José Santos Navarro

Era como un juego verdadero. Los niños subieron a los tanques de guerra, helicópteros y otros vehículos militares, reales. Con ayuda de sus padres trepaban y se tomaban fotos. En sus mentes, combatían monstruos, destruían a los malos, a los perversos y ganaban puntos en ese efímero sueño real.

Para sorpresa de miles de personas, principalmente familias que coincidieron en su paso frente a los transportes militares, exhibidos en  la explanada de la vieja estación de Buenavista, donde hoy convergen los recuerdos del tren de vapor y máquinas diésel, hoy, en ese mismo punto yacen las estaciones del tren Suburbano, el Metro y Metrobús; donde los niños vivieron una extraordinaria experiencia con las Fuerzas Armadas.

Como siempre, volar es el sueño de muchos niños y se formó una larga fila de quienes acompañados de sus familiares sentían el deseo, la necesidad, de subir y tripular un helicóptero militar y “volar”, aunque sea sin despegar del piso, pero sentirse dentro de ese imponente helicóptero y volar. Los niños se encargaron de realizar su sueño, el Ejército los apoyó.

Además, había una librería Sedena, varios transportes militares, donde los niños vivieron una inimaginable experiencia, trepar a un helicóptero, a un tanque de guerra y otros transportes donde con admiración y respeto miraban a los elementos del Ejército Mexicano, quienes los auxiliaban a cumplir sus sueños o inquietudes.

El pasado 9 de febrero se conmemoró el 103 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, además de que el próximo 19 de febrero es el Día del Ejército y es un gran acierto que el pueblo tenga este acercamiento con las Fuerzas Armadas, para crear un vínculo real con las instituciones de México, que finalmente están al servicio de la patria y de los mexicanos. Qué bueno por los niños que vivieron esta experiencia de volar sin despegar del suelo.

Con la finalidad de contribuir con una política de austeridad en el gasto público y aprovechar las nuevas tecnologías, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama propuso sustituir la expedición de la Cartilla militar y, en su lugar, otorgar una matrícula que se incluya en los datos que aparecen en la credencial de elector.

La legisladora panista dijo que la matrícula se les otorgará a los jóvenes de 18 años cuando hayan cumplido con el servicio militar, la cual se agregará en la credencial de elector, pues es un documento que sirve de identificación en cualquier trámite gubernamental o privado.

Destacó que esta medida contribuirá a generar un ahorro en la expedición de un documento que está dejando de circular.

La iniciativa que reforma las leyes del Servicio Militar y General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se envió a las comisiones de Defensa t de Estudios Legislativos.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, reconoció al Congreso por avalar la Ley de Seguridad Interior y afirmó que respetarán lo que determine la Suprema Corte de Justicia.
“Le damos la bienvenida a la aprobación de la ley y agradecemos el esfuerzo del Congreso para otorgar esta ley que hemos estado solicitando”, dijo y agregó que “estaremos atentos a las determinaciones que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, como siempre ha sido, respetaremos lo que finalmente se decida tanto como por el (Poder) Legislativo y Judicial”.
En el evento, efectuado en las instalaciones de la 25 Zona Militar, fueron graduados 83 elementos del Ejército, entre ellos tres mujeres, luego de 6 meses de preparación y 17 unidades de aprendizaje tomadas con una duración de 840 horas, así como dos ejercicios calificados y un ejercicio sobre terreno.

CHIAPAS.- Las autoridades estatales informaron que un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) perdió altura y cayó con los víveres que trasladaba de diferentes partes del país para ayudar a damnificados del municipio de Ángel Albino Corzo.

En cuenta de Twitter, el gobernador Manuel Velasco escribió que Protección Civil informó sobre el desplome de un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea que iba rumbo a la localidad de Jaltenango.

“Informa @pcivilchiapas desplome de un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea que iba rumbo a #Jaltenango con ayuda humanitaria. pic.twitter.com/f59jdg6PKE”

Información de medios de comunicación señalaron que en la aeronave viajaban siete elementos de la Fuerza Aérea y uno de Protección Civil del estado, quienes resultaron lesionados.

