HELICOPTERO

Helicóptero con víveres se desploma en Chiapas

CHIAPAS.- Las autoridades estatales informaron que un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) perdió altura y cayó con los víveres que trasladaba de diferentes partes del país para ayudar a damnificados del municipio de Ángel Albino Corzo.

En cuenta de Twitter, el gobernador Manuel Velasco escribió que Protección Civil informó sobre el desplome de un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea que iba rumbo a la localidad de Jaltenango.

“Informa @pcivilchiapas desplome de un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea que iba rumbo a #Jaltenango con ayuda humanitaria. pic.twitter.com/f59jdg6PKE”

Información de medios de comunicación señalaron que en la aeronave viajaban siete elementos de la Fuerza Aérea y uno de Protección Civil del estado, quienes resultaron lesionados.

En su oportunidad, el coordinador de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García detalló que “son ocho personas, están lesionados, se comunicaron vía radio, están en proceso para realizar las maniobras de rescate”.

Según el propio reporte de las autoridades estatales, el accidente ocurrió en la zona cafetalera de la montaña chiapaneca minutos antes de las 13:00 horas.

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Atrapan fuerzas de Seguridad a principal delincuente en QR

Elementos de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad detuvieron a Joshua “N”, quien presuntamente era uno de los principales generadores de violencia en Quintana Roo.
En un comunicado, las autoridades señalaron que como resultado de los trabajos de inteligencia y producto de la coordinación entre las fuerzas federales, personal de las secretarías de Marina y Defensa, de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal, realizaron cinco cateos en igual número de domicilios en Cancún.

En uno de ellos se logró la detención de esa persona, quien pertenece a una organización delictiva que tiene su principal centro de operaciones en Jalisco.

Joshua “N” es presuntamente responsable de ejecuciones contra integrantes de grupos antagónicos y de la agresión a la Fiscalía de Cancún,  en enero pasado.

 

Militares

Atrapan a responsable de ataque a militares en Sinaloa

SINALOA.- El gobierno federal informó que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), detuvo a Jesús “N”, presunto responsable de las actividades delictivas efectuadas por una organización criminal en Culiacán, Sinaloa.

Las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad reportaron que el aprehendido es presunto responsable de actividades delictivas efectuadas en Sinaloa.

“Se presume que el ahora detenido coordinó y participó en la agresión con armas de fuego realizada en contra de militares el pasado 30 de septiembre de 2016 en esa ciudad, apoyando con individuos y vehículos de la organización que dirigía”.

Se le considera como probable generador de violencia al interior del grupo delincuencial al que pertenece, con el objeto de mantener el control de las actividades delictivas en Navolato, Culiacán y Cosalá, Sinaloa.

Al momento de su detención Jesús “N” se encontraba en posesión de un arma larga, así como dos kilogramos y 15 dosis de droga conocida como cristal; 20 dosis de metanfetamina y 30 de cocaína.

Cienfuegos

Huachicleros aumentaron por omisiones de autoridades: Cienfuegos

TIJUANA.- Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), consideró que el robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se incrementó por omisiones de algunas autoridades.

Durante la ceremonia de inauguración de la sucursal de Banjercito en el cuartel militar Morelos de Tijuana, Baja California, el funcionario federal dijo que lo importante es que los mismos gobiernos estatales ya brindan atención para terminar con este flagelo.

“No es un problema del Ejército ni de las Fuerzas Armadas, es un asunto que deben resolver los gobiernos locales”, dijo al indicar que acatará el resultado de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) sobre lo ocurrido la noche del 3 de mayo en la comunidad de Palmarito Tochapan, Puebla.

Cienfuegos

Ley de Seguridad Interior no pretende militarizar al país: Cienfuegos

Ante la diversas interpretaciones, Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), comentó que la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional no busca militarizar a México, sino ser un instrumento jurídico que delimitará obligaciones y atribuciones para cada una de las autoridades en la materia, incluyendo la participación de las Fuerzas Armadas bajo un principio de gradualidad.

En el marco del 104 aniversario del Día del Ejército, el secretario indicó que las Fuerzas Armadas respetan e impulsan el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Por ello, dijo, de aprobarse esta ley, deberá contener un concepto multidimensional que involucre a todas las autoridades bajo los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

En este sentido, el titular de la Sedena, enfatizó que quienes por falta de información tergiversación la misma, o con otros intereses no visibles, señalan que la iniciativa induce a la institucionalización de militares en seguridad o a su militarización, les aclaro que las Fuerzas Armadas mexicanas creen, respetan e impulsan el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.

“Consideramos que la iniciativa que llegará a aprobarse debe contener un concepto multidimensional que involucre a todas las autoridades bajo los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y gradualidad”, mencionó.

Aseguró que esta iniciativa de ley no debe ser una ley a modo para las Fuerzas Armadas, sino que espera que sea una ley que fortalezca al Estado y que puntualice y obligue lo que a cada quien le corresponde hacer, por lo cual demandó que los gobiernos federal, estatales y municipales, se responsabilicen y rindan cuentas.

