Pese que la cantidad de denuncias por tortura aumentó en los primeros dos años de esta administración, se redujo el número de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La Procuraduría General de la República (PGR) recibió, en los primeros dos años de esta administración, 3 mil 568 denuncias, en cambio, entre 2006 y 2012 se iniciaron 487 denuncias, informó la PGR vía solicitud de información.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia Militar inició 229 indagatorias por probables actos de tortura, entre enero de 2007 y junio de 2014, y destaca que en el año 2013 recibió la mayor cantidad de denuncias, con 56, de acuerdo con la información obtenida por transparencia.

En cuanto a la CNDH emitió 120 recomendaciones al Ejército, entre el año 2007 y 2016; un total de 113 corresponden a la administración anterior y siete a la actual; estas fueron elaboradas al comprobar que los soldados cometieron delitos de tortura, homicidio, golpes, detención injustificada, cateo sin orden judicial, privación ilegal de la libertad y abuso sexual, entre otros. Todas las Recomendaciones fueron aceptadas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Juan Méndez relator de la ONU y Amnistía Internacional (AI) advirtieron el año pasado que la tortura en México es generalizada y que ha alcanzado niveles catastróficos por recurrentes casos de asfixia, violaciones, abuso sexual, choques eléctricos y golpes en contra de personas detenidas.

El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, ofreció disculpas por los actos de tortura infringidos sobre Elvira Santibáñez Margarito en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, y denunciados a través de un video en redes sociales.

“La observancia por los derechos humanos deber reflejarse en el actuar cotidiano. No aceptamos ni aceptaremos prácticas de tortura, no más; no hay fin que justifique esa medida”, afirmó Sales Heredia desde San Luis Potosí,donde encabezó un evento.

En su mensaje, el comisionado afirmó que el Gobierno será implacable al momento de levantar las sanciones por estas conductas que vulneran los Derechos Humanos y explicó que no se debe enfrentar a quienes violan la Ley, violando la Ley.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la Inauguración del Programa Nacional de Capacitación de Derechos Humanos, donde frente a varios elementos de la Policía, les pidió apegarse a los Derechos, así como un respeto a la institución y al uniforme que portan, ya que ellos también son garantes de la seguridad de derechos y de una buena impartición de justicia.

Por otra parte, la Policía Federal (PF) suspendió a tres elementos luego que se reveló la grabación donde se observa a una miembro de la corporación ejercer tortura sobre la mujer, presunta integrante del grupo criminal La Familia Michoacana.

Cabe recordar que Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, externó una disculpa a toda la sociedad agraviada por el caso de tortura que se reportó en febrero del 2015.

El Ejército de México, envuelto en un escándalo a raíz de la reciente divulgación de un video en el que dos soldados y una policía federal torturan a una mujer, pidió disculpas públicas este sábado por este incidente “inadmisible”.

“En nombre de todos los que integramos esta gran institución nacional ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento”, dijo el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, en el Campo Militar Uno ante más de 26 mil soldados.

En el video, que se hizo viral a partir del miércoles en las redes sociales, aparece una mujer descalza echada en el piso, que llora y grita mientras una soldado apunta un arma sobre su cabeza.

Después una agente de la Policía Federal le esposa las manos y comienza a asfixiarla con una bolsa de plástico en dos ocasiones, mientras la militar le hace preguntas y la amenaza con otras formas de tortura.

Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, estado clave en el cultivo y tráfico de amapola y marihuana.

Ante esta situación, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) dijo esta semana haber tenido conocimiento de lo sucedido el 10 de diciembre 2015 y dijo que un capitán y una policía militar fueron arrestados en instalaciones castrenses “como presuntos responsables del delito de desobediencia”.

“Es necesario expresar públicamente nuestra indignación por los hechos lamentables que sucedieron hace casi 14 meses (…) en el que se aprecia que malos integrantes de nuestra institución empañan la actuación honorable de miles de mujeres y hombres en uniforme militar”, dijo el titular de la Sedena.

Seis años después de su detención, Orlando Santaolaya Villarreal, Ramiro López Vásquez, y Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez podrían abandonar la cárcel si el gobierno mexicano acata las recomendaciones que le hizo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) para que deje en libertad a los cuatro jóvenes torturados por militares en Baja California, en 2009.

En un plazo de 90 días, el gobierno de Enrique Peña Nieto deberá informar al Comité las medidas adoptadas para atender los señalamientos de esa resolución. De no hacerlo así, incumpliría con una obligación adquirida al firmar tratados internacionales.

El 16 de junio de 2009, sin orden de aprehensión o presentación, los hermanos Ramírez Martínez y Orlando Santaolaya Villarreal fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el conjunto habitacional Oceana, de Playas de Rosarito.

Los militares torturaron a las víctimas con golpes, descargas eléctricas en genitales y asfixiándolos con bolsas de plástico.
Ese mismo día, Ramiro López Vásquez fue detenido en las inmediaciones del primer puente peatonal en la carretera libre de Tijuana Rosarito mientras descansaba de su jornada laboral y hablaba con su esposa por teléfono celular.

A bordo de vehículos no oficiales, los cuatro jóvenes fueron llevados a dos casas particulares, donde los militares continuaron torturándolos física y psicológicamente, y los amenazaron con matarlos si no se declaraban culpables de un secuestro.

Todos fueron llevados a la Segunda Zona Militar, en el denominado “Cuartel Morelos’, donde fueron presentados ante medios de comunicación como una banda de secuestradores, y les colocaron armas para fotografiarlos. Se les acusó de varios delitos federales.

Según las víctimas, un día después de su detención fueron obligados a firmar sus declaraciones ante la autoridad ministerial mediante tortura y con los ojos vendados.

Los cuatro jóvenes permanecieron amarrados de pies y manos y sin ingerir alimentos en instalaciones de la Segunda Zona Militar. Después fueron trasladados al 28 Batallón de Infantería de la Sedena, denominado “Aguaje de la Tuna”, donde permanecieron bajo arraigo y fue hasta entonces cuando pudieron ver a sus familiares.

El 31 de julio de 2009 fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro, en Tepic, Nayarit, donde permanecen en espera de sentencia.

El 15 de marzo de 2012, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Organización Mundial contra la Tortura, que llevan la defensa de las víctimas, presentaron una comunicación del caso ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que es la primera que se presenta en contra de México.

