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CNDH investiga ya la ‘Ley Atenco’

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó oficialmente que revisa la llamada “Ley Atenco”, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de México el pasado 18 marzo, tras aprobarse en el Congreso mexiquense.

La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en esa entidad fue cuestionada por diversas organizaciones civiles, por considerar que restringe el derecho a manifestarse y permite que las fuerzas de seguridad pública puedan violar derechos humanos.

Actualmente corren los 90 días posteriores a la publicación en la Gaceta Oficial que tiene el Gobernador Eruviel Ávila para ratificarla, aunque declaró considerarla apegada a la Constitución.

Tanto el Gobierno del EdoMex como las organizaciones civiles pidieron a la CNDH revisar la ley que establece, por ejemplo, que una reunión o asamblea ciudadana será ilegal cuando las personas estén armadas.

Además, concede a los elementos policiacos la posibilidad de usar armas letales cuando esté en riesgo alguna vida.

“Desde el momento mismo en que se aprobó la citada ley, y que le fueron presentadas esas peticiones, la CNDH inició la revisión y estudio integral de la legislación en comento, y los resultados serán dados a conocer en su oportunidad”, aseguró hoy la Comisión.

 

NTX

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Diputados otorgan a EPN poderes especiales ‘en caso de revuelta’

Ciudad de México, 31 de mar.- Después de haber estado congelada y en negociaciones por varios meses, de forma sorpresiva el día de ayer los diputados comenzaron las maniobras para desahogar por la vía del fasttrack una serie de reformas que definan los poderes especiales que podría tener el poder ejecutivo con base en el “estado de excepción”.

Diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, aprobaron en comisiones la minuta mediante la cual el presidente de la república podrá suspender de forma total o parcial los derechos y garantías individuales, en caso de contingencias extraordinarias, tales como “revueltas de gran calado”.

Una guerra, una invasión armada, epidemias, accidentes nucleares, plagas, así como perturbaciones ocasionadas como resultado de factores naturales como sismos, tormentas, huracanes, explosiones volcánicas, también serían motivo para suspender las garantías individuales.

En redes sociales ha causado indignación la noticia, pues el tema no ha sido discutido publicamente, unicamente en los pasillos del Congreso es que se ha estado negociando desde hace meses esta iniciativa.

 

Estado de excepción, más cerca de una dictadura

Hace unos meses Raúl Flores Durán realizó un recuento histórico de los estados de excepción; concluyendo que los principales teóricos del tema coinciden en que la mayoría de los casos esta cualidad se ha desvirtuado, convirtiéndose en la herramienta predilecta de las dictaduras para cometer crímenes de lesa humanidad, siendo usada principalemente con motivos políticos.

Muchas de las dictaduras latinoamericanas se valieron de este recurso para cometer incluso genocidio; pues lo que plantea es la suspensión de múltiples derechos humanos y la capacidad de poder cometer crímenes y actos arbitrarios que aunque puedan ser criminales, encuadrarían en su sistema jurídico emergente.

Con esta ley se pretende el sacrificio temporal de los derechos a la manifestación, asociación, circulación, libertad de expresión, patrimonial, de crédito o de autor, entre otros, como relata la crónica de Sopitas, quien también hace un recuento de porque es peligroso otorgar este tipo de poderes a políticos con tendencia a la represión como lo es el mismo Enrique Peña Nieto, quien se ha manifestado orgulloso de haber ordenado los actos represivos de San Salvador Atenco donde 28 mujeres fueron violadas y decenas de ciuadanos agredidos de forma brutal por la policía; todo esto sería legal bajo el estado de excepción.

En México la última vez que se implementó fue en la segunda guerra mundial, no obstante que había críticas en el sentido de que no están bien definidos los alcances de este procedimiento en la Constitución.

A nivel mundial entre los casos emblemáticos recientes está el estado de excepción decretado en los Estados Unidos tras los autoatentados del 11 de septiembre y que sirvieron como excusa para emprender una carnicería en Irak y Afganistán donde presuntamente iban por armas de destrucción masiva que nunca existieron.

La propuesta pasará al pleno en los próximos días, y si la ciudadanía mexicana permanece indiferente, se convertirá en una realidad con total colusión de los partidos políticos hegemónicos.

 

David Galeano

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En repudio a la #LeyAtenco de Eruviel, ONG’s convocan a un #MayoRojo

28 de mar.- Pueblos y organizaciones del Estado de México anunciaron su rechazo a la Ley de Regulación de la Fuerza Pública, llamada #LeyAtenco, así como movilizaciones sociales para evitar que se ejecute en las próximas manifestaciones.

En conferencia de prensa y encabezados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, se anunció la campaña #MayoRojo o #MayoEnFuego con actividades y movilizaciones para los días 3 y 4 de ese mes.

“Esta ley debería llamarse Ley Eruviel y los beneficios que pretenden, además de blindarse de los atropellos de quienes se manifiestan en el Estado de México, esta ley les permite el uso de armas de fuego en las manifestaciones por parte de la seguridad pública, no hay una cláusula de castigo para aquellos elementos que violen los derechos humanos.

“En Mayo inicia la campaña de #MayoRojo, #MayoEnFuego por estos hechos y con movilizaciones en las comunidades, así como una movilización magisterial en día del maestro, porque lo que buscamos es que la Ley Eruviel no pasará”, comentó Alfredo del Valle, líder del FPDT.

Representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos presentes en la rueda de prensa aseguraron que esta iniciativa favorece el uso de esposas rígidas, armas de fuego cargadas en contra manifestaciones, se permite el espionaje e intervención en asambleas públicas, así como la adecuación de la Ley fuga, esta última es la que faculta al policía para disparar en contra de un manifestante.

Recordaron que esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial de Edomex el pasado 18 de marzo del presente año, justo en el décimo aniversario de los sucesos de Atenco.

Aeropuerto, una de las razones para su aprobación   Ante la negativa de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que incluye terrenos en el municipio de Atenco, el FPDT aseguró que esta nueva ley abre la posibilidad para reprimir a aquellos que no estén de acuerdo con el proyecto.

“Desde luego que tiene que ver el proyecto del Aeropuerto y porque han utilizado todo para engañar, criminalizar nuestro clamor de justicia y desde los tres niveles de gobierno están buscando quebrar el movimiento de resistencia.

“No vamos a permitir la construcción de ese aeropuerto y utilizan todos los medios de que ya no hay resistencia, pero sobre todo que hay un despojo y robo de los terrenos donde están edificando este proyecto ilegal”, señaló Del Valle.

Finalmente, aseguraron que el objetivo principal será el de “tirar la Ley Atenco” con todos los recursos legales, jurídicos, sociales y pacíficos, ya que el temor es que se repitan escenas como las de hace 10 años, aunque con mayor derramamiento de sangre al permitir el uso justificado de armas de fuego.

 

Quadratín

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De noche, el Congreso de Edomex aprueba la Ley Atenco

Toluca, Edomex, 18 de mar.- El Congreso del estado de México aprobó la Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública, que estipula los supuestos en que los cuerpos de seguridad podrán emplear armas letales e incluso disolver reuniones o asambleas ilegales.

Ahora los agentes de seguridad púbica podrán usar la fuerza en legítima defensa del elemento o de terceros; por cumplimiento del deber al salvaguardar los derechos, bienes y libertad de las personas, el orden y la paz pública, o para prevenir delitos, cuando sea necesario para salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de algún peligro.

También se prevé que cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de otras personas o del elemento, éste podría hacer uso intencional de armas letales, pero sólo en defensa propia o de terceros en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o para evitar un delito que represente una seria amenaza, o para impedir una fuga, cuando otras medidas hayan sido insuficientes.

