violen los derechos. Tenemos que visibilizar eso y por eso tenemos que caminar a gobernación porque ahí nace todo. Y el responsable de lo que pasa es la Secretaría de Gobernación”, aclara.
Invitan a las comunidades indígenas y campesinas del Distrito Federal y del Estado de México a acompañarlos, e invitan especialmente a los capitalinos:
“A la gente de la ciudad la llamamos para que no nos dejen solos. Lo que hacemos como comunidades indígenas es que luchamos por nuestro territorio, pero también luchamos por el bosque y el agua”, dice Fernández.
El comunero insiste:
“Eso no es sólo para nosotros, es para toda la sociedad. La gente que está en el Distrito Federal. Los invitamos a marchar con nosotros porque Xochicuautla aporta dos pozos, uno al pueblo y otro al sistema Cutzamala. Es un problema de mucho más gente”.
Ciudad de México a 27 de julio.-La corrupción institucionalizada, favorece la imposición de los intereses privados en un marco donde impera la impunidad y se arroyan las voluntades de los ciudadanos, estos últimos pasivos ante el mal que se mueve y corroe hasta en sus entrañas.
Para la politóloga del ITAM, DeniseDresser, la corrupción está arraigada; en ese sentido, la corrupción está “presente en la recolección de basura, en las gasolineras, en las plazas de maestros heredadas, en la fuga de un delincuente, en la licitación de un puente, en la exoneración de impuestos, en cada reducto de la vida cotidiana del país”; “Como forma de vida. Como obstáculo al crecimiento. Como detonador de la desigualdad. Y a pesar de sus consecuencias negativas, los mexicanos siguen tolerándola. Justificándola. Practicándola”; por lo que, “se perpetúa con la permanencia en el poder público y privado de quienes han sido sus íconos”, añade la analista; “Los impunes que ni siquiera reciben sanción social, ocupando una curul, un puesto del gabinete, una página en las revistas de sociales. México no castiga la corrupción; la normaliza”, indicó. Dresser.
En consecuencia, durante años, el ingreso a las licenciaturas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue “usado por funcionarios de la casa de estudios como botín político”, reveló Enrique Fernández Fassnacht; por lo que, cada año cerca de 10 por ciento de la matricula que el instituto abría para educación superior, se daba por recomendaciones, y en ocasiones los aspirantes beneficiados ni siquiera aplicaban el examen de selección. La actual gestión de Fernández Fassnacht, se comprometió a que esta práctica no se presentará más y a que la única forma de acceder a las licenciaturas politécnicas sea mediante concurso de ingreso, cuyos resultados se publicarán el próximo 9 de agosto y darán cabida a 28 mil jóvenes.
No obstante, hasta el momento, cinco gobernadores y exgobernadores surgidos de las filas del PRI están siendo investigados en tribunales de Texas. “Ya les han decomisado el equivalente a 640 millones de pesos, y contra dos incluso ya se libraron órdenes de aprehensión. Se trata de Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Jorge Torres, Humberto Moreira y Rodrigo Medina.”; sin embargo, pese a que los sobornos, robos y desfalcos presuntamente fueron perpetrados en México, “las autoridades federales de este país apenas han molestado a esos políticos”, señaló Proceso.
Por otro lado, también gobiernos priistas avalaron la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan en una zona considerada como Santuario del Agua y reserva ecológica; al respecto, el proyecto del gobierno federal pretende pagar a 28 pesos con 60 centavos el metro cuadrado de las tierras expropiadas en San Francisco Xochicuautla, para dar paso a la construcción de la Autopista, una obra adjudicada a la empresa Autovan, filial de Higa. El decreto expropiatorio publicado el pasado 9 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), prevé, en su Resultando Quinto, que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización mediante avalúo con número genérico G-09590-ZNC y secuencial 03-15-150 de 19 de marzo de 2015, con vigencia de un año contado a partir de la fecha de su emisión.
El proyecto carretero ha presentado múltiples protestas por habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla contra su construcción por tierras de la comunidad otomí; en ese sentido, las comunidades junto con organizaciones civiles han expuesto los previsibles daños ambientales que causará; no obstante, pese al retraso en su construcción a causa de la oposición social nada ha frenado la intención del Gobierno del Estado de México de llevar avante la obra, cuya concesión se entregó cuando la entidad era gobernada por el actual Presidente, Enrique Peña Nieto, cuya relación con Grupo Higa fue evidenciada y cuestionada en noviembre del año pasado con el caso de la llamada “Casa Blanca”.
Asimismo, luego de los audios que exhibieron a la firma OHL en presuntas prácticas de corrupción en el Viaducto Elevado Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, la concesión otorgada a la empresa española para construir la autopista Atizapán-Atlacomulco se encuentra en revisión por parte de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Función Pública (SFP) para evitar actos de corrupción o sobrecostos, aseguró Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura de la secretaría; en ese sentido, Murrieta reveló que ambas dependencias realizan un riguroso proceso de revisión a la edificación de esta vialidades mexiquenses.
Por su parte, Raúl Escoto, está siendo investigado por presunto lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Una de ellas es Servicios Empresariales Ninuet, S.A. de C.V., a la que se está revisando desde 2011, cuando se detectaron irregularidades en inyección de recursos a monederos electrónicos utilizados por partidos políticos. Otra es Publiwall, S.A. de C.V., investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por presuntos fraudes y pagos por asignación y otorgamiento de concesiones de publicidad exterior; en ese sentido, las autoridades federales investigan a los negocios de Escoto, con la administración de Ebrard, indicó RaymundoRivaPalacio.
Asimismo, en la Ciudad de México, la Auditoria Superior de la Ciudad de México no presentó a los responsables por las irregularidades en la aplicación del programa de becas creado por Alejandra Barrales cuando era diputada local y líder de la Asamblea Legislativa.