Nancy López, directora de Defensa de la CMDPDH, aseguró en entrevista que el CAT resolvió que los jóvenes torturados sean liberados y que se investigue a los responsables de la tortura.

“Se resuelve que se cometió tortura contra los cuatro detenidos, que se utilizó arbitrariamente el arraigo, retoma este tema, retoma la falta de acceso a la justicia para las víctimas, la falta de reparación, la obtención de prueba ilícita”, señaló López.

La integrante de la CMDPDH informó que en este caso hay una controversia por parte del Estado mexicano sobre la detención, pero no sobre los actos de tortura, por lo que México aceptó que se cometió esa práctica en contra de los civiles.

“Es el primer caso que llega ante órganos de tratados de Naciones Unidas, es el primer caso para México que se resuelve en estos comités y es el primero sobre el tema de tortura, es una resolución histórica en el sentido de que un nuevo organismo internacional da cuenta de la comisión de actos de tortura y de estas violaciones graves”, dijo.

El Comité instó al Estado mexicano a iniciar una investigación exhaustiva sobre los hechos de tortura, que procese, juzgue y castigue con penas adecuadas a las personas responsables de esas violaciones, que determine la inmediata puesta en libertad de las víctimas y les dé una plena reparación con indemnización.

“El Comité toma nota de las alegaciones de los autores de que, durante su detención y arraigo, fueron golpeados repetidamente con armas, les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, recibieron descargas eléctricas, les arrancaron uñas de los pies y fueron amenazados de muerte”, indica el CAT.

Añade: “Los autores sostiene que dichos tratos fueron infligidos por agentes militares con el fin de obligarles a confesar un delito. El Comité observa que, si bien el Estado parte ha ofrecido una distinta versión sobre el contexto de la detención, no ha cuestionado los tratos invitados por los autores. El Comité considera que los hechos relatados constituyen actos de tortura bajo el artículo 1 de la Convención (contra la Tortura)”.

Apro

Ciudad de México, 6 de oct.- Dos activistas pertenecientes a organizaciones defensoras de derechos humanos, fueron detenidos el pasado 2 de octubre mientras caminaban por la ciudad de Oaxaca, denunció la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca, quienes exigieron realizar una investigación acerca de lo que calificaron como una detención arbitraria.

Se trata de Rocío Celeste Martínez Gregorio y Fide Desiderio Martínez, egresados del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), quienes realizan trabajo comunitario con grupos indígenas y de derechos humanos.

La red de activistas denunció que muchas de las 52 detenciones realizadas por la policía de Oaxaca, en el marco de la marcha del 2 de octubre, se realizaron de forma arbitraria y sin motivo alguno, por lo que lanzó un exhorto para dar una explicación precisa acerca de los excesos de la SSP.

Mientras tanto en la capital del país comenzaron el día de ayer los foros para debatir la polémica Ley sobre tortura, la cual aplicaría también para las fuerzas del orden, quienes recurrentemente participan de este tipo de prácticas.

En el encuentro coordinado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, y el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, participaron autoridades de Segob, PGR, SCJN, CNDH y el Senado de la República, quienes comenzaron a debatir el tema, con miras a afinar una ley en los próximos meses.

Redacción. Huellas.mx

Ciudad de México a 30 de agosto.- Distintos abusos en contra de la población son cometidos por las fuerzas de seguridad mexicana; no obstante, muchas normatividades estatales califican de delitos menores diversos tipos de violaciones.

Tras el asesinato de dos jóvenes tabasqueños presuntamente cometidos por elementos de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso; al respecto, el pasado domingo, en la colonia Las Águilas, en Villahermosa, dos jóvenes fueron asesinados en un ataque de probables miembros de la PF, al ataque sobrevivieron dos personas, quienes, junto con testimonios de los vecinos, aseguran que fueron dos personas quienes bajaron de una camioneta de dicha dependencia federal quienes los atacaron.

A su vez, Yolanda G., una joven de 25 años, originaria de Chihuahua, acusó a militares de abuso sexual; “si le dices a tu familia se van a la cárcel o desaparecen”, amenazan mandos castrenses a Yolanda; en ese sentido, la joven lleva uno año de ir a terapia, luego que “en uno de sus constantes viajes en una de las carreteras de Ciudad Juárez sufriera tocamientos por parte de un militar y después una violación sexual perpetrada por otro”. “Su trabajo como promotora de medicamentos la llevaba a viajar de una ciudad a otra constantemente, pero al adquirir un automóvil comenzó a trasladarse por su cuenta a los puntos más cercanos. Eran las seis de la tarde cuando fue detenida, le pidieron bajar de una manera amable y ella accedió en seguida, revisaron el carro y uno de ellos le dijo que tenía que someterla a una revisión”.

Además, en el poblado El Dorado en Sinaloa, un menor de edad, que después fue calificado como ‘narcomenudista’ por la Marina, sin que pudieran comprobar nada, fue asesinado por los elementos, que le dispararon por la espalda; en ese sentido, Miguel Ángel de 17 años, “iba en su motocicleta, cuando se encontró con marinos que patrullaban en dos unidades oficiales por las calles de la comunidad”; al respecto, los habitantes, narran que las fuerzas de la Armada llevaban días recorriendo el territorio.

Mientras tanto, en México no existe un registro sobre el número de casos de tortura debido a que en los estados “no se cuentan así o porque los califican como delitos menores, por lo que es imposible conocer la gravedad del problema pese a que organismos internacionales lo han calificado como una práctica generalizada en el país”; por lo que, la analista TaniaL.Montalvo considera que: “el Congreso deberá crear y aprobar en menos de 100 días una Ley General contra la Tortura que sea parte de los cambios constitucionales aprobados en junio al artículo 73 que faculta al Legislativo para emitir leyes sobre desaparición forzada, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Redacción. Huellas de México

El único detenido por el caso del multihomicidio en la colonia Narvarte ya cambió su declaración de los hechos en dos puntos clave: cómo fue que lo capturarony bajo qué condiciones lo interrogaron. Pasó de decir que “se golpeó solo” con un coche y fue asesorado legalmente al declarar, a luego narrar que presuntamente fue amenazado, golpeado y no tuvo abogado.

