El pleno de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo solicitado por el litigante Ulrich Richter para el uso lúdico y recreativo de la marihuana sin fines de lucro.

Los ministros de la Primera Sala determinaron por cuatro votos en favor y uno en contra aprobar el proyecto de resolución que otorga el segundo amparo para consumo individual de cannabis con fines meramente lúdicos y recreativos.

Cabe señalar que el primer amparo fue concedido en noviembre de 2015 a un grupo de cuatro personas, mientras que el nuevo amparo fue otorgado al abogado Ulrich Richter.

El proyecto de sentencia de este último fue elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y reitera la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben de manera absoluta el consumo de la marihuana.

Al ser aprobado el amparo, Ulrich Richter podrá, previo permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cultivar y consumir su propia marihuana, sin que pueda hacerlo con fines comerciales.

La presidenta de la Primera Sala de la SCJN, Norma Piña, deberá notificar al Congreso de la Unión sobre la existencia de estos precedentes y, con tres más, se activaría el proceso de declaratoria general de inconstitucionalidad.

Esta figura permitiría a la SCJN invalidar los artículos con efectos generales, aunque para ello sería necesario el voto de ocho de los 11 ministros en el pleno del máximo tribunal.

Al igual que lo hizo en 2015, el ministro Pardo Rebolledo, quien fue el ponente del proyecto, votó en contra de otorgarlo por considerar que el quejoso no tiene acceso legal a semillas de marihuana.

El proyecto de sentencia aprobado ampara y protege a Ulrich Richter en contra de la expedición y promulgación de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud.

Por otro lado, la Primera Sala estimó que los artículos 234 y 368 de la citada legislación no forman parte del sistema prohibitivo que impugnó el quejoso en su demanda de amparo, puesto que ninguna prohibición puede derivarse del texto de dichos preceptos que, en realidad, son más bien declarativos. Así, se negó el amparo con respecto a dichos artículos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzó en su página de Internet el portal denominado Las noticias de la Corte, que reúne en un solo sitio sus plataformas y recursos multimedia.

En un comunicado, la Corte dio a conocer que las noticias que emita este portal estarán disponibles para consulta al público desde computadoras, teléfonos celulares y cualquier dispositivo móvil.

Comentó que el alto tribunal diseñó este nuevo sitio con recursos propios y aprovechando las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías con el objetivo de brindar a la sociedad un espacio en el que encuentre información relevante, verídica y confiable sobre la labor jurisdiccional.

Lo anterior, dijo, como parte del compromiso del ministro presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, con la transparencia y la rendición de cuentas.

A un solo clic de distancia, en el sitio www.supremacorte.gob.mx se encontrará el portal Las noticias de la Corte, donde se podrá navegar y consultar, a través de los diferentes recursos multimedia, los materiales y noticias que se difunden.

Ello, tanto en los espacios de radio, televisión y las redes sociales de la Corte, como de la Revista Compromiso, el Canal Judicial, el Boletín Electrónico, Podcast, entre otros, que estarán disponibles para que la sociedad pueda conocer y enterarse en tiempo real acerca del acontecer en el alto tribunal.

La utilización de las nuevas tecnologías, como herramientas para acercar las tareas de impartición de justicia a la población, fue un compromiso asumido por el ministro presidente Luis María Aguilar Morales desde el inicio de su administración.

Como parte de ese esfuerzo, la cuenta de Facebook de la SCJN ha alcanzado ya cerca de medio millón de seguidores, quienes comparten y reproducen por miles los materiales que se difunden sobre el quehacer del alto tribunal.

Ambos espacios han permitido a la Suprema Corte alcanzar, sólo en el último año, en una especie de onda expansiva de redes, a un público superior a los 134 millones de personas en México y en el extranjero.

La cuenta de Twitter suma ya 400 mil seguidores, que la ubican como la cuenta con el mayor número de seguidores de todas las Cortes Supremas de habla hispana, y la tercera en el ranking mundial entre las que usan esta red social. (Notimex)

Javier Bárcenas

El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, informó que el Congreso de la Unión recibió la notificación para que rinda los informes correspondientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al proceso de acción de inconstitucionalidad que se presentó contra la Ley se Seguridad Interior.

Ante la prensa, señaló que “estamos apenas recibiendo la notificación para que la Cámara de Diputados y la de Senadores rindan los informes justificados correspondientes”.

El Congreso de la Unión aprobó en diciembre pasado la Ley de Seguridad Interior, que regula la participación de las Fuerzas Armadas en labores se seguridad pública, la cual fue promulgada por el Ejecutivo Federal ese mismo mes e impugnada por diversos actores políticos.

El pasado 15 de febrero la SCJN ordenó notificar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión para que rindan su informe respecto a las controversias constitucionales que han sido admitidas.