En su oportunidad, el coordinador de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García detalló que “son ocho personas, están lesionados, se comunicaron vía radio, están en proceso para realizar las maniobras de rescate”.

Según el propio reporte de las autoridades estatales, el accidente ocurrió en la zona cafetalera de la montaña chiapaneca minutos antes de las 13:00 horas.

Elementos de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad detuvieron a Joshua “N”, quien presuntamente era uno de los principales generadores de violencia en Quintana Roo.
En un comunicado, las autoridades señalaron que como resultado de los trabajos de inteligencia y producto de la coordinación entre las fuerzas federales, personal de las secretarías de Marina y Defensa, de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal, realizaron cinco cateos en igual número de domicilios en Cancún.

En uno de ellos se logró la detención de esa persona, quien pertenece a una organización delictiva que tiene su principal centro de operaciones en Jalisco.

Joshua “N” es presuntamente responsable de ejecuciones contra integrantes de grupos antagónicos y de la agresión a la Fiscalía de Cancún,  en enero pasado.

SINALOA.- El gobierno federal informó que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), detuvo a Jesús “N”, presunto responsable de las actividades delictivas efectuadas por una organización criminal en Culiacán, Sinaloa.

Las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad reportaron que el aprehendido es presunto responsable de actividades delictivas efectuadas en Sinaloa.

“Se presume que el ahora detenido coordinó y participó en la agresión con armas de fuego realizada en contra de militares el pasado 30 de septiembre de 2016 en esa ciudad, apoyando con individuos y vehículos de la organización que dirigía”.

Se le considera como probable generador de violencia al interior del grupo delincuencial al que pertenece, con el objeto de mantener el control de las actividades delictivas en Navolato, Culiacán y Cosalá, Sinaloa.

Al momento de su detención Jesús “N” se encontraba en posesión de un arma larga, así como dos kilogramos y 15 dosis de droga conocida como cristal; 20 dosis de metanfetamina y 30 de cocaína.

TIJUANA.- Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), consideró que el robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se incrementó por omisiones de algunas autoridades.

Durante la ceremonia de inauguración de la sucursal de Banjercito en el cuartel militar Morelos de Tijuana, Baja California, el funcionario federal dijo que lo importante es que los mismos gobiernos estatales ya brindan atención para terminar con este flagelo.

“No es un problema del Ejército ni de las Fuerzas Armadas, es un asunto que deben resolver los gobiernos locales”, dijo al indicar que acatará el resultado de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) sobre lo ocurrido la noche del 3 de mayo en la comunidad de Palmarito Tochapan, Puebla.

Ante la diversas interpretaciones, Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), comentó que la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional no busca militarizar a México, sino ser un instrumento jurídico que delimitará obligaciones y atribuciones para cada una de las autoridades en la materia, incluyendo la participación de las Fuerzas Armadas bajo un principio de gradualidad.

En el marco del 104 aniversario del Día del Ejército, el secretario indicó que las Fuerzas Armadas respetan e impulsan el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Por ello, dijo, de aprobarse esta ley, deberá contener un concepto multidimensional que involucre a todas las autoridades bajo los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

En este sentido, el titular de la Sedena, enfatizó que quienes por falta de información tergiversación la misma, o con otros intereses no visibles, señalan que la iniciativa induce a la institucionalización de militares en seguridad o a su militarización, les aclaro que las Fuerzas Armadas mexicanas creen, respetan e impulsan el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.

“Consideramos que la iniciativa que llegará a aprobarse debe contener un concepto multidimensional que involucre a todas las autoridades bajo los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y gradualidad”, mencionó.

Aseguró que esta iniciativa de ley no debe ser una ley a modo para las Fuerzas Armadas, sino que espera que sea una ley que fortalezca al Estado y que puntualice y obligue lo que a cada quien le corresponde hacer, por lo cual demandó que los gobiernos federal, estatales y municipales, se responsabilicen y rindan cuentas.

Cienfuegos Zepeda insistió que la Ley de Seguridad Nacional debe ser una ley que dé certeza jurídica a las autoridades, pero “sobre todo a la sociedad, una ley que beneficie a todos los mexicanos”.