La ley garantiza el derecho a la libre manifestación, reunión o asambleas. El artículo 14 detalla que los agentes “podrán emplear la fuerza en el control de multitudes y disturbios públicos para restablecer el orden y la paz social con el fin de evitar actos de violencia, daños a terceros, propiedades y la integridad física de las personas. Se respetará el ejercicio del derecho de asociación y reunión de personas siempre que éste se efectúe en los términos previstos por el artículo 9 constitucional.

Promoverán inconstitucionalidad

Los diputados y la dirigencia estatal del partido Morena consideraron esta ley contraria a los derechos humanos y acusaron al gobernador Eruviel Ávila, autor de la iniciativa, de pretender legalizar actos represivos y criminalizar la movilización social.

Los seis legisladores del partido Morena no sólo votaron contra la nueva ley, sino también anunciaron que solicitarán al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, que promueva una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra este ordenamiento, al que bautizaron como ley Atenco.

Uno de los aspectos que más cuestionó Morena fue que se otorga al mando de la policía la facultaddiscrecional de determinar cuando una asamblea, manifestación o reunión es ilegal y se le faculta para dispersarla.

El artículo 15 del ordenamiento señala que una asamblea o reunión es ilegal cuando el grupo de personas se reúna con un fin ilícito, se encuentren armadas o cuando, en la petición o protesta que hagan ante la autoridad, expresen amenazas para intimidarlas u obligar a resolver en el sentido que desean.

El artículo 16 señala que la responsabilidad de ordenar el uso de la fuerza pública es exclusiva del mando al cargo de la operación, quien deberá informar de la decisión a su superior. Lo anterior, consideró Morena, pretende eximir de toda responsabilidad a funcionarios de alto nivel en la toma de estas decisiones, para evitar que sean señalados como sujetos de recomendaciones de la CNDH u otros procedimientos.

La ley también regula las detenciones en flagrancia y de personas armadas y especifica cómo deben proceder los policías; asimismo, señala cómo se aplicará la fuerza en cárceles y en caso de desastres naturales.

El ordenamiento agrega que se debe aprobar un código de ética para el uso de la fuerza pública; habla de la obligación de capacitar a los elementos de seguridad e incluso propone brindarles orientación y ayuda sicológica por la tensión que les genera la violencia.

Asimismo se tipifican conductas como actos crueles, abusos y tortura y se fijan procedimientos para castigar estos abusos de los agentes, además de que se garantiza la reparación del daño.

 

LaJornada

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Israel destruye canal palestino y secuestra a su director

11 de mar.- El ejercito israelí allanó la madrugada de este viernes los locales de un canal de televisión palestino en Ramala, cerró sus oficinas y arrestó a su director, despue´s de que Israel anunciara un endurecimiento de sus políticas para frenar la violencia.

Israel acusa al canal Falestine al-Yom (la Palestina de hoy) de ser el portavoz de la organización radical islamista Yihad Islámica y de contribuir a la ola de ataques antiisraelíes mediante incitaciones al odio.

Este allanamiento realizado en Ramala, centro de decisión política y económica palestina en Cisjordania, es el primer operativo concreto desde que el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu anunciara la semana pasada un endurecimiento de su política con los medios de comunicación palestinos que, según él, incitan a la violencia.

Israel, Jerusalén y los Territorios Palestinos son escenario desde el 1 de octubre pasado de una ola de violencia que ha dejado 188 muertos palestinos, 28 israelíes, dos estadounidenses, un eritreo y un sudanés, según un recuento de AFP. La mayoría de los palestinos fallecidos eran autores o supuestos autores de ataques contra israelíes, que se han vuelto casi diarios desde hace cinco meses.

El ejército, que llegó a bordo de un convoy de jeeps al canal ubicado en pleno centro de Ramala, se incautó de material de grabación y difusión, indicó el canal. Las autoridades israelíes ordenaron el cierre de las oficinas, según un portavoz del ejército israelí.

La transmisión sin embargo no está interrumpida y el canal sigue emitiendo en Beirut.

– Un logo ‘Intifada de Jerusalén’ –

Empleados del canal de televisión Palestina Hoy, en las oficinas de la emisora, registrada por fuerzas militares israelíes, el 11 de marzo de 2016 en Ramalah, Cisjordania

Además, el ejército israelí arrestó por la noche al director del canal palestino, Faruq Aliat, de 34 años, al cámara Mohamed Amr y al ingeniero Chabib Chabib, indicó el sindicato de periodistas palestinos.

Falestine al-Yom “llama a cometer actos terroristas contra Israel y sus ciudadanos. Es una herramienta esencial de la Yihad Islámica para incitar a la población de Cisjordania a la violencia”, dijo el Shin Beth, el servicio israelí de inteligencia y lucha antiterrorista, que participó en el operativo. El director del canal es “un activista de la Yihad Islámica, que ya ha estado encarcelado en Israel por sus actividades”, añadió en un comunicado.

Israel considera a la Yihad Islámica, segunda fuerza en los Territorios Palestinos, como una organización terrorista, al igual que a la mayoría de movimientos palestinos. Este movimiento denunció en un comunicado “una agresión israelí contra los medios nacionalistas y resistentes”. Este allanamiento es solo “un episodio más en la larga historia de represión y ocupación”, dijo.

Falestine al-Yom utiliza desde octubre un logo ‘Intifada de Jerusalén’ cuando se refiere a la actual ola de violencia.

Los expertos estiman que esta ola de violencia resulta de la opresión por la ocupación, de la ausencia de perspectivas de una independencia próxima, de frustraciones económicas y del descrédito de las autoridades palestinas.

Las perspectivas de una resolución diplomática del conflicto israelo-palestino, que dura desde hace varias décadas, parecen estar completamente bloqueadas.

– Medidas disuasivas –

El gobierno de derecha de Benjamin Netanyahu acusa a las autoridades y a los medios palestinos de incitar al odio.

Las autoridades israelíes cerraron ya dos radios palestinas en Hebrón, en el sur de Cisjordania ocupada, en noviembre.

Ante la ola de violencia y bajo la presión de la opinión pública, el gobierno de Netanyahu tomó el martes una serie de medidas, entre ellas una mayor represión de los medios de comunicación palestinos, la finalización del muro de seguridad alrededor de Israel, la revocación de permisos de trabajo para los familiares de los autores de atentados y un recorte de los plazos de destrucción de las casas de los autores de atentados.

Asimismo tomó medidas contra los trabajadores palestinos ilegales en Israel y los que los emplean o dan albergue.

Las autoridades arrestaron el miércoles y el jueves a 427 trabajadores palestinos clandestinos y a 53 personas que los empleaban, les ofrecían albergue o un medio de locomoción, informó la policía.

 

AFP

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Asesinan destacada activista indígena en Honduras

La dirigente indígena hondureña Berta Cáceres ha sido asesinada hoy a tiros en la ciudad de La Esperanza, departamento occidental de Intibucá, donde residía. Así lo ha informado el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del país centroamericano (CODEH), Hugo Maldonado.

Al parecer, dos hombres armados llegaron a la casa de Berta Cáceres hacia la 01.00 hora local y le dispararon, relató Maldonado a los periodistas.

Cáceres fue una de las fundadoras en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), desde el que lideró manifestaciones en defensa del medio ambienteoponiéndose a la construcción de proyectos hidroeléctricos en el occidente de su país por considerar que atentaban contra los recursos naturales.

Por su lucha en defensa de los recursos naturales en el occidente de Honduras en 2015, Cáceres, miembro de la etnia lenca y madre de cuatro hijos, recibió el Premio Medioambiental Goldman.

Berta Cáceres también encabezó protestas contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya.

Amenazas de muerte

En varias ocasiones había denunciado amenazas de muerte contra ella y familiares suyos.

Uno de sus hermanos, Gustavo Cáceres, le pidió hoy al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que este caso no pase a ser un número más en las estadísticas de la violencia en el país, y que su asesinato sea esclarecido y se castigue a sus autores.

