Por José Santos Navarro

El 30 de junio de 2014, el entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, interrumpió su discurso para informar en una gira de trabajo, que felicitaba al Ejército mexicano, cuyos elementos se habían enfrentado a unos secuestradores y que, habían rescatado a la víctima: una mujer.

Pero, esa mujer, Clara Gómez González no era víctima del presunto plagio, sino testigo de cómo los soldados “ejecutaron” a 22 personas, entre ellas a su hija, en una bodega vacía en San Pedro Limón, Tlatlaya, cuando las 22 víctimas estaban ya sometidas. Cuatro años después, Eruviel Ávila Villegas será diputado plurinominal, para protegerse con el fuero.

Después de la masacre con tortura autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, bajo el mando del procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez, obligaron a la “testigo” a falsear su declaración, decir que ella había sido secuestrada y que soldados del Ejército mexicano la habían rescatado. Así quedó el expediente. (tiempo después Gómez Sánchez fue promovido para magistrado, no quedó) y sigue en el cargo, ahora como fiscal.

No pasaron muchos días, cuando las evidencias en el lugar de los hechos, dejaban muchas dudas, porque a simple vista se apreciaba que las 22 personas habían sido “fusiladas” tras ponerlas a todas contra la pared. En las investigaciones periodísticas, se conoció la versión de la señora Clara Gómez, quien, incluso, dijo, que una de las víctimas asesinadas por los soldados, era su hija.

El escándalo fue mayor. Desde entonces y como ya es costumbre. Las autoridades mexiquenses y la PGR, hicieron todo para confundir y sembrar más y más dudas, sobre esta masacre. Es por ello que, a cuatro años de los hechos, hoy un juez federal ordenó a la desprestigiada PGR reabrir el caso, limpiar esta defectuosa investigación y que se haga justicia.

DERECHOS HUMANOS

La PGR no ha investigado a fondo el caso Tlatlaya, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), por lo que un juez decimocuarto de distrito en materia de amparo en materia penal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar las diligencias pertinentes para esclarecer el caso Tlatlaya.

Tras la masacre a través de un comunicado del Centro Prodh, se informó que de acuerdo con el juez, la PGR “no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva”.

Señaló que la dependencia federal debe realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

El fallo del juez se da en respuesta a un recurso que interpuso Clara Gómez González, testigo de la muerte de las 22 personas, incluida su hija y a quien el Centro Prodh acompaña jurídicamente.

“El testimonio de Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes fue resultado de ejecuciones arbitrarias cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables”, indicó.

De acuerdo con el comunicado, al analizar el juicio de amparo 545/2017, interpuesto el 15 de junio de 2017, el juez Erik Zabalgiotia Novales reconoció que la investigación defectuosa de la PGR ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia, contemplados en los artículos constitucionales 17 y 20 apartado B.

13 de agosto 2018.- Un juez mexicano ordenó a la fiscalía general llevar a cabo nuevas investigaciones para ayudar a esclarecer la supuesta ejecución arbitraria de 22 presuntos delincuentes cometida por militares en 2014, informó el domingo un organismo de derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro dijo en un comunicado que la sentencia obliga a realizar diversas diligencias que hasta ahora no se han llevado a cabo, pese a que fueron ordenadas por un juez, entre ellas, investigar la cadena de mando relacionada con la orden de abatir a los delincuentes.

“Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México”, añadió el organismo, que representa a una sobreviviente de los hechos, en una bodega del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.

No fue posible contactar de inmediato a portavoces del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ni de la Procuraduría General de la República (PGR).

El Gobierno de México ha sido criticado por organismos de derechos humanos, locales e internacionales, por el excesivo actuar de algunos cuerpos de seguridad en su lucha contra el narcotráfico, así como por la colusión de algunos efectivos con el crimen organizado.

Sobre el caso Tlatlaya, las autoridades dijeron en su momento que los fallecidos pertenecían a bandas de traficantes de droga y que las fuerzas armadas actuaron en defensa propia, pero meses más tarde medios reportaron que había evidencia de que los civiles fueron asesinados cuando ya se habían rendido.

En 2016, un juzgado militar absolvió a seis de los siete soldados presuntamente involucrados en el caso.

Reuters

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de mar.- A unos meses de que se cumplan dos años de la ejecución de 22 personas por miembros del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México, organizaciones sociales alertaron sobre la posibilidad de que el caso quede impune, al revelarse que los militares inculpados fueron exonerados por un tribunal castrense.

En un comunicado firmado por organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a una de las tres sobrevivientes de los hechos, se destaca que el 15 de octubre del año pasado el Juzgado Sexto Militar, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), absolvió a seis de los siete militares involucrados en la masacre por el delito de infracciones de deberes militares, en tanto que al séptimo de los acusados lo condenó a un año de prisión por desobediencia, pena que ya fue purgada.

La anterior información pudo ser conocida recientemente por Clara Gómez González, sobreviviente de la masacre y madre de una de las víctimas mortales, Ericka de 16 años, y quien con el respaldo del Centro Prodh tuvo acceso al expediente gracias a un amparo.

Al resaltar que la exoneración evidencia la “parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense”, que permite juicios paralelos, las organizaciones puntualizan que la impunidad en este caso está siendo fomentada también por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Entre las omisiones de la PGR identificadas por las organizaciones denunciantes, destaca la fragmentación de la indagatoria, “integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente para investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.

Recordaron que en julio del año pasado, en su labor de coadyuvancia, el Centro Prodh solicitó a la PGR el desahogo de diversas pruebas derivadas de la instrucción que recibió la unidad castrense que llevó a cabo la masacre de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”.

El Centro Prodh “solicitó que los mandos miliares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas”, reprocharon.

En cuanto a la CNDH, los firmantes del comunicado denunciaron que “perpetúa la opacidad del caso”, toda vez que el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez “negó a la víctima Clara Gómez González la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación del expediente hecha por el ombudsman anteriormente”.

Agregaron que el organismo público “tampoco ha informado de los resultados de la revisión de las órdenes militares vigentes en el país , y si éstas contienen instrucciones de ‘abatir delincuentes’, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana”.

Al reiterar que el tratamiento que autoridades están dando a este caso “apunta a que la impunidad podría prevalecer”, los firmantes recordaron que existen procesos judiciales pendientes de resolver, como el juicio en el ámbito civil que se sigue contra tres militares imputados por homicidio; la conclusión de la averiguación previa abierta por la PGR para investigar la cadena de mando “respecto a la orden de abatir”, en tanto que “permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Urgen a investigar quién dio la orden

Frente al riesgo de negación de justicia, las organizaciones firmantes reiteraron la urgencia de que “se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Christoph Heynes, esta deber ser indagada cabalmente dado que “las órdenes de oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales, deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.

El comunicado fue firmado por Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Freedom House, Servicio y Asesoramiento para la Paz, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro Nacional de Comunicación Social; Instituto para la Seguridad y Democracia; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los derechos para todas y todos, Red TDT.

Gloria Leticia Díaz. Apro

Ciudad de México a 15 de octubre.- Pese al nacionalismo rimbombante del discurso del General Salvador Cienfuegos, el Estado mexicano no está exento de sus responsabilidades en la crisis de Derechos Humanos que han advertido los especialistas; en ese sentido, la presión internacional ha sometido al escrutinio la actuación de las fuerzas de seguridad del país.

¿Dónde anda Ángel Heladio Aguirre Rivero? Borrado de la escena política, con bajo perfil deambula el ex gobernador de Guerrero, tras su salida por el caso Iguala, el exmandatario no se fue sin deslindar al Ejército de cualquier participación en las agresiones y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de hace poco más de un año.

Por su parte, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, refrendó ante el presidente Enrique Peña Nieto el compromiso de las fuerzas armadas, “sin confusiones ni protagonismo”, con las instituciones mexicanas y el jefe del Ejecutivo federal como su comandante supremo; al respecto, en el marco del 90 aniversario del Banco de México (Banxico) y la puesta en circulación de una moneda de 20 pesos conmemorativa por el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, Cienfuegos reiteró la lealtad y compromiso de los militares con la soberanía de la nación y la sociedad de la que forman parte.

Mientras tanto, los tres militares que permanecen sujetos a proceso por la muerte de 22 personas en una bodega de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, solicitaron un amparo para que se les conceda el derecho a carearse con nueve funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), los cuales recabaron los testimonios de tres mujeres que los acusan de haber ejecutado al menos a 15 de los presuntos delincuentes muertos; al respecto, los miembros del Ejército buscan el amparo luego de que el juzgado cuarto de distrito en procesos penales de Toluca negó la petición de citarlos a declarar, porque estimó que el propósito no era controvertir su actuación, sino tratar de que admitan que las sobrevivientes mintieron.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 7 de octubre.- Mientras especialistas en derechos humanos y organizaciones civiles han documentado la recurrencia de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del país; algunos analistas tachan de “conspiranoico” indagar sobre la participación del Ejército en la trágica noche del 26 de septiembre en donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de Ayotzinapa; no obstante, la historia documentada por la Comisión para la Verdad del Estado de Guerrero revela la participación de los mandos castrenses en el periodo denominado como la “guerra sucia”.