En su testimonio ante el Ministerio Público y luego en el rendido seis días después ante el juez, (ambas declaraciones a las que Animal Político tuvo acceso) Daniel Pacheco Gutiérrez describe dos historias totalmente distintas respecto a lo ocurrido a partir de que la policía llegó a su domicilio la noche del 4 de agosto.

En las dos declaraciones, Pacheco mantie,ne su versión de que él no fue testigo de delito alguno en el departamento donde perdieron la vida Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa, y que el tiempo en el que estuvo con sus dos amigos – supuestamente llamados Omar y Jesús Abraham – no ocurrió ningún hecho de violencia.

Pero en la versión asentada en la averiguación previa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dice que intentó escapar cuando lo quisieron detener y que supuestamente se pegó el mismo con la patrulla. Además sostiene que declaró siempre con apoyo de un abogado y “sin presión física ni moral”.

En cambio, ante el Juzgado 25 Penal, dijo que lo anterior era “falso” y que fue golpeado en repetidas ocasiones por los agentes judiciales e incluso fue amenazado con que algo le pasaría a su familia, además de haber sido interrogado sin apoyo de abogado alguno.

Luego de este segundo testimonio la jueza Hermelinda Silva Meléndez, responsable del proceso, ordenó que se lleven a cabo los peritajes correspondientes para evaluar las lesiones de Pacheco Gutiérrez y establecer si hubo tortura. Hasta ahora no se han dado a conocer los resultados.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también inició un expediente de queja. El organismo confirmó a Animal Político que se activó el Protocolo de Estambul para dictaminar si existió tortura, por lo que un equipo de médicos y psicólogos ya se entrevistó con Pacheco en el reclusorio.

Por otra parte, ayer por la tarde familiares y coadyuvantes del caso se reunieron con autoridades de la PGJDF en la Fiscalía de Homicidios con el objetivo de que se revisaran los peritajes realizados hasta ahora.

Primera declaración

Declaración ministerial ante la PGJDF

Lugar: Fiscalía de Homicidios

Fecha: 5 agosto

Hora: 4:00am

Expediente: FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07

En la declaración rendida ante el Ministerio Público (publicada ayer) Pacheco narra que aproximadamente a las 11:45 de la noche del martes 4 de agosto, se había“bajado a fumar un cigarro” en el estacionamiento de la unidad donde vive ubicada en el número 7659 de Periférico Sur.

“En ese momento llegaron elementos de la Policía de Investigación y que ante su presencia traté de echarme a correr para evitar que me detuvieran pero fui asegurado a los pocos metros (…) les dije que ya sabía que se trataba por la muerte de la colombiana, que me tiraran un paro” se lee en la declaración.

Tras ser detenido, continúa la narrativa, Pacheco fue trasladado a una patrulla donde se golpeó al subir a la misma.

“Por cuanto hace a las lesiones que presento me las ocasioné cuando me estaban subiendo a la unidad ya que no calculé y me golpeé por lo que no es mi deseo querellarme (presentar denuncia) por las mismas” dijo el detenido según la declaración de la Procuraduría.

Cabe recordar que en la foto que la PGJDF difundió públicamente el 5 de agosto, tras anunciar la detención de esta persona, se aprecia el rostro de Pacheco con un golpe en el costado izquierdo del rostro e inflamada la zona cercana a su ojo.

Posteriormente, casi al finalizar su declaración de siete páginas, Pacheco señala (según lo ahí asentado), que rindió todo su testimonio sin ningún tipo de presiones y acompañado de su defensor.

“La presente declaración la rendí sin ninguna presión física ni moral y en presencia siempre de mi abogado particular de nombre Víctor Hugo Ruíz Callejo” dijo Pacheco.

Otro elemento importante es que en esta declaración el detenido dijo que “aceptaba parcialmente” los cargos aunque no dijo que hubiera participado o hubiera sido testigo de algún delito en el departamento de la colonia Narvarte

De acuerdo con la hora en que fue registrada esta declaración – 4:00 am – habían transcurrido cuatro horas desde su detención.

Segunda declaración

Ampliación de declaración preparatoria ante juez

Lugar: Juzgado 25 Penal Reclusorio Oriente

Fecha: 10 agosto

Hora: 10:00 am

Expediente: 129/2015

En su comparecencia en el juzgado, ya ante la rejilla de prácticas del Juzgado 25 Penal en el Reclusorio Oriente, Pacheco dijo que deseaba realizar una “ampliación de su declaración” pues en su testimonio rendido ante la Procuraduría había señalamientos que eran “falsos”.

Explicó que el día de su detención, es decir la noche del martes 5 de agosto, él se encontraba junto con una mujer llamada Daniela Osorio y un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando llegó un hombre que “nunca se identificó” y que le dijo al uniformado que él (Daniel) se veía “sospechoso” y que si todo se encontraba bien.

Posteriormente, Pacheco agrega que el civil desconocido le dijo que su vehículo tipo Ford Fiesta tenía reporte de robo. El detenido negó lo anterior, agregó que el vehículo era de su papa y tomó el teléfono para pedirle a un conocido que le trajera los papeles.

“En ese momento se me acercaron cinco o seis hombres y dos mujeres y comenzaron a golpearme para introducirme a un auto que llegó, me subieron aplicándome la llave china (asfixia en el cuello) y diciéndome que si pensaba que no iban a dar conmigo y que les dijera lo que yo había hecho.

Según Pacheco los golpes continuaron durante un rato mientras le decían que “lo estaban esperando los colombianos” y que era mejor que hablara.

“Me decían con palabras obscenas que no me hiciera pendejo, que ellos ya sabían todo y que si no les decía iban a ir por mi familia para mandarla a chingar, uno de ellos me presionaba más el cuello perdiendo por unos segundos el conocimiento y reaccioné a base de golpes y en el traslado aún me fueron golpeando” dijo el detenido a la juez.

Pacheco agrega que fue llevado a un sitio sin saber cuál era y que ahí lo amenazaron de nuevo con hacerle daño a su familia. Lo bajaron a un sótano donde varias personas lo interrogaban sobre lo que había sucedido.

Fue en ese sótano donde el detenido narró lo que había ocurrido en la colonia Narvarte el 31 de julio y el supuesto encuentro sexual que sostuvo en el departamento. Los agentes se habrían molestado con esta historia y le exigieron que ya aceptara que él había cometido el crimen. Todo lo anterior ocurrió, según Pacheco, sin que estuviera presente un abogado.