Lerma, Edomex, 10 del jul.- Este viernes el presidente Enrique Peña Nieto conmemoró junto con el gobernador del Estado de México, el Día del árbol, donde dio a conocer avances de los planes de reforestación, además de informar acerca de nueva áreas naturales protegidas.
No obstante, paralelamente en la comunidad de Xochicuautla del mismo municipio, se acrecentó la disputa y el rechazo al proyecto carretero concesionado a Grupo Higa, el cual acusan estaría devastando una zona de bosques vítal para la recarga de acuiferos del centro del país, como denunciaron diversas organizaciones nacionales e internacionales.
El presidente Enrique Peña Nieto anunció el decreto de seis nuevas áreas naturales protegidas, en los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Colima y Tamaulipas.
Durante la conmemoración del Día del Árbol y el acto de inicio de la Campaña Nacional de Reforestación 2015, el mandatario dio a conocer que instruyó al secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, para acelerar el proceso para concretar la protección de esas áreas.
Explicó que además de la declaración del cerro Mohinora, en Coahuila, como Área Natural Protegida, publicada este viernes en el Diario Oficial de la Federación, en fecha próxima se anunciarán otras zonas en las mencionadas entidades, en especial en el Caribe y el Golfo de California y Mar de Cortés, para que en el contexto de las zonas especiales contribuyan al desarrollo del país.
Refirió que México adelantó para 2018 su compromiso internacional de que 17 por ciento de su superficie terrestre y 10 por ciento de las zonas marítimas y costeras sean áreas naturales protegidas, meta que se había fijado para 2020.
Ese compromiso se adquirió no obstante que el país contribuye con sólo uno por ciento global de las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera, enfatizó el jefe del Ejecutivo Federal.
La cubierta forestal del país es de 70 por ciento, lo que quiere decir que poco más de las dos terceras partes de la extensión territorial es forestal, con 138 millones de hectáreas de bosques, selvas y manglares, lo que coloca a México en un lugar privilegiado, como el país número 12 en riqueza natural y biodiversidad.
Al dar inicio a la Campaña Nacional de Reforestación 2015, Peña Nieto dio a conocer que el avance acumulado en esta materia es de 405 mil 850 hectáreas reforestadas en dos años, que representa 40 por ciento en la meta sexenal de 365 millones de árboles, y que este año el objetivo es reforestar 170 mil hectáreas con 190 millones de plantas.
En presencia del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el mandatario reconoció la labor del Ejército Mexicano en las labores de reforestación, combate a los incendios y a la tala clandestina, lo mismo que a los 18 mil brigadistas federales, estatales y municipales, y productores y ejidatarios que coadyuvan con esta labor.
Luego de entregar estímulos a productores ejidales, el presidente Peña Nieto convocó a formar un frente común con el objetivo de cuidar los árboles y las zonas forestales, y a generar conciencia entre la sociedad para cuidar el medio ambiente.
En este sentido, sostuvo que de esta manera se garantiza que los comuneros y ejidatarios reconozcan los beneficios de cuidar las zonas forestales para así recibir “los beneficios y bondades que tiene el cuidar un solo árbol”.
En lo que se refiere a las superficies marinas, apuntó que también se garantizará que las cooperativas pesqueras continúen realizando su actividad de manera sustentable, para conciliar sus actividades de pesca y la preservación del medio ambiente, con mejores técnicas.- Francisco Martínez Romero
Ciudad de México, 10 de jul.- El día de ayer en el Diario Oficial de la Federación se publicó un nuevo decreto expropiatorio mediante el cual se estaría despojando de 37 hectáreas a la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México, entre otras, para permitir el paso de la polémica autopista Toluca – Naucalpan, concesionada a Autopista de Vanguarda SA, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, el mismo que construyó la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto.
Peculiar modus operandi
El caso es grave y ha llamado la atención de organismos internacionalesy nacionales de derechos humanos, quienes coinciden en que se están violentando múltiples derechos inherentes de los pueblos originarios, firmados y ratificados por el gobierno mexicano.
Aunque no es la única acusación grave en contra de las autoridades, también se está denunciando un modus operandi inédito para concretar la realización del proyecto, pues el gobierno del Estado de México, una empresa privada, en este caso Autovan, y el gobierno federal, se han puesto de acuerdo para cambiar en múltiples ocasiones la estrategia para la imposición del proyecto carretero; son 8 años de conflicto ya con las comunidades indígenas, quienes han detenido por la vía legal todos los intentos de imposición del proyecto carretero, no obstante esta semana se ha concretado una nueva intentona del gobierno federal por finiquitar el proyecto: el decreto expropiatorio federal.
Polémico decreto
Tan sólo con la publicación del decreto ya se viene a ratificar una cuestión muy seria: el hecho de que desde hace años el gobierno estatal autorizó e emitió miles de millones de pesos para la realización de un proyecto, que ni siquiera contaba con los permisos para ello; pretendiendo ahora con el manotazo del decreto presidencial, imponer un proyecto que ha sido criticado desde múltiples perspectivas sociales.
Con esto además queda en evidencia que no se está cumpliendo con uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en todo el mundo: el derecho a la consulta previa e informada, lo cual no sólo lo han denunciado las más de 3 comunidades afectadas de los municipios de Lerma y Huixquilucan, sino también organizaciones internacionales como el Centro de Estudios Indígenas del Mundo, quien desde hace meses emitió una carta a funcionarios mexicanos como Guerra Abud, titular de Semarnat, exigiéndole respetar los derechos de los pueblos originarios y suspender el proyecto carretero; no obstante a la fecha, los organismos mexicanos siguen sin responder a los llamados que incluso se han emitido desde la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.