Añadió que Berta Cáceres “siempre dio la cara” y “nunca utilizó un arma” para protestar, porque “su arma era su voz” para denunciar violaciones a los derechos humanos y la destrucción de los recursos naturales.

En Honduras, la violencia criminal causa un promedio de trece muertes diarias.

EFE

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Patishtán y 6 indígenas más exigen indemnización y libertad para Sántiz

Un grupo de siete indígenas, entre ellos Alberto Patishtán Gómez, que en años recientes fueron excarcelados, después de permanecen en prisión varios años, pidieron al Obispo Felipe Arizmendi Esquivel sea intermediario con el gobierno, para lograr una indemnización por sus bienes que perdieron durante el tiempo que estuvieron en la prisión.

En conferencia de prensa, los reos pidieron que se lleve a cabo un diálogo en la Catedral, con el fin de les indemnice por los daños materiales “ocasionados por los encarcelamientos injustos”, con la presencia de Patishtán Gómez que fue liberado por un indulto presidencial del 13 de octubre de 2013, después de 13 años de encierro y Arizmendi Esquivel.

Patisthán Gómez agregó que el diálogo con funcionarios del gobierno, quieren que se lleve a cabo en la Catedral, porque no desean viajar a la capital del estado, “porque ellos han vivido engaños y las mentiras”.

Pero “si nos ignoran por ser indígenas, pues entonces los compañeros tomarán otras medidas, porque esto es una causa justa”.

Entre otros puntos, los indígenas que fueron excarcelados por desistimiento de la acción penal y sentencia suspendida, piden ya no acudir a firmar los días sábado en el Juzgado, con el fin de que puedan contar con su libertad absoluta.

Los presos integrantes de La voz del Amate, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva, son: Pedro López Jiménez, Juan Díaz López, Juan Collazo Jiménez, Pedro López Jiménez, Benjamín López Aguilar, Juan López González y Rosario Díaz Méndez.

Los exconvictos que fueron detenidos por distintos delitos, como secuestro, lesiones, portación de armas de fuego, daños en propiedad ajena y otros, piden además la liberación de Alejandro Díaz Sántiz, acusado del delito de secuestro, que del penal de San Cristóbal fue trasladado al Cefereso de Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.

Díaz Sántiz, de 35 años de edad, fue detenido desde 1999, acusado del delito de homicidio.

Patishtán Gómez dijo que si hubiera un oportunidad tratarían de hablar con el Papa Francisco, el 15 de febrero, para que conozca su reclama y exponer otros problemas que viven los indígenas en Chiapas.

 

ElUniversal

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El criminal Aureoles sigue en su plan de fascista priista

Ciudad de México, 23 de ene.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles continúa regodeándose entre la crema y nata de la política priista, en donde siempre ha tratado de encajar, mientras que los 30 estudiantes de la normal rural indígena de Cherán continúan presos en el penal de Mil Crumbres donde son tratados como los peores criminales.

No obstante quien debiera pagar algún día estando tras las rejas es el corrupto gobernador michoacano, adefecio de la izquierda y uno de los gobernantes más repugnantes y deplorables del momento.

Silvano, quien jamás ha dejado claro sus nexos amorosos con secuestradores y quien tampoco ha tenido reparo en utilizar sus influencias priistas para liberar a familiares que han sido puestos a disposición sospechosos de posesión de droga, como fue en el caso de su hermana, continúa dando la espalda a quienes tanto les prometió durante la campaña, tratando como delincuentes a jóvenes estudiantes que realizaron una práctica habitual de protesta que se viene realizando desde hace años y que por órdenes del fascista mayor Aurelio Nuño ahora se busca criminalizar, lo cual su perro faldero Aureoles sigue cumpliendo fielmente.

El perredista con corazón priista no dejó que su hermana pasara en prisión ni un día, después de que el vehículo en el que viajaba contenía un cargamento con droga; el mismo Aureoles tuvo que renocer que le habló por teléfono a su amiga la subprocuradora y hoy diputada priista de Oaxaca, buscando mover sus influencias al más alto nivel para que liberaran a su hermanita.

No obstante los 30 muchachos estudiantes indígenas, quienes tomaron un camión para realizar una protesta pacífica, llevan mes y medio recluidos, hacinados en una de las prisiones más brutales del país, donde han sido rapados y tratados como los peores delincuentes.

El mismo GIEI en su investigación del Caso Ayotzinapa, ha documentado que la toma de camiones es una actividad de protesta que se viene realizando desde hace años, sin que jamás hubiera persecución legal en contra de los estudiantes debido a lo absurdo que resultaría.

La expropiación temporal de bienes a empresas está justificada de parte de quienes protestan, como un aporte social que deberían realizar las empresas, quienes tienen millonarios ingresos por sus actividades financieras en la región.

La toma de camiones no es para irse de vacaciones, siempre es para la realización de alguna protesta con fines sociales; no obstante el procurador Godoy Castro, ha insistido que se trató del delito de secuestro.

Que hipocresía del procurador de Michoacán hablar de secuestro, cuando todos los partidos políticos se inconformaron con su nombramiento, siendo que es un personaje que ya fue procurador del estado y donde se caracterizó por permitir que reinara la impunidad y su incompetencia, como denunciaron partidos en tribuna, expresando también su preocupación por el respeto a los derechos humanos, pues ya se sabía visto también la calaña de este fascistoide.

Cabe recordar que la toma temporal de autobuses, estaba tan legitimada, que las empresas camioneras tienen un protocolo para estos casos, el cual indica que los choferes deben permanecer en la unidad, mientras se realiza la protesta, para poder garantizar que al final del acto, la unidad regrese a la empresa, como normalmente sucede.

El mismo juez que tenía al caso, dictaminó ya la ridiculez de los cargos que pretendían imputar a los jóvenes indígenas, decretando la libertad de los mismos, no obstante a pesar de ello, los estudiantes siguen presos; este miércoles un magistrado federal iba a emitir una resolución por medio de la cual se podía dejar en libertad a los estudiantes, no obstante una vez más ha sido aplazada, a petición de Aurelio Nuño y Silvano Aureoles.

Este sábado maestros y estudiantes de todo el estado, mantienen una protesta en al menos 30 alcaldías de Michoacán, en demanda de la liberación de los jóvenes estudiantes.

Con este caso, ha salido a relucir también la incongruencia y el sexismo tanto de la SEP como del gobierno michoacano, pues también han sido incapaces de explicar como es que las mujeres estudiantes que también fueron detenidas han sido liberadas, pero los muchachos, sólo por ser hombres, permanecen recluidos como criminales, mientras que los verdaderos delincuentes siguen asolando a la región con la recurrente violencia que Silvano continúa ignorando.

No se debe olvidar que Aureoles se ha arrastrado desde siempre ante el priismo, fue de los principales promotores del Pacto por México y siempre ha seguido la línea del PRI y no la de la izquierda que ya nadie le cree que represente.

La persecución contra los estudiantes tiene claros motivos políticos, Cherán es precisamente uno de los mayores ejemplos de independencia del continente, un municipio purépecha que se decidió gobernarse por sus usos y costumbres, desterrando a todos los partidos políticos del lugar, así como a sus cómplices corruptas empresas saqueadoras.

Es por esto el motivo de la guerra de Aureoles y el gobierno de Peña Nieto contra Cherán, tienen la enmienda de criminalizar la protesta para mengüar al disidencia en la región, y buscar a toda costa desestabilizar el municipio, para que no se esparza el sentimiento antipartidista; no obstante de este modo Aureoles y Nuño, siguen exhibiendo su perverso músculo inquisidor, mientras se dan caricias tras bambalinas.