Cienfuegos Zepeda insistió que la Ley de Seguridad Nacional debe ser una ley que dé certeza jurídica a las autoridades, pero “sobre todo a la sociedad, una ley que beneficie a todos los mexicanos”.

 

chapo Jr

Detienen a Pancho Chimal, jefe de escoltas del hijo de El Chapo

CULIACÁN.-Elementos de corporaciones federales confirmaron la detención de Francisco Javier Zazueta Rosales, Pancho Chimal, jefe del grupo de sicarios de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El operativo fue implementado por miembros del Ejército mexicano, de la Marina-Armada de México y la Procuraduría General de la república, en el fraccionamiento Acueducto de esta ciudad sinaloense.

El detenido quedó a disposición de la delegación de PGR en Sinaloa por su probable responsabilidad de delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Cienfuegos

Analizan Cienfuegos y Quirino Ordaz la violencia en Sinaloa

CULIACÁN.- El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel evaluaron los nuevos hechos de violencia ocurridos en Culiacán y Novolato, en Sinaloa.

Cienfuegos Zepeda comentó que tras el vacío de poder que dejó Joaquín El Chapo Guzmán al interior del cártel de Sinaloa, grupos internos se están disputando el liderazgo.

Aseguró que el estado no ha sido rebasado por los grupos armados y que pronto se verán los resultados.

Cienfuegos sostuvo un encuentro con el gobernador de Sinaloa y reiteró su apoyo a las autoridades locales y anunció que enviarían más elementos para reforzar los operativos. Incluso, atribuyó el alza de la violencia a la pugna interna, aunque no quiso precisar entre quiénes se pelean el liderazgo.

“Es la gente de lo que se conoce como este cártel del Pacífico y ante la ausencia de su líder están peleando quién se pueda hacer cargo de la organización”, agregó el titular de la Sedena.

El próximo lunes se pondrá en marcha los acuerdos tomados en dicha reunión para intentar disminuir los niveles de violencia y que la población se encuentra tranquila.

Desfile

Desfilarán 23 mil 471 integrantes de Fuerzas Armadas

Los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, pasaron revista a los 23 mil 471 elementos que participarán el 16 de septiembre en el Desfile Militar conmemorativo al 206 aniversario de la Independencia de México.
En un ensayo en el Campo Militar 1 de la Sedena, desfilaron también 448 vehículos, 149 aeronaves, 23 embarcaciones, 35 aves, 266 caballos, 65 canes, una bandera monumental y 48 banderas de guerra.
Durante una hora con 58 minutos cada uno de los contingentes del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Federal, así como de la Asociación Nacional de Charros y de la Federación Mexicana de Charrería desfilaron.
El encargado de rendir el parte en este ensayo del Desfile Militar fue el subsecretario de la Defensa Nacional, general diplomado de Estado Mayor Noé Sandoval Alcázar, quien informó que todo transcurrió conforme a lo planeado, sin novedad alguna.
Al inicio del ensayo, los titulares de la Defensa Nacional y de Marina subieron a un vehículo militar descapotable para supervisar los contingentes, que después iniciaron el ensayo, el cual pudo ser visto por familiares de miembros de las Fuerzas Armadas.
drones

Sedena deberá informar cuántos drones posee: INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) precisar el número de “drones” con los que cuenta para llevar a cabo tareas de vigilancia aérea.

En votación dividida, los comisionados del INAI decidieron que la Defensa Nacional debe dar a conocer esa información, pese a que la dependencia argumentó que difundirla puede comprometer la seguridad nacional.

En un comunicado, el instituto señaló que los comisionados, por mayoría de votos, decidieron que el dato del número de “drones”, en sí mismo, no revela la capacidad de vigilancia aérea de la Defensa Nacional para emprender acciones contra la delincuencia organizada. “El número no brinda elementos contundentes que generen un desequilibrio para la capacidad de reacción, planeación o estrategia que plantea la dependencia para combatir a la delincuencia organizada”.

Se trata de un dato que no incluye información adicional que pudiera entorpecer la labor de la dependencia, porque no localiza geográficamente a los “drones”, ni revela datos de la estrategia con la que se despliegan, ni su modo de operar. Estos aparatos “tienen una función meramente de vigilancia, por lo que no constituyen instrumentos de defensa”, señalaron los comisionados del INAI en el documento.

Ante ello, los comisionados decidieron modificar la respuesta de Sedena e instruirle a que dé a conocer el número de “drones” con los que cuenta.

Peña

Peña: disculpa del Ejército, sinónimo de respeto

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la acción del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, al externar su disculpa en forma pública ante la sociedad por la actitud de elementos del Ejército, por lo que enfatizó que solo con respeto a los derechos humanos se puede refrendar la autoridad de las Fuerzas Armadas.

Durante la Protesta de Bandera de los Soldados y Marinos del Servicio Militar Nacional Clase 1997, Anticipados, Remisos y Mujeres Voluntarias, el primer mandatario afirmó que su actuación, ante cualquier circunstancia, deber ser en estricto apego a la ley: “Portar el uniforme de la patria conlleva el imperativo moral de mantener una conducta intachable”.