La Fiscalía mexicana no ha cerrado las investigaciones del caso Tlatlaya; al respecto, analiza todas las opciones; por lo que, podría consignar a un alto mando de la Sedena y configurar el delito como omisión. La orden que recibieron los funcionarios de la procuradora es agotar todas las líneas de investigación para que el caso no se cierre y se queden sin elementos castrenses que juzgar.

Por su parte, CiroGómezLeyva, criticó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tengan la percepción de que, “si no se trató de un crimen de Estado, tiene una gran similitud con un crimen de esa naturaleza”; al respecto, el columnista refiere que: “la narrativa y descriptiva de la CIDH son similares a la de la PGR y el gobierno”. “Grupos criminales coludidos con policías municipales sometieron a los jóvenes, los tras-ladaron, martirizaron y mataron”; cabría preguntarle a Leyva en que apartado del informe de expertos independientes se afirma que fueron asesinados; no obstante, el periodista del Universal señala que las diferencias entre la CIDH y la “verdad histórica” del ex procurador Murillo Karam, estriban en que, el organismo “dice que no hay datos firmes para asegurar que, además, los quemaron y tiraron al río”; además, el comunicador reproduce un fragmento del testimonio de un militar del batallón 27 que narra como observador cuando los policías querían bajar a los estudiantes del camión Estrella de Oro, dichas declaraciones del mando castrense coinciden con las recabadas por la Fiscalía de Guerrero; por lo que, Ciro Gómez señala: “Y sólo un delirante, un complotista, afirmaría hoy que hubo una orden suprema para hacer coincidir las declaraciones de los militares en activo con las de los policías municipales detenidos el sábado 27”.

A su vez, CarlosRamírez detalla tres noticias que inciden en la agenda de seguridad pendiente: 1.- Un juez civil determinó la libertad de cuatro militares que estaban acusados de haber ejecutado extrajudicialmente a presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. Será el primer caso simbólico de militares sometidos a leyes civiles, como lo exigieron organismos internacionales. 2.- Diputados priístas tomaron la iniciativa de homologar el marco legal de las fuerzas armadas que tiene años de rezagos. Hasta ahora, las fuerzas armadas cumplen con el requisito constitucional de participar en labores de seguridad interior, pero sin que exista una ley reglamentaria. El actual congreso debe legislar sobre seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, doctrina de defensa nacional y leyes de espionaje e inteligencia. 3.- El general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló los militares tienen una función legal y no existen razones para comparecer ante organismos internacionales los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el pasado 26 y 27 de septiembre.

No obstante, el analista indicó que: “Mañosamente, la CIDH quiso endosarle al ejército la crisis de seguridad que fue responsabilidad de la autoridad municipal del PRD”; al respecto, caben las interrogantes, si el ataque perpetrado contra los estudiantes de Ayotzinapa sólo fue a manos del crimen organizado infiltrado en la policía municipal y el gobierno de Iguala, ¿qué responsabilidades tiene el CISEN, la CNS y la SEIDO?; acaso, ¿el Batallón 27 no conocía las actividades delictivas de los Abarca y qué hay de los señalamientos que ubica a la estirpe Figueroa al mando de GU?; sin embargo, el analista descalifica el informe del grupo de investigadores de la CIDH y acusa de tergiversación por intereses políticos mexicanos del secretario ejecutivo de ese organismo, Emilio Álvarez Icaza.

Por su parte, el académico JaimeLuisBrito contextualiza los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre de 2014; en ese sentido, la normal de Ayotzinapa ya era conocida antes de los terribles sucesos puesto que de sus aulas salieron los profesores Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, guerrilleros que respondieron a las terribles condiciones de opresión y miseria que a lo largo del tiempo han imperado en el estado de Guerrero; la respuesta del gobierno federal fue la llamada “guerra sucia”, de la cual todavía persiste la impunidad; cabe destacar que días después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad del Estado de Guerrero presentó el informe donde documentó la participación del Ejército en contra de los disidentes en la denominada “guerra sucia”; Carlos Montemayor narra crudamente, en su obra Guerra en el paraíso, lo que significó la respuesta del Estado a esos grupos guerrilleros y otros procesos organizativos de Guerrero en esa época; además, las matanzas de campesinos en el vado de Aguas Blancas (28 de junio de 1995) y en la escuela primaria de El Charco (7 de junio de 1998). La primera fue contra un grupo de hombres del campo organizados, quienes se disponían a realizar en 1995 una manifestación contra el represor gobierno local en Guerrero encabezado por Rubén Figueroa Alcocer. Los miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur fueron emboscados y asesinados a balazos. A la postre, esa masacre le costaría el cargo a Figueroa Alcocer, represor por estirpe, pues su padre habría gobernado también Guerrero, habría sido secuestrado por Cabañas e incluso participado en el asesinato del jefe guerrillero.

Por su parte, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, realizó a finales de septiembre un gira por el continente europeo, con la finalidad de dar a conocer el contexto de violaciones a los derechos humanos que padece México, así como la impunidad que impera en casos como la masacre de “El Charco”; al respeto, el clérigo sostuvo encuentros con diversas organizaciones, en especial con el Comité de Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza; al respecto, el obispo detalló algunos de los puntos planteados en esta visita al viejo continente; en primera instancia manifestó que al equipo de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU entregó “insumos” sobre los casos de la masacre de El Charco, así como el asesinato del entonces diputado guerrerense, Armando Chavarría, mismos que a 17 y 6 años respectivamente, siguen en la impunidad.

En lo que respecta al caso Tlatlaya, Estado de México, la resolución de un juez de liberar a cuatro militares involucrados en presuntas ejecuciones extrajudiciales, no es definitiva, indicó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; en ese sentido, el ombudsman recordó que la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos en el caso Tlatlaya, cuando 22 personas murieron en un presunto enfrentamiento con militares, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional. La comisión concluyó en octubre de 2014 que al menos 15 fueron ejecutadas.

Asimismo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló: “En caso de que la PGR y el Poder Judicial de la Federación persistan en su patrón de actuación, podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”; por lo que, la liberación de cuatro de los ocho militares acusados por los hechos ocurridos en Tlatlaya, no implica que el Ejército haya sido exonerado, indicó el organismo; “Frente a las voces de distintos actores que aluden a esa resolución como una exoneración de la responsabilidad del Ejército en la masacre, es preciso recordar que tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria”.

Para el columnista JorgeFernándezMenéndez “no hay una sola prueba verosímil en contra de los acusados en este caso”; al respecto, refiere: “Hay quienes dicen que los números no cuadran: que no puede quedar un soldado herido y que los 22 atacantes caigan: se equivocan. Estamos hablando de soldados preparados, que están entrenados para situaciones de combate, enfrentados por un grupo de sicarios alcoholizados y drogados, que los agredieron cuando los vieron llegar, pero que fueron militarmente superados. Tampoco hubo, durante casi tres meses, acusación alguna de irregularidades en ese operativo. Fue entonces cuando una de las mujeres que sobrevivieron esa noche y que argumentaron que estaban secuestradas (en realidad eran prostitutas que desde tiempo atrás acompañaban a ese grupo que se dedicaba tanto al secuestro, como a la extorsión y al narcotráfico) hizo una declaración imputando a los soldados de haber ejecutado a sus compañeros. No podía saberlo porque, según su propia declaración, tenía ojos vendados en ese momento y tampoco se encontraba exactamente en el espacio de los enfrentamientos”, señaló.

Por otro lado, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció hasta 2 millones y medio de pesos como recompensa a quien proporcione información que lleve a la detención de cinco probables responsables de delitos en agravio de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; en ese sentido, se busca localizar a Felipe Flores Velázquez, exjefe de la Policía de Iguala; José Ulises Bernabé García; José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”; Érick Sandoval Rodríguez, “La Rana”, y Miguel Miranda Pantoja, “Pajarraco”.

Además, el entonces procurador guerrerense, Iñaki Blanco, acusado de apoyar a Los rojos, iba tras el alcalde de Iguala; al respecto, el 24 de septiembre de 2014 el procurador de Justicia de Guerrero, preguntó a un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) cómo iba su encargo. Desde mayo de ese año, en un encuentro de procuradores en Huatulco, Oaxaca, había requerido apoyo porque de las pesquisas sobre la coautoría del secuestro y asesinato del activista Arturo Hernández Cardona se encontraron elementos del vínculo del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el cártel de los Beltrán Leyva.