El decreto del día de ayer se trata del enésimo intento en legalizar un proyecto carretero, mediante el cual también se pondría en evidencia que nunca hubo legalidad para el mismo, por lo que entonces vendrían siendo ilegales las violentas incursiones de maquinaria realizadas en territorios comunales, las cuales han estado protegidas por miles de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, quienes han resguardado el avance de la máquinas del señor Hinojosa Cantú.
El día de hoy se realizó una protesta en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como relató la crónica de AristeguiNoticias, pobladores de la comunidad y grupos afines se manifestaron para solicitar a la CNDH se decreten medidas cautelares, para exigir el respeto de las comunidades originarias y suspender la construcción del paso carretero.
Son años de resistencia al proyecto carretero.
Los habitantes de San Francisco Xochicuautla, no son los únicos que denuncian la ilegalidad del trayecto, Raymundo Espinoza, abogado de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, organización que junto con el Tribunal Permanente de los Pueblos concluyó que se están cometiendo en México crímenes de lesa humanidad por la imposición de carreteras, expuso también diversas irregularidades que se ponen de manifiesto con el nuevo decreto expropiatorio, pues además de que no se cuentan con firmas esenciales para su expedición, contradicen múltiples artículos constitucionales.
El abogado destaca además, la ridícula forma mediante la cual el estado pretende afirmar que informaron a la población: “las autoridades mexicanas dan muestra de su cinismo e ignorancia al señalar que, en efecto, con la notificación, la pregunta expresa y el consentimiento del Comisariado de Bienes Comunales, se dio por satisfecha en plenitud la garantía de audiencia de la cual son titulares la Asamblea comunal, los comuneros inconformes y la población afectada. Es muy importante recordarle al estado mexicano que el principio de legalidad, debido proceso y diligencia debida, que incluye como uno de sus aspectos a la mencionada garantía de audiencia previa, no se reduce a ésta y, en cualquier caso, tal garantía no se satisface de esta manera. Por si fuera poco, las autoridades comunales debieron informar de manera inmediata, adecuada y suficiente sobre la notificación al resto de los comuneros, incluidos los inconformes con el proyecto, así como a la totalidad de la población que se ve afectada por el Decreto, lo cual no hicieron”.
“Digámoslo con más detalle. En ninguna de las tres partes que conforman el Decreto se mencionan las múltiples violaciones de derechos humanos que se han cometido en contra de los miembros de la comunidad inconformes con el proyecto carretero, y que oportunamente han sido denunciadas y que incluso se encuentran sometidas a juicio. Situación que de entrada supone el incumplimiento de los deberes específicos en materia de derechos humanos previstos en el artículo 1º constitucional. En segundo lugar, el Estado tampoco observa sus obligaciones generales en la materia, pues contempla exclusivamente el derecho a la consulta de las comunidades indígenas, pero en abstracto y eludiendo otros derechos en disputa, e incluso lo hace sin considerar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como sin interpretar las normas relativas a derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia siguiendo el principio de máxima protección.”
Años atrás el gobierno del Estado de México, ya había emitido un decreto que igual fue ampliamente criticado y posteriormente ignorado por el propio estado. Con este nuevo decreto, los abogados expertos nuevamente exponen la ilegalidad del proceso, tan sólo en cuestiones fundamentales como el derecho a la consulta:
“Se desprende del propio Decreto que la consulta:
no fue previa, ya que se hizo con posterioridad a la notificación del proceso expropiatorio;
no fue libre, dado que no se puede actuar en libertad cuando se tiene una notificación de procedimiento expropiatorio encima, la cual pone en cuestión la vida comunitaria y la sobrevivencia individual, y menos aún si, como también se desprende del Decreto, la zona expropiada ya estaba ocupada por el SAASCAEM con el respaldo de la fuerza pública;
no fue informada, puesto que los comuneros inconformes no fueron debidamente notificados ni informados sobre los detalles del Decreto expropiatorio, su procedimiento y sus efectos (ni siquiera han sido debidamente informados del proyecto carretero por parte de las autoridades, quienes todo el tiempo han manipulado la información y han actuado con opacidad);
no fue de buena fe, ya que subsisten recursos y juicios en trámite, además de que el territorio fue ocupado previamente y se han documentado las agresiones por parte de las autoridades y la empresa, finalmente;
tampoco fue una consulta culturalmente accesible, pues se llevó a cabo según procedimientos ajenos a los propios de la comunidad, sobre los cuales, sobra decir, tampoco fue consultada”
Organizaciones defensoras de derechos humanos, también han venido denunciando las agresiones que han sufrido los originarios de las comunidades afectadas, quienes además de haber sido encarcelados y liberados al no haber motivos, en varias ocasiones, y de que han sido amenzadas de múltiples formas, continúan exigiendo el respeto a sus derechos fundamentales.
Incluso animales han sido agredidos con motosierra, denunció el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra
Las comunidades afectadas han colocado también un campamento de protesta para exigir la suspensión del proyecto que califican de ecocida y epistemicida, pues además del grave daño ambiental, denunciado también por varias ong’s, están denunciando la destrucción de los recintos más sagrados de su cultura, parajes de adoración milenarios, que actualmente siguen vigentes, y que quedarían también completamente devastados con el paso del proyecto carretero.
A través de redes sociales, y mediante el hashtag #XochicuautlaNoEstáSolo, se está llevando a cabo una campaña de información y denuncia de las determinaciones gubernamentales.
Toluca, Edomex, 18 de jun.- Indígenas de las comunidades originarias de Xochicuautla y Huitzizilapan, en el municipio de Lerma, Estado de México, denunciaron que nuevamente fueron enviados cientos de granaderos de la policía estatal para asegurar los trabajos de construcción de la autopista Aeropuerto de Toluca-Naucalpan, concesionada a Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Los indígenas de la región, llevan ocho años luchando contra el proyecto carretero, el cual lo consideran una amenaza para su cultura y supervivencia, pues además de dañar severamente cientos de hectáreas de bosque, destruye también los accesos a los puntos más sagrados de la cultura Ñhato (Otomí del Alto Lerma).