CULIACÁN.-Elementos de corporaciones federales confirmaron la detención de Francisco Javier Zazueta Rosales, Pancho Chimal, jefe del grupo de sicarios de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El detenido quedó a disposición de la delegación de PGR en Sinaloa por su probable responsabilidad de delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

CULIACÁN.- El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel evaluaron los nuevos hechos de violencia ocurridos en Culiacán y Novolato, en Sinaloa.

Cienfuegos Zepeda comentó que tras el vacío de poder que dejó Joaquín El Chapo Guzmán al interior del cártel de Sinaloa, grupos internos se están disputando el liderazgo.

Aseguró que el estado no ha sido rebasado por los grupos armados y que pronto se verán los resultados.

Cienfuegos sostuvo un encuentro con el gobernador de Sinaloa y reiteró su apoyo a las autoridades locales y anunció que enviarían más elementos para reforzar los operativos. Incluso, atribuyó el alza de la violencia a la pugna interna, aunque no quiso precisar entre quiénes se pelean el liderazgo.

“Es la gente de lo que se conoce como este cártel del Pacífico y ante la ausencia de su líder están peleando quién se pueda hacer cargo de la organización”, agregó el titular de la Sedena.

El próximo lunes se pondrá en marcha los acuerdos tomados en dicha reunión para intentar disminuir los niveles de violencia y que la población se encuentra tranquila.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) precisar el número de “drones” con los que cuenta para llevar a cabo tareas de vigilancia aérea.

En votación dividida, los comisionados del INAI decidieron que la Defensa Nacional debe dar a conocer esa información, pese a que la dependencia argumentó que difundirla puede comprometer la seguridad nacional.

En un comunicado, el instituto señaló que los comisionados, por mayoría de votos, decidieron que el dato del número de “drones”, en sí mismo, no revela la capacidad de vigilancia aérea de la Defensa Nacional para emprender acciones contra la delincuencia organizada. “El número no brinda elementos contundentes que generen un desequilibrio para la capacidad de reacción, planeación o estrategia que plantea la dependencia para combatir a la delincuencia organizada”.

Se trata de un dato que no incluye información adicional que pudiera entorpecer la labor de la dependencia, porque no localiza geográficamente a los “drones”, ni revela datos de la estrategia con la que se despliegan, ni su modo de operar. Estos aparatos “tienen una función meramente de vigilancia, por lo que no constituyen instrumentos de defensa”, señalaron los comisionados del INAI en el documento.

Ante ello, los comisionados decidieron modificar la respuesta de Sedena e instruirle a que dé a conocer el número de “drones” con los que cuenta.

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la acción del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, al externar su disculpa en forma pública ante la sociedad por la actitud de elementos del Ejército, por lo que enfatizó que solo con respeto a los derechos humanos se puede refrendar la autoridad de las Fuerzas Armadas.

Durante la Protesta de Bandera de los Soldados y Marinos del Servicio Militar Nacional Clase 1997, Anticipados, Remisos y Mujeres Voluntarias, el primer mandatario afirmó que su actuación, ante cualquier circunstancia, deber ser en estricto apego a la ley: “Portar el uniforme de la patria conlleva el imperativo moral de mantener una conducta intachable”.

En este sentido, Peña Nieto señaló que una prueba del honor del Ejército es que ante faltas graves de sus integrantes, su alto mando ofreció una disculpa pública, hecho que “representa un respeto a la sociedad.

Peña Nieto expresó su reconocimiento a los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, por la visión compartida de promover la protección y defensa de los derechos humanos.

Un juez sentenció a 52 años y medio de prisión a un general del Ejército mexicano por ordenar la tortura de un sospechoso y quemar después su cadáver. Se trata de una de las sentencias más largas contra un oficial de las Fuerzas Armadas.

El Consejo de la Judicatura informó que un juzgado sentenció a un general a 52 años de cárcel por los delitos de tortura, homicidio y destrucción de cadáver.

Aunque la instancia judicial no reveló el nombre del militar, dijo que fue comandante de una Guarnición Militar en Chihuahua. El ex militar y la Sedena fueron condenados a pagar una reparación del daño por un monto de 250 mil 470 pesos.