 

David Galeano
Huellas.mx

 

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Paramilitares “limpian” de activistas a Michoacán; CNDH demanda diálogo

Ciudad de México, 9 de nov.- Muy serio es el incidente en que tres activistas indígenas de la huasteca michoacana fueron baleados cuando pretendían denunciar en la capital del país, una serie de agresiones de grupos paramilitares, incluido un asesinato.

Los tres indígenes resultaron con heridas de bala mientras caminaban por una avenida de la Delegación Iztapalapa; Jesús Hernández Reyes, de 28 años, con un balazo en el glúteo; Matías Flores Hernández, de 34, con un disparo en el tórax, y Rubicel Hernández García, quien también recibió una herida en el tórax.

Los indígenas llegaron al Distrito Federal para denunciar ante Amnistía Internacional las agresiones por parte de grupos de tipo paramilitar, como apuntó Milenio.

De igual forma el ComitéCerezo emitió una denuncia internacional para denunciar el caso y exigir una investigación exhaustiva para castigar a los responsables. Los indígenas denunciaban también la ejecución extrajudicial de Héctor Sántiz López.

Los atacantes dispararon y se dieron a la fuga desde un jetta azul, mismo que está siendo rastreado por la procuraduría capitalina.

Los heridos pertenecen al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Jesús es parte del Frente en Michoacán, Matías es integrante del Frente en las Huastecas. y el indígena náhuatl, Rubicel pertenece al Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental, como precisa 20minutos.

Y es que la situación en Michoacán se encuentran en tal tensión y amenaza latente de violencia, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha intervenido y ha solicitado que prevalezca el diálogo como forma para arreglar las diferencias políticas; particularmente ante fricciones como las registradas entre normalistas y el gobierno del estado, como describe LaSillaRota.

 

Redacción. Huellas.mx

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Arabia Saudita crucificará a 2 menores que protestaron contra el régimen

Cuando el pasado 29 de septiembre Ali al Nimr no llamó a su familia desde la cárcel como estaba autorizado a hacer cada semana, sus padres temieron lo peor. Dos semanas antes las autoridades de Arabia Saudí habían ratificado su sentencia de crucifixión por haber participado en las protestas de 2011, y sólo faltaba la firma del rey Salmán. En medio de la movilización de las organizaciones de derechos humanos, Riad ha confirmado esta semana una segunda pena de muerte a un joven, Dawoud al Marhoon, que como Ali, era menor de edad cuando participó en aquellas manifestaciones.

“Parece que la respuesta al llamamiento internacional para parar la ejecución de Ali al Nimr ha sido la ratificación de la pena capital de Dawoud al Marhoon”, afirma en un correo electrónico Ali Adubisi, director de la Organización Europeo-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR, en sus siglas inglesas).

Ambos jóvenes tenían 17 años cuando fueron detenidos en 2012, con pocos meses de diferencia, en medio de las protestas que entonces se organizaban casi a diario en la Provincia Oriental de Arabia Saudí. Desde el año anterior, al hilo de la primavera árabe, la población chií de ese reino, reclamaba “la liberación de los presos políticos” y “reformas que pongan fin a la discriminación” de su comunidad, en torno al 10% de los 20 millones de saudíes. Las manifestaciones han cesado, pero entre los centenares de detenidos siete fueron condenados a muerte a lo largo de 2014. Los otros cinco casos, incluido un tercer menor, están en fase de apelación.

“Los planes de Arabia Saudí para decapitar a Ali y Dawoud son una desgracia. La comunidad internacional, incluido EE UU y otros aliados del gobierno saudí, debe hacer un llamamiento urgente a que se paren estas terribles ejecuciones antes de que sea demasiado tarde”, ha declarado a EL PAÍS Maya Foa, directora del equipo que se encarga de la pena capital en Reprieve, una organización británica que defiende a condenados a muerte y a víctimas de la tortura. Foa subraya que “ambos eran menores cuando fueron detenidos, y no han cometido delitos. Sus juicios se celebraron a puerta cerrada y fueron manifiestamente injustos”.

Ali fue acusado de participar en una protesta ilegal y de una larga lista de delitos que, según la ESOHR, incluye “explicar cómo proporcionar primeros auxilios a los manifestantes” y usar su móvil para invitar a otros a unirse. Dawoud firmó una confesión bajo tortura que ha servido para condenarle sin permitir siquiera la presencia de su abogado.

“El Tribunal Penal Especializado –la misma instancia que recientemente ratificó la sentencia de crucifixión para Ali al Nimr— confirmó la semana pasada la condena de Dawoud, y estableció su muerte por decapitación”, según ha informado Reprieve.

La decapitación por espada es la forma habitual de ejecución en Arabia Saudí, donde este año ya van al menos 135 condenas consumadas, un significativo aumento respecto a 2014. La más inusual pena de “crucifixión” es una variedad de aquella en la que el cuerpo decapitado se exhibe en público para escarnio. El último caso del que se tiene ocurrió en Abha, la provincia de Asir, hace dos años cuando uno de los siete condenados por varios robos a joyerías sufrió ese destino.

“Que Ali haya recibido esta sentencia pone de relieve que el Gobierno saudí está tratando de dar un ejemplo”, interpreta Alice Gillham, portavoz de Reprieve. Junto a esta, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y cuatro organizaciones saudíes de derechos humanos han denunciado su condena.

Para los observadores, el caso contra Ali tiene que ver con su tío el jeque Nimr al Nimr, un prominente clérigo chií muy crítico con el régimen saudí que también está condenado a crucifixión por “insultos al rey” y “poner en peligro la unidad nacional”. Su ejecución corre el riesgo de inflamar los ánimos en la Provincia Oriental, donde se concentran la mayoría de los chiíes saudíes y también el grueso de los pozos petroleros del reino. El ajusticiamiento de su sobrino sería una formar de escarmentar a la familia.

Ali y Dawoud han agotado todas las vías legales por lo que sus padres “están terriblemente preocupados, ya que desconocen lo que va a pasar con ellos”, según Gillham. De acuerdo con la práctica habitual de las autoridades saudíes, los dos jóvenes pueden ser ejecutados en cualquier momento sin avisar previamente a sus familias, ni atender a las numerosas irregularidades de sus juicios.

Además de Arabia Saudí, sólo Irán, Yemen y Sudán continúan ejecutando a personas que delinquieron siendo menores, algo que prohíbe la Convención Internacional de los Derechos del Niño que Riad ratificó en 1996. El Reino también es signatario de la Convención contra la Tortura, a pesar de lo cual tanto Ali como Dawoud han denunciado que se les torturó para que confesaran.

 

 

Fuente. elpais.com

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Condenan amenazas a periodista de Subversiones + Comunicado

Heriberto Paredes, fotoperiodista y reportero de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, fue amenazado de muerte, con lo que suman cinco agresiones en contra de este medio de comunicación en lo que va del año, dio a conocer Articulo 19.

Según la organización defensora de los derechos humanos, la agresión contra el reportero ocurrió el pasado 31 de agosto afuera de una estación del Metro, no precisada, después de que asistiera a una reunión de la red #RompeElMiedo en las oficinas de Articulo19.

Según relató el periodista, una persona de alrededor de 50 años de edad se le acercó y mientras sujetaba un objeto que estaba en el interior de su bolsa le dijo “Ya valiste verga. Te vamos a matar [..] Ya valió verga Cuatrovientos”, este es el alias que Heriberto utilizaba en redes sociales hasta hace algunos días.

“Me siento con bastante incertidumbre. En estas situaciones es imposible no sentir un grado de miedo, de preocupación. Pero definitivamente lo que más siento es molestia, enojo; primero porque me gustaría tener la libertad de trabajar y expresar lo que considero necesario sin que ello sea un peligro para mi vida o para la de mis compañeras y compañeros de trabajo.” Dijo Heriberto Paredes en su testimonio recogido por Articulo 19.