A través de un comunicado denunciaron que la comunidad de San Francisco Xochicuautla, “ha sido sitiada por trabajadores de la empresa Autovan S.A de C.V custodiados de Policías Estatales, entre ellos personal del Gobierno del Estado y Policía Ministerial, Xochicuautla se encuentra inconforme y responsabiliza de los actos de hostigamiento al Presidente de Bienes Comunales Ángel Valdez ya que en ningún momento la comunidad otorgo permiso para que dicha empresa pudiera realizar los trabajos en nuestro territorio”.
Los inconformes también denunciaron al diputado electo Erick Sevilla, de estar respaldando el saqueo y la destrucción de los recursos naturales.
Decenas de organizaciones sociales respaldan las denuncias de las comunidades indígenas de Lerma, no obstante hasta la fecha el proyecto de autopista continúa en desarrollo, a pesar de las denuncias públicas existentes donde se señala que la empresa no cuenta con las autorizaciones debidas para el trazo carretero.
Toluca, Edomex, 3 de nov.- Este lunes un contingente de alrededor de 300 granaderos fuertemente armados ingresaron una vez más a territorios comunales de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla en el Estado de México, en esta ocasión se llevaron presos a alrededor de ocho habitantes, quienes se oponían al paso de las máquinas para el proyecto carretero Aeropuerto de Toluca-Interlomas Naucalpan.
Cabe señalar que desde el pasado 10 de octubre, los pobladores de la comunidad del municipio de Lerma, denunciaron la intromisión presuntamente ilegal de policías estatales y trabajadores de la empresa Autovan Sa de CV, quienes pretenden imponer por la fuerza el paso del polémico proyecto carretero.
Los pobladores, respaldados por diversas organizaciones nacionales e internacionales, han afirmado que existen amparos vigentes que obligan a la empresa a no ingresar a terrenos comunales de Xochicuautla, además de que el Tribunal Unitario Agrario decretó recientemente la invalidez de asambleas amañadas con las que querían legalizar el paso del proyecto privado.
Este equipo informativo ha estado solicitando desde hace dos semanas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como a la Secretaría de Gobierno del Estado, los documentos legales en los que se amparan para devastar dicha zona de terrenos comunales, mismos que no han sido presentados de ninguna forma, es decir, hasta el momento el Gobierno de Eruviel Ávila no ha demostrado la validez jurídica de las acciones policiales implementadas.
Organizaciones locales están convocando incluso a la desobediencia civil, señalando como vergonzoso el hecho de que ante la ola de inseguridad que sufre la entidad, se estén utilizando cientos de policías para cometer otro crimen, mediante el cual se están violando incluso tratados internacionales firmados por Enrique Peña Nieto.
Aproximadamente a las 13 horas de este lunes, al menos 8 indígenas de la comunidad han sido detenidos por elementos estatales, sin que hasta el momento se confirmen los cargos en su contra.
En un video que circula en redes sociales, se muestra el momento en el cual decenas de granaderos agreden con violencia a pobladores que unicamente querían permanecer sentados en sus terrenos comunales, para impedir el avance de las máquinas. Los pobladores también exigían la presentación de los documentos legales, mismos que tampoco fueron presentados.
Los detenidos son: Rosa Saavedra, Venancio Hernández, Domingo Hernández, Felipe Gutiérrez, Mauricio Reyes, Francisca Reyes, Jerónimo Martinez y Armando García Salazar, este último delegado primero de la comunidad, y representante ante el Congreso Nacional Indígena (CNI).
Hace unos días la comandancia central del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el CNI, emitieron un comunicado denunciando también los atropellos contra la comunidad Ñhato de Xochicuautla, denuncia que también compartió el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, donde se realizó una conferencia de prensa la semana pasada para informar de la situación.
Cabe recordar que hace año y medio se registró otro incidente en el que 13 indígenas de la misma comunidad fueron detenidos por los mismos motivos, en aquella ocasión los detenidos fueron liberados 48 horas después, con la condición de volver a resistirse a la imposición del proyecto carretero.
Esta comunidad será sede el próximo mes de la inaguración, del Festival Mundial de las Resistencias.
Toluca, Edomex, 20 de oct.- Las comunidades indígenas Ñhato (Otomí del Alto Lerma) del municipio de Lerma, Estado de México, están realizando serias acusaciones en contra del gobierno estatal, no solo por romper convenios y compromisos internacionales en materia de derechos indígenas, firmados incluso por el ejecutivo, sino porque además se estarían violentando flagrantemente leyes nacionales, cometiendo delitos que inclusive ameritan cárcel y clausura de actividades según lo estipulado por la ley, todo ello para intentar apresurar la imposición del polémico proyecto de autopista Toluca-Naucalpan.
La humillación a los pueblos indígenas en el Estado de México
Seguramente ni Eruviel Ávila ni los poderosos empresarios sufren los temores de una persona que vive al lado de una carretera, con todo el ruido, contaminación, destrucción y riesgos que esto implica; lo mismo era para las comunidades indígenas de San Francisco Xochicuautla, Huitzizilapan y Ayotuxco, quienes trataban simplemente de llevar una vida tranquila acorde a su cultura milenaria en armonía con el bosque, el agua y el medio ambiente; vital también para los valles de México y Toluca.
No obstante esta paz milenaria está siendo amenazada por un superproyecto carretero que pretende devastar más de 300 hectáreas de bosque comunal; se calcula que más de 7 mil autos, camiones, pipas y trailers atravesarán diariamente lo que era una tranquila zona de bosque indígena; pasando además por un costado del Cerro de la Campana, donde se encuentra el lugar más sagrado de la cultura ñhato, el cual “quedará solamente como un atractivo más al lado de la contaminante, ruidosa y nociva autopista”, como denuncian las comunidades en resistencia.