Mientras tanto, la procuradora general de la República (PGR) Arely Gómez González, afirmó durante un encuentro privado con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein que: “el firme compromiso de hacer frente a nuestras obligaciones internacionales, de cara al derecho común universal de los derechos humanos, así como la necesidad de incorporar los más altos estándares de protección, siempre han sido objetivos de suma importancia para México”; además, Gómez González, resaltó que “un país que no respete los derechos humanos carece de un proyecto de Estado sólido y con futuro”; asimismo, la funcionaria detalló que la protección de los derechos humanos en uno de los cuatro ejes transversales que rigen su gestión, y reiteró que la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el gobierno de la República “contribuye a fortalecer la observancia de los derechos humanos, dando particular seguimiento a la atención de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia, la aplicación de las recomendaciones formuladas a México por diversos órganos, así como por mecanismos internacionales de derechos humanos”.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, respaldó los resultados de los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, indicó la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; en ese sentido, se afirma que existe una crisis generalizada en el país y que las conclusiones de la PGR son cuestionables.

A su vez, en otro caso de presunto abuso policíaco el pasado 27 de septiembre, “la Policía Federal se encontraba custodiando la oficina de la Fiscalía Antisecuestros en Villahermosa, Tabasco, ya que momentos antes habían presentado a unos detenidos por el delito de secuestro. Al tiempo, a escasos metros de ahí, un grupo de jóvenes tuvieron una discusión por motivos de vialidad, pero se resolvió rápidamente y cada quien continuó su trayecto”. “Los policías se percataron del hecho y siguieron la camioneta donde iba el arquitecto ambientalista Alejandro Contreras Sierra de 27 años, Miguel Ángel Martínez Domínguez, Roberto Contreras y Jorge Luis Gómez Estrada”. “Se desconoce el motivo por el cual la PF quiso tomar partido en ese asunto, ellos siguen su camino e incluso llegan a su casa con toda calma y se estacionan tranquilamente, porque no tenían nada que temer no habían cometido delito alguno, es ahí cuando los elementos se bajan, se les acercan y por la espalda les disparan, fue de atrás hacia delante. No hubo ningún tipo enfrentamiento como lo quiso manejar y manipular la policía Federal”, indicó el abogado Carlos Castillo Romero, defensor de la familia Contreras Sierra.

Por su parte, el medio LaRazón criticó las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por retomar testimonios de casos que datan de 1974 y nueve más de entre 2006 y 2014, incluido el caso Iguala; en ese sentido, la CIDH concluyó que en México la desaparición forzada es generalizada, además de que consideró que las ejecuciones extrajudiciales son parte de la “grave crisis” en materia de derechos humanos, basándose en los casos de Tanhuato y Apatzingán, en Michoacán, y Tlatlaya, Estado de México; sin embargo, habría que rememorar los años de impunidad para las familias de los desaparecidos en Guerrero en el denominado periodo de la “guerra sucia”, las demandas de justicia fueron recogidas con la transición democrática del partido dominante y el arribo de Acción Nacional con Vicente Fox, quien instruyó la creación de la Comisión para la Verdad del Estado de Guerrero, cuya investigación fue presentada días después de la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala.

Asimismo, el columnista, RaymundoSánchez indicó que el caso Tlatlaya quedo “derruido” porque las tres mujeres testigos incurrieron en contradicciones y no hubo más prueba que sus declaraciones, que cambiaron hasta cinco veces, contra cuatro de los ocho militares a los que se apresó por esa supuesta matanza de 22 “civiles” dedicados al secuestro y la extorsión. Sanchez, dice que el abogado que defiende a los efectivos del Ejército, Juan Velázquez, identifica al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de haber inventado la versión de la supuesta “ejecución”, y haber aconsejado a las tres testigos para que así lo declararan ante el MP; al respecto, el columnista de la Razón detalla que “el director del Centro Pro Juárez es Mario Patrón, quien fue primer visitador de la CDHDF cuando la presidía Emilio Álvarez Icaza, ahora secretario general de la CIDH, cuyos expertos sostienen que los 43 de Iguala no fueron incinerados en el basurero de Cocula”; por lo que, en opinión del columnista son “las pequeñas venganzas de Álvarez Icaza, porque en 2009 no pudo ser ombudsman nacional”.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 6 de octubre.- Nuevamente los errores en el procedimiento le cobran factura a la justicia mexicana; en ese sentido, se permite “desconfiar” del tratamiento de la Fiscalía mexicana en favor de los mandos castrenses involucrados en el caso Tlatlaya refieren analistas.

El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal liberó a cuatro soldados por falta de pruebas sobre su probable participación en los hechos ocurridos el 30 de junio del 2014, en donde fueron ultimadas 22 personas en Tlatlaya, Estado de México y decretó formal prisión por homicidio en contra de otros tres militares, informaron fuentes judiciales; al respecto, la defensa civil de los siete militares apeló la formal prisión por violaciones graves al procedimiento, por lo que el pasado miércoles el Tribunal Unitario de Circuito revocó la formal prisión y le ordenó al juzgado de primera instancia que resolviera nuevamente la situación de los siete militares en el término de 72 horas que se cumplieron el 2 de Octubre.

Tras tomar conocimiento de la resolución del juez, la Procuraduría General de la República informó que apelará la libertad de las cuatro personas implicadas en los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014.

En opinión del periodista FranciscoGarfias la liberación de cuatro de los siete militares detenidos por el caso Tlatlaya, en el que se presumen ejecuciones sumarias, podría ser “una acción ex profeso de la PGR para que los soltaran, con el alegato de que no se les respetó el debido proceso; “Cuesta trabajo creer que el Ministerio Público no notificó a los soldados involucrados quien los acusaba y los cargos que se les imputaban”; “Las notificaciones a los detenidos son de lo más elemental. Son formalidades. Cualquier estudiante de derecho lo sabe.”; por lo que, añade Garfias: “es válido sospechar del poder que tiene el Ejército y que hay complicidad de la PGR, hasta que no prueben lo contrario”; por lo que, el analista cuestiona: ¿Se habrán inspirado en el vergonzoso caso de Florence Cassez? ¿A los tres que permanecen encarcelados si les notificaron los cargos?

Redacción. Huellas de México

Toluca, Edomex, 5 de oct.- Cuatro de los siete militares detenidos por el Caso Tlatlaya han obtenido la orden de libertad de parte del juzgado cuarto de distrito de procesos penales con Sede en la capital del Estado de México, debido a omisiones del Ministerio Público Federal (MPF) en el proceso.

Los militares se encontraban en prisión tras haber recibido el pasado 11 de noviembre el acto de formal prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público, tras haber ejecutado a 22 presuntos delincuentes en una bodega de Tlatlaya, Estado de México.

Abogados de los militares señalaron que la orden de libertad no se da por exhoneración de cargos, sino porque el agente del Ministerio Público no cumplió con formalidades del proceso, pues no se les notificó a los acusados de que se les inculpaba y tampoco se les permitió reunirse con sus representantes legales.

El caso causó polémica después de que organizaciones sociales acusaron que la orden de asesinato vino de altos mandos militares, situación que sigue sin aclararse.

Los abogados indicaron que los cuatro militares enfrentarán también el proceso militar que tienen en su contra, aunque éste permite la libertad bajo caución, por lo que tampoco regresarían tras las rejas.

Aclararon que aún tiene posibilidades de apelar la PGR; lo cual regresaría el caso al tribunal unitario del Estado de México.

En entrevista radiofónica afirmaron que el caso de los otros tres inculpados también podría venirse abajo, debido a las múltiples contradicciones que se encuentran en el expediente.

Redacción. Huellas.mx

Ciudad de México, 9 de jul.- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, continúa en el ojo del huracán tras la polémica desatada por la violenta participación de las fuerzas armadas en el combate el crimen en México; el militar, visiblemente molesto, se manifiesta a favor de legislar acerca de la participación de las fuerzas armadas, y aclara que en cuento reciba la orden de abandonar las calles, se cumplirá con prontitud.

El dócil periodista de Excélsior, Fernández Menéndez, realizó una nueva entrevista al general Cienfuegos, en medio de la polémica internacional que existe por las presuntas violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas; el reconocido militar afirma que uno de los grandes problemas es que en muchos lugares la policía es ineficiente o simplemente no existe, motivo por el cual han tenido que sumarse a las labores de seguridad, descalificando implicitamente a las demás instituciones de seguridad.