“Nunca tuve un Licenciado que me asesorara que me dijera lo que estaba ocurriendo, después de varias horas que estuve yo ahí me regresaron al mismo cuarto donde llegué y diciéndome que les dijera la verdad lo cual les dije que ya lo había hecho” dijo el detenido.

En esta declaración Pacheco señala que a las diez de la mañana fue subido a una camioneta y lo llevaron donde trabajaba para que reconociera a “sus cómplices” en el homicidio. Estuvieron dos horas en ese vehículo donde de nuevo fue amenazado.

Al regresar al edificio, que Pacheco ya pudo reconocer como la “agencia de Homicidios”, dijo que le preguntaron si aceptaba los cargos a lo que él respondió que no. En este instante ya había “un licenciado” presente pero el cual no intercambio con el mayor palabra. Posteriormente fue el traslado al reclusorio.

Indagan tortura

Tras la ampliación de la declaración de Pacheco, la jueza Hermelinda Silva Meléndez ordenó que se certificaran las lesiones que presentaba la persona detenida, según consta en el expediente judicial.

Por su parte la CDHDF informó a Animal Político que se abrió de oficio un expediente de queja  y se inició el llamado Protocolo de Estambul que contempla una serie de análisis psicológicos y físicos para determinar si una persona padece los efectos o secuelas de haber sido sometido a algún tipo de maltratos.

Para ello hace unos días un equipo médico de la comisión acudió al penal a entrevistarse con Pacheco Gutiérrez y realizar tanto una entrevista como los exámenes correspondientes. Los resultados se continúan valorando y hasta ahora no hay todavía una determinación.

*Segunda declaración rendida ante el Juzgado 25 Penal publicada por Animal Político:

La Habana, Cuba, 22 de jul.- Los planes del presidente estadounidense, Barack Obama, para cerrar la cárcel en la base naval de Guantánamo, en el este de Cuba, están hoy en una encrucijada y según expertos a punto de colapsar.(PLRadio)

Desde 2002 Estados Unidos mantiene un centro de internamiento en esa instalación militar, ubicada en territorio cubano contra la voluntad del pueblo y Gobierno de la isla caribeña.

Según la principal asesora de Obama para la lucha contra el terrorismo, Lisa O. Monaco, el mandatario mantiene firme su compromiso de clausurar esa penitenciaría, una meta “para la cual trabaja todo el equipo de seguridad nacional, así como los departamentos de Estado, Defensa, Justicia y la comunidad de inteligencia”.

El proceso de aprobación de los traslados de prisioneros es complejo, pues existen reglamentos que restringen la transferencia de los detenidos a prisiones dentro de Estados Unidos, y para ello el jefe del Pentágono debe notificar al Congreso 30 días antes de cualquier decisión y confirmar que no existen riesgos significativos.

Pero la vieja aspiración de Obama lo continúa acosando, en contraste con la buena racha que tiene últimamente, con el aval de la Corte Suprema a su programa de salud (Obamacare) y el logro del acuerdo nuclear con Irán, señala hoy un artículo del diario The New York Times.

El texto, firmado por el periodista Charlie Savage, agrega que las dilaciones del secretario de Defensa, Ashton Carter, para transferir los detenidos a otros países, genera una creciente preocupación en la Casa Blanca y el Departamento de Estado, según aseguran funcionarios gubernamentales.

La semana pasada, la asesora de seguridad nacional de Obama, Susan Rice, sostuvo una reunión con miembros del gabinete para analizar la forma de cerrar la prisión en Guantánamo antes de que el gobernante abandone su cargo en enero de 2017, pero según Savage la reunión concluyó sin resultados concretos.

Actualmente hay 116 detenidos en la cárcel, 52 de los cuales están propuestos para ser trasladados si se cumplen los requisitos de seguridad establecidos, la mayoría de ellos de Yemen y debido a la situación de inestabilidad que existe en ese país árabe, la Casa Blanca prefiere enviarlos a otras naciones, en lugar de repatriarlos.

De acuerdo con Lee S. Wolosky, enviado especial del Departamento de Estado para el cierre de la prisión, el Gobierno estadounidense mantiene conversaciones con numerosos países para que acojan a un número significativo de estos individuos, un proceso que pudiera concretarse en las próximas semanas.

Desde que asumió su primer mandato en enero de 2009, Obama prometió cerrar la cárcel en la base de Guantánamo pero desde entonces el mandatario enfrenta serios obstáculos en el Congreso, donde el liderazgo republicano realiza ingentes esfuerzos para bloquear estos planes.

Fuente. prensa-latina.cu

Ciudad de México, 29 de jun.- Este lunes el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coadyuvante en el caso Ayotzinapa, presentó un nuevo avance de sus investigaciones, denunciando graves violaciones a los derechos humanos, que ponen en tela de juicio “la verdad histórica” de la PGR.

Torturaron a “testigos”

Uno de los elementos de mayor importancia es el hecho que los investigadores descubrieron que hay indicios de tortura en 40 de las diligencias que se realizan para esclarecer el caso Ayotzinapa.

Esto es muy grave, pues entre las personas que fueron torturadas para dar su testimonio, estarían ‘El Pato’, ‘El Chereje’ y ‘El Jonas’; los tres principales y únicos testigos presenciales de la supuesta ejecución y asesinato de los estudiantes, según confirmó el director del Centro ProDH para SinEmbargo.

La CIDH, confirmó que está dando seguimiento a los 40 casos de implicados que denunciaron fueron torturados; no obstante reconocieron que aún no han sido autorizados para entrevistarse con la mayoría.

El Ejército sigue bloqueando la investigación

El GIEI también denunció que a 3 meses de haber solicitado entrevistarse con los militares que estaban en Iguala, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sigue obstaculizando el trabajo de la CIDH, a quienes aún no le autorizan ni siquiera, entrevistarse con los miembros del Batallón 27 del ejército mexicano, presentes aquella noche en Iguala.

Esta misma denuncia fue lanzada hace un par de meses en el anterior reporte, por lo que los expertos internacionales insistieron en la sospechosa actitud del ejército mexicano, que sigue obstaculizando el caso, a pesar de las múltiples sospechas de violaciones a los derechos humanos, y las presiones internacionales para transparentar el caso.