El conflicto es añejo; las comunidades indígenas han enlistado una serie de puntos notables para argumentar su rechazo a la imposición del proyecto, pues además no han sido consultadas ni siquiera en los términos previstos por la ley, motivo por el cual se han sumado a la denuncia múltiples organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, quienes exigen al gobierno mexicano respetar los tratados internacionales.
La contradicción del trato a los indígenas en México
El 23 de septiembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto firmó en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, una serie de compromisos para garantizar el respeto a los pueblos indígenas del país; uno de estos documentos, hace referencia directa a la nación otomí de San Francisco Xochicuautla, donde explícitamente le recuerdan al gobierno mexicano que “es importante reconocer el principio de la autodeterminación de los pueblos“.
Xochicuautla, junto con otras 13 naciones indígenas de América, África y Asia, estuvieron preparando en la sede de las Naciones Unidas la declaratoria conjunta desde mayo del presente año; a través de diversos encuentros internacionales de la materia, se hizo un pronunciamiento para exigir el respeto a las garantías de los pueblos indígenas, lo cual fue signado por Peña Nieto en su reciente y primera visita a la ONU.
“Ningún derecho es más sagrado para una nación, un pueblo, que el derecho a determinar libremente su futuro social, económico, político y cultural sin interferencia externa“; se lee en la Declaración conjunta de Xochicuautla y otras naciones indígenas avalada por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU; no obstante la realidad es que ni siquiera este derecho esencial está siendo respetado en el Estado de México, pues las comunidades siguen denunciando el atropello y los abusos.
El Centro de Estudios de Indígenas del Mundo, respetada organización internacional defensora de derechos humanos con representación en la ONU y el Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC por sus siglas en inglés) emitieron también desde el mes de junio del presente año, una carta dirigida al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, pidiéndole rectificar los permisos para los “proyectos que afectan a las tierras indígenas, territorios y otros recursos, especialmente en relación con el desarrollo, la utilización o explotación de minerales, agua u otros recursos”.
En la carta de la cual poseemos copia, los organismos internacionales le externan a Guerra Abud su indignación; “Se acusa de violación a los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente de todos los seis artículos determinados a proteger los derechos de los Otomís en los alrededores de Lerma, localizados en el centro de los territorios de Otomís. A pesar de su misión de proteger el medio ambiente para garantizar la salud y el bienestar de la población la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no ha impedido el desarrollo de la Carretera Naucalpan Toluca en las marismas sensibles y los valles del territorio Otomí” (…) “El fracaso para garantizar el consentimiento libre, previo e informado del gobierno de San Francisco Xochicuautla y comunidades vecinas es contrario al compromiso expresado por México en la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007, para apoyar y promover la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas“, se indica textualmente en la misiva.
“Instamos a respetar los derechos constitucionales, humanos e indígenas de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, así como a un compromiso del gobierno mexicano a cesar las violaciones de su autonomía, autodeterminación y autogobierno que han sido reconocidas nacionalmente e internacionalmente como inherentes a las naciones indígenas“, agregó también el conjunto de organizaciones internacionales en carta firmada por el Presidente de la Junta y reconocido académico e investigador de los temas indígenas Rudolph Ryser, así como por Andrea Carmen, Directora Ejecutiva del IITC.
El organismo mundial reitera además, que “el gobierno de San Francisco Xochicuautla repetidamente ha hecho esfuerzos genuinos oficiales para comunicar su desaprobación hacia el desarrollo de la autopista a través de y cerca de territorios Otomís. Tales expresiones constituyen una negación del consentimiento del gobierno Mexicano, la SEMARNAT y quienes participan activamente en la imposición de dicho proyecto“, afirmó la organización mundial defensora de los derechos indígenas a carta que aún no tiene respuesta, en la cual también denunciaron el “el uso ilegal de las fuerzas de seguridad del estado para intimidar a los habitantes Otomís que se oponen al proyecto de la carretera“.
Una copia del diagnóstico también fue recibido por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, con sede en Suiza, así como por el embajador de México ante la ONU, Jorge Montaño.
Crimen de estado
A pesar de las denuncias y pactos internacionales, es precisamente el uso de la fuerza policial, lo que nuevamente sale a relucir como recurso para tratar de imponer el proyecto carretero. Desde el pasado viernes 10 de octubre de manera sorpresiva entraron a territorio comunal de San Francisco Xochicuautla cientos de granaderos fuertemente armados; ya lo habían hecho antes en múltiples ocasiones para tratar de manipular asambleas, aunque esta vez lo hicieron por un motivo diferente; para proteger a quienes ellos llaman “los talamontes”; trabajadores de la empresa Autovan SA de CV, quienes han comenzado a destruir zonas comunales, a pesar de no tener ni siquiera los permisos legales para ello.
Deje usted que en el Estado de México no se cumplan los tratados internacionales; cuando respecta a los pueblos originarios, ya ni siquiera las leyes locales se respetan, pues a pesar de que existe una orden judicial que impide el paso de cualquier proyecto privado en zonas comunales de Xochicuautla, y que el tribunal agrario dictaminódejar sin efecto todas las asambleas amañadas con las que intentaron imponer el proyecto, el gobierno de Eruviel Ávila hizo oídos sordos y está mandando a cientos de granaderos durante los días hábiles para realizar por la fuerza el avance de la autopista privada.
El pasado 15 de mayo del presente año, el magistrado Jorge Silva Cano, del tribunal unitario agrario, cumplió la ejecutoria del amparo directo 48/2014, dictado el 2 de mayo, y con el cual se decreta la nulidad de las asambleas irregulares con las que se pretendía legalizar la autopista; además de invalidar el convenio de ocupación previa; es decir que tanto el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (Saascaem) como la empresa constructora, se quedaron sin ningún documento legal que pueda avalar la incursión del proyecto, pues meses atrás ya también se había decretado la inválidez del decreto que intentó penosamente implementar el gobernador mexiquense.