En este sentido, Peña Nieto señaló que una prueba del honor del Ejército es que ante faltas graves de sus integrantes, su alto mando ofreció una disculpa pública, hecho que “representa un respeto a la sociedad.

Peña Nieto expresó su reconocimiento a los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, por la visión compartida de promover la protección y defensa de los derechos humanos.

Militares

Condenan a 52 años a militar torturador en Chihuahua

Un juez sentenció a 52 años y medio de prisión a un general del Ejército mexicano por ordenar la tortura de un sospechoso y quemar después su cadáver. Se trata de una de las sentencias más largas contra un oficial de las Fuerzas Armadas.

El Consejo de la Judicatura informó que un juzgado sentenció a un general a 52 años de cárcel por los delitos de tortura, homicidio y destrucción de cadáver.

Aunque la instancia judicial no reveló el nombre del militar, dijo que fue comandante de una Guarnición Militar en Chihuahua. El ex militar y la Sedena fueron condenados a pagar una reparación del daño por un monto de 250 mil 470 pesos.

Las investigaciones arrojaron que elementos de la Tercera Compañía de Infantería detuvieron el 25 de julio de 2008 a una persona, de la cual tampoco revelaron el nombre, y la llevaron viva a sus instalaciones en Chihuahua.

Por órdenes del general, sus subordinados ataron y mojaron al detenido y le aplicaron descargas eléctricas, pues querían que les diera información sobre la muerte de un militar, lo que ocasionó que muriera de fibrilación ventricular y paro cardiorrespiratorio secundarios a descargas eléctricas.

El general les ordenó a los militares que subieran el cadáver a un vehículo y lo incineraran de forma clandestina en un rancho.

El Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua ordenó ofrecer una disculpa pública, el reconocimiento de la responsabilidad y la garantía de no repetir los delitos.

Tortura

Sedena expresa disculpa pública

El Ejército de México, envuelto en un escándalo a raíz de la reciente divulgación de un video en el que dos soldados y una policía federal torturan a una mujer, pidió disculpas públicas este sábado por este incidente “inadmisible”.

“En nombre de todos los que integramos esta gran institución nacional ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento”, dijo el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, en el Campo Militar Uno ante más de 26 mil soldados.

En el video, que se hizo viral a partir del miércoles en las redes sociales, aparece una mujer descalza echada en el piso, que llora y grita mientras una soldado apunta un arma sobre su cabeza.

Después una agente de la Policía Federal le esposa las manos y comienza a asfixiarla con una bolsa de plástico en dos ocasiones, mientras la militar le hace preguntas y la amenaza con otras formas de tortura.

Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, estado clave en el cultivo y tráfico de amapola y marihuana.

Ante esta situación, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) dijo esta semana haber tenido conocimiento de lo sucedido el 10 de diciembre 2015 y dijo que un capitán y una policía militar fueron arrestados en instalaciones castrenses “como presuntos responsables del delito de desobediencia”.

“Es necesario expresar públicamente nuestra indignación por los hechos lamentables que sucedieron hace casi 14 meses (…) en el que se aprecia que malos integrantes de nuestra institución empañan la actuación honorable de miles de mujeres y hombres en uniforme militar”, dijo el titular de la Sedena.

 

Tortura

Difunden video con militares torturando a mujer

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que dos elementos participaron en la agresión a una mujer en Ajuchitlán, Guerrero, quienes fueron internados en una prisión militar por el delito de “desobediencia” y el expediente fue turnado a la Procuraduría General de la República (PGR).

En redes sociales circula un video donde se observa personal militar y a un presunto policía federal abusando y agrediendo de una mujer, a la que en varias ocasiones le colocan una bolsa de plástico en la cabeza. Tras la difusión de este material, la Sedena emitió un comunicado en el que especificó que esos hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Asimismo, informó que se enteró de la agresión el 10 de diciembre de 2015, por lo que dio aviso al Ministerio Público Militar, quien integró la averiguación previa correspondiente a fin de reunir los elementos de prueba para ejercer acción legal contra el personal involucrado.
Sedena indicó que su personal refrenda al pueblo de México y a sus instituciones, su compromiso de lealtad, acatando estrictamente el estado de derecho y ratifican que en el presente caso y en todos los que personal militar vulnere la ley o los derechos humanos, “se procederá con rigor y contundencia contra los responsables”.

 

 

 

 

 

ejercito

La burla de Tlatlaya

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de mar.- A unos meses de que se cumplan dos años de la ejecución de 22 personas por miembros del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México, organizaciones sociales alertaron sobre la posibilidad de que el caso quede impune, al revelarse que los militares inculpados fueron exonerados por un tribunal castrense.

En un comunicado firmado por organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a una de las tres sobrevivientes de los hechos, se destaca que el 15 de octubre del año pasado el Juzgado Sexto Militar, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), absolvió a seis de los siete militares involucrados en la masacre por el delito de infracciones de deberes militares, en tanto que al séptimo de los acusados lo condenó a un año de prisión por desobediencia, pena que ya fue purgada.