El diputado presidente explicó que es “un proceso judicial que está empezando a correr”.

Indicó que actualmente se encuentran en la etapa de rendición de informes sobre las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias que han sido interpuestas.

Detalló que dentro del proceso judicial “están garantizadas las etapas de defensa, de alegatos y finalmente de sentencia”.

Explicó que cada una de las etapas del proceso judicial se desahogan “oportunamente, tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores y todos los demás Poderes (de la Unión) involucrados”.

Este proceso “tiene que llevarse tal cual como establece la ley”, destacó Romo García.

Afirmó que durante la etapa de alegatos “se harán los acercamientos que se requieran con los ministros y con las personas que dan la decisión judicial de resolver sobre la constitucionalidad o no, de la Ley de Seguridad Interior”.

Javier Bárcenas

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), vicepresidente de la Comisión Permanente, aseguró que la coalición “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC) junto con Morena, están en condiciones de presentar el próximo jueves la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Los coordinadores de los grupos parlamentarios del Frente y de Morena, están conviniendo el horario, pero ya estamos en condiciones de presentar la acción de inconstitucionalidad el jueves, de hecho, la demanda ya está terminada. De manera que estaríamos dentro del plazo todavía”, señaló en declaraciones a la prensa.

Hernández Soriano sostuvo que en la recopilación de firmas de los legisladores que avalen la solicitud de acción de inconstitucionalidad de esta legislación, que regula la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se tiene un avance importante que permitirá cumplir con 33 por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados que se requiere.

“Ya se están recabando las firmas, hay un avance importante, faltan algunas pocas, pero ya estamos en posición de cumplir el 33 por ciento de integrantes de la Cámara como mínimo”, precisó.

El diputado perredista explicó que se presentará un solo documento con dos apartados: las causales de nulidad porque no hay fundamentación convencional y constitucional para que la Cámara Baja hubiera aprobado esta legislación y la parte de la controversia artículo por artículo.

“Por lo menos son siete artículos que violan de la Constitución, pero los que se están controvirtiendo prácticamente son los 34 de la Ley de Seguridad Interior, más los cuatro transitorios. Estamos controvirtiendo la ley en su totalidad”, detalló.

Hernández Soriano agregó que el escrito contiene los aportes de los diferentes grupos parlamentarios, para robustecer la interpretación y darle mayores argumentos a la SCJN.

Por su parte, el vicecoordinador del PAN, Federico Döring Casar, afirmó que se han recabado suficientes firmas de diputados para promover, la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En declaraciones a la prensa, comentó que el grupo parlamentario del PAN concluirá este martes con la recolección de firmas y se coordinará con las bancadas del PRD, MC y Morena, para que la acción se presente conjuntamente, lo cual podría ocurrir en cualquier momento, porque ya hay “suficientes firmas para que sea admitida por la SCJN”.

“Se están impugnando dos temas: uno, la facultad (del Congreso) para legislar en esa materia, que es un poco lo que ya ha controvertido el ayuntamiento del estado de Puebla; y una serie de artículos que violentan los derechos humanos…(en el PAN) estamos viendo entre seis y siete (preceptos de la ley que se pueden impugnar)”, indicó.

El líder parlamentario se pronunció por que la SCJN haga un análisis a fondo de la acción de inconstitucionalidad sin apresuramientos, “nos parece que es importante que lo pueda explorar y analizar con toda exhaustividad. No quisiera ponerle un plazo a la Corte, me parece inadecuado”.

“Lo que queremos es evitar que se haga un mal uso de algo que era necesario, era necesario reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas, pero no llevándolas de un extremo al otro”, externó.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció la promulgación de la Ley de Seguridad Interior y aclaró que no emitirá declaratoria de protección en los términos de la misma hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre su constitucionalidad.

“Soy consciente de que este ordenamiento que habría de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país; por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, dijo.

Durante su mensaje de clausura de la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Peña Nieto recordó que “corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuando una norma se apega a la constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.

Ante miembros de su gabinete, gobernadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil, reconoció que durante la discusión y aprobación de la ley distintas organizaciones, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado que, a su criterio, el contenido es inconstitucional.

Expuso sin embargo que, de acuerdo con el marco jurídico, el máximo tribunal del país sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ésta ha sido promulgada, “por tanto, doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley”.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, subrayó que la SCJN será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, pero ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que lo necesitan.

Explicó que desde hace más de una década el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de emplear de manera subsidiaria y temporal a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, y “han acudido en apoyo de las entidades federativas por necesidad, han salido a las calles porque las fuerzas policiales locales habían sido rebasadas por el fenómeno delictivo”.

Sostuvo que su despliegue no pretende suplir sino complementar las capacidades de los cuerpos de seguridad civiles locales, y en todos los casos su actuación se deriva de la solicitud de los gobiernos estatales, por lo que “hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la población civil ante el embate de la criminalidad”.