La organización internacional el pro de la libertad de expresión denuncia que esta agresión se suma a una serie de amenazas y actos de hostigamiento que este año se han generado contra el fotoperiodista y otros integrantes de Subversiones.

 

COMUNICADO COLECTIVO, DEL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

A las organizaciones sociales de abajo y a la izquierda,
A los medios libres mexicanos y transterritoriales,
A lxs adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,
Al Congreso Nacional Indígena,
A defensores de derechos humanos y libertad de expresión en México y el mundo,
A las personas que nos han brindado su confianza y apoyo.

El lunes 31 de agosto en la Ciudad de México, a plena luz del día y en la vía pública, uno de los integrantes de este colectivo, Heriberto Paredes Coronel, fue amenazado de muerte, hecho documentado por la organización Artículo 19.

Además de Heriberto, dos compañeros más que han decidido mantener su identidad fuera de la vista pública, también fueron amenazados, por lo que nos mantenemos en alerta. Esto no es un hecho aislado, desde mayo del año en curso, participantes de este medio independiente han sido amenazados por motivos relacionados con las labores de comunicación que realizamos.

Como SubVersiones, participamos en el movimiento de medios libres, nos concebimos como colectivo y nos regimos de manera asamblearia. No respondemos a intereses económicos ni a la política hegemónica, en tanto que no somos una empresa de información ni pretendemos lucrar con los contenidos generados. Somos un espacio para investigar, difundir, amplificar voces de lucha y un pequeño espacio de lucha en sí.

Nuestro quehacer se ha convertido en una de las actividades más riesgosas en México, con los fatídicos resultados que conocemos. Durante la administración de Felipe Calderón se registraba un ataque sobre periodistas cada 48.1 horas. Con Peña Nieto, el promedio es de 26.7 horas. Dicho de otro modo, la violencia contra periodistas ha aumentado, y en lo que va de la actual administración priista, se habían documentado hasta marzo de 2015, nueve casos de asesinato a periodistas. De igual manera, resulta indignante el brutal ataque hacia todxs aquellxs que hacen uso de su libertad de expresión y manifestación, como el reciente homicidio de Rubén Espinosa y feminicidios de Nadia Vera, Alejandra Negrete, Mile Martín y Yesenia Quiroz. La situación de violencia extrema y descomposición política y social por la que atraviesa el país –en la que la violencia de Estado se ejerce impune y descaradamente– ha generado que el acto de comunicar, informar o denunciar la crudeza de la realidad y las injusticias a las que nos encontramos sometidos como pueblos implique, desgraciadamente, asumir estas actividades como de alto riesgo.

El que nos estén amenazando nos hace pensar que hemos afectado, aunque sea mínimamente, algunos intereses, ya que muchas de nuestras coberturas son sobre denuncias sociales contra agentes del Estado, injusticias, corrupción, ineptitud o violencia por acción, omisión o aquiescencia. Además, los casos que documentamos no son cubiertos por medios comerciales o, cuando sí, son narrados desde la perspectiva oficialista que tergiversa los hechos a conveniencia y anula las voces de las personas agraviadas. Como medio libre buscamos mostrar las luchas y resistencias de manera honesta y solidaria, siempre desde las perspectivas del abajo que somos.

Los compañeros amenazados han realizado coberturas en diversos estados del país, documentando, por ejemplo, el surgimiento de autodefensas en Michoacán y Guerrero; las problemáticas que consumaron la división de las policías comunitarias en ambos estados; las disputas entre distintos grupos del crimen organizado; al igual que el despojo de tierras y recursos naturales a comunidades campesinas y urbanas. Han documentado la desaparición forzada de muchas personas; las amenazas a otros periodistas y luchadores sociales; han levantado la voz y puesto los reflectores para visibilizar la persecusión y la prisión política; han mostrado la violencia de la represión frente a manifestaciones pacíficas y han denunciado la cara criminal del Estado y sus múltiples facetas. Todo su trabajo se encuentra plasmado en nuestra web —subversiones.org— que es un esfuerzo de muchas y muchos más por construir una alternativa de comunicación.

De ahí que intenten doblegarnos, amedrentarnos y querer callarnos a través de amenazas en llamadas telefónicas y encuentros desafortunados; sólo así se puede explicar que sucedan situaciones que generan miedo, incertidumbre, desazón, inseguridad.

Como colectivo continuaremos realizando las labores de comunicación y difusión como hasta ahora lo venimos haciendo. No vamos a permitir que nos callen con amenazas. Como parte de nuestros principios éticos, comunicamos honestamente desde nuestras subjetividades, con ideales de autonomía, libertad y justicia, para romper el cerco mediático generado por la manipulación masiva de los medios de paga que invisibiliza las luchas sociales y los procesos emancipatorios y de autogestión que suceden en un país donde no someterse es el peor de los delitos. Así que les decimos que ante las amenazas, nuestra respuesta será comunicar más, mejor organizados y más unidos.

Condenamos los ataques, la criminalización, los encarcelamientos, desapariciones, asesinatos y otras formas de represión. Sabemos que el Estado se manifiesta de muchas formas, a veces como grupos del crimen organizado, a veces como grupos paramilitares, a veces como agentes negociadores. Desconfiamos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas así como de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión porque algunos de nostrxs ya hemos pasado por estas instancias y nada se ha resuelto, sólo ineptitud y burocracia hemos encontrado. Sabemos quiénes son los enemigos y ante ello decimos que ni la verdad ni la justicia vendrán de los agresores. Así, hacemos nuestro lo expresado en el más reciente comunicado del EZLN: «de arriba sólo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo».

Por esto es urgente y necesario construir una protección que no venga de las instituciones sino de la gente, de las organizaciones sociales, de las personas que nos han mostrado en estos cinco años de trabajo lo que significa la lucha y el apoyo mutuo para no dar más víctimas y mártires al país. Consideramos que todas y todos debemos organizarnos para resistir la violencia que nos golpea por decir y expresar lo que comunicamos; buscaremos seguir ejerciendo nuestras labores crítica y libremente, a partir del cuidado mutuo, de la preparación, de la construcción de mecanismos que sí respondan a las necesidades que tenemos.

Seguiremos luchando para cooperar en la generación de una comunicación que no esté al servicio del Estado ni de las grandes corporaciones, seguiremos construyendo comunicación desde abajo.

De ellos es la noche, el amanecer es nuestro.

SubVersiones, Agencia Autónoma de Comunicación

 

 

Fuente. sinembargo.mx/subversiones.org

cuajimalpa

Ruvalcaba y empleado de Televisa, operan red criminal de acoso a medios

Fue una denuncia anónima. La recibió la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la turnó por oficio a la Unidad Científica de la Policía Federal (PF). Y ésta abrió un pozo lleno de alacranes.

La investigación, que requirió la ayuda de un juez federal para intervenir teléfonos y correos electrónicos, dio con una red criminal que, apoyada en un empleado de Televisa, monta ataques contra medios, periodistas y políticos de varios partidos, incluso del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Uno de los principales involucrados es Adrián Ruvalcaba Suárez, exdelegado de Cuajimalpa y próximo diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quien se considera a sí mismo ahijado político del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Pero no es el único.

La Unidad Científica identificó a Juan Carlos Zaragoza Ríos, empleado de la televisora. Desde hace años recibe instrucciones y dinero para coordinar campañas de difamación, desprestigio y, eventualmente, para realizar extorsiones.

Usa las redes sociales y otros recursos de Internet. Opera con trabajadores propios (varias mujeres), familiares y al menos un menor de edad, y recurre, como fachada, a un negocio de su madre en el Mercado Río Blanco (“Barbacoa Rufo ‘El Güero’”) en el DF. Se hace llamar “El Lobo de Wall Street” y falsifica la identidad jurídica de Google. Tiene al menos un alias de abogado, que usa para acosar a periodistas y medios.