No obstante, Cienfuegos afirma que el ejército nunca ha tenido aspiraciones políticas, por lo que serían los primeros en aplaudir la orden de regresar a los cuarteles, situación que se podría cumplir el mismo día que se ordene, señaló.

Es interesante también la declaración del titular de la Sedena, quien afirma en entrevista que no es la primera vez que el ejército forma parte de las actividades policiales, por lo que se manifestó confiado, reiterando que se tiene experiencia al respecto; habrá que preguntarle a que casos se refiere, no vaya a estar hablando de la Guerra Sucia que desataron en Guerrero, desapareciendo y ejecutando a cientos de personas realizando presuntas actividades policiales, cabe recordar que Cienfuegos fue Jefe de Estado Mayor del 27 Batallón del ejército, en los tiempos que Arau Cámara era el comandante del batallón 27, militar que está incluido en los expedientes de la Guerra Sucia documentados por la Comisión de la Verdad.

Otra de las novedades que se ponen de manifiesto en la entrevista, es el rechazo absoluto a que los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa ingresen a los cuarteles militares, afirmando que es algo que no se va a permitir, pues “no tiene fundamento”; cambiando el discurso que se había manejado, de que podían entrar a revisar lo que quisieran, como se afirmó meses atrás.

Respecto al escándalo por las órdenes explícitas de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, el general afirmó que “alguien”, sin entrar en detalles de quien, cambió el sentido de la orden original, la cual debió haber sido “abatir homicidios perpetrados por los delincuentes en horas de oscuridad”, afirma el castrense.

No obstante dicha explicación, también ha despertado fuertes críticas; Romero Vadillo de SinEmbargo, lo describe como una “ridícula discusión semántica”, ironizando sobre lo culto del lenguaje que ahora los militares pretenden aparentar, siendo que en decenas de documentos y comunidades oficiales, la palabra “abatir” se usa como sinónimo de asesinar; “una ridiculez, porque sin duda la orden ha sido dejar tendidos a los presuntos delincuentes, pero en charcos de sangre”.

En el artículo también se hace referencia a la segunda entrega del estudio sobre el índice de letalidad de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, en esta guerra contra el crimen, investigación en el que llevan años trabajando Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas, y en la cual se concluye la lógica de guerra implementada por el ejército en el ámbito civil.

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

Toluca, Edomex, 8 d ejul.- Personal de la Policía Federal, adscrito a la 23ª Unidad de Apoyo a Operativos Conjuntos, fue agredido por un grupo de personas armadas en el poblado de El Salitre, municipio de Tlatlaya.

Los hechos ocurrieron hacia las 20:00 horas del día de ayer, cuando los elementos policiacos realizaban patrullajes de disuasión, prevención y vigilancia.

Tras repeler la agresión que se prolongó por alrededor de 30 minutos, el policía José Alejandro Cruz Hernández resultó herido de esquirlas de arma de fuego en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital del ISSSTE en el municipio de Amatepec.

Su estado de salud es reportado como estable, ya que las heridas que sufrió no ponen en riesgo su vida.

Durante la agresión las personas armadas se dieron a la fuga con rumbo desconocido y la policía federal aseguró en el lugar un vehículo marca Toyota color gris, dos armas largas, cargadores y cartuchos útiles. A la zona también arribaron por aire y tierra elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina Armada y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC).

Fuente. Milenio

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se precise el término “abatir delincuentes en horas de oscuridad” contenido en la orden de mando recibida por el grupo militar involucrado en los hechos de Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron a manos de elementos del Ejército.

También solicitó que les sea entregado el documento íntegro que hace unos días hizo público el Centro Pro de Derechos Humanos, y en el cual se señala que la orden recibida por el grupo soldados para los operativos de vigilancia en esa zona era “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, informó además que ha solicitado a la Sedena emita medidas cautelares para que se evite imprecisiones o ambigüedades en ese término que ha sido cuestionado.

Entrevistado al término de su participación en el seminario sobre violencia y paz organizado por El Colegio de México, el ombudsman nacional dijo que la Comisión Nacional no conocía el texto que hizo público el Centro Pro, pero que ese mismo día le fue entregado.

Fuente. LaJornada

Ciudad de México, 6 de jul.- En un lío internacional se ha metido el gobierno y ejército mexicanos tras una serie de comunicaciones secretas del ejército expuestas al público por un grupo de organizaciones de derechos humanos, y posteriormente alentadas por otros documentos confidenciales expuestos por la revista Proceso sobre el caso Tlatlaya, lo que ha provocado la condena internacional desde la ONU hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes exigen una amplia investigación y explicación al respecto, no obstante aún se permanece a la espera de explicaciones que deberían al menos ser de tanto peso como las graves acusaciones emitidas.

¿Fue el ejército?

Fue el jueves pasado que organizaciones sociales encabezadas por el Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, emitieron una conferencia de prensa para presentar una investigación realizada acerca del caso de 23 personas ejecutadas por el ejército en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, concluyendo con base en testimonios y documentos oficiales, que los militares involucrados tenían la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, lo cual se ha vuelto el centro de la polémica.

Las organizaciones expusieron los documentos obtenidos a través de un proceso de amparo de la víctima y en el cual se exponen las órdenes vertidas por la 22 zona militar del Estado de México, quien emite la instrucción de “abatir”; por lo que calificaron como una prueba irrefutable de que altos mandos del ejército emiten este tipo de órdenes. lo que vendría también a corrobar el porque de la generalización de los abusos de poder cometidos por las fuerzas castrenses.

Reforzando dichas acusaciones, la revista Proceso publica en su más reciente edición, como nota principal una investigación de GloriaLeticiaDíaz, titulada “En las ejecuciones de Tlatlaya, la cadena de mando llega a Peña Nieto”; donde afirman haber tenido acceso a documentos confidenciales, que vienen a ratificar que las acciones militares nocturnas contra el crimen, es parte de la estrategia federal implementada.

En el documento confidencial referido, se detalla ampliamente la estrategia que se deberá implementar en el combate al crimen organizado de parte de las fuerzas armadas; en él se viene a exponer que los polémicos operativos nocturnos estaban ya enmarcados en una estrategia nacional: “Basados en un profundo trabajo de inteligencia, las principales acciones para reducir la violencia se planearán y ejecutarán en horas de oscuridad, realizándolas en fuerza, con efectivos que sean necesarios para el éxito de la operación, dar superioridad a las tropas y ganar una imagen positiva ante la opinión pública”, se indica en el documento referido.

De igual forma en otra parte del documento se exponen órdenes que pudieron haber servido de justificación para la matanza: “En caso de ser agredidos por delincuentes con armas ‘de alto poder destructivo’, se ordena ‘emplear todo el armamento disponible a fin de (…) eliminar la amenaza, en forma tal que se garantice la integridad física del personal militar’.

Resalta la ambigüedad de los términos e instrucciones, donde no se expone limitación alguna en caso de rendición o presencia de civiles, además de dejar sin aclarar a que se refieren con “armas de alto poder destructivo”.

En el mismo documento también se exponen las recomendaciones para incrementar los dispositvos de seguridad en carreteras y zonas de amplia incidencia delictiva.

La respuesta de la Sedena

El general Cienfuegos no ha respondido aún por cada uno de los señalamientos vertidos en contra de la Sedena, este fin de semana estuvo solo practicamente, sin la presencia del ejecutivo, en la entrega de condecoraciones del Ejército, aunque refrendó “el líderazgo y guía” del presidente Peña Nieto, como apuntó CuartoPoder.

La Sedena unicamente se ha limitado a responder las acusaciones a través de un escueto comunicado donde afirman que en el mismo documento expuesto por las organizaciones, se incluyen instrucciones explícitas de salvaguardar los derechos humanos, como relata LaJornada.

No obstante en la conferencia de prensa del jueves pasado, ya habían hablado de dichas instrucciones de la Sedena, manifestando que representan una contradicción con la clara instrucción de “abatir”.

Significado de abatir; matar o desalentar

A pesar de las acusaciones respaldadas por organismos internacionales, aún hay quien opina que abatir no significa necesariamente asesinar, así lo expone el “periodista” JorgeFernándezMenéndez en su artículo, “Tlatlaya: no hubo orden de abatir”, donde afirma que “ese abatir, como está utilizado en el párrafo, puede servir como cualquiera de sus sinónimos: derribar, hundir, derrumbar, derrocar, tirar, tumbar, volcar, inclinar, vencer, humillar, desalentar”.

No obstante suena bastante inversímil la justificación del columnista estelar de Excelsior, más aún considerando que el reporte entregado por los militares que orquestaron el operativo en Tlatlaya, fue precisamente que se había logrado “abatir” a 18 delincuentes, cifra que posteriormente subieron a 22.