La anterior información pudo ser conocida recientemente por Clara Gómez González, sobreviviente de la masacre y madre de una de las víctimas mortales, Ericka de 16 años, y quien con el respaldo del Centro Prodh tuvo acceso al expediente gracias a un amparo.

Al resaltar que la exoneración evidencia la “parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense”, que permite juicios paralelos, las organizaciones puntualizan que la impunidad en este caso está siendo fomentada también por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Entre las omisiones de la PGR identificadas por las organizaciones denunciantes, destaca la fragmentación de la indagatoria, “integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente para investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.

Recordaron que en julio del año pasado, en su labor de coadyuvancia, el Centro Prodh solicitó a la PGR el desahogo de diversas pruebas derivadas de la instrucción que recibió la unidad castrense que llevó a cabo la masacre de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”.

El Centro Prodh “solicitó que los mandos miliares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas”, reprocharon.

En cuanto a la CNDH, los firmantes del comunicado denunciaron que “perpetúa la opacidad del caso”, toda vez que el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez “negó a la víctima Clara Gómez González la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación del expediente hecha por el ombudsman anteriormente”.

Agregaron que el organismo público “tampoco ha informado de los resultados de la revisión de las órdenes militares vigentes en el país , y si éstas contienen instrucciones de ‘abatir delincuentes’, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana”.

Al reiterar que el tratamiento que autoridades están dando a este caso “apunta a que la impunidad podría prevalecer”, los firmantes recordaron que existen procesos judiciales pendientes de resolver, como el juicio en el ámbito civil que se sigue contra tres militares imputados por homicidio; la conclusión de la averiguación previa abierta por la PGR para investigar la cadena de mando “respecto a la orden de abatir”, en tanto que “permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Urgen a investigar quién dio la orden

Frente al riesgo de negación de justicia, las organizaciones firmantes reiteraron la urgencia de que “se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Christoph Heynes, esta deber ser indagada cabalmente dado que “las órdenes de oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales, deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.

El comunicado fue firmado por Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Freedom House, Servicio y Asesoramiento para la Paz, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro Nacional de Comunicación Social; Instituto para la Seguridad y Democracia; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los derechos para todas y todos, Red TDT.

 

Gloria Leticia Díaz. Apro

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Llegan 900 soldados permanentes Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas, 24 de mar.- Tras los hechos violentos registrados en los últimos días en el estado de Tamaulipas, particularmente en municipios fronterizos, el gobierno federal desplegó un operativo con 900 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes estarán reforzando la seguridad en los principales puntos donde se registran incidentes violentos.

A diferencia de los agentes de la Policía Federal que estaban desplegados desde el año pasado y que se iban rotando para atender las funciones de seguridad, en este caso los militares que llegan estarán de forma permanente, con el objetivo de cumplir de forma más efectiva con las tareas de seguridad.

El comandante de la cuarta Región Militar, Miguel Ángel Patiño, señaló que se trata de un operativo oportuno para atender las necesidades de seguridad que aquejan a la entidad.

En las últimas dos semanas se han registrado diversos narcobloqueos, emboscadas y enfrentamientos con la policía, que han dejado un saldo de al menos 19 presuntos delincuentes muertos.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer bimestre del año se han reportado un promedio de 85 asesinatos al mes, lo cual equivale a tres por día, lo cual es más del promedio que se tenía en 2015, de acuerdo a cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien reportó un promedio mensual de 61.25 homicidios.

La zona es objeto de violenta disputa entre los cárteles del Golfo y de loz Zetas principalmente.

Días antes también se aumentó la cifra de elementos de la Policía Federal, destinados a diversos puntos de la entidad.

 

Redacción. Huellas.mx

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Sancionan a Capufe por ocultar videos del Caso Iguala

Ciudad de México, 21 de mar.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), emitió una resolución donde concluye que Caminos y Puentes Federales (Capufe) está incurriendo en una falta al negar a un civil el acceso a videos de lo que sucedió la noche que desaparecieron 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, lo cual fue requerido a través de una solicitud de transparencia, por lo que instó al organismo a cumplir con su responsabilidad, y otorgar una copia del material requerido.

Capufe, se había excusado afirmando que después de 60 días todas las grabaciones eran destruidas, no obstante, tras una investigación, el INAI detectó que ya antes estos videos habíansido presentados por Capufe a la PGR, 82 días después de haber ocurrido los hechos, por lo que se tendrían evidencias de que se guardaron por orden judicial copias de lo que sucedió aquella noche, mismas que ordenó entregar al civil que lo solicitó.

La solicitud, es para acceder a una copia de lo ocurrido entre las 9 de la noche del día 26 de septiembre y las 5 de la mañana del 27 de septiembre en la caseta Plaza 3 en las afueras de la ciudad de Iguala, Guerrero.

Y aunque el INAI señala la obligación de Capufe de presentar copia de los videos, aclara que tendrá que evitarse mostrar a detalle placas de vehículos, así como rostros de personas que pudieran alcanzar a ser visibles en las tomas.