Danna Vázquez, una representante de artistas que fue involucrada en el uso de cuentas de sus clientes para promover al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –también partido de Ruvalcaba–, está relacionada a la red. También Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, exdirector de Comunicación Social de Cuajimalpa. Es un operador directo de las campañas de acoso contra periodistas y políticos y está grabado en conversaciones con Zaragoza.

El equipo de Zaragoza atacó recientemente a los portales de Aristegui Noticias, a SinEmbargo, a un periodista de Grupo Imagen, a Cuna de Grillos y a otros medios y comunicadores de la capital y del interior del país. Se cree que ataques similares fueron recibidos al menos por el periódico Reforma, aunque el período de las escuchas no alcanzó a documentarlo.

No se sabe a cuántos medios y periodistas atacó la red criminal. Tampoco a cuántos políticos. Se tiene el dato de que opera, al menos, desde 2011. Un registro de Indautor (Instituto Nacional del Derecho de Autor) otorgó esta última información porque, aunque Zaragoza fue “borrando” huellas, cometió muchos errores. La PF no ofrece evidencia de que el empleado haya operado con anuencia o conocimiento de algún superior en la empresa en la que labora.

La investigación realizada por la Unidad Científica consta en el expediente 074/2015, fincado en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).SinEmbargo tuvo acceso al expediente por la denuncia interpuesta debido a los ataques que recibieron varios directivos a finales de 2014.

La PF contribuyó con más de 30 intervenciones telefónicas que dan cuenta de la relación del exdelegado de Cuajimalpa con el trabajador de Televisa.

La investigación federal está en manos de la Fiscalía que, en teoría, defiende a periodistas. Pero el expediente no se ha integrado y tampoco se ha turnado a un juez. La primera agente del Ministerio Público que llevó el caso fue relacionada, en grabaciones, con presuntos actos de corrupción. Una grabación indica que habría recibido dinero de los agresores de periodistas. Fue relevada por petición de parte, pero sigue en su oficina. Ella lleva, hoy, otros casos de periodistas como el de Moisés Sánchez, asesinado en Veracruz.

Un compañero de la MP, designado para el caso, se fue “de vacaciones” justo antes de que Ruvalcaba obtenga inmunidad procesal (el viejo fuero) y aún cuando la Fiscalía fue alertada sobre la urgencia de consignar porque uno de los involucrados, Ruvalcaba, podrá legalmente esconderse en la ALDF.

Ruvalcaba ha ordenado ataques a políticos de su partido. Ha involucrado, en las campañas de difamación, a Miguel Ángel Osorio Chong, a Manlio Fabio Beltrones, a Miguel Ángel Mancera, a César Camacho, a Héctor Serrano y a muchos más.

Ordenó –y quedó en las grabaciones– “putear a Mauricio López”, líder del PRI en el DF. Esta y otras historias serán presentadas en los siguientes días.

En México, cada 26 horas hay una agresión contra un periodista. El año pasado ocurrieron 326 casos, entre ataques físicos, psicológicos, intimidantes y cibernéticos, según la organización internacional Artículo 19 en su “Estado de Censura. Informe sobre violencia contra periodistas 2014”.

En 43 por ciento de los casos, el ataque provino de un funcionario público.

 

 

Fuente. sinembargo.mx

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Carmen Aristegui emite mensaje tras estocada final de la corte

A continuación publicamos el comunicado íntegro emitido por la periodista Carmen Aristegui, tras la resolución emitida del Quinto Tribunal Colegiado:

 

“Comunicado íntegro:

  • En sesión pública de esta mañana el Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa, a petición de MVS Radio, resolvió revocar la admisión de la demanda de amparo planteada por Carmen Aristegui. Con esta resolución se pone fin a la batalla judicial que en defensa de la libertad de expresión inició la periodista en marzo pasado.
  • Con ello se ha eludido el análisis de los Lineamientos Editoriales que como censura previa se impusieron a todo un equipo de periodistas, analistas, colaboradores y comentaristas como condición indispensable para su permanencia en la Primera Emisión de Noticias MVS. Más de veinticinco profesionales de la comunicación perdieron un espacio para el ejercicio de sus derechos fundamentales de expresión y de información, por la decisión unilateral de quien explota un bien del dominio público de la Nación.
  • Ha sorprendido la noticia. Con semejante proceder el Tribunal Colegiado contradice la jurisprudencia definida de la Suprema Corte, que establece que el análisis sobre la naturaleza jurídica de la autoridad responsable debe hacerse, no en el auto admisorio, sino en la sentencia de fondo que resuelva el juicio de amparo.
  • Se esperaba que en la resolución de este día se actuara a la altura del nuevo paradigma de los derechos humanos y de la necesidad de establecer un status judicial a la defensa de la libertad de expresión.
  • Quedan sin resolver cuestiones fundamentales que ya no podrán ser estudiadas por ninguna autoridad, tales como la independencia periodística, la libertad de información y el respeto a la diversidad de opiniones.
  • Las consideraciones esgrimidas por los tres magistrados nulifican el contenido del artículo quinto de la Ley de Amparo, recién expedida en 2013, precisamente para permitir que por esta vía puedan reclamarse actos de particulares. Se sienta un precedente nefasto.
  • El Juez Octavo de Distrito, Fernando Silva García, que en su momento admitió la demanda a trámite, sostuvo que “en el presente asunto se advierten datos objetivos que generan convicción preliminar sobre la procedencia de la demanda de amparo, toda vez que, si bien los actos reclamados son actos de particulares, lo cierto es que se dan en un contexto de derecho público”, y que el fondo del asunto supone “un acto unilateral de terminación del contrato de la quejosa respecto a un tema de relevancia pública por tratarse de actos de periodismo crítico y difusión de información”, temas que, según el propio juez de Distrito, “deben ser abordados en la sentencia respectiva cuando se cuente con todos los elementos para resolver”.
  • Queda por saber en qué sentido habrán de resolverse los juicios de amparo promovidos por diferentes personas de la audiencia, por colaboradores del programa y por distintas organizaciones promotoras de derechos humanos y libertad de expresión.”

 

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En Chiapas y Veracruz violentan a defensores de DDHH y activistas

Ciudad de México, 23 de jun.- Graves acusaciones pesan sobre los gobiernos de Chiapas y Veracruz, quienes una vez más son el blanco de señalamientos por violentar flagrantemente los derechos humanos, especialmente respecto a estudiantes y personas que realizan actividades relacionadas con el activismo social.

En el caso de Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y al ayuntamiento de Arriaga la recomendación 18/2015, mediante la cual les exige reparar el daño contra un grupo de activistas que fueron encerrados e incomunicados solamente por cuestionar problemáticas sociales, como abunda ElEconomista.

El ombudsman nacional señaló que se “acreditó la violación de los derechos a la libertad personal, a la defensa, a la seguridad jurídica, a la integridad y al trato digno”, contra un grupo de habitantes del municipio de Arriaga, quienes fueron encerrados cuando acudieron a oficinas gubernamentales a exigir respuesta por diversas problemáticas de la comunidad.

Sin orden ni delito de por medio los activistas fueron encerrados, inmovilizados e incomunicados, por lo que el gobernador de Chiapas, volvió a recibir una recomendación de la CNDH.

Mientras tanto en Veracruz, organizaciones defensoras de derechos humanos, siguen denunciando la impunidad que persiste tras el brutal ataque de un comando armado contra un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana en Xalapa, quienes fueron fuertamente golpeados y torturados, sin que hasta el momento se tenga una investigación seria al respecto.

La Asociación Defensora de los Derechos Humanos “Decide”, denunció que las autoridades gubernamentales no han hecho nada para investigar el incidente, el cual tiene claras señales de ser un intento para inhibir el activismo social que realizaban los jóvenes agredidos, cualidad que además ha tenido gran impacto en la comunidad estudiantil de la capital veracruzana, como relata AnimalPolítico.