Los expertos, Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, afirmaron que incluso el día de ayer se volvieron a comunicar con el Estado, quien les volvió a dar la misma respuesta: “que aún analizaban la solicitud”.

“En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”, señalaron.

Es de destacar la extraordinaria lentitud de la Sedena para analizar esta petición, lo que aumenta aún más la especulación en torno a la participación de las fuerzas del estado, postrándose complacientes también ante los señalamientos que afirman que la desaparición de estudiantes se perpetró por un comando de policías vestidos de negro, quienes se llevaron a los estudiantes frente a los ojos de los militares, como documentó Proceso en su edición de la semana pasada.

Se cae la versión de la PGR

En este cuarto informe, el GIEI señaló que se realizaron pesquisas y peritajes en diversos puntos de Iguala y Cocula, llegando a varias conclusiones que contradicen la “verdad histórica”, por lo que insistieron en la necesidad de iniciar otras líneas de investigación.

El comité del CIDH, concluyó que contrario a lo que se afirma en la versión oficial, los jóvenes de Ayotzinapa no tenían planeado acudir al centro de Iguala, mucho menos sabotear el evento de la presidenta del DIF, por lo que su presencia en el lugar fue un hecho fortuito, derivado del boteo y búsqueda de recursos que los jóvenes realizaban para buscar acudir a las protestas del 2 de octubre en la Ciudad de México.

Asimismo los expertos denunciaron que de todas las diligencias que solicitaron, sólo les fue autorizado un 30% de los casos, por lo que continúan sin conocer el testimonio de muchas personas que están siendo vinculadas con el caso.

El GIEI también criticó severamente la dispersión del caso, el cual en lugar de llevarse en una sola investigación, se encuentra dividida en varios procesos repartidos a lo largo de 5 entidades diferentes de la república, lo que complica también las investigaciones. Al respecto los especialistas señalaron que se espera proximamente una reunión con la procuradora general, para valorar la tipificación de los delitos, y buscar acumular los 15 procesos que se mantienen abiertos del caso.

La representantes de la CIDH manifestaron también que proximamente estarán analizando el proyecto de ley gubernamental para una nueva legislación en México acerca de las políticas generales sobre desaparición de personas.

La CIDH también exigió tratamiento médico y una nueva valoración para el estudiante Aldo Gutiérrez, quien continúa en coma tras el ataque de aquel 26 de septiembre.

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

Ciudad de México a 12 de junio.- En lo que pareciera una ironía, mientras México se dice preocupado por la vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos en el Estado de Venezuela, en el país las cifras y las observaciones de los expertos internacionales en esa materia han alertado sobre “una de las peores crisis en derechos humanos en los últimos años”.

El ex presidente español, Felipe González, señaló que: “Frente a una dictadura, uno sabe a qué atenerse, pero no frente a una democracia traicionada. Venezuela es el reino de la arbitrariedad y el presidente Maduro lleva al país hacia la destrucción”, afirmó en su primera comparecencia, en Madrid, para informar de su visita a Caracas, que tuvo como propósito el asesoramiento en la defensa de los dos líderes opositores encarcelados, Leopoldo López y Antonio Ledezma. El primero está en prisión y en huelga de hambre; el segundo, en arresto domiciliario.

Por su parte, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, también se pronunció a favor del respeto de los derechos humanos en Venezuela; Peña señaló tener una relación “muy institucional” aunque “bastante cordial” con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente mexicano fue entrevistado en Bruselas donde ha participado en la II Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), se refirió también a las gestiones realizadas en Venezuela por el ex presidente del Gobierno español Felipe González.

No obstante, la situación de los derechos humanos en los últimos años en México está en una “grave crisis”, advirtió la abogada Alejandra Ancheita. Cabe destacar que, la especialista, es directora de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y fue convocada a visitar la Universidad de Chicago está semana para hablar sobre la situación de los derechos humanos en México; en ese sentido, la abogada, recibió en octubre 2014 el premio internacional Martin Ennals, considerado como el Nobel de los Derechos Humanos; “Estamos enfrentando una de las peores crisis de violaciones a los derechos humanos en México, principalmente con casos muy graves como desapariciones forzadas, la práctica de tortura se ha vuelto otra vez uno de los elementos que han agravado la crisis de derechos humanos”, indicó Ancheita.

Además, el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, denunció ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la situación de violencia y de violación de los derechos fundamentales en 38 países, entre ellos México y Venezuela. Con respecto a México Zeid realizó un informe desde marzo pasado en el que expresa su preocupación por los vínculos del crimen organizado con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales y centrales del país.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 29 de mayo.- Las instituciones encargas de velar por el respeto de los derechos humanos en el país se comprometieron a utilizar todos los medios disponibles que garanticen una justicia pronta y expedita sin violar las garantías individuales de los ciudadanos.

En aras de construir una nueva cultura en la protección de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se pronunció en favor de usar todas las herramientas comunicativas y tecnológicas; en ese sentido, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó la importancia de aprovechar estas herramientas y medios disponibles, a fin de que el mensaje de respeto a estos derechos y a la pluralidad de ideas que conforman a nuestro país sea transmitido a gran escala.

Por otro lado, en lo que puede calificarse como el primer atentado del narco contra civiles en el país, no se ha impartido justicia contra los responsables; luego del trágico incidente en el que se lanzaron granadas el 15 de septiembre del 2008, en el zócalo de Morelia, Michoacán, dejando como saldo ocho personas muertas y más de 100 heridos, aún no hay castigo para los responsables; al respecto, los sujetos que fueron acusados de cometer el atentado fueron liberados por un juez que absolvió y dejó en libertad a cuatro presuntos integrantes del cártel de Los Zetas ya que el magistrado determinó que los cuatro imputados fueron obligados a confesar con torturas y la Fiscalía fabricó pruebas para inculparlos.

Por su parte, la Procuradora Arely Gómez González, afirmó que el nuevo sistema de justicia penal, con juicios orales, fortalecerá el principio de presunción de inocencia y obligará al Estado a respetar los derechos de los inculpados, sin ninguna discriminación. Lo que consecuentemente transformará las funciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia y la ejecución de las sanciones, agregó Gómez.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México, 28 de may.- Por tortura, violaciones a derechos humanos y fabricación de pruebas, este miércoles un juez federal dictó sentencia absolutoria a favor de cuatro procesados por el atentado ocurrido el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, en los que una granada explotó durante los festejos patrios.