Según los hechos descritos y documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue en este punto donde uno de los camiones de estudiantes se paró a “botear” aquella noche, no obstante que había un operativo con policías federales, quienes estaban ya operando del otro lado de la caseta, impidiendo el acceso de camiones a la ciudad, por lo que decenas de personas tuvieron que trasladarse caminando a la ciudad desde este punto.

También desde aquí comenzó a seguirlos y reportarlos un agente de inteligencia militar que estaba en motocicleta vestido de civil; este mismo agente los siguió y estuvo reportando todos los movimienos de los estudiantes, hasta el momento en que fueron violentamente levantados por la fuerza y trasladados con lugar desonocido, fue aquí, donde curiosamente recibió la orden de regresar a la 27 Zona Militar, perdiendo así la pista de los estudiantes, de quienes a la fecha no se ha vuelto a saber; con excepción de Mora Venancio.

 

Raúl Flores Durán
Huellas.mx

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Padres de los 43 denuncian que PGR no está cumpliendo

Ciudad de México, 17 de mar.- Padres de los 42 estudiantes que continúan desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, se reunieron hoy con representantes de la PGR y la Secretaría de Gobernación, quienes les informaron de los avances en las investigaciones del Caso Iguala, los cuales resultaron escasos, a decir de los padres que dieron una conferencia de prensa tras el encuentro.

Al lugar asistieron miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como también representantes de organizaciones sociales que acompañan a las familias, quienes denunciaron diversas inconformidades que se mantienen acerca de la investigación.

Las organizaciones fueron tajantes en denunciar, que a más de un mes de una nueva solicitud para entrevistarse con miembros de las fuerzas armadas que estuvieron en el lugar de los hechos, o que tuvieron algún tipo de participación o relación con el caso, la PGR sigue sin responder a las solicitudes, a pesar de los llamamientos realizados desde organizaciones internacionales como la Corte Interamericano de Derechos Humanos, quien llamó a cumplir los compromisos que el presidente de los mexicanos Enrique Peña Nieto, había adquirido.

Se insistió que aún persisten muchas dudas acerca de la participación de las fuerzas armadas, por lo que la opacidad en torno a su actuación, genera aún más incertidumbre, en lugar de contribuir a resolver el caso.

Asimismo se denunció que la fragmentación de la investigación continúa, a pesar de los señalamiento realizados por el GIEI, y los compromisos de la PGR por conjuntar las indagatorias en un solo expediente.

De igual forma se denunció que la actitud de las dependencias federales, pareciera tener la intención de retrasar el proceso, esperando que termine el periodo extraordinario del GIEI, a quien le siguen poniendo trabas en su trabajo, además de que se continúa con una campaña mediática y en redes sociales de desprestigio a su labor.

En ese sentido también se denunció que a menos de dos semanas de que se terminen los trabajos del nuevo grupo de expertos que realizan un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, a la fecha, no les han presentado a los especialistas que realizan el nuevo estudio, por lo cual emitieron una alerta al respecto.

También se denunció que la PGR sigue abordando unicamente la misma línea de investigación, sin abundar en las otras que han propuesto tanto ellos, como el GIEI.

Los voceros de las familias afectadas, también exigieron la presencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, amagando con abandonar las mesas de diálogo, de continuar la indisposición de las autoridades a cumplir los acuerdos.

Por su parte la PGR adelantó que el próximo 30 de marzo se presentarán los resultados del nuevo peritaje en Cocula, lo cual también causó molestia en los padres, pues se realizará días después de la nueva jornada de protestas que se está convocando para el 26 de marzo.

 

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

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El coronel no tiene quien lo defienda, salvo sus bots

Ciudad de México, 14 de mar.- Desde hace meses en Huellas.mx, como seguramente en otros medios también sucede, hemos estado recibiendo una serie de mensajes bastante inusuales y que tras analizarlos, nos llevan a concluir que se tratan de bots de tercera calidad, pagados por el Ejército Mexicano, o alguna otra agencia de seguridad, y encaminados fundamentalmente a dos cosas: arremeter contra toda crítica al Ejército Mexicano a quien se pretende enaltecer de forma heroica, mientras que se insulta de forma grotesca, vulgar y con saña en contra de los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Esto, más allá de evidenciar la clase de ejército con el que cuentan los mexicanos, debería aclararse con gran amplitud, pues existe evidencia de que la Secretaría de la Defensa Nacional, está invirtiendo recursos que son de todos los mexicanos, pagándole a agencias criminales por hacer terrorismo en redes sociales, buscando imponer a la fuerza una opinión pública que no han podido encausar mediante el uso de la razón.

Y es que seguramente los argumentos escasean en los altos mandos de las fuerzas armadas del país, motivo por el que se ven en la necesidad de emplear este tipo de técnicas grotescas, por medio del cual el Estado mexicano, desde sus brazos armados, emplea técnicas de manipulación artificial de la opinión pública.