Las investigaciones arrojaron que elementos de la Tercera Compañía de Infantería detuvieron el 25 de julio de 2008 a una persona, de la cual tampoco revelaron el nombre, y la llevaron viva a sus instalaciones en Chihuahua.

Por órdenes del general, sus subordinados ataron y mojaron al detenido y le aplicaron descargas eléctricas, pues querían que les diera información sobre la muerte de un militar, lo que ocasionó que muriera de fibrilación ventricular y paro cardiorrespiratorio secundarios a descargas eléctricas.

El general les ordenó a los militares que subieran el cadáver a un vehículo y lo incineraran de forma clandestina en un rancho.

El Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua ordenó ofrecer una disculpa pública, el reconocimiento de la responsabilidad y la garantía de no repetir los delitos.

El Ejército de México, envuelto en un escándalo a raíz de la reciente divulgación de un video en el que dos soldados y una policía federal torturan a una mujer, pidió disculpas públicas este sábado por este incidente “inadmisible”.

“En nombre de todos los que integramos esta gran institución nacional ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento”, dijo el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, en el Campo Militar Uno ante más de 26 mil soldados.

En el video, que se hizo viral a partir del miércoles en las redes sociales, aparece una mujer descalza echada en el piso, que llora y grita mientras una soldado apunta un arma sobre su cabeza.

Después una agente de la Policía Federal le esposa las manos y comienza a asfixiarla con una bolsa de plástico en dos ocasiones, mientras la militar le hace preguntas y la amenaza con otras formas de tortura.

Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, estado clave en el cultivo y tráfico de amapola y marihuana.

Ante esta situación, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) dijo esta semana haber tenido conocimiento de lo sucedido el 10 de diciembre 2015 y dijo que un capitán y una policía militar fueron arrestados en instalaciones castrenses “como presuntos responsables del delito de desobediencia”.

“Es necesario expresar públicamente nuestra indignación por los hechos lamentables que sucedieron hace casi 14 meses (…) en el que se aprecia que malos integrantes de nuestra institución empañan la actuación honorable de miles de mujeres y hombres en uniforme militar”, dijo el titular de la Sedena.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que dos elementos participaron en la agresión a una mujer en Ajuchitlán, Guerrero, quienes fueron internados en una prisión militar por el delito de “desobediencia” y el expediente fue turnado a la Procuraduría General de la República (PGR).

En redes sociales circula un video donde se observa personal militar y a un presunto policía federal abusando y agrediendo de una mujer, a la que en varias ocasiones le colocan una bolsa de plástico en la cabeza. Tras la difusión de este material, la Sedena emitió un comunicado en el que especificó que esos hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Asimismo, informó que se enteró de la agresión el 10 de diciembre de 2015, por lo que dio aviso al Ministerio Público Militar, quien integró la averiguación previa correspondiente a fin de reunir los elementos de prueba para ejercer acción legal contra el personal involucrado.
Sedena indicó que su personal refrenda al pueblo de México y a sus instituciones, su compromiso de lealtad, acatando estrictamente el estado de derecho y ratifican que en el presente caso y en todos los que personal militar vulnere la ley o los derechos humanos, “se procederá con rigor y contundencia contra los responsables”.

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de mar.- A unos meses de que se cumplan dos años de la ejecución de 22 personas por miembros del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México, organizaciones sociales alertaron sobre la posibilidad de que el caso quede impune, al revelarse que los militares inculpados fueron exonerados por un tribunal castrense.

En un comunicado firmado por organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a una de las tres sobrevivientes de los hechos, se destaca que el 15 de octubre del año pasado el Juzgado Sexto Militar, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), absolvió a seis de los siete militares involucrados en la masacre por el delito de infracciones de deberes militares, en tanto que al séptimo de los acusados lo condenó a un año de prisión por desobediencia, pena que ya fue purgada.

La anterior información pudo ser conocida recientemente por Clara Gómez González, sobreviviente de la masacre y madre de una de las víctimas mortales, Ericka de 16 años, y quien con el respaldo del Centro Prodh tuvo acceso al expediente gracias a un amparo.