La Procuraduría General de la República (PGR) indicó que interpondrá un recurso de apelación en contra de la resolución del juez.

La noche del 15 de septiembre de 2008, después del grito de independencia, desconocidos lanzaron granadas de fragmentación contra los asistentes al festejo. El hecho dejó un saldo de ocho muertos y más de 100 lesionados, varios de los cuales aún padecen los estragos.

La autoridad jurisdiccional del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de Jalisco, concluyó que la acusación se basó fundamentalmente en la confesión de tres de ellos como autores materiales, que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO).

“En lugar de respetar sus derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura”, dice el comunicado difundido por el Consejo de la Judicatura Federal.

El juez determinó que no se respetaron sus derechos fundamentales, dado que fueron exhibidos ante la opinión pública, e incluso se difundió un video donde son sometidos a una entrevista sin presencia de defensor en la que aceptaron su participación, lo que genera la nulidad de dicha confesión y las pruebas obtenidas de la misma.

Asimismo, se demostró que la firma plasmada en la declaración de uno de ellos no corresponde a su puño y letra, evidenciándose la prefabricación de pruebas en su contra, dice el documento.

Además, la defensa de los acusados presentó una serie de testimonios donde quedó demostrado que los primeros tres implicados se encontraban en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el día de los hechos, sin que se aportara prueba en contrario. Por ello se nulificaron las pruebas de cargo ofrecidas por la Procuraduría General de la República (PGR).

La cuarta persona fue absuelta debido a que las declaraciones vertidas por los testigos protegidos no generaron certeza respecto su participación en el grupo criminal de Los Zetas.

En consecuencia, la autoridad jurisdiccional ordenó la inmediata libertad de las cuatro personas y no revelar sus nombres para respetar los datos personales de los absueltos.

Fuente. CNN

Ciudad de México a 14 de mayo.- La tortura una práctica arraigada en el país y denunciada internacionalmente nuevamente es foco de atención luego de las recientes revelaciones del caso Ayotzinapa.

Mientras que familiares de la activista Nestora Salgado García –quien lleva nueve días en huelga de hambre en un penal en Tepic, Nayarit–, así como parientes de otros policías también presos y acusados de secuestro por su labor en contra de la delincuencia organizada en Guerrero, anunciaron que iniciarán bloqueos carreteros e incluso una movilización hacia la Ciudad de México si no se libera a esta personas recluidas; al respecto, en conferencia de prensa, Cleotilde Salgado y Geovanni Torres, hermana y sobrino de Nestora, informaron que la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero, sigue en ayuno sin que las autoridades hayan considerado la petición de trasladarla a otro penal en la Ciudad de México; por lo que, si antes del próximo 2 de junio no tienen una respuesta, harían un plantón en la capital del país el 3 y 4 de junio, antes de las elecciones del 7 de junio.

Además, la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, es decir la versión oficial respaldada por Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), de los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, respecto a la muerte de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, que concluye fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula, Guerrero, y luego desechados en el Río San Juan, fue obtenida mediante el testimonio de tres presuntos coautores de la masacre mediante prácticas de tortura, reveló Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh), en entrevista con Sinembargo.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 29 de abril.- La titular de la Comisión Unidos contra la Trata, Rosi Orozco, se pronunció respecto al caso de Ana Laura, la joven de 22 años víctima de esclavitud en la colonia Tlalpan; en ese sentido, Orozco indicó: “Pedimos el castigo más severo que puede haber, no puede haber más casos como este en México. Si acabamos con (la esclavitud) y respetamos al ser humano entonces el país va a prosperar”; además,la activista contra la trata reconoció que puede haber más casos como el de Ana. “Yo creo que hay más casos como este, ella pudo escapar, hay muchos que no han podido escapar”, señaló.

Por su parte, Human Rights Watch exhortó a las autoridades mexicanas a intensificar esfuerzos ante las gravísimas violaciones de derechos humanos presentes en el país; además, HRW denunció que el gobierno minimiza las desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales que predominan en México; por lo que, el organismo internacional envió una misiva a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, en la que identificó medidas que debería adoptar para dar cumplimiento a su compromiso en la defensa de los derechos humanos.

Mientras tanto, un tribunal federal de Jalisco canceló las condenas de 10 años de prisión impuestas a 14 sujetos acusados de pertenecer al Cártel del Golfo. Luego de concluir que la Policía de Guanajuato obtuvo sus confesiones mediante torturas, el juez estimo que la PGR no pudo probar que sus confesiones fueran lícitas. En ese sentido, los sujetos fueron liberados, tras cinco años y diez meses de reclusión.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 20 de abril.- Tras la denominada Guerra contra el narcotráfico emprendida por el otrora presidente Felipe Calderón y la implementación de labores de seguridad pública por parte de mandos militares, las cifras de denuncia por tortura se han incrementado exponencialmente; al respecto, luego de una solicitud de información, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que ha recibido 1,177 denuncias contra igual número de militares, acusados de actos de tortura desde el año 2008, a la fecha; no obstante, en el año 2014 repuntaron las denuncias contra los militares registrándose 714 acusaciones; asimismo, la PGR detalló que en 23 casos, accedió a iniciar el Protocolo de Estambul, para determinar el grado de tortura denunciado, sobre todo durante los procedimientos de detención de personas, publicó El Economista.

En el Reglamento de Deberes Militares dice en una parte su artículo 3/o: “… Se abstendrá de emitir cualquier opinión, salvo el caso de hacer aclaraciones respetuosas…”, al respecto, el columnista Elías Flores considera que dicho documento esta desfasado; “ Se les mete a punta de presiones psicológicas que su superior jerárquico aun cuando las evidencias demuestran que está actuando incorrectamente este no se equivoca y en caso de ser así todo lo solucionará emitiendo órdenes en otro sentido, lo cual es válido para unas Fuerzas Armadas ociosas y de ceremonial como mucho tiempo lo fueron las nuestras, no lo es así para un ejército desplegado y operando, donde el error de un elemento insignificante puede ser perjudicial e incluso catastrófico.”, sentenció Flores.