Los estudiantes exigen el esclarecimiento de los hechos, castigo a los perpetradores, seguridad para ellos y sus familiares, la reparación del daño y garantías de que un hecho como éste no se volverá a repetir, lo cual está lejos de garantizar el gobierno de Javier Duarte.

 

Redacción. Huellas.mx

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Formal prisión a 17 en Oaxaca por boicotear elecciones

Oaxaca, Oax, 20 de jun.- El Juzgado 3 de Distrito en el estado de Oaxaca dictó auto de formal prisión por el delito de portación de bomba motolov a 17 personas involucradas en la destrucción de material electoral el pasado 7 de junio.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que los presuntos responsables destruyeron y quemaron boletas y urnas que se encontraban en las casillas electorales que se ubicaban en las instalaciones del voluntariado del DIF estatal.

También en el inmueble ubicado en el número 314 de la calle Abasolo esquina con Pino Suárez; en las calles García Vigil y Matamoros y en la calle Independencia, así como en otras avenidas del centro de la ciudad de Oaxaca.

El órgano jurisdiccional informó que a esas mismas 17 personas se les dictó auto de libertad por el delito de terrorismo, previsto en el Artículo 139 fracción I, con la agravante prevista en el párrafo segundo fracción I del citado numeral del Código Penal Federal.

Esto al operar la causa excluyente de delito denominada imperfección típica, prevista en el Artículo 15, fracción II del Código Penal Federal.

El mismo juzgado dio a conocer que a otras ocho personas que fueron consignadas por los mismos hechos se les suspendió el término constitucional hasta que se desahogara la declaración preparatoria de éstos, toda vez que se auto-adscribieron a diversas etnias indígenas de esa entidad.

EL CASO

DURANTE la jornada electoral del pasado 7 de junio, maestros de la CNTE, y un grupo de anarquistas encapuchados realizaron actos vandálicos en el estado de Oaxaca, incluso golpearon a algunas de las personas que se encontraban en las casillas para emitir su voto.

 

 

Fuente.Notimex

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Policías matan a joven en Tamiahua, Veracruz, intentan linchar al edil

Veracruz, México; 15 de junio, 2015. —La noche de este lunes, decenas de civiles del municipio de Tamiahua causaron destrozos y prendieron fuego en el palacio municipal para protestar y exigir justicia para un joven que fue asesinado a golpes, presuntamente, a manos de policías y al interior de la cárcel.

Al respecto, autoridades policíacas dieron a conocer que fue el pasado 8 de junio cuando el joven Jalid García Vidal fue detenido por elementos de la Policía Municipal, quienes al ingresarlo a la cárcel le asestaron una golpiza.

Debido a lo anterior, el joven fue reportado como muy grave. Es por ello que decidieron trasladarlo al Hospital Civil de Tuxtepec, en donde, desafortunadamente, perdió la vida. Y es que el infortunado no soportó la golpiza, gracias a que, además, padecía una enfermedad crónica.

Desde esa fecha, los familiares y amigos de la víctima activaron una serie de manifestaciones y protestas, a fin de exigir justicia; pero fue este lunes cuando la situación subió de tono, ya que la exigencia se radicalizó.

Se informó que durante este lunes, los civiles causaron desmanes en la residencia del edil, Martín Cristóbal Cruz, de extracción priísta. Y en ese trance, intentaron sacarlo para lincharlo, sin embargo, la Marina Armada de México arribó al sitio y lo impidió.

Tras la fallida acción, el contingente se apoderó del palacio municipal, en donde causaron destrozos y prendieron fuego, a fin de que el Gobierno del Estado de pronta y contundente respuesta al crimen que se cometió en agravio de  Jalid García.

Cabe mencionar, que durante los disturbios, los civiles lanzaron fuego a la presidencia y comandancia del palacio. Además instalaron barricadas para prohibir el paso en la zona.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no se ha manifestado al respecto.

 

 

Fuente. elpinerodelacuenca.com.mx

10 de junio, a 44 años, no se olvida

Nota del Editor: Este texto se publicó originalmente el 10 de junio de 2010

Hace más de cuatro décadas, durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez en México se formalizó un grupo de preparación militar, mejor conocido como Los Halcones, según documentos resguardados en el Archivo General de la Nación (AGN).

Este grupo dependía del Departamento del Distrito Federal (DDF, órgano encargado del gobierno de la Ciudad de México en aquella época) y era responsable de la vigilancia de edificios e instalaciones del gobierno e impedir protestas callejeras.

El 10 de junio de 1971 Los Halcones cumplieron esta última orden al límite, cuando algunos de sus miembros actuaron de francotiradores y encubiertos dispararon a decenas de estudiantes que habían salido a las calles a protestar por la liberación de presos políticos.

Aquel día se festejaba el Jueves de Corpus, que según la tradición católica, es la celebración del sacramento de la Eucaristía, cuando se institucionaliza la entrega de la hostia a los feligreses.

En la Ciudad de México, varios grupos de jóvenes, principalmente estudiantes, habían organizado movilizaciones en demanda de la liberación de presos políticos, la derogación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y exigir la desaparición de los grupos porriles en escuelas de educación media y superior, entre otras cosas.

Pero el gobierno local no autorizó la movilización y se ordenó a las fuerzas policiales que la marcha se disolviera.

La manifestación salió a las 17:00 horas del Casco de Santo Tomás, área donde actualmente se asienta una de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, al norte de la capital, en dirección a la Escuela Nacional de Maestros.

En su camino, fueron persuadidos para detenerse pero la caravana mantuvo su paso.

Al llegar a la Calzada México-Tacuba, al norte de la ciudad, según los testimonios de la época, de varios autobuses salieron jóvenes fornidos, de pelo muy corto y tenis blancos, con macanas, kendos (un sable de bambú japonés) y armas de fuego, que usaron para arremeter contra los estudiantes.

La policía, que aparentemente vigilaba la marcha, no intervino en el enfrentamiento. Minutos después, hubo disparos y de los jóvenes que marchaban cayeron heridos o muertos.

Los estudiantes trataron de defenderse con los palos de las pancartas, con piedras y con lo que encontraban a su paso, pero ante la desventaja huyeron. Pero metros adelante, en la avenida Hidalgo (centro de la ciudad) los tanques del Ejército y los gases lacrimógenos les cerraron el paso.

Oficialmente se reconoció que había 9 jóvenes muertos, 40 heridos de bala, varias decenas de atropellados y numerosos detenidos, según documentos del Archivo General de la Nación.

Por varios años el caso no fue investigado por la justicia mexicana sino hasta julio de 2004 cuando la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignó el expediente del Jueves de Corpus y solicitó 11 órdenes de aprehensión.

Entre los indiciados se encontraban el exmandatario Echeverría y su secretario de Gobernación, Mario Moya; los extitulares de la Dirección Federal de Seguridad Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, así como otros siete acusados, entre ellos varios integrantes de los halcones.

Un año después, el 26 de julio de 2005 un tribunal unitario concluyó con la exoneración del expresidente Echeverría y Moya Palencia, negó las órdenes de aprehensión en contra de ambos inculpados, tras considerar que la Femospp no acreditó que la matanza del 10 de junio de 1971 fuese un acto de genocidio.

Pero un año después la Procuraduría General de la República aún tiene en trámite cerca de 50 denuncias penales vinculadas con casos de estudiantes desaparecidos por la matanza del Jueves de Corpus.

En 2010, Guadalupe Lozada León, coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad de México, dijo que los hechos de 1971 fue una muestra más de la represión hacia las manifestaciones juveniles y que se trataba de una autoridad que se negaba a reconocer los derechos y las libertades individuales, según citó la agencia Notimex.