Por este motivo la gran mayoría coincide en que el “abatir” del ejército, significa matar, asesinar, ejecutar, tal y como considera Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, quien argumentó que “el mensaje no puede estar más claro: los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso legal”; como describe ElEconomista.

Incluso el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, se ha manifestado ya también al respecto, así como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, quienes instan a las autoridades mexicanas a ampliar las investigaciones, advirtiendo que “las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales”, como publicó ElSiglodeTorreón.

ElInformador también recapitula la reacción de Amnistía Internacional, respetado organismo mundial que ha emitido un comunicado exigiendo a las autoridades mexicanas “actuar con urgencia”, solicitando también al presidente de México definir su posición al respecto: “Es fundamental que el presidente Enrique Peña Nieto formule públicamente una condena de este acto y un compromiso con los derechos humanos ordenando una investigación pronta, exhaustiva e independiente a cargo de las autoridades civiles sobre cómo están aplicando las fuerzas armadas la política de seguridad del gobierno”.

En ese sentido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también lamentó la lentitud del proceso judicial, por lo que emitió un exhorto para que “inicie cuando antes el proceso”, pues también se ha tornado sospechoso el retraso del mismo.

Crisis política

Mientras tanto en el Senado de la república, diversas voces se pronunciaron a favor de retornar al ejército a los cuarteles, como relata la crónica de AndreaBecerril, quien cita a legisladores como Manuel Bartlett, quien acusó de absurdas las explicaciones de la Sedena: “Debe sancionarse a quien ordenó abatir, en lugar de estar dando explicaciones absurdas, sentenció el senador de oposición.

Asimismo en LaJornada se hace un análisis del proceso legislativo por medio del cual se pretendía regular la actividad del ejército en las actividades policiales; lo cual, precisamente se congeló debido a que la Sedena pretendía tener atribuciones casi de independencia para poder llevar a cabo sus operaciones en total opacidad y falta de rendición de cuentas. Según el relato, la Sedena habría sido quien terminó parando la ley, “por ello, ‘extraña’ el reciente llamado del secretario de la Sedena para que el Congreso legisle y otorgue un marco jurídico que de certeza a las fuerzas armadas en la tarea de combatir a la delincuencia organizada”.

Por su parte la Secretaría de Gobernación criticó la presencia de una de las víctimas en la conferencia de prensa del jueves, así lo externó el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa, quien advirtió que “ellos tienen razón en que hay que ser cuidadosos y conviene que ellos (Centro Pro) también sean cuidadosos en esta parte”, como se publica en la nota de FabiolaMartínez.

El funcionario confirmó también que estarán informando puntalmente de las medidas cautelares, que ya han sido emitidas también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso aún merece mucho mayores aclaraciones oficiales, pues las acusaciones son contundentes y de gran peso; periodistas como SanJuanaMartínez han profundizado en la cadena de mando, afirmando que la cadena de responsablidades, “esta compuesta por el propio Cienfuegos, el general Jaime Godínez Ruiz, comandante de la I Región Militar, el general José Luis Sánchez León, comandante de la 22/A Zona Militar, el general Francisco Ortega Luna, jefe de la comandancia de la 22/A, Raúl Castro Aparicio, comandante del 102/0 Batallón de Infantería de San Miguel Ixtapan, el teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, firmante en la orden de Relevo por Ausencia temporal del Comandante del 102/0 Batallón de Infantería, el Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez del mando de personal de tropa”; acusando también la responsabilidad de Osorio Chong, afirmando que esta no es la única masacre cometida por el presente gobierno, por lo que hace también un llamado a poner en claro la estrategia del estado.

David Galeano. Huellas de México

Ciudad de México, 2 de jul.- Diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentaron este jueves un informe que podría cambiar la historia de México, pues se está mostrando evidencia donde se expone que altos mandos del ejército fueron quienes emitieron la orden de “abatir” a los militares que terminaron matando a 22 personas la madrugada del 29 de junio del 2014 en una bodega de Tlatlaya, Estado de México.

En la conferencia de prensa participó una de las sobrevivientes en la masacre: “Julia“, madre de la niña de 15 años que también fue asesinada en el lugar, quien por primera vez dio la cara, para sumarse a la exigencia de justicia.

En el evento participaron representantes de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos: Santiago Aguirre Espinoza, subdirector del Centro Miguel Agustín Pro Juárez; Darío Ramírez, de Artículo 19, Pedro Quiróz de Amnistía Internacional, Aidé Pérez de Fundar; Ernesto López Portillo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, José Antonio Guevara del CMDPDH; Miguel Concha del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Édgar Cortés del IMDHD,  quienes coincidieron en que se tratan de pruebas irrefutables de la participación del estado mexicano, quien, como práctica recurrente, lanzó la orden de asesinar.

La prueba principal

Aunque ya se tenían también los testimonios coincidentes de las tres personas que sobrevivieron a la masacre, se están presentando además documentos militares que revelan las órdenes que se emitieron en la región, provenientes de la sección 22 militar, con sede en Santa María Rayón, Estado de México, quienes emitieron a la base militar de Antonio del Rosario, la orden siguiente:

“Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Dicha orden, se emitió el día 11 de junio del 2014, a la base militar que terminó perpetrando la masacre en la bodega de Tlatlaya tres semanas después, y en la cual se incluía también la aclaración de que eran “órdenes del alto mando”, es decir del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Dicha orden viene detallada en el informe que presentan las organizaciones, y que tiene como título precisamente: “Tlatlaya, a un año: la orden fue abatir”.

Los especialistas afirman que la orden de “abatir”, significa claramente matar, asesinar, ejecutar, lo cual queda corroborado en el reporte presentado por los militares de Tlatlaya, quienes informan que se logró “abatir” a 21 criminales.

Con esto quedaría de manifiesto, que los militares ya tenían la orden de asesinar a presuntos delincuentes, sin llevar a cabo ningún proceso de por medio, algo ilegal y contrario a convenios internacionales ratificados por México como el de Ginebra, por lo que las órdenes del ejército mexicano, podrían encuadrarse en delitos de lesa humanidad advirtieron los defensores, al tratarse además de una práctica recurrente.

Los ponentes señalaron, que unicamente mediante amparos obtenidos por la testigo en su calidad de víctima, es como se pudo tener acceso a dicha documentación, la cual intentó ser bloqueada por el ejército mexicano.

“No ha habido verdad en Tlatlaya”

Otro de los fuertes señalamientos, es acerca del delito de encubrimiento que estarían realizando tanto las fuerzas armadas como funcionarios judiciales y de gobierno, quienes también han participado de la cadena de mentiras con las que han pretendido enterrar el caso, del cual, aún sigue sin salir a la luz pública toda la verdad.

Un hecho fundamental ratificado por los sobrevivientes, es el hecho de que participaron mucho más de ocho militares en la masacre; pues se hace referencia a que incluso pasaron muchos minutos, y llegaron personas con uniformes distintos después de haber iniciado las ejecuciones, tres de las cuales se habrían realizado incluso varios minutos después de que habrían sido ejecutado ya el resto de jóvenes.

Aquí es donde entra otra disparidad con la versión oficial; pues en el informe presentado hoy, se insiste que se tienen evidencias que hacen inverosímil la versión final emitida por la Sedena, de que 8 personas unicamente habrían sido ejecutadas después de rendirse, siendo que en realidad pudo haber sido incluso el doble.

Necesidad de investigar la cadena de mando

Las organizaciones abundaron en la necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército Mexicano, por lo que exigieron investigar no sólo al comandante de la 22 zona militar en ese entonces, el general José Luis Sánchez León, sino también ir escalando a la cadena de mando, hasta aclarar quien emitió la orden de ejecutar, así se tenga que llegar al titular de la Sedena referido como “el alto mando”, e incluso al presidente de la república Enrique Peña Nieto, quien es en todo caso el responsable de las fuerzas armadas.

Uno de los representantes especialista en derecho, recordó también un hecho fundamental: la participación del ejército en operaciones policiales; situación que durante muchos años fue impensada, aunque a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es que se abre la posibilidad a la participación del ejército mexicano en este tipo de operaciones, no obstante dicha participación está sujeta a dos condiciones: uno, que sean las autoridades civiles quienes solicitan la presencia del ejército en casos específicos; y dos, que sean las autoridades quienes se hagan responsables de las consecuencias que pueda ocasionar la participación de las fuerzas armadas.

Esto vendría a ratificar también la responsabilidad de las autoridades civiles, en este caso directamente del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien fue también uno de los principales en encubrir los ilícitos.