Al resaltar que la exoneración evidencia la “parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense”, que permite juicios paralelos, las organizaciones puntualizan que la impunidad en este caso está siendo fomentada también por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Entre las omisiones de la PGR identificadas por las organizaciones denunciantes, destaca la fragmentación de la indagatoria, “integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente para investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.

Recordaron que en julio del año pasado, en su labor de coadyuvancia, el Centro Prodh solicitó a la PGR el desahogo de diversas pruebas derivadas de la instrucción que recibió la unidad castrense que llevó a cabo la masacre de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”.

El Centro Prodh “solicitó que los mandos miliares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas”, reprocharon.

En cuanto a la CNDH, los firmantes del comunicado denunciaron que “perpetúa la opacidad del caso”, toda vez que el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez “negó a la víctima Clara Gómez González la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación del expediente hecha por el ombudsman anteriormente”.

Agregaron que el organismo público “tampoco ha informado de los resultados de la revisión de las órdenes militares vigentes en el país , y si éstas contienen instrucciones de ‘abatir delincuentes’, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana”.

Al reiterar que el tratamiento que autoridades están dando a este caso “apunta a que la impunidad podría prevalecer”, los firmantes recordaron que existen procesos judiciales pendientes de resolver, como el juicio en el ámbito civil que se sigue contra tres militares imputados por homicidio; la conclusión de la averiguación previa abierta por la PGR para investigar la cadena de mando “respecto a la orden de abatir”, en tanto que “permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Urgen a investigar quién dio la orden

Frente al riesgo de negación de justicia, las organizaciones firmantes reiteraron la urgencia de que “se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Christoph Heynes, esta deber ser indagada cabalmente dado que “las órdenes de oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales, deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.

El comunicado fue firmado por Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Freedom House, Servicio y Asesoramiento para la Paz, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro Nacional de Comunicación Social; Instituto para la Seguridad y Democracia; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los derechos para todas y todos, Red TDT.

Gloria Leticia Díaz. Apro

Reynosa, Tamaulipas, 24 de mar.- Tras los hechos violentos registrados en los últimos días en el estado de Tamaulipas, particularmente en municipios fronterizos, el gobierno federal desplegó un operativo con 900 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes estarán reforzando la seguridad en los principales puntos donde se registran incidentes violentos.

A diferencia de los agentes de la Policía Federal que estaban desplegados desde el año pasado y que se iban rotando para atender las funciones de seguridad, en este caso los militares que llegan estarán de forma permanente, con el objetivo de cumplir de forma más efectiva con las tareas de seguridad.

El comandante de la cuarta Región Militar, Miguel Ángel Patiño, señaló que se trata de un operativo oportuno para atender las necesidades de seguridad que aquejan a la entidad.

En las últimas dos semanas se han registrado diversos narcobloqueos, emboscadas y enfrentamientos con la policía, que han dejado un saldo de al menos 19 presuntos delincuentes muertos.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer bimestre del año se han reportado un promedio de 85 asesinatos al mes, lo cual equivale a tres por día, lo cual es más del promedio que se tenía en 2015, de acuerdo a cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien reportó un promedio mensual de 61.25 homicidios.

La zona es objeto de violenta disputa entre los cárteles del Golfo y de loz Zetas principalmente.

Días antes también se aumentó la cifra de elementos de la Policía Federal, destinados a diversos puntos de la entidad.

Redacción. Huellas.mx

Ciudad de México, 21 de mar.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), emitió una resolución donde concluye que Caminos y Puentes Federales (Capufe) está incurriendo en una falta al negar a un civil el acceso a videos de lo que sucedió la noche que desaparecieron 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, lo cual fue requerido a través de una solicitud de transparencia, por lo que instó al organismo a cumplir con su responsabilidad, y otorgar una copia del material requerido.

Capufe, se había excusado afirmando que después de 60 días todas las grabaciones eran destruidas, no obstante, tras una investigación, el INAI detectó que ya antes estos videos habíansido presentados por Capufe a la PGR, 82 días después de haber ocurrido los hechos, por lo que se tendrían evidencias de que se guardaron por orden judicial copias de lo que sucedió aquella noche, mismas que ordenó entregar al civil que lo solicitó.