Como si no hubiera problemas de seguridad en el Estado de México, cientos de policías estatales que deberían estar apoyando en la terrible situación de inseguridad de la entidad, en vez de ello están siendo utilizados para imponer un proyecto privado, el cual además del ecocidio que está causando en una región ya de por sí devastada, están violando además múltiples artículos de la legislación vigente.
A pesar de las insistentes consultas realizadas, tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, como el Saascaem, se han negado a presentar bajo que documentación se amparan para violar el territorio comunal indígena de San Francisco Xochicuautla, así como a dar más detalles de las masivas movilizaciones policiales para la realización del crimen; pues además se han masacrado ya decenas de árboles, lo cual es un delito bien definido por el código penal.
Destrucción realizada en zonas comunales. Foto: frentedepueblosindigenas.org
Insólito conflicto que está causando eco internacional
Es de resaltar que este proyecto lleva años avanzando, a pesar de que nunca se ha tenido la autorización de al menos 3 regiones involucradas; por lo que se debería investigar como es posible que ya el gobierno del Estado de México y la empresa dieron desde hace años por un hecho la imposición de un proyecto privado, a través de comunidades indígenas a las que ni siquiera habían consultado; avanzando e invirtiendo millones en otros tramos del trayecto que ya están listos, siendo que otras comunidades que además de que nunca han dado su autorización para el macroproyecto que planea pasar por su territorio, se han externado también decididas a defender su autonomía, alertando de las severas consecuencias que dicho negocio provocaría en sus comunidades y su cultura.
También debería ser sujeto a escrutinio internacional la forma en la cual han cambiado en varias ocasiones de estrategia para imponer el proyecto carretero, pues en algunas incluso han recurrido a prácticas tan aberrantes como el soborno público, tentando con fuertes sumas de dinero a los comuneros para someterse al proyecto, generando también conflictos que han dejado huellas indelebles en las comunidades.
El pasado mes de mayo también se emitió también en el Senado de la Repúbica un punto de acuerdo para solicitar a la Semarnat aclarar la situación legal y ambiental del proyecto carretero, lo cual tampoco ha sido respondido.
Los evidentes atropellos han provocado no solo la reacción de organismos internacionales, sino también decenas de organismos nacionales y comunidades originarias, quienes han externado su rechazo a los atropellos contra las comunidades ñhato del Bosque Otomí-Mexica, motivo por el cual incluso estas comunidades del municipio de Lerma, serán anfitriones en diciembre próximo del EZLN, las comunidades zapatistas, los pueblos originarios del CNI y de representantes de decenas pueblos indígenas de todo el mundo, quienes estarán participando de la inauguración del Festival Mundial de las Resistencias y las rebeldías.
Problema generalizado
Tal parece que mientras el país se encuentra en vilo por la situación de los estudiantes desaparecidos, en el Estado de México se aprovechó para resolver por la fuerza otros conflictos de territorio con los pueblos originarios, pues otra grave situación se presentó en la comunidad originaria de San Francisco Magú, municipio de Nicolás Romero, quien también lleva tiempo luchando contra la imposición de proyectos privados; y quienes en días recientes han recibido múltiples órdenes de aprehensión en contra de los principales líderes; algunos de ellos jóvenes de menos de 21 años de edad, quienes solamente se habían sumado a la exigencia de su comunidad de respetar el territorio.
Lerma, Edomex, 6 de jul.- Desde la noche del sábado 5 de julio del 2014, decenas de pobladores de las 11 comunidades que componen Huitzizilapan, municipio de Lerma, Estado de México, acamparon en las afueras del comisariado ejidal, para impedir la asamblea que pretendían realizar este domingo las autoridades ejidales en contubernio con personal de la Procuraduría Agraria, para sellar la desincorporación de más de 3 mil 300 hectáreas de bosques comunales, solares y edificios, es decir la comunidad completa, para el paso de la polémica autopista Aeropuerto de Toluca – Naucalpan, entre otros proyectos privados.
Para ello la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo de alrededor de 600 granaderos, quienes acudieron en resguardo de los funcionarios y para garantizar la realización de la sesión; los uniformados llegaron al lugar aproxidamente a las 5 de la madrugada a la sede del comisariado de bienes comunales, en el centro de la comunidad de San Lorenzo Huitzizilapan.
Las mujeres y pobladores que se encontraban en ese momento en el lugar, rechazaron la presencia policial e intentaron obstruir el paso al inmueble, y en ese momento comenzó una serie de jalones, golpes y empujones para remover por la fuerza del lugar a los opositores.
Varias mujeres resultaron golpeadas, lo cual provocó gran indignación, por lo que los pobladores hicieron tocar las campanas de la iglesia, lo cual aceleró la llegada de cientos de comuneros para rechazar también la presencia policial y la asamblea que calificaron de “amañada”.
Diversos medios que acudimos al lugar recuperamos el testimonio de señoras que afirmaban que los granaderos incluso las amenazaron que los iban a matar, que ya iban a sacar una pistola, que así habían quedado, todo eso con palabras altisonantes.
Fue entonces que se empezaron a congregar cientos de personas de las diversas comunidades que componen Huitzizilapan, para exigir la cancelación de la asamblea, así como la retirada de los granaderos.
Minutos después llegaron los comisariados de bienes comunales, junto con el personal de la Procuraduría Agraria, fue entonces que se armó la gresca, pues ya eran alrededor de mil 500 personas las que impedían la realización de la asamblea, y quienes lograron encapsular a los funcionarios, para exigirles su retirada, además de obligarlos a firmar un acta para dar fe de las agresiones contra las mujeres de la comunidad.
