El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI de la CIDH) aclaró que el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en que “no encontró ninguna evidencia de que los normalistas formaran parte o estuvieran infiltrados en ningún grupo del crimen organizado, como se manifestó en distintos momentos, lo que habría desencadenado las atrocidades cometidas, y que las autoridades de Iguala sabían que se trataba de normalistas que iban a tomar buses para realizar una marcha el 2 de octubre”.
En la presentación del, de avances y “desafíos” de la investigación sobre el México, ante el parlamento europeo –por invitación de su Subcomisión de DDHH–, el GIEI llamó a más autoridades mexicanas a “retomar las líneas de investigación y búsqueda de los desaparecidos, evitando volver hacia atrás en los elementos ya esclarecidos”.
Sobre el acuerdo de la PGR y el GIEI para la realización de un nuevo estudio sobre la dinámica de fuego del basurero de Cocula, los expertos de la CIDH aclaran su disposición a colaborar pero dice que “dicho estudio responde a la voluntad de la PGR”.
“El GIEI está dispuesto a colaborar de forma que se examine toda la evidencia científica. Sin embargo, también ha alertado de la difusión de nuevas versiones de los hechos sin contrastar y que señalarían ahora una 5a versión de que un grupo menor de normalistas habría sido cremado en el basurero, cuando en la investigación por año y medio no ha habido ninguna versión no declaración que lo señale”, precisaron.
Por otra parte, el GIEI subraya la necesidad de tener acceso “a toda la información disponible por parte de fuentes militares, tanto de documentos importantes como de entrevistas a los miembros del 27 batallón que fueron testigos y cuentan con información de algunos escenarios de los hechos, así como fuentes de inteligencia sobre los hechos del 26 y 27”.
El GIEI insiste en que dichas declaraciones “sean tomadas por personal de la PGR en presencia de miembros del GIEI, en las mismas condiciones en que han sido realizadas de conformidad con lo dispuesto por la PGR en el resto de las ocasiones”.
Sobre las nuevas declaraciones y pruebas, el GIEI apunta que aún quedan numerosas diligencias por realizar; el grupo ha realizado cerca de 200 peticiones de pruebas y colaborado en la realización de muchas de ellas, precisa.
Los expertos de la CIDH resaltaron ante los parlamentarios europeos sobre el riesgo de la “fragmentación interna de la investigación”, es decir que mientras la investigación ha ido avanzando, simultáneamente, se han ido abriendo otras averiguaciones previas, que han desgajado para la investigación del caso de los 43 informaciones relevantes claves para el caso.
Dicho riesgo ha sido analizado junto a la procuradora Arely Gómez, con quien hemos tenido una estrecha colaboración en estos meses, y el grupo espera que se solucione para poder avanzar en la investigación.
El GIEI también se quejó de que varios miembros del Grupo “han sido objeto de intentos de descalificación personal y del propio GIEI. Los ataques y acusaciones tratan de cerrar el espacio para la búsqueda de la verdad, con estigmas políticos utilizados contra defensores de derechos humanos”.
El Grupo resalta que fue creado “como consecuencia de una herida, y realiza su trabajo para ayudar a sanarla. Nos encontramos en un momento clave. Esperamos que la apertura del Estado se refuerce y se fortalezcan las mejores prácticas para esclarecer el caso, lo que contribuirá sin duda a la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la democracia en México, donde el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional es también fundamental”.
Los expertos de la CIDH también remarcaron que “no hay evidencia de que los jóvenes fuesen a boicotear ningún acto político, como se dijo en un intento de explicar la acción contra ellos”.
Asimismo, el GIEI precisó a los parlamentarios del viejo continente que los hechos del 26 de septiembre del 2014 que “produjo cerca de 180 víctimas directas y hasta cerca de 700 familiares afectados, se dio en 9 escenarios diferentes con disparos de armas de fuego y violencia, durante 4-5 horas, y con participación directa de dos cuerpos de policía municipal de Iguala y Cocula, y probable participación de agentes de otros cuerpos de seguridad”.
El GIEI subrayó la posible participación de diferentes niveles de autoridades sobre lo que estaba sucediendo, de la llegada de los normalistas a las inmediaciones; primero y luego a la ciudad de Iguala, Guerrero, incluyendo policía estatal, ministerial, federal y el ejército.
El GIEI alertó ante los presentes en el foro, que el caso Ayotzinapa incluye desaparición forzada, homicidios, torturas, lesiones, uso excesivo de la fuerza, atentados contra la vida, y amenazas, así como encubrimiento, obstrucción a la justicia, abuso de la autoridad, que deben ser investigadas en profundidad y no solo como “crimen organizado” o “secuestro agravado” como está consignado ante los jueces.