La solicitud, es para acceder a una copia de lo ocurrido entre las 9 de la noche del día 26 de septiembre y las 5 de la mañana del 27 de septiembre en la caseta Plaza 3 en las afueras de la ciudad de Iguala, Guerrero.

Y aunque el INAI señala la obligación de Capufe de presentar copia de los videos, aclara que tendrá que evitarse mostrar a detalle placas de vehículos, así como rostros de personas que pudieran alcanzar a ser visibles en las tomas.

Según los hechos descritos y documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue en este punto donde uno de los camiones de estudiantes se paró a “botear” aquella noche, no obstante que había un operativo con policías federales, quienes estaban ya operando del otro lado de la caseta, impidiendo el acceso de camiones a la ciudad, por lo que decenas de personas tuvieron que trasladarse caminando a la ciudad desde este punto.

También desde aquí comenzó a seguirlos y reportarlos un agente de inteligencia militar que estaba en motocicleta vestido de civil; este mismo agente los siguió y estuvo reportando todos los movimienos de los estudiantes, hasta el momento en que fueron violentamente levantados por la fuerza y trasladados con lugar desonocido, fue aquí, donde curiosamente recibió la orden de regresar a la 27 Zona Militar, perdiendo así la pista de los estudiantes, de quienes a la fecha no se ha vuelto a saber; con excepción de Mora Venancio.

Raúl Flores Durán
Huellas.mx

Ciudad de México, 17 de mar.- Padres de los 42 estudiantes que continúan desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, se reunieron hoy con representantes de la PGR y la Secretaría de Gobernación, quienes les informaron de los avances en las investigaciones del Caso Iguala, los cuales resultaron escasos, a decir de los padres que dieron una conferencia de prensa tras el encuentro.

Al lugar asistieron miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como también representantes de organizaciones sociales que acompañan a las familias, quienes denunciaron diversas inconformidades que se mantienen acerca de la investigación.

Las organizaciones fueron tajantes en denunciar, que a más de un mes de una nueva solicitud para entrevistarse con miembros de las fuerzas armadas que estuvieron en el lugar de los hechos, o que tuvieron algún tipo de participación o relación con el caso, la PGR sigue sin responder a las solicitudes, a pesar de los llamamientos realizados desde organizaciones internacionales como la Corte Interamericano de Derechos Humanos, quien llamó a cumplir los compromisos que el presidente de los mexicanos Enrique Peña Nieto, había adquirido.

Se insistió que aún persisten muchas dudas acerca de la participación de las fuerzas armadas, por lo que la opacidad en torno a su actuación, genera aún más incertidumbre, en lugar de contribuir a resolver el caso.

Asimismo se denunció que la fragmentación de la investigación continúa, a pesar de los señalamiento realizados por el GIEI, y los compromisos de la PGR por conjuntar las indagatorias en un solo expediente.

De igual forma se denunció que la actitud de las dependencias federales, pareciera tener la intención de retrasar el proceso, esperando que termine el periodo extraordinario del GIEI, a quien le siguen poniendo trabas en su trabajo, además de que se continúa con una campaña mediática y en redes sociales de desprestigio a su labor.

En ese sentido también se denunció que a menos de dos semanas de que se terminen los trabajos del nuevo grupo de expertos que realizan un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, a la fecha, no les han presentado a los especialistas que realizan el nuevo estudio, por lo cual emitieron una alerta al respecto.

También se denunció que la PGR sigue abordando unicamente la misma línea de investigación, sin abundar en las otras que han propuesto tanto ellos, como el GIEI.

Los voceros de las familias afectadas, también exigieron la presencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, amagando con abandonar las mesas de diálogo, de continuar la indisposición de las autoridades a cumplir los acuerdos.

Por su parte la PGR adelantó que el próximo 30 de marzo se presentarán los resultados del nuevo peritaje en Cocula, lo cual también causó molestia en los padres, pues se realizará días después de la nueva jornada de protestas que se está convocando para el 26 de marzo.

Raúl Flores Durán. Huellas.mx