Al reconocer el trabajo de las fuerzas federales en su calidad de comandante supremo, indicó que uno de los pendientes legislativos había sido regular la intervención de los efectivos militares y navales en la lucha contra las organizaciones delictivas.

Recordó que en su momento la SCJN resolvió que las Fuerzas Armadas pueden actuar en tareas de seguridad pública en auxilio a la autoridad civil y en tareas de seguridad interior, bajo el mando del Presidente de la República, y esta atribución se encuentra prevista en la Fracción VI del Artículo 89 de la Constitución desde 1917.

No obstante, detalló, esa atribución había tenido que ser ejercida hasta hoy, sin el respaldo de una ley reglamentaria, y la ausencia de una legislación secundaria se ha traducido en incertidumbre tanto para los miembros de las Fuerzas Armadas que participan en tareas de seguridad como para los propios ciudadanos.

Aseveró que el espíritu de la ley da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior y al mismo tiempo establece límites al uso discrecional de las mismas.

Asimismo, “la ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades; además las obliga a llevar a cabo el programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”, puntualizó.

Dejó en claro que esta ley también permite tomar consciencia sobre la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan sus capacidades institucionales para proteger a la población ante la amenaza de la criminalidad.

Además para tomar una definición sobre “otro tema largamente pospuesto: si debemos seguir con más de mil 800 policías municipales o construir, como propuse al Congreso de la Unión hace más de tres años, 32 policías estatales profesionales, confiables y eficaces”.

Explicó que para lograr una seguridad duradera se requiere el trabajo firme, comprometido y corresponsable de las autoridades federales, estatales y municipales; “así lo mandata nuestra constitución, así lo exige la sociedad y así lo amerita las circunstancias actuales”.

Peña Nieto agregó que los retos que enfrenta el país en materia de seguridad son muy grandes “y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar”.

Previo a clausurar la edición 43 de esta sesión, el presidente hizo un llamado a la gobernadora, a los gobernadores y al Jefe del Gobierno de la Ciudad de México para seguir fortaleciendo las capacidades institucionales en el combate a la delincuencia.

“México necesita policías locales bien capacitadas y equipadas sólidas y eficaces que garanticen la seguridad de la población. Sólo trabajando juntos con compromiso, perseverancia y visión de largo plazo, alcanzaremos el México en paz que todos anhelamos”, afirmó. (Notimex)

Javier Bárcenas

El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha cumplido cabalmente lo que le toca en la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, afirmó el presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, al presentar su informe de actividades 2017.

Advirtió que no es tarea ni responsabilidad del PJF mejorar las condiciones de seguridad en el país y la impunidad es la que favorece la continuación y aumento de los delitos.

Enfatizó que los juzgadores más que nadie deben desempeñarse con integridad, por eso castigamos toda conducta contraria a los valores a los que deben sujetarse, además de tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales, advirtió que la Constitución bajo ningún concepto puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto de los derechos que el propio constituyente ha reconocido en el Nuevo Sistema de Justicia Penal tanto a favor de quien se le imputa un delito como a quien lo sufre, es decir la víctima.

Al presentar su Tercer Informe Anual de Labores ante los plenos de la SCJN, del CJF y del Tribunal Electoral, teniendo como invitados a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los organismos constitucionalmente autónomos, manifestó que “no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país”.

Cumplimos con lo que nos toca

Ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y Diputados, Ernesto Cordero Arroyo y Jorge Carlos Ramírez Marín, respectivamente, el ministro presidente destacó el hecho de que el Poder Judicial de la Federación ha cumplido cabalmente con lo que le toca para lograr la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

En la consolidación del NSJP, dijo, “nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución y esa labor no la vamos ni la podemos abandonar por cualquier crítica”.

Por lo que toca al Poder Judicial de la Federación, Luis María Aguilar Morales dio a conocer que el NSJP opera cotidianamente con 146 jueces especializados, adscritos a los 38 Centros de Justicia Penal Federal en todo el país, incluyendo los que se designaron este año para desempeñar funciones de ejecución como cumplimiento a la norma.

En este periodo, agregó, entró en funciones el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, el Centro de Justicia con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Nuevos centros

Además de que también se inauguraron los centros en Guanajuato, Puebla y Querétaro y, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, autorizó la creación de nuevos centros en Celaya, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Torreón, Zacatecas y Villahermosa.

El ministro presidente reportó que en el último año el nuevo sistema conoció 36 mil cinco asuntos, de los cuales 15 mil dos (41.7 por ciento) fueron causas penales que involucraron a 21 mil 818 personas imputadas.

Dijo que los impartidores de justicia, más que nadie, deben desempeñarse con integridad y se debe castigar toda conducta que sea contraria a los valores a los que deben sujetarse.