Lucha por la justicia

Las organizaciones reiteraron que no se trata de defender criminales y criticar a las instituciones, sino se trata de una defensa de los derechos humanos, pues la realidad del país, y cifras provenientes de amplios estudios internacionales, revelan que en México se está “violando sistemáticamente los derechos humanos” de parte de las fuerzas armadas, quienes no solamente están cometiendo ejecuciones, sino también tortura y desapariciones forzadas en todo el país; insistiendo también que no se trata de un hecho aislado.

Por tales motivos los expertos hicieron un llamado a la Corte Penal Internacional de La Haya, para iniciar averiguaciones acerca de las violaciones sistemáticas del estado mexicano, advirtiendo también la necesidad de ampliar las investigaciones.

Asimismo se externó la necesidad de implementar un plan de salida de las fuerzas armadas del ejército, para que puedan dejar de hacer funciones que no le corresponden; aunque haciendo mención de que esto sólo será posible cuando los policías cumplan con su deber, lo cual solamente se hará realidad cuando existan mecanismos de rendición de cuentas que garanticen la correcta realización de sus funciones; lo cual consideraron tarea complicada, haciendo alusión al hecho de que “existe una decisión de estado, de mantener en condición de debilidad a las instituciones de seguridad”.

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Raúl Flores Durán. Huellas.mx

Videos de la conferencia de prensa:

Ciudad de México, 1 de jul.- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, está dando señales evidentes de su molestia; no sólo por las críticas en contra del ejército, tanto al interior como al exterior del mismo, sino también con la postura del gobierno de la república y hasta con la nueva legislación que les quitó el fuero militar, todo esto mientras se le viene encima la presión de organismos internacionales de derechos humanos, quienes exigen respuestas.

El periodista RaymundoRivaPalacio, realiza un interesante análisis del discurso empleado por el general Cienfuegos, particularmente en la entrevista realizada por ElUniversal, donde expone parte de la frustración que tiene actualmente pues considera que están poniendo a los militares en un dilema legal, siendo que además están cumpliendo funciones para las que no fueron preparados.

“Las palabras del general reflejan por primera vez la molestia del alto mando y de generales retirados, que en diciembre le reclamaron que el Ejército estaba sometido a una campaña de desprestigio, y que los había abandonado el Ejecutivo al permitir que fueran juzgados en tribunales civiles”, alude el columnista, haciendo referencia al abandono en que se siente ahora la cúpula militar, quien también fue duramente criticada al interior.

Asimismo resulta de particular interés la crítica realizada por Cienfuegos a la remoción del fuero militar, por lo que los juzgados civiles terminarán siendo sus inquisidores, algo que no considera justo el general, señalando que incluso los militares han terminado haciendo labores policiales que no les corresponden.

Esta molestia y “advertencia al presidente Peña Nieto”, podría ser el inicio de algo más grave, augura el mencionado periodista: “Lo que dijo el general secretario es que ya llegaron al punto, desde la tropa, los mandos, los generales y él, que esto ya no es posible. Externalizar el enojo interno es el primer paso. El segundo, no respondido, es cuánto más tolerarán la situación en la que se encuentran. Pero la denuncia, en forma de explicación, comenzó”.

Y es que la presión internacional también está encima de casos como el Tlatlaya; el día de ayer Aministía Internacional hizo un nuevo llamamiento para investigar a profundidad la cadena de mando acerca de las responsabilidades implicadas en la masacre de hace un año, como describe AristeguiNoticias. El organismo con sede en Londres también exigió una explicación detallada acerca de la cadena de mentiras que comenzaron precisamente con la Sedena.

En ese sentido la CNDH también se pronunció para que las autoridades den explicación acerca de los avances del caso, como narra Excelsior; pues a más de un año de que se hayan ejecutado a 22 personas en condiciones que no han quedado esclarecidas, resulta una gran interrogante como es posible que ni siquiera haya comenzado el juicio.

Este miércoles ElUniversal publica también un reportaje realizado en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, donde se realizó la masacre, poniendo en evidencia el gran temor que existe en la comunidad por la violencia que impera en la zona, y donde incluso los niños ya son preparados en las escuelas, para enfrentar situaciones de emergencia donde pudieran estar cerca las balas y detonaciones.

Redacción. Huellas de México

Londres, Inglaterra, 30 de jun.- Amnistía Internacional insistió en que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto realice una “investigación exhaustiva e imparcial” del caso Tlatlaya, que garantice llevar a la justicia todas las personas implicadas, incluyendo a los mandos militares implicados en los hechos.

A un año de los hechos ocurridos en esa comunidad del estado de México, donde murieron 22 civiles a manos de elementos del Ejército mexicano, la organización de derechos humanos señaló que ante la muerte de estas personas, es fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y que se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos.

El director ejecutivo de AI México, Perseo Quiroz, recordó al Estado mexicano que el mantenimiento del orden público no debe ser un pretexto para violar los derechos humanos. En este sentido, dijo que el uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad, y sólo en casos de absoluta necesidad como señalan las normas internacionales de derechos humanos; obligación que en el marco de su fallida estrategia militarizada en contra de la delincuencia organizada el Estado recurrentemente ha ignorado.

“Es fundamental que las víctimas del caso Tlatlaya y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, conozcan la verdad de los hechos a través de una investigación seria e imparcial, y que se otorgue una reparación integral que incluya medidas concretas para que este tipo de hechos no se repitan”, señaló en un comunicado de AI México.

Además, reiteró su llamado al Estado mexicano a evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales —como detenciones, investigaciones e interrogatorios— debido a que sus miembros carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos. De manera inmediata, se debe garantizar que las Fuerzas Armadas desplegadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda alegación de violaciones a los derechos humanos sea investigada de manera efectiva.

Fuente. jornada.unam.mx

Ciudad de México, 30 de jun.- Los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya siguen ocupando no sólo los titulares de diversos medios alrededor del planeta, sino que también se han vuelto parte de la agenda de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien presentó múltiples quejas en su cuarto reporte, mientras que la ONU, a un año de la masacre de Tlatlaya, lanzó un exhorto público para que el gobierno mexicano y las instancias correspondientes asuman a cabalidad las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien denunció publicamente el incumplimiento de las mismas.

Ayotzinapa, una carrera con obstáculos

Este lunes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), comisionado por la CIDH para coadyuvar en el caso de los 6 jóvenes asesinados y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, presentó su cuarto reporte del caso, mediante el cual hizo público los múltiples obstáculos e irregularidades que se ha topado en las diligencias, por lo que incluso se vuelve a insistir en la indagación de nuevas líneas de investigación.

El GIEI denunció que la investigación se encuentra dividida en al menos 15 procesos diferentes, los cuales se llevan a cabo por separado en juzgados repartidos en varios estados, por lo que una de las peticiones primordiales es la de unificar las diligencias, para lo cual tienen ya programada una reunión con la procuradora general Arely Gómez.

Asimismo externaron su preocupación, pues apenas el 30% de las solicitudes realizadas a las autoridades competentes han recibido respuesta; sólo un 24% se ha resuelto de forma parcial, mientras que al resto sigue sin dársele seguimiento alguno, como relata el diario ElPaís.

De igual forma el grupo de expertos integrado por Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, expusieron que su petición de entrevistarse con miembros del Batallón 27 del Ejército mexicano, presentes aquella noche en Iguala, sigue quedando en el aire, pues el estado ha respondido que “aún se está analizando la petición”, a pesar de que tiene ya más de tres meses de haber sido realizada.

Al respecto ElEconomista cita la excusa de la Segob; emitida por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien señaló que “el Estado continúa analizando la pertinencia de esta diligencia a partir del mandato del propio grupo y del marco legal vigente”.

Curiosamente el mismo funcionario sugiere implicitamente que mejor vayan a tocar a otra ventanilla; proponiendo realizar la petición a través ahora del Ministerio Público; “para ampliar declaraciones y preguntar otro tipo de dudas.

El grupo ya se plantea solicitar una prórroga también para su gestión, dada la lentitud de las autoridades para responder a las peticiones del GIEI.

Tlatlaya, un año de especulación

Hace un año fuimos uno de los primeros medios que reportó la masacre en el sur del Estado de México, antes de que fuera reconocido de forma oficial por el gobierno mexiquense; desde aquel momento haciamos mención del sospechosismo que inundaba el caso; pues las versiones de ejecución corrieron desde un inicio en la zona, mientras que el silencio oficial al paso de las horas, aumentaba la incertidumbre y especulación.

Finalmente, después de muchas horas Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, confirmó oficialmente los hechos, con el respaldo de la Sedena, afirmando que se trató exclusivamente de un enfrentamiento con el crimen organizado.

