Ciudad de México, 6 de oct.- Este fin de semana la ONU presentó un informe de la situación de los derechos de las personas con discapacidad en México, a partir de un análisis realizado por expertos que visitaron el país el pasado mes de agosto.
Fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, quien elaboró el estudio, a partir del cual elogió los logros alcanzados, aunque también enlistó una serie de carencias y por tanto recomendaciones para seguir mejorando la situación de las personas con capacidades diferentes.
El Teletón
Una de las cuestiones que destaca del informe aprobado por el comité de la ONU para ser enviado al gobierno mexicano, son las recomendaciones en torno al Teletón de la empresa Televisa, para lo cual, emitieron una serie de recomendaciones.
En primer lugar cuestionan el hecho de que recursos públicos, que deberían gastarse de forma responsable y transparente en salud, sean transferidos a una empresa privada, en este caso Televisa, quien tiene mecanismos privados y externos.
“Al Comité le preocupa que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado Parte sean objeto de administración en un ente privado como Teletón”, señala el informe en su artículo 17.
Una solicitud de acceso a la información pública, hecho por la revista m-x, detalla que en suma los gobiernos estatales y dependencias federales, aportaron $1,832,379,981 (Mil 832 millones 379 mil 981 pesos) al Teletón tan solo entre 1997 y 2011.
Destaca el caso del Estado de México, quien por mucho es el más espléndido en sus aportaciones al Teletón, al menos 438 millones 608 mil 107 pesos han sido aportados en dicho periodo.
Cabe recordar, el presidente Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador, comprometió a la administración pública a aportar anualmente 73 millones de pesos anuales al menos hasta el 2020; además de que esta cifra irá incrementándose en función del índice de precios al consumidor.
Por tanto si actualizamos las cifras de m-x para el Edomex, considerando las aportaciones de 2012 y 2013, se concluye que hasta la fecha ya van más de 629 millones aportados al Teletón, esta cifra es más del doble del presupuesto anual que destina el gobierno mexiquense a la Atención a Personas con Discapacidad (311 millones), también es cuatro veces más que el presupuesto anual para Derechos Humanos (149 millones), 10 veces más que el presupuesto dedicado a Pueblos Indígenas, además de ser equivalente a casi el 3% del presupuesto destinado a Salud este año en el Estado de México. Además de que la aportación al Teletón se incrementará otros 70 millones en los próximas días y así sucesivamente hasta 2020.
Quintana Roo y Sonora son otros dos estados que han aportado más de 200 millones de pesos, mientras que las administraciones estatales de Chiapas, Sonora, Puebla y Michoacán, han aprobado también programas anuales de aportaciones al Teletón con recursos públicos.
Al respecto la ONU subraya en el apartado de Toma de Conciencia: “El Comité insta al Estado Parte a establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad“; recomendó el comité.
La Convención también se mostró preocupada por la forma en que son tratados las personas con capacidades diferentes en el Teletón; pues son exhibidos como objetos de la caridad, concluyeron; “(se) observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”, indica el reporte.
Televisa, ha hecho del Teletón y las discapacidades un espectáculo desde hace años, explotando una imagen denigrante para las personas con capacidades diferentes. La ONU recomendó también al estado mexicano “desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos”.
Logros
Los expertos de la ONU reconocieron el esfuerzo de las instituciones mexicanas para avanzar en materia de protección a las personas con capacidades diferentes, particularmente mediante una legislación más sólida que permita garantizar los derechos esenciales.
Particularmente destacaron la Ley Federal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011); La reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2014); El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018; El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018; El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad (2014-2018); así como El Programa Nacional para la Igualdad y la No-discriminación (2014-2018); El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2013-2018; El Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión social de las Personas con Discapacidad; El Programa especial de Migración de 2014; y El Protocolo para la Impartición de justicia en casos que involucren a personas con discapacidad.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones y exhortos de la Convención de la ONU al gobierno mexicano, destaca la sugerencia de asignar recursos para que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación sea traducida a todas las lenguas indígenas en formatos accesibles incluidos el braille, la lengua de señas, la lectura fácil y los formatos electrónicos.
El comité se manifestó preocupado también “por el reducido número de quejas y de pronunciamientos sobre casos de discriminación por motivos de discapacidad; la falta de reglamentación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la poca información sobre su difusión en formatos accesibles, incluyendo en lenguas indígenas”, señala en el informe.
Se recomendó también al estado mexicano a garantizar la consideración de los niños con discapacidad en la legislación, así como en las políticas y medidas dirigidas a la infancia, “bajo el principio de igualdad de condiciones con los demás niños y niñas e inclusión en la comunidad, prestando particular atención a quienes viven en zonas rurales y en comunidades indígenas”.
De igual forma se instó a mejorar los mecanismos de accesibilidad y educación, destacando el derecho que no tienen los niños con capacidades diferentes en México, a contar con un intérprete o traductor.
También destaca la preocupación manifiesta, de que la legislación mexicana “autorice la privación de la libertad de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial por motivo de su discapacidad“, particularmente referente a su internamiento involuntario en instituciones psiquiátricas, por lo cual exhortó al estado mexicano “para que elimine las medidas de seguridad que implican forzosamente tratamiento médico-psiquiátrico en internamiento”.
La ONU además recomienda derogar la legislación que permite la detención basada en la discapacidad, así como asegurar “que todos los servicios de salud mental se suministren con base en el consentimiento libre e informado de la persona concernida”.
Es de resaltar también la urgencia emitida por la Convención, para que el gobierno mexicano inicie procesos de investigación administrativa y penal, contra “las autoridades judiciales y sanitarias e instituciones que recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad”; además de garantizar el acceso a la justicia y reparación del daño.
David Galeano
Huellas de México