Sanciones a servidores públicos

Al respecto, el ministro presidente informó que se ordenó la realización de 290 procedimientos de investigación debido a quejas y denuncias, que acumuladas a las 94 existentes, suman un total de 384. Como resultado de lo anterior, se sancionó a 407 servidores públicos y en el Registro de Servidores Públicos Sancionados se inscribieron 341 casos, incluidas las aplicadas por otros órganos disciplinarios del Poder Judicial de la Federación.

En materia de disciplina, abundó, debe mencionarse que, con motivo de las quejas, denuncias o procedimientos disciplinarios iniciados de oficio, en este año la Comisión de Disciplina y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo el respeto al debido proceso legal, impusieron sanciones a 76 servidores públicos adscritos a diversos órganos jurisdiccionales, siendo 7 de ellos magistrados de Circuito, 14 jueces de Distrito y 55 personal subalterno.

Explicó que las sanciones impuestas a los titulares van desde apercibimientos privados y amonestaciones, hasta suspensión en 7 casos y la destitución de un juez de Distrito.

Aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general el Poder Judicial de la Federación, dijo, trabajan para garantizar los derechos humanos a todos los habitantes de nuestro país.

“Con convicción y compromiso, las señoras ministras y los señores ministros, en su labor cotidiana y en sus resoluciones, incorporan la visión de los derechos fundamentales desde la perspectiva indígena, de la niñez, las mujeres, las personas mayores, la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género, tomando en cuenta, siempre, el papel que juegan las víctimas en los procedimientos judiciales a efecto de hacer posible su protección legal”.

Expuso que el alto tribunal se ha dado a la tarea de hacer una profunda labor en la difusión de las resoluciones y criterios con la finalidad de dar respuesta a la sociedad de un trabajo equitativo e igualitario, basado en la dignidad humana y que permita construir respuestas adecuadas a través del trabajo judicial, atendiendo a la complejidad social, política y cultural de nuestro país.

Rankin en redes sociales

En los dos últimos años, explicó, se triplicó el número de seguidores de nuestra cuenta de Twitter, la cual ahora tiene más de 400,000 seguidores, cifra que nos ubica como la cuenta con el mayor número de seguidores de todas las cortes supremas de habla hispana y la tercera del ranking mundial de las que usan esta red social.

Además, dijo que en la cuenta de la Suprema Corte en Facebook tenemos también casi 400 mil seguidores que comparten y reproducen por miles los materiales que difundimos sobre el quehacer del alto tribunal, en una especie de onda expansiva de redes que sólo en el último año nos permitió alcanzar a un público superior a los 134 millones de personas en México y el extranjero.

En radio, expuso, también nos modernizamos y pusimos en marcha una amplia oferta informativa que nos permitió llegar a más de mil 440 estaciones en todo el país y que incluye programas de noticias con transmisiones en vivo, cápsulas de sentencias relevantes, spots y podcast descargables, tanto en nuestro portal de la Corte como en formatos para redes sociales.

“Todo bajo un esquema de austeridad, que implica básicamente el uso de recursos materiales y humanos propios, para acercarnos a la sociedad y poner a su alcance todo el quehacer del máximo tribunal del país”, indicó.

Por supuesto, dijo Luis María Aguilar Morales, todo ello sumado a la información que difunden de manera permanente los reporteros de nuestra “Fuente informativa”, que dan a conocer el día a día de lo que resuelve y hace el máximo tribunal del país. A los reporteros les reconozco la labor que realizan y el profesionalismo con el que llevan a cabo la labor social que les ha tocado.

Del mismo modo, expuso con énfasis, “también aprovecho para reiterarme con especial énfasis y volverme a sumar a las voces que piden “No al silencio” y “Ni uno más” con motivo de los asesinatos de periodistas que se registraron durante el presente año”.

José SANTOS NAVARRO

Para modernizar su sistema de impartición de justicia y que su acceso sea más democrático, ágil y económico en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo firmó un convenio de Interconexión Interinstitucional con el Poder Judicial de la Federación.

Destacó la importancia que tienen estos acuerdos, pues en la actualidad es fundamental que las entidades intercambien información que permita acelerar la impartición de justicia y ofrecer un servicio más eficaz a la ciudadanía. Mencionó que el fortalecimiento y la modernización del Sistema de Justicia es necesario para garantizar un acceso eficaz a los procesos legales, además que debe ser imparcial y transparente, con pleno respeto a los derechos humanos.

Del Mazo aseguró que estos acuerdos plantean la implementación de bases de datos que podrán ser compartidas entre entidades y el Poder Judicial federal, así como realizar trámites legales en línea, como presentar un juicio de amparo, lo cual representa una innovación a nivel mundial.