En ese sentido, el caso Tlatlaya es emblemático y expone que: “se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados, que tuvo como consecuencia de que, cuando menos, 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales”, según la resolución emitida por la Cámara de Diputados.

Adicionalmente, la Cámara Baja detalló que, los impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos en el caso Tlatlaya se encuentran en: La alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por elementos de la Sedena; la tortura e intimidación en agravio de las víctimas sobrevivientes presuntamente por funcionarios del gobierno del Estado de México, y las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial, en las que presuntamente incurrieron servidores públicos del gobierno mexiquense, informó El Economista.

Por su parte, el secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur, indicó que, los dos testigos de los hechos ahora son consideradas víctimas y que se les compensará económicamente por los daños; además, advirtió que se investiga a 28 funcionarios por los supuestos abusos cometidos durante el encubrimiento de la matanza perpetrada por soldados en Tlatlaya, Estado de México, en la que murieron doce personas que ya se habían rendido, detalló Animalpolítico.

A su vez, las recientes revelaciones que arrojo una investigación periodística dan cuenta nuevamente del uso excesivo de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales por fuerzas del orden, en este caso en el municipio de Apatzingán, Michoacán, en donde se presume que policías federales asesinaron a civiles desarmados que protestaban en una plaza pública; al respecto, el pasado 6 de enero, policías federales a bordo de decenas de vehículos irrumpieron en el centro de Apatzingán y abrieron fuego contra civiles, causando la muerte de por lo menos 16 personas y varias heridas; sin embargo, Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en la entidad y recientemente nombrado director de la Conade, indicó que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”.

Y es que, parece que el Ejército en las calles ¡Es un peligro!, de esto da cuenta un estudio estadístico realizado por expertos de la Universidad Harvard que demuestra que los municipios con mayor intervención militar, lejos de pacificarse, registran un aumento de asesinatos, informó Proceso.

En ese sentido, el académico Oliver Linton, refiere: “El gobierno gastó 334 mil millones de dólares para mantener la paz en toda la República, monto que representa un 27.7% del PIB, sin embargo México tiene el primer lugar en secuestros a nivel mundial, y hasta enero de 2015 se extraviaron 9 mil 384 personas, 13 personas desaparecen al día, y aún así el pusilánime Peña Nieto explica que los precios bajos del petróleo son los culpables del ya anunciado recorte de 2016, porque su avaricia no tiene limites, es un judas con corbata, que buscará enriquecerse él, costa de hundir al pobre”.

Además, el informe del Índice sobre la paz global y en México, detalla que los casos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las rencillas entre autodefensas en Michoacán y el choque entre fuerzas federales y grupos del narcotráfico han elevado los índices de inseguridad y “continúa en una espiral de violencia”, publicó Revolucióntrespuntocero.

A su vez, el gran cementerio mexicano como lo han llamado medios internacionales, suma alrededor de 40 posibles fosas clandestinas con indicios positivos con la presencia de restos humanos en el norponiente de Guerrero; al respecto, integrantes del comité de familiares de víctimas de desaparición forzada, Los Otros Desaparecidos, ubicaron los cementerios clandestinos con probable presencia de restos humanos en la zona llamada las Antenas, entre las Parotas y el paraje la Joya, custodiados por personal de la Procuraduría General de la República, reveló El Financiero.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 13 de abril.- Luego del el informe del relator de la ONU, Juan Méndez, el gobierno ha negado e intenta matizar el tema de la tortura; no obstante, los organismos pro derechos humanos internacionales y nacionales continúan presentando evidencias de dicha práctica; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos aporta sus propias cifras: más de 4 mil casos en los últimos ocho años; mientras que, el representante de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz, sostiene que la “generalización” de abusos como la tortura va “más allá de los números”, publicó la revista Proceso.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado varias recomendaciones al estado de Veracruz, tras las quejas presentadas por mujeres y sus familiares, quienes recibieron una atención inadecuada o sufrieron violencia obstétrica mientras acudieron a los servicios de salud para atender procedimientos, señaló Araceli González Savedra, integrante del Comité Estatal por una Maternidad Segura.

A su vez, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha logrado excarcelar a 2 mil 773 indígenas de los 8 mil 558 que había desde 2013; no obstante, la titular de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado, afirmó que en cada una de las liberaciones hay una historia de injusticia; en ese sentido, se han localizado casos de personas que: “están en prisión por robar un aguacate o llevar madera!, puntualizó Mayorga Delgado, en una entrevista recopilada por el diario El Universal.

Además, un grupo de personas se manifestó para denunciar los malos tratos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas(CEAV); al respecto, los familiares de víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos se congregaron para protestar por la pésima atención que han recibido de parte de esa instancia, que fue creada justamente para lo contrario, informó el portal de Sinembargo.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México, 8 de abr.- El debate acerca de la generalización de la tortura en México, está trascendiendo ya a escala internacional; ahora no son solo los señalamientos entre el bando del canciller Meade y la relatoría de la ONU, sino que también diversos organismos y funcionarios internacionales, están manifestando su posición, incentivados también por las declaraciones del ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

El titular de la CNDH, manifestó que no se puede permitir que “las recomendaciones hechas por los organismos internacionales queden sin ser atendidas y cumplidas en su totalidad”, como recopila RadioFórmula.

González Pérez afirmó: “Dado que México se inscribió en el concierto internacional de los derechos humanos, ahora debemos asumir y honrar el compromiso y acatar las recomendaciones de organismos como las Naciones Unidas”; aludiendo a la responsabilidad inconclusa del estado mexicano.

Para tratar de no quedar tan mal, el ombudsman posteriormente movió el foco de la atención para centrar esfuerzos en la investigación de las denuncias por tortura en México, El ombudsman señaló que cada caso de tortura, debe ser investigado y sancionado, lo cual se comprometió a realizar en la CNDH.

Las discusiones también han trascendido a niveles internacionales, prueba de ello son las declaraciones de la secretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, quien defendió al gobierno de Peña Nieto, en declaraciones recogidas por NoticierosTelevisa.

La funcionaria afirmó que el gobierno mexicano “ha hecho enormes progresos al dar seguimiento a los informes sobre la situación de Derechos Humanos en el Congreso o presentar medidas para ser implementadas”, tomando un claro partido en el debate.