No obstante meses después, comenzaron a salir investigaciones periodísticas que expusieron las múltiples mentiras que se dijeron en torno al caso, por lo que se inició una averiguación que ha atraído también las miradas internacionales, pues se está acusando al Ejército Mexicano de perpetrar ejecuciones extrajudiciales de forma indiscriminada.

La CNDH emitió diversas recomendaciones por las claras violaciones a los derechos humanos; no obstante a un año de la matanza, tuvo que ser la misma CNDH quien salió a exhibir publicamente al gobierno mexicano de no estar dando cabal cumplimiento a las recomendaciones emitidas, como detalla AristeguiNoticias.

La CNDH reiteró “que Tlatlaya es un caso de violaciones graves a derechos humanos que lastima a la sociedad y no debe repetirse”, respondiendo también a las arbitrariedades de la Sedena y el INAI, quienes han estado reservando información, bajo la excusa de que no fueron graves las violaciones a los DDHH.

En ese sentido resulta interesante también la entrevista realizada por CarlosBenavides al titular de la Sedena, General Salvador Cienfuegos, quien considera un error la nueva disposición del fuero militar aprobada apenas hace un año, y la cual se ha convertido en un conflicto para los militares, quienes enfrentan el riesgo de ser procesados por desobediencia, o bien por violación a los derechos humanos, según su razonamiento.

Asimismo el general ex jefe de estado mayor del Batallón 27, reconoce también que incidentes como el de Tlatlaya han costado muy caros al Ejército Mexicano, aludiendo que ha habido también un linchamiento hacia las fuerzas armadas, siendo que no se tiene toda la información del caso.

En ese tenor coinciden organizaciones como Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en voz de su directora, consideró que a 4 años de la reforma constitucional a los Derechos Humanos, se han alcanzado avances importantes, como relata JuanPabloReyes.

De igual forma el subsecretario de Derechos Humanos. Roberto Campa, se manifestó por los logros alcanzados a cuatro años de la reforma, aunque resaltando que aún quedan desafíos importantes que atender, tales como la tortura y la desaparición forzada, como describe la crónica de Reforma.

No obstante en la realidad se sigue percibiendo un clima de alto riesgo en México, incluso para los organismos defensores de derechos humanos; el día de ayer trascendió en Excelsior que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) cerró su representación en la Cuenca del Papalopan, en la zona limítrofe con el estado de Puebla, precisamente por el incremento a la violencia y las amenazas recibidas de parte de personas relacionadas con la delincuencia organizada.

Redacción. Huellas de México

Nueva York, EEUU, 29 de jun.- La vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cécile Pouilly, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para ampliar las investigaciones sobre el caso Tlatlaya.

“Un año después de la muerte de 22 personas durante una operación de las fuerzas militares, supuestamente contra una banda criminal, en Tlatlaya, Estado de México, continuamos haciendo un llamado por la justicia y la reparación de las víctimas“, manifestó.

Pouilly recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), considera que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales.

“Tres mujeres que presenciaron los hechos también han alegado haber sufrido violaciones de derechos humanos, incluyendo detención arbitraria y torturas”, agregó.

Ante ello, y pese a que un oficial y seis soldados están esperando juicio, hizo un llamado a que las autoridades amplíen las indagatorias.

También, a que incluyan a las autoridades civiles y militares que podrían tener responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos cometidas el 30 de junio de 2014.

Dijo que se requiere una investigación rápida, completa, efectiva, independiente e imparcial, como en cualquier caso que involucre presuntas violaciones de los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad aplicables al uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad.

“Investigar dichos casos y llevar a las personas responsables a la justicia es la mejor forma de garantizar que dichas violaciones no sucedan nuevamente”, agregó.

CNDH recuerda que las recomendaciones del caso Tlatlaya aún no se cumplen totalmente

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que a un año de “los graves hechos” ocurridos en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, la recomendación 51/2014 que emitió el 21 de octubre de 2014 ha sido cumplida parcialmente por las autoridades: Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de la República y gobierno del estado de México.

A través de un comunicado de prensa la CNDH subraya que por parte de la Sedena “está pendiente la determinación de responsabilidad en el ámbito militar de los servidores públicos involucrados”. De igual forma subraya que la PGR mantiene en integración el desglose de la averiguación previa PGR/Seido/UEITA/161/2014, para investigar la responsabilidad de otras personas en los hechos.

En tanto, al gobierno del estado de México le quedan pendientes los puntos relacionados con la indemnización y atención médica y sicológica a las víctimas y la determinación ministerial y administrativa de los responsables de violaciones a derechos humanos.

El ombudsman nacional resalta en su comunicado que ha dirigido oficios a los titulares de Sedena, PGR y al gobierno del estado de México en los cuales ha insistido en que acrediten el avance de cumplimiento de los puntos recomendatorios, para lo cual deben presentar pruebas ante la CNDH.

Más adelante, este organismo subraya que mantiene su puntual seguimiento al cumplimiento de la recomendación 51/2014 y continúa brindando atención a las víctimas para que hagan efectivos los derechos que les asisten.

La CNDH indica que en el caso Tlatlaya hay “violaciones graves a derechos humanos” que lastiman a la sociedad y no deben repetirse.

De igual forma, detalla que presentó tres denuncias ante la PGR, PGJ Estado de México, y PGJ Militar y tres quejas para investigar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados (Inspección y Contraloría General del Ejército, Visitaduría General de la PGR e Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México), mismas que se encuentran en curso.

Fuente. ElUniversal/LaJornada

Ciudad de México a 25 de junio.- El estado es acusado de omisión, contención y opacidad en la salvaguarda de los derechos humanos; lo que permite, que en México el menosprecio y la falta de justicia sean una constante que aparece con normalidad para la sociedad.

Los derechos humanos se ha vuelto una “carrera de obstáculos”, pero es el mínimo ético y el mínimo legal que se debe procurar, afirmó el Juez español Baltasar Garzón; en ese sentido, aseguró que en México, como en otros países los derechos humanos siempre han estado “en entredicho”, por lo que se debe trabajar para garantizar que se respeten.

Por lo que, Garzón, señala que es una “vergüenza” que a casi nueve meses de la desaparición de 43 jóvenes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero, no se haya dado una respuesta a los familiares; “Me he pronunciado varias veces sobre ese caso, es una vergüenza para la humanidad que no haya una respuesta contundente del Estado desde la justicia y en definitiva desde la comunidad en general a la demanda de justicia. No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda, se algo que quede ahí, y hay que encontrar los mecanismos para que no solo las familias sean reparadas, sino para prevenir que no vuelva a suceder un hecho como Ayotzinapa”, comentó.

Además, con respecto al caso de Tlatlaya, Estado de México, en donde militares ejecutaron a 22 personas, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inay), rechazó la apertura de la averiguación previa de la Procuraduría Militar, porque se trata de delitos del fuero militar (desobediencia) y ya ha sido consignada al juez castrense; por lo que, sólo redujo la reserva de la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 a 2 años o hasta que cauce estado. El proyecto original fue presentado por Francisco Javier Acuña, quien consideró atendible la argumentación de Sedena de reserva, por tratarse de delitos sólo del “índole de indisciplina militar”, por lo que no es aplicable la causal de apertura cuando se apela a que existió violación grave de los derechos humanos.

Mientras tanto, el operativo de seguridad desplegado por el Gobierno federal en 12 municipios de Guerrero el 19 de octubre de 2014 sólo sirvió para contener las protestas sociales que se generaron tras la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, denunciaron representantes de distintos sectores; asimismo, aseguraron que el operativo que sirvió para reforzar el llamado “Guerrero Seguro, lanzado en 2011, en lugar de disminuir los índices de violencia los ha incrementado, como lo muestra el “Informe de Víctimas de Secuestro y Extorsión 2015″, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por otro lado, luego de la terrible tragedia en la que murieron 17 adultos mayores de un asilo en un incendio, el alcalde de Mexicali, indicó que las instalaciones estaban en buen estado; no había razones técnicas para que hubiera un cortocircuito o alguna situación de gas; por lo que, una de las principales líneas de investigación que siguen las autoridades es que el incendio en el asilo de ancianos Hermoso Atardecer, fue provocado; “ El primer indicio que se tiene por el peritaje parecía indicar, por el lugar donde inició esto, pudiera haber una presunción (de que fue intencional), que ya está entregando la Procuraduría General de Justicia del Estado, estos resultados para su investigación”, detalló el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México, 24 de jun.- La averiguación previa que la Procuraduría General de Justicia Militar abrió por el caso Tlatlaya, donde 22 civiles fueron asesinados por soldados mexicanos,será reservada por dos años. Así lo determinó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) en su sesión de este miércoles 24 de junio.

