CIUDAD DE MÉXICO, 30 de mar.- A unos meses de que se cumplan dos años de la ejecución de 22 personas por miembros del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México, organizaciones sociales alertaron sobre la posibilidad de que el caso quede impune, al revelarse que los militares inculpados fueron exonerados por un tribunal castrense.
En un comunicado firmado por organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a una de las tres sobrevivientes de los hechos, se destaca que el 15 de octubre del año pasado el Juzgado Sexto Militar, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), absolvió a seis de los siete militares involucrados en la masacre por el delito de infracciones de deberes militares, en tanto que al séptimo de los acusados lo condenó a un año de prisión por desobediencia, pena que ya fue purgada.
La anterior información pudo ser conocida recientemente por Clara Gómez González, sobreviviente de la masacre y madre de una de las víctimas mortales, Ericka de 16 años, y quien con el respaldo del Centro Prodh tuvo acceso al expediente gracias a un amparo.
Al resaltar que la exoneración evidencia la “parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense”, que permite juicios paralelos, las organizaciones puntualizan que la impunidad en este caso está siendo fomentada también por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Entre las omisiones de la PGR identificadas por las organizaciones denunciantes, destaca la fragmentación de la indagatoria, “integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente para investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.
Recordaron que en julio del año pasado, en su labor de coadyuvancia, el Centro Prodh solicitó a la PGR el desahogo de diversas pruebas derivadas de la instrucción que recibió la unidad castrense que llevó a cabo la masacre de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”.
El Centro Prodh “solicitó que los mandos miliares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas”, reprocharon.
En cuanto a la CNDH, los firmantes del comunicado denunciaron que “perpetúa la opacidad del caso”, toda vez que el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez “negó a la víctima Clara Gómez González la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación del expediente hecha por el ombudsman anteriormente”.
Agregaron que el organismo público “tampoco ha informado de los resultados de la revisión de las órdenes militares vigentes en el país , y si éstas contienen instrucciones de ‘abatir delincuentes’, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana”.
Al reiterar que el tratamiento que autoridades están dando a este caso “apunta a que la impunidad podría prevalecer”, los firmantes recordaron que existen procesos judiciales pendientes de resolver, como el juicio en el ámbito civil que se sigue contra tres militares imputados por homicidio; la conclusión de la averiguación previa abierta por la PGR para investigar la cadena de mando “respecto a la orden de abatir”, en tanto que “permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
Urgen a investigar quién dio la orden
Frente al riesgo de negación de justicia, las organizaciones firmantes reiteraron la urgencia de que “se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Christoph Heynes, esta deber ser indagada cabalmente dado que “las órdenes de oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales, deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.
El comunicado fue firmado por Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Freedom House, Servicio y Asesoramiento para la Paz, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro Nacional de Comunicación Social; Instituto para la Seguridad y Democracia; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los derechos para todas y todos, Red TDT.
Gloria Leticia Díaz. Apro