Aunque algunos otros han favorecido la postura del relator de las Naciones Unidas, Juan Mendez, entre ellos la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quien consideró las expresiones del subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, dirigidas al relator, de “poco profesionales y poco éticas”.

Esto quedó de manifiesto en una misiva abierta, dirigida al presidente de México, firmada por la organización que agrupa a 178 ONG’s defensoras de derechos humanos de 110 países, como detalla Proceso.

En México también se han polarizado las opiniones, algunos como Rubén Cortés de LaRazón, han tachado a Méndez de ser un mentiroso y de tener además otros intereses al realizar este tipo de declaraciones que calificó de poco serias.

El periodista descalificó las investigaciones del relator de la ONU, tachándolas de ridículas “porque encontró 14 casos de los cuales no pudo probar ni uno”, señala.

No obstante con un panorama más amplio de la información, cabría recordar también que durante 2012, fueron más de 2 mil las denuncias presentadas a la CNDH por tortura, como queda asentado en un informe, también de tortura, presentado hace unos meses por Amistía Internacional, y en el cual se presenta la documentación de múltiples y recurrentes casos de tortura en México.

En dicho reporte, llamado #StopTortura, Amnistía Internacional ya califica también el tema de la tortura, como un problema generalizado en México; no obstante en aquellos meses no desató tanta polémica como ahora, a pesar de que también partició el relator de la ONU, Juan Méndez.

Al respecto de Amnistía Internacional, también resulta de gran intriga el hecho de que una empresa de publicidad decidió censurar una campaña de denuncia de la desaparición forzada en México, que le fue contratada, como describió este martes Milenio. Resulta de interés público, los motivos que llevaron a una empresa privada a censurar de tal forma a un organismo internacional de gran prestigio. De igual forma el padre Solalinde, acusó la desaparición de cientos de migrantes al año en territorio mexicano, como otra prueba de la crisis de derechos humanos que persiste en el país.

David Galeano. Huellas de México

Ciudad de México 7 de abril.- La cancillería mexicana reafirmó su desacuerdo con el informe sobre la tortura en México, expedido por el relator especial de la ONU, Juan Méndez; al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, indicó que al igual que México, otros países no han estado de acuerdo con los señalamientos del relator Juan Méndez, como es el caso de Australia, y también otros que no han atendido sus llamados, como Estados Unidos; por su parte, el representante de la ONU, señaló que mantendrá su postura sobre la tortura en México hasta que no le demuestren con claridad que está equivocado, informó Animal Político.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) enfrentan 1,254 juicios por prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, infligidos a civiles detenidos. Cabe destacar que durante los tres sexenios pasados (dos del PAN y el actual del PRI), han provocado un auge de demandas administrativas contra la PGR y en Ejército de acuerdo con documentos estadísticos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), consultados por el diario La Jornada; en ese sentido, entre enero de 2012 y diciembre de 2014, los registros de los informes anuales del TFJFA, refieren que la procuraduría y el Ejército han litigado en ese tribunal al menos mil 254 juicios derivados de reclamaciones administrativas de indemnización presentadas por mexicanos y/o por extranjeros que exigieron pagos millonarios a ambas dependencias, por concepto de reparación de daño moral.

Redacción. Huellas de México

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que hay diferendo con el relator especial de la ONU, Juan Méndez, debido al informe que éste último presentó sobre la situación de tortura en nuestro país. Sin embargo, negó cualquier presión por parte de México, y dijo que el caso está cerrado.

Entrevistado luego de atestiguar el inicio de la impresión de 87 millones de boletas electorales en Talles Gráficos de México, Osorio Chong afirmó que no hubo presión por parte del gobierno mexicano para que el informe del Relator de la ONU fuera matizado.

“Por supuesto que tampoco coincidimos con los comentarios respecto a, en relación a su trabajo, si hubiera presión de parte del Estado Mexicano. De ninguna manera”, comentó.

Reconoció que por el informe de la ONU, sí existe un diferendo por parte de la representación de nuestro país.

“Por supuesto que hay un diferendo importante. No es y no coincidimos de ninguna manera con lo que fueron sus conclusiones”, afirmó Osorio Chong.

Sin embargo, el titular de la Segob dio por terminado el conflicto: “Ha quedado concluido, ya lo dijo el Secretario, vamos para adelante, y por supuesto vamos a seguir trabajando con las instancias internacionales en todas las materias”, aseguró.

Fuente. ElEconomista.com.mx

Ciudad de México a 6 de abril.- La confrontación entre el canciller José Antonio Meade y el relator especial de la ONU, Juan Méndez, autor del informe sobre la tortura “generalizada” en México, entraña una preocupación central del gobierno que radica en el calendario diplomático ya que el 20 de abril sesionará el Comité contra la Tortura de la ONU, mientras que el 4 de mayo arranca la sesión de la Comisión de Derechos Humanos para el examen periódico de las naciones en esa materia; no obstante, en ninguna de las dos reuniones, México será analizado ni comparecerá, pero la Cancillería lo que “menos quieren es llegar a esas citas cargando el sambenito de que el regreso del PRI a la Presidencia significó el reimplantamiento de la tortura como práctica cotidiana”; por lo que, se insistió, si bien ya no corregir el informe, al menos sembrar la duda del descrédito sobre su autor, detalla la columna Templo Mayor de Reforma.

Por su parte, la Cancillería mexicana reconoció, que en el país la tortura aún no está erradicada, aunque tampoco está extendida como aseguró el funcionario de la ONU; en ese sentido, “Se reconoce que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada. Esta forma parte de los retos que el Estado asume y enfrenta a diario para una pronta solución”, apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sin embargo, actualmente no existe un registro nacional de casos de tortura; por lo que, cada entidad tiene datos propios; sin embargo, de acuerdo con el reporte de la ONU, muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad; al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó de 11 mil 608 quejas por tortura y malos tratos entre 2006 y abril de 2014.

Cabe señalar que el mismo informe en que Méndez consideró que la tortura era una práctica generalizada en México, expuso que la política en alta mar de Australia y los cambios en su legislación de asilo político ponen en peligro la condición de los inmigrantes; al respecto, también el ministro de Australia Tony Abbott negó los señalamientos que el representante de la ONU realizó sobre su política migratoria.

Redacción. Huellas de México