En 2012, último año de Felipe Calderón en la Presidencia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) permitió –sin existir denuncia de por medio– que una dependencia de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) no le entregara los servicios contratados por un valor de 350 millones 478 mil pesos.
El organismo rector de la política cultural de la administración federal firmó 12 convenios, contratos y adendas (documento con datos adicionales que se pueden agregar a la factura electrónica; no está regulado por Hacienda y únicamente es requerido por el cliente a facturar) con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict) de la UAEM, por 422 millones 965 mil pesos, por el concepto de “digitalización del acervo de la Biblioteca México y adquisición de libros”.
La entonces titular del Conaculta, Consuelo Sáizar, se dio tiempo en conferencia de prensa de anunciar tan ambicioso proyecto. No obstante, en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que los convenios firmados entre el organismo cultural y la universidad mexiquense resultaron en una “maquinaria de opacidad y ausencia de revisión” del destino del presupuesto público.
A mediados de aquel año, el Conaculta empezó un proceso de contratación de servicios con dicha casa de estudios por medio del Fondict. Suscribió siete adendas por un monto de 422 millones 965 mil pesos, “de las cuales se comprobó que para cumplir los objetivos plasmados en cada una de ellas, dicho fondo subcontrató ciento por ciento de los servicios que prestaría al consejo, y 95 por ciento del dinero lo ocupó con un solo proveedor, sin que se acreditara fehacientemente la entrega de los servicios al organismo cultural, por 350 millones 478 mil pesos”.
El Fondict es una dependencia de la UAEM cuyo origen data de 1982. Se creó con un patrimonio de 50 mil pesos, con el propósito de financiar planes y programas de investigación científica y tecnológica, así como de extensión universitaria y difusión de la cultura. Sus objetivos son tan ambiciosos como el de impulsar la participación social, pública y privada, o promover empresas y sistemas productivos de comercialización.
Ahora, en un año –2012–, firmó con seis dependencias contratos de servicios por un monto de mil 139 millones 989 mil pesos. Sólo con el Conaculta hizo acuerdos por casi 423 millones.
Entre los argumentos expuestos por el el organismo federal para acercarse al Fondict resalta la afirmación de que “es la única entidad en México para comercializar las bases de datos y publicaciones en línea, relacionadas con el proyecto: recursos digitales para bibliotecas públicas de la Dirección General de Bibliotecas. Incluso sería la única instancia capaz de realizar contratos de compraventa para el proyecto”.
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Consuelo Sáizar, quien fue titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el gobierno del panista Felipe Calderón, durante la presentación de un libro inédito de Octavio Paz en el Centro Cultural Bella Época, en 2008Foto José Antonio López
Tales argumentos son calificados por la ASF como “incongruentes”, toda vez que el Fondict no comercializó las bases de datos, sino que las adquirió con la empresa Impactel, SA de CV, que tampoco demostró que cuenta con ellas ni exhibió los pagos para su adquisición a las empresas editoriales.
El enredo para el Conaculta y su entonces titular, Consuelo Sáizar, es que Impactel fue beneficiaria de los casi 423 millones de pesos, mediante el uso de empresas filiales, pues los propietarios de la firma contratada figuran también como dueños de un grupo de operadoras de servicios en el ramo de las bases de datos.
Incluso, refiere el órgano fiscalizador, con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), “a la fecha la empresa Impactel, SA de CV, no ha presentado la declaración anual del ejercicio 2012 del impuesto sobre la renta (ISR), y las declaraciones informativas de tratos con terceros las presentó sin operaciones”.
La triangulación entre empresas privadas, de las que el Conaculta tuvo que haberse enterado por el monto tan elevado de recursos, se revela con la participación en las adendas de la empresa Grupo Exicable de México, SA de CV, que se presentó en la invitación como prestador de servicios para el desarrollo del proyecto ejecutivo, desarrollo de red e instalación y creación de software para monitoreo.
“Cabe resaltar que los socios de la empresa Impactel, SA de CV, son los mismos del proveedor Exicable de México, y actualmente ambos tienen el mismo domicilio fiscal. Adicionalmente, se solicitó información al SAT, el cual manifestó que a la fecha ninguna de estas empresas han presentado la declaración anual del ejercicio 2012”. En el mismo caso se encuentran firmas como Bussines Technologies, SA de CV.
En visita domiciliaria a la UAEM, la Auditoría Superior de la Federación manifestó que no obra en los archivos universitarios evidencia de los trabajos realizados por esta empresa, “por lo que se presume que Bussines Technologies presentó documentación irregular” por un contrato de 7 millones 462 mil pesos que le entregó Conaculta.
A sabiendas de las irregularidades cometidas por empresas que no entregaban servicios, el organismo cultural continuó firmando addendas. Lo hizo con otra firma proveedora llamada Erdos One, SA de CV, la cual no fue localizada en el domicilio fiscal que consigna en las facturas, y también el SAT advierte que no ha hecho su declaración anual del ISR correspondiente a 2012. En el mismo caso se encuentra un nuevo proveedor de nombre Wizone, SA de CV.
Así, la ASF advierte que el Fondict-UAEM no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al caso, subcontrató 100 por ciento de los servicios, contraviniendo el monto de 49 por ciento, como mandata el artículo cuarto de la Ley de Adquisición, no obstante que había manifestado que contaba con la capacidad técnica, material y humana para realizar el objeto de los contratos.
Fuente: La Jornada