Finalmente los funcionarios se vieron obligados a firmar el acta y retirarse del lugar, ante el júbilo y festejo de los pobladores quienes se mostraron determinados a realizar más acciones para impedir el paso del proyecto carretero.
En asamblea abierta realizada después de haber corrido a los funcionarios y granaderos, los ciudadanos refrendaron su autonomía indígena y su derecho a remover a los comisariados comunales, que calificaron de corruptos, por pretender sacar por la fuerza el acta que les permita desincorporar las hectáreas de bosque faltantes para la millonaria concesión de Autovan SA de CV.
Con pancartas y mensajes de rechazo al proyecto carretero, los habitantes refrendaron también la realización de una protesta en los próximos días, en la sede del palacio municipal, para exigir respeto a la comunidad, reconocida como indígena a nivel estatal, nacional e internacional.
Los originarios refrendaron el orgullo de su cultura Ñhato (Otomí del Alto Lerma), y reiteraron que harán valer sus derechos, rechazando tajantemente tanto el proyecto carretero, como los ‘apoyos’ que ofreció a cambio la administración del edil Erick Sevilla.
También acusaron al regidor Saúl García González, de ser quien ha estado operando al interior de la comunidad, para corromper comuneros y tratar de afianzar el paso de una autopista que no han podido concretar desde hace más de siete años.
Buscamos la opinión de algún comandante del operativo, quienes se negaron a contestar cualquier pregunta, remitiendo unicamente a comunicación social de la SSC, quienes también negaron tener aún información al respecto.
Lo que sucedió este domingo, no ha sido espontáneo, en semanas anteriores, se han realizado diversas asambleas y encuentros entre comuneros de las diversas localidades de Huitzizilapan, en al menos 9 de ellas se ha acordado de manera unánime el rechazo al proyecto de desincorporación de sus tierras para el proyecto de autopista, lo cual ha unido a las diferentes localidades, para seguir haciendo acciones en su conjunto para el rechazo de dicho proyecto.
Hace unos días, los mismos pobladores se impusieron para que no se concretara tampoco un permiso de aprovechamiento forestal (tala de bosques), autorizado al interior de la misma comunidad, quien insiste en que se están secando los últimos manantiales y veneros de la zona, además de la grave afectación a los múltiples lugares sagrados para su cosmovisión. La comunidad denunció también otros proyectos que pretenden acabar con el bosque, como el residencial de lujo Reserva Santa Fe.
Video de como granaderos quitan por la fuerza a quienes estaban temprano en el lugar:
Video de como obliga más tarde el pueblo a los funcionarios y granaderos a retirarse:
Toluca, Estado de México a 1 de jul.- Un camión que viajaba en la carretera Xochicuautla La Capilla, en el municipio de Lerma, Estado de México cayó a un barranco provocando la muerte de tres personas y siete lesionados, uno de ellos de gravedad.
Al respecto, a través de su cuenta de twitter, la Cruz Roja Edomex, informó que unidades de Lerma, Metepec y Toluca se localizaban auxiliando a los heridos por el accidente en la Carretera Xochicuautla La Capilla.
Asimismo, indicó:
Aumenta a 3 el número de personas muertas por #accidente caída de autobús a un barranco en carretera Xochicuautla La Capilla #Lerma
Ciudad de México, 5 de jun.- Este jueves se cumple una jornada más en conmemoración del Día del medio ambiente, el cual fue instaurado por la ONU con la intención de concientizar a la gente de la importancia de proteger nuestros recursos naturales.
Sin embargo las cifras denotan una realidad complicada para nuestro país, más allá de los ilusorios discursos, de norte a sur de México se registran síntomas de un grave deterioro ambiental.
La organización ecologista GreenPeace, cuestionó el verdadero compromiso del gobierno federal en materia de protección ambiental, especialmente con las reformas estructurales adoptadas, las cuales estarían amenazando severamente la estabilidad de múltiples regiones, al permitir el uso de procedimientos altamente contaminantes como el fracking, prohibido en Europa y gran parte del mundo.
Uno de los desafíos más grandes es el de la contaminación según cifras de la OCDE publicadas la semana pasada, en 2010 se incrementó casi un 20% la mortalidad a causa de la contaminación ambiental en México, alcanzando la cifra de 21 mil 594 decesos por año.
Al respecto, Monterrey, Toluca y la Ciudad de México, son las que presentan los peores índices de calidad del aire, según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esto es algo bastante grave también a nivel mundial, de continuar la tendencia contaminación ambiental podría convertirse en la primer causa de muerte en el mundo, antes de 2050, como reconoció la directora general de Gestión de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Ana Patricia Martínez Bolívar, quien citó datos de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico.
Uno de los principales culpables, señalan expertos de la UNAM, es el transporte público, pues las emisiones diesel tienen un fuerte impacto en el medio ambiente.
También hay varios temas pendientes que siguen sin solución, tal es el caso de la comunidad de Temascalapa, Estado de México, que sigue siendo forzada a vivir a expensas de un cementerio nuclear que sigue causando cáncer, malformaciones y muerte, sin que hasta el momento se ofrezca una solución.
Y no es el único basurero que está causando problemas, también algunos otros como el de Cuitláhuac en el estado de Veracruz, han desatado campañas entre los ambientalistas, para exigir el cierre del proyecto, que consideran foco de infección.
Al respecto de la basura, el jefe de gobierno capitalino, anunció que la Ciudad de México, se convertirá en una de las ciudades que comience a implementar una política de ‘Basura Cero’, una estrategia adoptada por varias urbes en Europa y Australia que plantea reutilizar o reciclar el 100% de los residuos, lo cual implica un desafío mayúsculo.