Tenemos el registro detallado de más de 30 cuentas distintas, desde donde se han estado enviando mensajes públicos en huellas.mx, a través de bots de tercera calidad, quienes intentan realizar de forma precaria, las órdenes para humillar todo lo relacionado con Ayotzinapa o grupos afines.

Y los llamamos bots de tercera porque eso es lo que son, distan mucho de las personalidades profesionales que pueden realizar por ejemplos los soldados de la armada estadounidense, existen diversos reportajes acerca de marines que fueron entrenados para desenvolverse en las redes sociales tratando de inducir a la opinión pública, aunque para hacerlo de modo profesional, cada uno se encarga solamente de 10 cuentas/personalidades, mismas que maneja con gran naturalidad, y con tales características que harían suponer se trata de una persona real, y por tanto con opiniones auténticas.

No obstante, al ejército mexicano sólo le alcanza para crear bots de tercera, cuentas que tan sólo viendo el historial, se tiene plena evidencia de que simplemente son cuentas masivas para hablar bien del ejército y criticar todo lo que al gobierno (o al que paga los cheques) le interese denostar; aunque bajo una metodología barata.

Por ejemplo, Daniel Cota (cotadaniel321@gmail.com), quien deja un mensaje el pasado 5 de marzo, en la noticia de las actividades del GIEI en el Europarlamento, afirmando que los estudiantes de Ayotzinapa eran drogadictos que seguramente estaban involucrados con el narco.

“No encontraron a ningún normalista que estuviera en malos pasos y anden metidos con el narco jjjajajaja se ve que no buscaron bien, si esos normalistas están plagados de delincuentes, drogadictos seguro varios de ellos saben lo que les paso a esos 43”

Parecería ser sólo un mensaje más, no obstante si cualquiera se pone a indagar las opiniones de este sujeto con sede en Tijuana, se dará cuenta que el 90% de sus comentarios en redes sociales son para elogiar al ejército, y el resto para agredir a los estudiantes; a continuación tan solo un ejemplo:

“Valla que los delincuentes según muy chingones para extorsionar a la gente o para vender droga aaa pero nomas saben que los van a detener y mejor se matan por que saben que ya deteniendolos unos buenos años si se llevarian en la cárcel.. muy bien por los soldados que si no se hubiera matado esta persona ya estuviera en la carcel gracias a los soldados”

Y así, tenemos decenas de comentarios y decenas de cuentas dedicadas a criticar con insultos y sin argumento alguno la lucha de las familias y estudiantes de Ayotzinapa, y ensalzar una presunta gran labor del ejército, sólo basta revisar nuestro seguimiento al tema Ayotzinapa, y ver el perfil de los comentarios que alaban al ejército, es fácil comprobar que estas cuentas existen exclusivamente para esto.

Por ejemplo el tal Luis Peres, o el Christopher Rebollo, quien desde hace meses intentaban trollear nuestros artículos sobre el tema Ayotzinapa, y si revisa sus perfiles, actualmente el 100% de sus opiniones siguen siendo exclusivamente para arremeter contra “los delincuentes de Ayotzinapa” o “aplaudir las valerosas acciones de nuestras fuerzas armadas”; hay que ser verdadermente estúpidos, para dejarse influir por este tipo de opiniones, que deben ser investigadas y aclaradas, pues además se están violentando múltiples leyes incluida la tan presumida Ley de atención a víctimas.

O en verdad hay quien pueda pensar aún que estos comentarios son auténticos, que tipo de persona se dedica a opinar solamente de un tema, normalmente una persona real en redes sociales, participa para externar su opinión acerca de diversos asuntos, por más que uno esté obsesionado con algún tema, quien en sus cabales podría dedicar su existencia a alabar cada acción del ejército mexicano, por más cuestionables y deleznables que sean… nadie.

Ni siquiera un soldado, no creo que los soldados, tras la dura jornada de explotación laboral todavía lleguen a su descanso para ponerse a arremeter contra estudiantes y defender a la misma empresa para la que trabaja todo el día.

Estas cuentas se utilizan exclusivamente por empleados, podrían ser incluso soldados, quienes están obligados a cumplir con cierta cuota de trabajo, como parte de las actividades que desarrollan en su plan de terrorismo mediático.

 

Huellas.mx

Tierra-Blanca

Investigan a militares por caso Tierra Blanca

9 de mar.- La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que el agente del Ministerio Público Militar con sede en Veracruz, inició una investigación contra personal militar, sin precisar a cuántos, por la desaparición de un hombre identificado como Víctor García García, quien trabajaba como mecánico.

Los familiares dijeron que los militares se llevaron detenidos a varios vecinos de Tierra Blanca, de los cuales uno desapareció. Aseguran que Víctor García iba en una camioneta que después apareció quemada.

Víctor García estaba reportado como desaparecido desde el lunes 29 de febrero. De acuerdo con testimonios que han recabado las autoridades, fue visto por última vez en la carretera La Condusa, de la comunidad de El Mango, municipio de Tierra Blanca.