 

 

Fuente. CNN

Marchan en Puebla contra represión de Moreno Valle

Puebla, Pue, 10 de jun.- Organizaciones de maestros, estudiantes, vendedores ambulantes, colonos y activistas salieron esta tarde de nueva cuenta a marchar por las calles de la ciudad para exigir al gobierno de Rafael Moreno Valle que cese la represión contra los luchadores sociales.

Durante la marcha, integrantes del Movimiento Democrático Magisterial Poblano (MDMP) denunciaron que además del maestro Miguel Guerra Castillo, detenido el pasado lunes, existen otras siete órdenes de aprehensión contra otros docentes poblanos.

Por la noche, Guerra Castillo, vocero del Comité Democrático de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fue liberado tras el pago de una fianza de 127 mil pesos, pero el proceso en su contra sigue por supuestos ataques a las vías de comunicación.

“Es un instrumento de coerción para que depongamos nuestra lucha, pero no lo vamos a hacer, vamos a seguir haciendo nuestras tareas”, dijo el docente al salir del reclusorio de San Miguel.

La maestra Gabriela Molina informó que, además de integrantes del MDMP, también se pretende detener dentro del proceso penal 59/2015 a maestros de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Molina Herrera señaló que ahora saben que esta embestida contra el movimiento magisterial poblano surge por una marcha que llevaron a cabo los maestros el 14 de septiembre de 2013 sobre la autopista México-Puebla.

Los integrantes del Movimiento Magisterial consideraron que estas órdenes de aprehensión tienen el interés del gobierno federal por frenar la lucha contra la reforma educativa, pero con la confabulación del gobierno de Moreno Valle, que se ha distinguido por perseguir a los luchadores sociales.

Además de los maestros, también los estudiantes exigieron al gobierno estatal respetar el estado de derecho en la entidad, luego de la detención de siete alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), ocurrida la semana pasada sin que hubiera orden de aprehensión y sin que se tuvieran elementos en su contra.

“Bajo la gestión del gobernador Moreno Valle –el góber Bala– se ha vuelto costumbre llevarse a la gente sin orden de aprehensión, violando los más elementales garantías individuales, así como amparos ya expedidos, y fabricando delitos para quitar del escenario político, asesinando o encarcelando a quienes el régimen morenovallista considera opositores”, señaló el CDMP.

El Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Fosyppue), Cholula Viva y Digna, Asamblea Social del Agua, Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, Movimiento Alternativa Social (MAS), Unión de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre y Liga Estudiantil Democrática (LED) participaron en la marcha.

Igual se unieron a la protesta integrantes del Movimiento de Alternativa Indígena Zapatista (MAIZ), Movimiento Obrero, Campesino y Popular (MOCUP), Consejo Nacional Democrático, Movimiento Nacional por la Esperanza, así como habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

En el zócalo poblano, las organizaciones realizaron un mitin para rememorar el “halconazo” del 10 de junio de 1971, así como la represión que sufrieron los maestros poblanos durante el gobierno de Mario Marín. En el acto, el Movimiento Magisterial entregó reconocimientos a luchadores sociales.

 

 

 

Fuente. Apro

Violentos choques con PF en Tlapa dejan un muerto y decenas heridos

Tlapa,Guerrero, 7 de junio.– Elementos de la Policía Federal incursionaron con disparos en la colonia Tepeyac, en el municipio de Tlapa, Guerrero, para liberar a 35 agentes retenidos por colonos. Hasta el momento hay confusión sobre la cantidad de heridos y reportes confirman la muerte de una persona.

La tensión en la zona comenzó al medio día, luego de que abrieran las casillas del municipio.

Un grupo de al menos cuatro hombres encapuchados incendió una camioneta pick-up en un puente vehicular, a 5 minutos del centro del municipio. Junto con el vehículo fue dejada una manta cuyo mensaje decía: “Sin sitio Juárez y Sr. del Nicho por morder la mano de quien te da de comer” y estaba firmada por FB/REBELDIAJUVENILTLAPA.

Los mencionados en la manta son dos sitios de taxis acusados por miembros del Movimiento Popular Guerrerense de participar en el desalojo frente al Palacio Municipal y en confrontaciones con los maestros en días anteriores, todo esto pagado por partidos políticos.

Después del incendio de la camioneta, el ambiente de tensión regresó a la cabecera municipal donde el MPG había anunciado el boicot de las elecciones.

A las dos de la tarde la Policía Federal entró a la colonia Tepeyac y detuvo a 9 personas (6 hombres, 2 mujeres y 1 niño) en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y calles aledañas. Después de las detenciones los vecinos retuvieron a 35 policías federales que pretendían llevarse un par de camionetas pick-up con registro de robo que estaban en el lugar.

Desde las 3 de la tarde los colonos repicaron campanas y exigieron la liberación de los 9 detenidos a cambio de policías federales en las camionetas que circulaban con números de patrulla 16998, 15442 y 17119. Hubo negociaciones que terminaron con la salida de la Policía Federal.

Al cierre de las casillas, todo se tornó en calma hasta que ingresaron los uniformados para intentar rescatar a sus compañeros retenidos.

A las 9 de la noche agentes federales dejaron sin luz el lugar y entraron a la colonia para rescatar a los uniformados; hasta el momento no hay cifras sobre la cantidad de heridos.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, confirmó el deceso de Antonio Vivar Díaz. Prensa local indicó que la víctima recibió un impacto y fue llevado a una clínica; sin embargo, perdió la vida mientras era atendido.

Vivar Díaz era profesor de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), de 28 años de edad, fue herido e ingresado al hospital de Tlapa y posteriormente falleció.

El último hecho de confrontación en Tlapa fue hace dos días cuando cuando un grupo del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y un grupo de civiles se enfrentaron. Hubo un saldo de varios heridos, tres de gravedad y uno identificado como Juan Tenorio, líder del movimiento.

Fuente. SinEmbargo.mx

Quintana Roo apresa periodistas incómodos; en Veracruz mueren; en DF los despiden

Chetumal, Quintana Roo, 25 de may.- Ciudadanos quintanarroenses volvieron a realizar actividades de protesta para exigir la liberación del periodista maya Pedro Canché, de quien se desvanecieron las pruebas por las que el gobierno de Roberto Borge lo acusaba de sabotaje.

Las protestas también se realizan en el marco de la definición que hará el juez George Alfredo López Carrillo sobre el caso en las próximas horas, donde se podría decretar la libertad para el periodista, quien acusa haber sido torturado y cuyo único delito fue haber intentado organizar una manifestación pacífica.

Por las calles de Chetumal, manifestantes exhibieron por varias horas lonas con la imagen del reportero amordazado, denunciando publicamente los terribles atropellos que estaría cometiendo el gobierno el gobierno de Borge en contra del periodista, como relató LaJornada.

Mientras tanto en Veracruz se informó de la detención de un sospechoso de haber participado en el asesinato del joven reportero de 25 años, Armando Saldaña, quien fue levantado de Tezonapa, Veracruz, donde vivía y era colaborador de diversos medios.

La agencia Apro detalló la captura de Juan Carlos de la Cruz Vergara, sin que hasta el momento se confirme su responsabilidad en los hechos, manteniendo impune el caso de Saldaña, como sigue siendo en los casos de crímenes contra periodistas en Veracruz.

Mientras tanto en la Ciudad de México la empresa MVS sigue aferrándose al despido de la periodista Carmen Aristegui, a quien además está demandando; no obstante el mismo ombudsman de la empresa Gabriel Sosa Plata, calificó de absurdas las denuncias de MVS, respecto a que Aristegui había subido información de manera ilegal a su portal de noticias.

El ombudsman afirmó que nada en el convenio le impide hacerlo, además de que es algo que siempre se realizó bajo autorización de la empresa, como queda asentado en diversas comunicaciones; Sosa citó también el caso de otros periodistas, incluso de la misma empresa, quienes suben a sus portales personales, parte de la información recabada.

 

 

Redacción. Huellas de México.

 

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