También presentó este jueves el Programa y Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020, mediante el cual se plantea reducir cerca de 10 millones de toneladas de bióxido de carbono, dos veces más que la meta alcanzada en el sexenio pasado.
Otro desafío importante es la cuestión del abasto del agua, científicos advierten que en algunas décadas, podría enfrentar el país una grave situación de desabasto.
Aún así siguen desarrollándose proyectos que atentan contra la sustentabilidad de los mantos acuíferos, como denunciaron indígenas del Estado de México, que se pronunciaron en el senado en contra de la autopista Toluca-Naucalpan, rechazo al que se sumaron senadores como Alejandro Encinas.
También en la cámara alta se pronunciaron en contra de la amenaza de ecocidio en Holbox, Quintana Roo; la senadora Luz María Beristain Navarrete exhortó a la Semarnat a tomar cartas en el asunto y cumplir con las normas y reglas ambientales.
Ciudad de México, 31 de may.- Este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un nuevo decreto expropiatorio por el “bien de la nación”; lo extraño del caso es que a la nación nunca se le informó del nuevo beneficio.
No se realizó un magno evento para anunciar la innovadora expropiación, ni siquiera se dio una conferencia de prensa o se emitió comunicado alguno.
De hecho hasta las primeras horas de este sábado, no hay ni un solo medio a nivel nacional, que haya mencionado palabra alguna del decreto expropiatorio, el cual se publicó de manera discreta sin haber consultado ni siquiera a las comunidades implicadas.
En consulta realizada por este equipo, al menos 5 habitantes registrados como comuneros en el predio de San Lorenzo Huitzizilapan; negaron tener conocimiento, o haber sido informados del proceso expropiatorio, por lo que proximamente emitirán una declaratoria conjunta para exponer su posición.
San Lorenzo Huitzizilapan, es la comunidad del municipio de Lerma, Estado de México, a donde se expropiaron “6-93-34.93 hectáreas, SEIS HECTÁREAS, NOVENTA Y TRES ÁREAS, OCHENTA Y SIETE CENTIÁREAS”; cabe señalar que en pleno 2014 el decreto expropiatorio ni siquiera indica las coordenadas que definan el perímetro a expropiar.
Lo que sí se indica es el motivo, obtener de una vez por todas los medios legales para imponer la polémica autopista Aeropuerto de Toluca-Naucalpan; la cual lleva años detenida por la resistencia de diversas comunidades indígenas y rurales que rechazan el proyecto.
Sin embargo lo que sale a relucir también es la contradicción que se presenta, pues aunque el artículo primero establece que “Se expropia por causa de utilidad pública”, en otro apartado se aclara que” la expropiación es en beneficio del organismo público descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México” (SAASCAEM).
Lo que no se detalla en el decreto, pero es bien conocido, es el hecho de que SAASCAEM está representada legalmente por Leobardo Rodríguez Jalili, quien ha sido evidenciado en materiales audiovisuales, tratando de corromper y posteriormente ordenando llevarse presos a los indígenas opositores al proyecto carretero.
En el video anterior, se muestra la forma en que 15 otomíes de la comunidad originaria de San Francisco Xochicuautla fueron llevados presos hace más de un año, por instrucciones del representante del SAASCAEM y posteriormente liberados días más tarde con la condición de no oponerse al proyecto carretero, según consta en expediente del que poseemos copia.
Tampoco se detalla en el decreto que la SAASCAEM a su vez ya tiene pactado el proyecto en forma total para una sola empresa, Autopistas de Vanguardia SA de CV, propiedad del afamado empresario Armando Hinojosa Cantú, para que construya, administre, y de mantenimiento al proyecto carretero por al menos 20 años.
Lo que si se indica en el documento, es que se estarán pagando $6’705,143.00 (SEIS MILLONES, SETECIENTOS CINCO MIL, CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), por concepto de indemnización de daños para los comuneros afectados, aunque no se especifica a cuantos ni en que proporciones.
Cabe recordar que es al menos la cuarta estrategia distinta ejecutada entre la empresa en coordinación con instancias gubernamentales, para tratar de obtener por fin los permisos para construir la autopista, la cual lleva más de 7 años detenida debido a múltiples amparos y movilizaciones sociales y legales de las comunidades afectadas que mantenían congelado el proyecto.
El mandatario Enrique Peña Nieto, quien firma el decreto expropiatorio publicado este jueves, era gobernador del Estado de México cuando empezó a construirse la autopista, que de hecho fue promesa de su campaña; primero intentaron ofrecer beneficios a las comunidades como paradores turísticos entre otros, pero fue rechazado por la mayoría; posteriormente intentaron dar una fuerte suma de dinero a los pobladores para convencerlos, y en al menos tres localidades fracasaron, en una acción que de hecho fue ilegal y carente de toda ética empresarial y política.
El tercer intento fue un defectuoso decreto expropiatorio estatal, que era improcedente a todas luces y que recien ha sido congelado por los tribunales tras un largo juicio de las comunidades afectadas como Ayotuzco en Huixquilican, así como Xochicuautla y Huitzizilapan en el municipio de Lerma.
Ahora ha surgido una nueva estrategia, la expropiación federal discreta, la cual aún tendrá que enfrentarse a una campaña de resistencia de las comunidades y organizaciones sociales quienes han declarado la guerra al proyecto de autopista Toluca Naucalpan.
El gobierno estatal ha manifestado que la autopista traerá importantes beneficios para el traslado entre ambas ciudades, sin embargo diversas organizaciones sociales están llevando a cabo campañas para alertar de los daños ambientales, culturales y sociales que el proyecto en cuestión está generando.
Nota al pie. La Fotografía de esta nota fue tomada por David Ruiz García, joven de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, quien falleció tras un accidente en una visita a las comunidades zapatistas, quienes externaron el pésame y la solidaridad con la comunidad.
Noticia en desarrollo
David Galeano
Huellas de México