Presuntamente estaba custodiado en ese momento por elementos del Ejército Mexicano. Víctor García ya fue localizado muerto.

Por su parte, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras señala que debido a que las investigaciones que están en curso no puede revelar información.

Con información de Laura Valencia / radioformula

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GIEI expone en Europarlamento Caso Iguala y omisiones del Ejército

El  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI de la CIDH) aclaró que el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en  que “no encontró ninguna evidencia de que los normalistas formaran parte o estuvieran infiltrados en ningún grupo del crimen organizado, como se manifestó en distintos momentos, lo que habría desencadenado las atrocidades cometidas, y que las autoridades de Iguala sabían que se trataba de normalistas que iban a tomar buses para realizar una marcha el 2 de octubre”.

En la presentación del, de avances y “desafíos” de la investigación sobre el México, ante el parlamento europeo –por invitación de su Subcomisión de DDHH–, el GIEI llamó a más autoridades mexicanas a “retomar las líneas de investigación y búsqueda de los desaparecidos, evitando volver hacia atrás en los elementos ya esclarecidos”.

Sobre el acuerdo de la PGR y el GIEI para la realización de un nuevo estudio sobre la dinámica de fuego del basurero de Cocula, los expertos de la CIDH aclaran su disposición a colaborar pero dice que “dicho estudio responde a la voluntad de la PGR”.

“El GIEI está dispuesto a colaborar de forma que se examine toda la evidencia científica. Sin embargo, también ha alertado de la difusión de nuevas versiones de los hechos sin contrastar y que señalarían ahora una 5a versión de que un grupo menor de normalistas habría sido cremado en el basurero, cuando en la investigación por año y medio no ha habido ninguna versión no declaración que lo señale”, precisaron.

Por otra parte, el GIEI subraya la necesidad de tener acceso “a toda la información disponible por parte de fuentes militares, tanto de documentos importantes como de entrevistas a los miembros del 27 batallón que fueron testigos y cuentan con información de algunos escenarios de los hechos, así como fuentes de inteligencia sobre los hechos del 26 y 27”.

El GIEI insiste en que dichas declaraciones “sean tomadas por personal de la PGR en presencia de miembros del GIEI, en las mismas condiciones en que han sido realizadas de conformidad con lo dispuesto por la PGR en el resto de las ocasiones”.

Sobre las nuevas declaraciones y pruebas, el GIEI apunta que aún quedan numerosas diligencias por realizar; el grupo ha realizado cerca de 200 peticiones de pruebas y colaborado en la realización de muchas de ellas, precisa.

Los expertos de la CIDH resaltaron ante los parlamentarios europeos sobre el riesgo de la “fragmentación interna de la investigación”, es decir que mientras la investigación ha ido avanzando, simultáneamente, se han ido abriendo otras averiguaciones previas, que han desgajado para la investigación del caso de los 43 informaciones relevantes claves para el caso.

Dicho riesgo ha sido analizado junto a la procuradora Arely Gómez, con quien hemos tenido una estrecha colaboración en estos meses, y el grupo espera que se solucione para poder avanzar en la investigación.

El GIEI también se quejó de que varios miembros del Grupo “han sido objeto de intentos de descalificación personal y del propio GIEI. Los ataques y acusaciones tratan de cerrar el espacio para la búsqueda de la verdad, con estigmas políticos utilizados contra defensores de derechos humanos”.

El Grupo resalta que fue creado “como consecuencia de una herida, y realiza su trabajo para ayudar a sanarla. Nos encontramos en un momento clave. Esperamos que la apertura del Estado se refuerce y se fortalezcan las mejores prácticas para esclarecer el caso, lo que contribuirá sin duda a la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la democracia en México, donde el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional es también fundamental”.

Los expertos de la CIDH también remarcaron que “no hay evidencia de que los jóvenes fuesen a boicotear ningún acto político, como se dijo en un intento de explicar la acción contra ellos”.

Asimismo, el GIEI precisó a los parlamentarios del viejo continente que los hechos del 26 de septiembre del 2014 que “produjo cerca de 180 víctimas directas y hasta cerca de 700 familiares afectados, se dio en 9 escenarios diferentes con disparos de armas de fuego y violencia, durante 4-5 horas, y con participación directa de dos cuerpos de policía municipal de Iguala y Cocula, y probable participación de agentes de otros cuerpos de seguridad”.

El GIEI subrayó la posible participación de diferentes niveles de autoridades sobre lo que estaba sucediendo, de la llegada de los normalistas a las inmediaciones; primero y luego a la ciudad de Iguala, Guerrero, incluyendo policía estatal, ministerial, federal y el ejército.

El GIEI alertó ante los presentes en el foro, que el caso Ayotzinapa incluye desaparición forzada, homicidios, torturas, lesiones, uso excesivo de la fuerza, atentados contra la vida, y amenazas, así como encubrimiento, obstrucción a la justicia, abuso de la autoridad, que deben ser investigadas en profundidad y no solo como “crimen organizado” o “secuestro agravado” como está consignado ante los jueces.