Consideró que estos acuerdos son un paso más hacia la consolidación de un Estado de Derecho robusto, eficaz y equitativo, necesario para convertir a México en un país en el que todos los derechos se respeten y todas las personas tengan garantizado su acceso. Agregó que la tecnología brinda oportunidades que acercan más al gobierno con la sociedad. Por ello, el gobierno estatal continuará impulsando la creación de más infraestructura que permita modernizar los procesos legales, hacerlos más transparentes y accesibles.

Por su parte, Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dijo que estos acuerdos son una herramienta que permitirá a las instituciones encargadas de la impartición de justicia, agilizar los procesos jurídicos, facilitar el intercambio de información y mejorar los diversos procesos. Además, se validará el uso de la firma electrónica en el Poder Judicial federal, así como la rendición de informes en línea, el acceso a integración de expedientes electrónicos y carpetas digitales, ahorro de uso de papel, envío de exhortos, cartas rotatorias y otros documentos.

Javier Bárcenas

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para dar al Consejo de la Judicatura Federal la atribución de organizar, administrar y resguardar los archivos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, excepto los que corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con 359 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó dicho dictamen y lo turnó al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación.

El dictamen surgió de una iniciativa que la diputada Martha Hilda González Calderón (PRI) presentó el pasado 9 de mayo y modifica las fracciones XIX del artículo 11 y las XVIII y XXXIV del precepto 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Las fracciones del artículo 81 se modifican para otorgar al Consejo de la Judicatura Federal la atribución de establecer la normatividad y los criterios “para la organización, administración y resguardo de los archivos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, a excepción de los que de conformidad con esta Ley corresponden a la Suprema Corte de Justicia”.

Además, para que administre “los documentos integrados al archivo judicial de juzgados de distrito y tribunales de circuito de todos los circuitos judiciales del país, garantizando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento”.

Precisa que el Centro de Documentación y Análisis de la SCJN comprenderá la biblioteca central, “los archivos históricos de la Suprema Corte de Justicia, juzgados de distrito y tribunales de circuito, así como el archivo central de la Suprema Corte de Justicia, la compilación de leyes y el archivo de actas”.

En su exposición de motivos, la diputada refirió que el Consejo de la Judicatura Federal se creó, a partir de la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, para velar por la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, pero los archivos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito quedaron a disposición de la SCJN, en tanto se consolidaba su funcionamiento integral.

Comentó que, a partir de ese momento, el Centro de Documentación y Análisis de la SCJN ha realizado diversos trabajos de rescate, organización, inventario catalogación y conservación de los acervos archivísticos, especialmente los expedientes históricos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito.

Subrayó que, a más de 20 años de su creación, el Consejo de la Judicatura “ha desarrollado la infraestructura técnica, normativa, humana y material para la organización, administración y resguardo de los archivos de concentración de los tribunales de circuito y juzgados de distrito”.

Actualmente el Pleno de la SCJN, a través del Centro de Documentación y Análisis, cuenta con un acervo documental que reguarda más de ocho millones 300 mil expedientes judiciales generados por el Alto tribunal, juzgados de distrito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, archivo histórico y archivo administrativo.

Todos esos documentos, en conjunto, equivalen a 150 mil metros lineales, que comprenden documentos históricos que datan desde 1825 y los cuales pueden ser consultados por la ciudadanía, tanto de manera física como virtual.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destituyó y consignó ante un juez federal al delegado en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, así como a su antecesor, Juan Manuel Ballesteros López.

Los ministros en pleno resolvieron que tanto el actual delegado como su antecesor se encontraban en desacato, pues omitieron cumplir con una sentencia emitida desde 2014.

Con esta sentencia, un juez federal había amparado a extrabajadores de la delegación para que fueran reinstalados en el puesto como verificadores, pagarles las diferencias de salario y aguinaldos correspondientes, así como los elementos necesarios para desempeñar su trabajo.

La SCJN indicó que pasaron 3 años sin que la delegación cumpliera la sentencia, por lo que este martes en decisión unánime declararon en desacato al actual delegado y a su antecesor.

Javier Bárcenas

El presidente de Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales, dijo que juzgar con perspectiva de género implica identificar estereotipos y reconocer las desigualdades estructurales que han colocado, preponderantemente a las mujeres, en un plano de desventaja.

El ministro Luis María Aguilar inauguró el Tercer Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género, acompañado de ministros, Consejeros de la Judicatura Federal, convocado por el Alto Tribunal y el Comité Interinstitucional,  en el que participan alrededor de 450 juzgadores, tanto mexicanos de los fueros federal y local, como de  representantes de países de los cinco continentes.

La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, Presidenta del  Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación (PJF), afirmó que impartir justicia con perspectiva de género no es un tema ocasional, sino un problema que atañe a todos, y una exigencia mayor para todos los juzgadores, de hacer vigente el principio de igualdad y no discriminación.