El trabajo del GIEI ha mostrado que “la investigación –de más autoridades mexicanas encabezadas por la Procuraduría General de la República– tuvo déficits muy importantes tales como destrucción de algunas pruebas, mala recogida de evidencias, ausencia de investigación de hechos clave, también que numerosos detenidos muestras lesiones corporales que deben ser investigadas siguiendo los protocolos internacionales”.
Asimismo, destacó el GIEI “la omisión –en el reporte oficial mexicano– de un 5o bus que los normalistas habían tomado y que no estaba siendo investigado, y que las versiones recogidas sobre el mismo posteriormente eran contradictorias y no respondían a la verdad de lo sucedido”
El GIEI apuntó a los parlamentarios europeos que “una hipótesis clave no investigada hasta ese momento es la posibilidad de que dicho bus podría haber sido un medio de transporte de heroína que se da en la zona, y esa hipótesis podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los buses, y la agresión creciente contra ellos”.
Tras la realización de estudio científico sobre la dinámica del fuego, el GIEI señala que dicha acción no pudo haber ocurrido en dicho lugar en las condiciones y tiempo señalados. Conclusión que ha sido apoyada por el estudio recientemente publicado por el –grupo de Expertos Argentinos de Antropologia Forense– EAAF que son parte de la investigación como peritos de las víctimas. Y como consecuencia de ellos la necesidad de retomar líneas de investigación y nuevas fuentes que permitan el esclarecimiento del destino de los normalistas.
El GIEI consideró necesario que “no se vuelva atrás en la investigación de hechos ya aclarados, y que se aborde en profundidad y con seriedad los siguientes pasos, estableciendo una estrategia clara de investigación y búsqueda.
En ese sentido, el GIEI firmó un acuerdo de colaboración con el Estado para esta segunda etapa que termina el 30 de abril, con la creación de un nuevo equipo de investigación por parte de la PGR, nuevas líneas de trabajo y búsqueda en base a las recomendaciones incluidas en su informe.
El Grupo reconoce públicamente la importancia de este nuevo equipo, y está trabajando en los últimos meses para el desarrollo de líneas de investigación que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
El GIEI se encuentra trabajando en el país hasta finales de abril. Espera que este trabajo sea visto como una oportunidad para la lucha contra la impunidad y dé elementos para otros casos que esperan poder avanzar en el camino de la justicia en México.
Un resultado más invisible pero muy importante de nuestro trabajo, ha sido ayudar a dar pasos en la atención a las víctimas, dado que “la ausencia de confianza en la institucionalidad es un problema grave”, resalta.
El GIEI ha colaborado con el Estado para facilitar acercamientos entre las víctimas y autoridades, ha estado presente en encuentros, ha realizado sus buenos oficios para la relación con las víctimas. En la actualidad el GIEI ha cooperado para que se lleve a cabo un estudio psicosocial del impacto en los familiares que contribuya a su atención siguiendo una de las recomendaciones de la CNDH y del propio GIEI en un documento de lineamientos para la atención a las víctimas compartido con las autoridades.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la CIDH, remarcó que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el homicidio de otros tres, así como de otras tres personas más en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y las heridas a otros muchos –algunos de ellos muy graves- supuso un aldabonazo a la conciencia de México y del mundo.
Como Grupo de Expertos, queremos antes de nada reconocer “el dolor y sufrimiento de los familiares, que se movilizaron desde el inicio para la búsqueda y la investigación de los hechos, y cuya confianza ha sido fundamental para poder llevar a cabo nuestro trabajo” y la apertura de México a crear un mecanismo novedoso de asistencia técnica y coadyuvancia con la asistencia de la CIDH con un triple mandato: apoyo en la investigación de los hechos, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a las víctimas y familiares.
Además el grupo tiene facultad para evaluar y proporcionar recomendaciones sobre las políticas para enfrentar la desaparición forzada en México, más allá del caso de los 43 normalistas desaparecidos, cosa que ha hecho especialmente con sus aportes a la ley sobre desaparición de personas que está en curso de ser aprobada en los próximos meses y que esperamos que sea una herramienta para dar respuesta a la tragedia para miles de familias en el país que necesita de medidas profundas y estructurales para enfrentar as problemática.
En el informe del Grupo que hoy les presentamos Informe Ayotzinapa. Primeras revelaciones sobre la investigación de los 43 desaparecidos y homicidios contra normalistas de Ayotzinapa se da cuenta de la experiencia de los familiares, tanto del impacto de la desaparición forzada y los homicidios, como de las consecuencias sufridas por la victimización secundaria que han sufrido, por ejemplo a través de la difusión de informaciones poco contrastadas o la estigmatización de los normalistas y sus familiares.
El GIEI está convencido de que la empatía constituye una herramienta fundamental para el apoyo a los familiares que viven esta tragedia y la propia investigación de los hechos.
El Informe puso de manifiesto que algunos elementos que habían constituido lo que se llamó “Verdad Histórica”, no tenían sustento en la investigación realizada, concluye el GIEI ante el parlamento europeo.