Los comisionados Francisco Javier Acuña, Ximena Puente, Rosendo Monterrey y Patricia Kurczyn consideraron que al expediente del caso Tlatlaya no se le debe aplicar la excepción de reserva, la cual se utiliza en casos en que hay violaciones graves a los derechos humanos, ya que esta averiguación ya fue turnada a un juez y versa exclusivamente sobre delitos de orden castrense.

En tanto, los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Óscar Guerra, quienes votaron en contra, explicaron que su voto fue en ese sentido, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazó en varias ocasiones dar acceso al expediente, según un reporte del diario Reforma.

“En esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia (…) dice ese párrafo, en todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso”, aseguró Salas.

El comisionado ponente, Francisco Javier Acuña, consideró atendible el argumento de reserva de la Sedena, ya que, dijo, se trata de delitos sólo del “índole de indisciplina militar”, por lo que no es aplicable la causal de apertura cuando se apela a que existió violación grave de los derechos humanos.

Al argumentar su voto, la ministro Areli Cano recordó que el INAI no pudo verificar si en verdad la investigación de la Procuraduría Militar investigaba sólo indisciplinade los soldados involucrados o, si bien, estas conductas indebidas de acuerdo al código militar estaban directamente asociadas con la violación grave a derechos humanos que, de ser el caso, anula la posibilidad de invocar la causal de reserva.

El comisionado Joel Salas también se refirió a las omisiones de la Sedena, que no permitió  el acceso a la información al INAI para determinar si había fundamento en la invocación de la reserva. “ Creemos que en esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia”, señaló de acuerdo con un reporte del diario La Jornada.

En defensa del proyecto, los comisionados Ximena Puente y Rosendo Monterrey explicaron que cuando se trata de delitos de fuero militar, no procede una causal de apertura. Además, insistió Puente, se trata de una averiguación que ya ha sido consignada a un juzgado militar por la probable responsabilidad de la comisión de delitos de desobediencia militar, que en ningún ordenamiento se le asocia a violación grave de derechos humanos.

La resolución del INAI ocurre un día después de que un peritaje explica que 11 de las víctimas fueron prácticamente fusiladas, mientras que otras cinco fallecieron realizando ‘‘maniobras instintivas de defensa’

Según información obtenida a través de una solicitud de información pública, los soldados dispararon a corta distancia en contra de algunas de las víctimas.

Fuente. animalpolitico.com

Ciudad de México, 23 de jun.- Investigaciones periodísticas siguen contradiciendo o abriendo nuevos horizontes en las líneas de investigación de casos como los de Ayotzinapa y Tlatlaya, los cuales, lejos de quedar esclarecidos, siguen generando intrigas que amplían la especulación y la sospecha en torno a lo ocurrido.

Ayotzinapa, sí había militares en el grupo de desaparecidos

Finalmente tras la polémica desatada por una solicitud de información realizada por Proceso, en la cual la Sedena reconoció que uno de los estudiantes desaparecidos es un militar en activo, al menos dos familias han reconocido que sus hijos formaron parte de las filas del ejército, no obstante afirman que desertaron por voluntad propia antes de inscribirse a la Normal Rural de Ayotzinapa, como detalla la agencia Apro.

Los padres acusaron que la revelación de la Sedena es un intento por generar conflicto al interior del movimiento de familiares de los desaparecidos, por lo que se manifestaron unidos y decididos a seguir en la búsqueda de sus hijos, como relata GloriaLeticiaDíaz.

Y aunque algunos padres y normalistas acusaron que la presencia de militares en el grupo desaparecidos, podría ser otra prueba más de la infiltración del estado; las familias de los jóvenes que pertenecieron al ejército, han rechazaron estas acusaciones.

Uno de los jóvenes que desertó del ejército mexicano fue Julio César López Patolzin, de quien los familiares siguen pidiendo se aclare también el porque de la activación del teléfono móvil, horas después de que supuestamente habían sido incinerados, así como una presunta señal proveniente del Batallón 27 del Ejército.

Ayotzinapa. Nuevos testimonios buscan confirmar que muchos culpables siguen libres

Esta semana la revista Proceso publica también una nueva reportaje, donde afirman haber obtenido testimonios y documentos oficiales, donde se reporta la existencia de un comando especial de Guerreros Unidos en Iguala, llamados ‘Los Bélicos’, quienes habrían participado en la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre pasado.

Según diversos relatos documentados, existen personas de Iguala que denuncian que varios integrantes de este grupo criminal, siguen libres y paseándose tranquilamente por la ciudad, donde habrían cometido también decenas de abusos y delitos.

Esta célula criminal, infiltrada en los departamentos de policía de Iguala y Cocula, operaba en complicidad de las autoridades, según los testimonios expuestos: “El ejército siempre los ha dejado operar. Les permitían establecer sus filtros, que eran ilegales, y parar gente, y todos sabíamos lo que le hacían a los detenidos”, señaló uno de los entrevistados.

Según documentos oficiales, la Sedena también habría tenido conocimiento del levantamiento de estudiantes perpetrado por el comando armado, presuntamente Los bélicos: “Las bitácoras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó a Proceso muestran que personal militar estuvo al tanto del ataque cometido contra los normalistas y que conocían el modus operandi de Los Bélicos. Uno de los reportes de aquella noche señala: ‘Aproximadamente 2230 horas arribaron al lugar tres patrullas más a bordo de las cuales bajaron policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran, por lo que los estudiantes les mencionaron que tenían compañeros heridos, sin especificar qué tipo, aproximadamente 2235 horas los policías que llegaron trataron de bajar a los estudiantes’. En ese momento, a la vista del ejército, los policías perpetraban la desaparición de los jóvenes”.

Tlatlaya, otra confirmación de ejecución

Por su parte el diario LaJornada, publica una investigación basada en documentos oficiales, en donde se confirma que al menos 11 de las 22 personas asesinadas, fueron fusiladas, mientras que otras 5 fallecieron mientras realizaban “maniobras instintivas de defensa”.

Con este reporte se viene a contradecir de forma sustancial las afirmaciones vertidas por el procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quien negó que hubiera indicios de ejecución, y que todos los muertos habrían sido producto de un enfrentamiento a distancia, como subraya el diario.

De igual forma sacan a relucir el testimonio de una de las mujeres sobrevivientes, quien señaló que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento; mientras que le resto habrían sido ejecutados después de haberse rendido.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México, 17 de jun.- En diversos tratados internacionales firmados por México, así como en la legislación nacional, se establece muy claramente que aquellos casos donde se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos, el expediente debe ser abierto al público, aunque haya sido cometido por fuerzas del estado, con el afán de someter al escrutinio público el proceso judicial y poder dar garantías que no se vuelvan a repetir actos atroces.

La masacre cometida por miembros del Ejército Mexicano, en la comunidad de Tlatlaya, Estado de México, fue considerada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre muchos otros organismos, como un grave incidente de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas armadas de México, lo que calificó de forma tajante como una grave violación a los derechos humanos.

No obstante, a casi un año de la matanza, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), volvió a rechazar una solicitud de la CNDH, quien pedía conocer los avances de la investigación, no obstante una vez más la Sedena se volvió a negar a proporcionar la información, aludiendo que no se cometió ninguna violación grave a los derechos humanos, y que ya tomaron la determinación de reservarse la información por al menos 12 años, como detalla Revolución3.0.

La CNDH ya había solicitado anteriormente a la Sedena proporcionar información, en esta ocasión fue por el hecho de que ni siquiera alguno de los 8 militares de menor rango que están siendo procesados por la Sedena, han recibido sentencia alguna ni en el fuero militar ni en el fuero civil, de lo cual se negó a dar razones el Ejército.

Cabe subrayar que son sólo 8 militares de bajo rango los que están siendo juzgados, a pesar de que en el lugar estuvieron al menos 3 generales del ejército, quienes necesariamente tuvieron que haber participado, al menos en las labores de encubrimiento que los uniformados mañosamente intentaron perpetrar, hasta que fueron puestos en evidencia por la prensa.

Esta actitud del organismo encabezado por el general Salvador Cienfuegos Zepeda, es una contradicción doble en contra de la CNDH, quien en voz de su titular Luis Raúl González Pérez, señala que las autoridades deben ser las primeras en poner el ejemplo en el combate a la impunidad.

Así lo manifestó el mismo día de ayer en la Reunión de la Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), como relata ElEconomista; no obstante a pesar de la exigencia para que las autoridades pongan el ejemplo en el combate a la impunidad, en el Ejército Mexicano se sigue fomentando este tipo de prácticas tan retrogradas que hacen rememorar oscuros episodios de las fuerzas armadas de México, como la Guerra Sucia, lo que representa un mínimo avance en el respeto a las leyes y los derechos humanos.

Raúl Flores Durán. Huellas.mx