“Porque quienes nos dedicamos a la impartición de justicia debemos entender que el respeto a los derechos humanos tiene sólido cimiento en la igualdad, y debemos luchar día a día para que nuestros veredictos sean la expresión de este valor”, dijo.

Acompañada de los ministros Norma Piña Hernández, Eduardo Medina Mora, Javier Laynez Potisek, la Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis y las consejeras de la Judicatura Federal Martha María del Carmen Hernández Álvarez, y Rosa Elena González Tirado, la Ministra Luna Ramos reflexionó sobre el rol de la función jurisdiccional en el logro de la igualdad.

Aseguró que los impartidores de justicia se preparan cada vez más para advertir con fluidez, en su quehacer jurisdiccional, desigualdades y prejuicios antes escondidos a la sombra de una herencia cultural, y entender el  reto que sus decisiones pueden tener en la transformación de la realidad social.

“Quienes nos dedicamos a la impartición de justicia, debemos tener la convicción de hacer transitar la igualdad del discurso a la realidad, a través del ejercicio de la función jurisdiccional.

“Debemos saber que abonar a un mejor futuro para heredar nuestras nuevas  generaciones un mejor país en el que prevalezca la igualdad e impere la justicia. Este es nuestro sueño”, enfatizó.

El Ministro Presidente destacó que desde 1974, año en que se incorporó en la Constitución Mexicana el principio de igualdad entre el varón y la mujer, se impulsaron y produjeron muchos cambios legislativos en distintas materias.

Mismos que no fueron suficientes para lograr la igualdad sustantiva, porque las grandes desigualdades económicas y, sobre todo, los patrones culturales ancestrales, han mantenido buena parte de la desigualdad.

Indicó que pese a los cambios legislativos, la práctica demostró que, en los hechos, no se habían provocado los cambios estructurales y fácticos necesarios en lo social, en lo político y en lo económico, porque aunque el Derecho quisiera igualar desde la norma, los casos específicos en la realidad reflejaban las desigualdades que no sólo no habían desaparecido, sino que podían exacerbarse al ser planteadas en un juicio.

Dijo que por ello, fue necesario empezar a distinguir entre igualdad formal e igualdad sustantiva buscando reducir, con acciones concretas, la distancia entre una y otra, y se han dado pasos firmes en esta dirección, pero el mayor impacto se logró cuando empezó a hacerse efectivo el acceso a la justicia y comenzaron a generarse precedentes a partir de casos concretos en las diferentes instancias de los poderes judiciales.

Para avanzar sin duda, el primer paso es el conocimiento de los derechos, pero aún más importante es instrumentar todas las acciones necesarias para su ejercicio pleno. Y en ello el poder Judicial juega un rol trascendental, sostuvo el Ministro Presidente.

Javier Bárcenas

Invasores de tierras desacatan la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al pretender la venta “ilegal” de un predio en Los Cabos, Baja California Sur, esto con el visto bueno de jueces y funcionarios estatales, a pesar que se cuenta con la resolución del máximo tribunal.

Así lo señalan los apoderados de Bufete Jurídico Blake, quien presentó las pruebas que acreditan a la Inmobiliaria del Cabo, SA de CV, como el legítimo dueño y quienes manifiestan que se ha violentado la ley, inventando claves catastrales y folio real en el Registro Público de la Propiedad en varias ocasiones.

Señala que los invasores tienen en su poder el predio desde hace más de una década y ahora intentan venderlo, pues aseguran contar con el aval y visto bueno del Poder Judicial en la entidad y, por ende, no acatarán la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien declaró ilegal la autorización de venta.

La resolución de la SCJN (Inconformidad 61/2014), que reconoce la propiedad a los verdaderos y legítimos dueños, y la autoridad judicial federal (Juez Primero de Distrito en Baja California, Javier Loyola Zosa) evade restablecer a la Inmobiliaria del Cabo, SA de CV,  el pleno goce de sus derechos y las cosas al estado que guardaban antes de las violaciones jurídicas.

Durante todo este tiempo, el Juzgado Colegiado de La Paz ha aplicado la política de la tortuga en la resolución del caso, y los jueces magistrado en la entidad, se declaran impedidos para resolverlo, quienes han congelado por años las resoluciones que les corresponde atender, y ante esta situación, se tuvo que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que lo atrajera y resolviera conforme a derecho.

Recientemente, el titular de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, advirtió que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) se rechaza cualquier forma de corrupción, tanto en el manejo de los recursos presupuestales como en la conducta de todos sus integrantes, por lo que llamó a los servidores públicos a ser ejemplo de integridad.

Javier Bárcenas

El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no tolera, sino que sanciona a los malos servidores públicos, incluidos los juzgadores, que no cumplen con su deber de honestidad y debido trabajo hacia la sociedad.