El trabajo del GIEI ha mostrado que “la investigación –de más autoridades mexicanas encabezadas por la Procuraduría General de la República– tuvo déficits muy importantes tales como destrucción de algunas pruebas, mala recogida de evidencias, ausencia de investigación de hechos clave, también que numerosos detenidos muestras lesiones corporales que deben ser investigadas siguiendo los protocolos internacionales”.

Asimismo, destacó el GIEI “la omisión –en el reporte oficial mexicano– de un 5o bus que los normalistas habían tomado y que no estaba siendo investigado, y que las versiones recogidas sobre el mismo posteriormente eran contradictorias y no respondían a la verdad de lo sucedido”

El GIEI apuntó a los parlamentarios europeos que “una hipótesis clave no investigada hasta ese momento es la posibilidad de que dicho bus podría haber sido un medio de transporte de heroína que se da en la zona, y esa hipótesis podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los buses, y la agresión creciente contra ellos”.

Tras la realización de estudio científico sobre la dinámica del fuego, el GIEI señala que dicha acción no pudo haber ocurrido en dicho lugar en las condiciones y tiempo señalados. Conclusión que ha sido apoyada por el estudio recientemente publicado por el –grupo de Expertos Argentinos de Antropologia Forense– EAAF que son parte de la investigación como peritos de las víctimas. Y como consecuencia de ellos la necesidad de retomar líneas de investigación y nuevas fuentes que permitan el esclarecimiento del destino de los normalistas.

El GIEI consideró necesario que “no se vuelva atrás en la investigación de hechos ya aclarados, y que se aborde en profundidad y con seriedad los siguientes pasos, estableciendo una estrategia clara de investigación y búsqueda.

En ese sentido, el GIEI firmó un acuerdo de colaboración con el Estado para esta segunda etapa que termina el 30 de abril, con la creación de un nuevo equipo de investigación por parte de la PGR, nuevas líneas de trabajo y búsqueda en base a las recomendaciones incluidas en su informe.

El Grupo reconoce públicamente la importancia de este nuevo equipo, y está trabajando en los últimos meses para el desarrollo de líneas de investigación que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

El GIEI se encuentra trabajando en el país hasta finales de abril. Espera que este trabajo sea visto como una oportunidad para la lucha contra la impunidad y dé elementos para otros casos que esperan poder avanzar en el camino de la justicia en México.

Un resultado más invisible pero muy importante de nuestro trabajo, ha sido ayudar a dar pasos en la atención a las víctimas, dado que “la ausencia de confianza en la institucionalidad es un problema grave”, resalta.

El GIEI ha colaborado con el Estado para facilitar acercamientos entre las víctimas y autoridades, ha estado presente en encuentros, ha realizado sus buenos oficios para la relación con las víctimas. En la actualidad el GIEI ha cooperado para que se lleve a cabo un estudio psicosocial del impacto en los familiares que contribuya a su atención siguiendo una de las recomendaciones de la CNDH y del propio GIEI en un documento de lineamientos para la atención a las víctimas compartido con las autoridades.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la CIDH, remarcó que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el homicidio de otros tres, así como de otras tres personas más en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y las heridas a otros muchos –algunos de ellos muy graves- supuso un aldabonazo a la conciencia de México y del mundo.

Como Grupo de Expertos, queremos antes de nada reconocer “el dolor y sufrimiento de los familiares, que se movilizaron desde el inicio para la búsqueda y la investigación de los hechos, y cuya confianza ha sido fundamental para poder llevar a cabo nuestro trabajo” y la apertura de México a crear un mecanismo novedoso de asistencia técnica y coadyuvancia con la asistencia de la CIDH con un triple mandato: apoyo en la investigación de los hechos, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a las víctimas y familiares.

Además el grupo tiene facultad para evaluar y proporcionar recomendaciones sobre las políticas para enfrentar la desaparición forzada en México, más allá del caso de los 43 normalistas desaparecidos, cosa que ha hecho especialmente con sus aportes a la ley sobre desaparición de personas que está en curso de ser aprobada en los próximos meses y que esperamos que sea una herramienta para dar respuesta a la tragedia para miles de familias en el país que necesita de medidas profundas y estructurales para enfrentar as problemática.

En el informe del Grupo que hoy les presentamos Informe Ayotzinapa. Primeras revelaciones sobre la investigación de los 43 desaparecidos y homicidios contra normalistas de Ayotzinapa se da cuenta de la experiencia de los familiares, tanto del impacto de la desaparición forzada y los homicidios, como de las consecuencias sufridas por la victimización secundaria que han sufrido, por ejemplo a través de la difusión de informaciones poco contrastadas o la estigmatización de los normalistas y sus familiares.

El GIEI está convencido de que la empatía constituye una herramienta fundamental para el apoyo a los familiares que viven esta tragedia y la propia investigación de los hechos.

El Informe puso de manifiesto que algunos elementos que habían constituido lo que se llamó “Verdad Histórica”, no tenían sustento en la investigación realizada, concluye el GIEI ante el parlamento europeo.

 

Rocío Méndez Robles

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