“Una sociedad dolida, escéptica y victimizada tiene su esperanza puesta en el nuevo sistema de justicia penal y los jueces no pueden fallarle”, afirmó ante estudiantes de Derecho, al inaugurar el Noveno Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación, en el Centro de Convenciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Sostuvo que no solamente los impartidores de justicia, sino todos los que prestan sus servicios en el Poder Judicial de la Federación deben ser ejemplo de transparencia, compromiso e integridad.

“El Poder Judicial de la Federación no tolera y en cambio sanciona a aquellos malos servidores públicos,  incluso juzgadores que no cumplen con su deber de honestidad y de debido trabajo en favor de la sociedad. Todos debemos trabajar de frente a la sociedad, nunca de espaldas a ella”, advirtió.

Dijo que la plena vigencia y el respeto de los derechos humanos sin condiciones, sin atender a las críticas, debe ser la razón primordial de la actuación jurisdiccional.

El Ministro dijo que los juzgadores no deben tolerar ninguna violación a estos derechos, bajo ningún pretexto y la autoridad tiene que aprender que la protección de los derechos humanos es más importante que cualquier otro argumento que se haga valer y, ante esta situación, los jueces deben tomar decisiones “por desagradables que sean”.

“El Poder Judicial de la Federación tiene el propósito indeclinable de lograr la plena vigencia de los derechos humanos sin condiciones, y sin atender a las críticas mientras sean éstas en protección de los derechos de las personas”, reiteró.

El ministro presidente manifestó que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y condición indispensable para la realización de todos los demás derechos humanos, mientras que el debido proceso constituye no solo un límite a la actividad estatal, sino un pilar de la impartición de justicia y de un Estado democrático de derecho, con un objetivo diáfano: llegar a una decisión justa.

“De los impartidores de justicia depende que sea posible cristalizar un anhelo impostergable, plasmado gracias a la reforma, en nuestra centenaria Carta Magna: el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”, aseveró.

El ministro Aguilar Morales explicó que el año 2016 debe ser recordado como el punto de inflexión en la historia de nuestra justicia penal, ya que después de esfuerzos y acciones institucionales sin precedente por parte de los tres Poderes de la Unión, y en los tres ámbitos de gobierno, se cumplió en tiempo y forma con el mandato constitucional de que los juicios orales sean una realidad efectiva en todo el territorio nacional.

“Para concretar la reforma, hemos realizado un esfuerzo de planeación y ejecución; las esperanzas de una sociedad dolida, escéptica y victimizada están puestas en este nuevo sistema penal. No podemos ni debemos fallarle”, expresó.

Recordó que la primera edición del Encuentro Universitario  tuvo como objetivo difundir entre los jóvenes estudiantes de Derecho el conocimiento de lo que es y lo que hace el Poder Judicial de la Federación, con especial énfasis en la SCJN, para crear un acercamiento que permitiera palpar esta labor en la práctica, mediante el desarrollo de talleres y el análisis de resoluciones relevantes.

Ante el éxito de ese Primer Encuentro Universitario, del año 2009, se resolvió darle continuidad, año con año, poniendo al día las temáticas correspondientes, de conformidad con las tendencias de actualidad, y complementar así los conocimientos de los estudiantes de Derecho obtenidos de la academia con una visión práctica de las labores jurisdiccionales dentro del PJF.

Desde su primera edición, hasta la del año pasado, se ha contado con la participación de más de 7 mil 300 alumnos, todos ellos estudiantes de Derecho, con al menos 60% de créditos de la Licenciatura concluidos, provenientes de más de 220 universidades, tanto de la capital como de varias entidades del país.

“Ustedes, estimadas y estimados universitarios son los operadores jurídicos del mañana, en quienes recaerán responsabilidades de crucial importancia, entre ellas, las derivadas de aquél clamor, añejo pero vigente de Morelos: ‘que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario’”.

Comentó que con el fin de comunicar de manera más eficiente y cercana el quehacer del Alto Tribunal, acorde con las nuevas tecnologías, la SCJN reforzó su presencia en las redes sociales de Twitter y Facebook, así como a través de su Boletín Electrónico de suscripción voluntaria que se envía por medio de correo electrónico y les invitó a seguir la actividad de la Suprema Corte a través de estas redes sociales.

Durante dos días, los asistentes al encuentro participarán en conferencias magistrales sobre las reformas Penal, de Juicio de amparo y Derechos Humanos; el defensor público en el nuevo sistema de justicia penal; la comunicación y el principio de acceso a la justicia, análisis de sentencias y tres talleres sobre juicios orales; defensoría y asesoría pública y sentencias de la Corte con impacto social, entre otras actividades.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias constitucionales promovidas por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,  contra ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias.

Los recursos jurídicos fueron turnados al ministro Alberto Pérez Dayán, quien por acuerdo las admitió a trámite y requirió a las autoridades demandadas para que respondan a las controversias impulsadas por los poderes Ejecutivo y el Senado de la República.

Los lineamientos se mantienen vigentes, pues al tratarse de normas generales, ni el Ejecutivo ni el Senado solicitaron su suspensión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó la lista de 39 aspirantes que cumplen con los requisitos para integrar tres ternas de candidatos a magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La lista, publicada en el Diario Oficial de la Federación, la integran Alvarado Sánchez Juan de Jesús, Ávila González Manuel Alejandro, Ávila Sánchez Raúl Zeuz, Avilés Albavera Hertino, Avilés Demeneghi Sergio, Becerra Bravo Raúl, Bracho Alegría Adriana, Buendía Díaz Emilio, Carreón Castro María Del Carmen, Carrillo Medina Bruno Refugio, Ceballos Daza José Luis, Cicourel Solano Jaime, Cruz Valle Araceli Yhali, Félix López Roberto Carlos, Garay Garduño César, Garay Morales Leonor, García Moreno Socorro Roxana, Garza Moreno Miguel Ángel, González Fernández Arturo, Grijalva Vásquez Octavio.

Además de Guevara y Herrera María Cecilia, Jiménez Castillo Elva Regina, Kitazawa Tostado Francisco Arturo, León Vázquez Daniel, Medina Alvarado Juan Carlos, Mejía Contreras Teresa, Moreno Trujillo Rodrigo, Navarro Badilla Francisco Daniel, Pedroza Reyes Yolanda, Reynoso Núñez José, Así como Ramírez Vargas José Román, Sánchez Cordero Grossmann Jorge Emilio, Sánchez Estrada Eduardo, Sánchez León Juan Carlos, Sánchez Morales Jorge, Silva Díaz Ricardo Antonio, Torres Padilla Rodrigo, Vivanco Morales Sandra Araceli y Zaldívar Arrieta Mario León.

En la sesión celebrada el 9 de enero pasado se aprobó la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos para integrar tres ternas de candidatos a magistrados que serán propuestos a la Cámara de Senadores.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por Elba Esther Gordillo Morales sobre su petición de prisión domiciliaria, la cual le había sido negada por el Tercer Tribunal Unitario de Circuito.

Arturo Saldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la presidenta de la Primera Sala, Norma Lucía Piña Hernández, rechazaron atraer el caso porque no “se reúnen los requisitos que se establecen en función de la importancia y trascendencia”; mientras que a favor votó el ministro promovente y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El ministro promovente, José Ramón Cossío Díaz, solicitó el pasado 9 de septiembre a la Primera Sala analizar el caso de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), después de que el tribunal le negó la prisión domiciliaria, debido a que al momento de su detención aún no cumplía los 70 años contemplados para dicho beneficio.

Cossío Díaz proponía que la Primera Sala analizara la constitucionalidad del primer párrafo del artículo 55 del Código Penal Federal que establece que: “[…] cuando la orden de aprehensión se dicte en contra de una persona mayor de 70 años de edad, el juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que procedan […]”. Ante el rechazo de atracción de la Suprema Corte, el caso quedará ahora en la instancia del Quinto Tribunal Colegiado, el cual determinará si se le concede o no el beneficio de prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo.

Los cargos de defraudación fiscal le fueron imputados en octubre de 2015 por más de de 4 millones 394 mil 682 pesos, en el manejo de recursos y cuentas del SNTE, al presuntamente no declarar el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Gordillo Morales, de 71 años de edad y que fue dirigente del SNTE hasta el 26 de febrero de 2013, enfrenta otras dos imputaciones, por las que aún se encuentra encarcelada en el hospital del reclusorio femenil de Tepepan, en la Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si atrae o no para su estudio el amparo que promovió la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo relacionado con su solicitud de prisión domiciliaria.
El ministro José Ramón Cossío hizo suya la petición tras considerar que el caso reúne los requisitos de importancia y trascendía jurídica que podría sentar precedentes para asuntos similares.
En este sentido, los integrantes de la Primera Sala enlistaron para la sesión de mañana miércoles la facultad de atracción 426/2016, la cual necesita por lo menos tres votos para que el Máximo Tribunal sólo decida inicialmente si se hace cargo del juicio de garantías.
Desde enero del año pasado, el Tercer Tribunal Unitario le concedió un amparo a Gordillo Morales para efectos de que se subsanaran vicios en el procedimiento y se diera una correcta interpretación al capítulo del Código Penal Federal que establece dicho beneficio.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República solicitó la revisión, pues alegó que la exsecretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cuenta con los recursos necesarios para abandonar el país, lo que representaría una sustracción de la justicia.
Por su parte la defensa ha sostenido que su clienta además de contar con 70 años de edad, que es la edad suficiente para gozar del beneficio, presenta un deterioro en su salud y prueba de ello es que se mantiene aún en la Torre Médica Penitenciaria de Tepepan.