El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, advirtió que el Partido Verde Ecologista de México tiene la obligación de explorar y estudiar todas las posibilidades que se le presenten, a fin de contribuir al bienestar del país de cara al proceso electoral que se avecina; como ir con un candidato propio, platicar la visión de futuro de país con el PRI y tener acercamientos con la presidenta del PRD.

Pablo Escudero señaló que se deben buscar los mejores programas para beneficiar a todos los mexicanos, por lo que es importante que el Partido Verde explore las distintas posibilidades, entre otras, que el PVEM lleve un candidato propio a la presidencia de México en el 2018; y subrayó que, entre muchas otras opciones, una es la del senador Carlos Puente, un zacatecano distinguido, mexicano serio, trabajador y responsable, con gran experiencia en la administración pública y el cual puede ser una muy buena opción.

El líder del Senado recordó que el Senador Carlos Puente, actual coordinador de su bancada, obtuvo en 2012 un gran porcentaje de votos con el que venció por un alto margen a candidatos del PAN y PRD, por lo que se trata de un perfil que obtuvo votaciones similares a candidatos del PRD que aspiran a la presidencia como Graco Ramírez y Silvano Aureoles, lo que le da a Puente posibilidades reales para las próximas elecciones presidenciales.

Aseguró que distintas encuestas colocan al Partido Verde con cinco puntos sin siquiera tener un candidato definido, contrario a lo que sucede en el caso de Morena cuyo candidato vive en campaña permanente o como el PAN con sus 3 claros aspirantes; por lo que el PVEM podría alcanzar fácilmente los 10 puntos durante el periodo de precampaña y seguir creciendo.

Escudero Morales reiteró también que el Verde Ecologista está obligado a platicar con su aliado natural, el Partido Revolucionario Institucional, con quién aún conforman una coalición parlamentaria para seguir impulsando las reformas que han construido juntos; e indicó que dicha coalición no está en duda alguna ya que continúan siendo grandes aliados, lo que no cambiará hasta que termine la presente legislatura; sin embargo, advirtió que también es momento de platicar con el PRI sobre el futuro del país y de las reformas que aún están pendientes por hacer, ya que es importante plantear un rumbo puntual a 20 años por el bienestar de México.

Escudero no descartó la posibilidad del Partido Verde de entablar acercamientos para platicar con Alejandra Barrales, presidenta del Partido de la Revolución Democrática, quien ha hecho una convocatoria al partido para crear un frente amplio que valdría la pena explorar.

El presidente de la Cámara alta aseguró que el PVEM tiene que iniciar pláticas y reflexiones en estos 3 caminos para estar listos y afrontar el 2018 con un programa respaldado en una coalición que beneficie a los mexicanos y que plantee un escenario claro y concreto de cómo combatir la desigualdad, la corrupción y encaminar una transformación en el crecimiento del país para lograr, por lo menos, el 6% del PIB nacional.

El Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en peligro de colapsar ante las acusaciones públicas de haber hecho trampa y existir conflictos de interés en el seno de la Comisión de Selección, al momento de elegir el Comité de Participación Ciudadana, así como los señalamientos de opacidad del comité ciudadano para nombrar al secretario técnico del SNA, ya que se pone en riesgo todo el esfuerzo del Congreso de la Unión para crear este andamiaje institucional que dio origen al Sistema.

Así lo advirtió el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, quien además señaló que estos señalamientos prenden los focos rojos, por lo cual consideró necesario que se atienda de inmediato, por lo que tanto la Comisión de Selección, como el Comité de Participación Ciudadana deben rendir un informe claro y extenso, además de transparentarlo en su página de internet.

Para aclarar las acusaciones, dijo, debe presentar una explicación puntual y precisa ante el Poder Legislativo, respecto a las designaciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pues lo más importante radica en su credibilidad y calidad moral, toda vez que en caso de perderla se colapsará el Sistema Nacional.

Señaló que no basta con decir que el método de selección no era perfecto y que se corregirá para los siguientes nombramientos del próximo año, pues “eso es inadmisible”, subrayó; “el Congreso hizo un gran trabajo y confío en los ciudadanos para encabezar este Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que es lamentable lo que se está viviendo, pero sería aún más lamentable que se quede en la opacidad”.

Pablo Escudero recordó que han habido señalamientos puntuales del extitular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, sobre la existencia de conflictos de intereses de los integrantes de la Comisión de Selección por su relación y vinculación con la Red por la Rendición de Cuentas, al inclinarse por sus recomendados en la elección del Comité de Participación Ciudadana; incluso, han sido acusados de incurrir en graves actos de conflicto de interés, como Juan Pardinas, director del IMCO, quien cobró más de 3.5 millones pesos, prestando servicios para la Auditoría Superior de la Federación desde el 2010.

El legislador dijo que debe darse una explicación pública y con sustento de por qué el aspirante Gerardo Lozano Dubernard, quien con una de las mejores puntuaciones no fue elegido y ha denunciado que se privilegiaron a cuates y cuotas.

Por ello, Escudero Morales reiteró que es imprescindible recobrar su credibilidad, pues el Congreso de la Unión confió plenamente en los ciudadanos para encabezar y poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción y “vemos con preocupación que está en riesgo ya que el Sistema ha dado sus primeros pasos entre acusaciones e incertidumbre, por lo que es apremiante atender esto y enderezar el rumbo”.

La opinión de ciudadanos, estudiantes, académicos, investigadores, historiadores, universidades, centros de investigación y del público, acerca de la Consulta Democrática Nacional sobre la Constitución, se dará a conocer en breve, informó el presidente del Senado de la República, Pablo Escudero Morales.

Al participar en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Trayectoria y porvenir del constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a la Constitución de Querétaro en su Centenario.

Realizada por la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el Texto que Conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Senado de la República, el legislador indicó que las conclusiones de la Consulta Democrática Nacional sobre la Constitución Mexicana, servirán para reflexionar sobre las acciones legislativas que el Congreso de la Unión deberá emprender.

Se debe reflexionar sobre los retos y perspectivas que tiene el Estado mexicano frente al nuevo constitucionalismo, los derechos humanos, el combate a la corrupción, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y la participación de la sociedad en los asuntos públicos.

Acompañado del rector de la UNAM, Enrique Graue; del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, así como del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, entre otros.

“Hoy más que nunca los mexicanos nos pronunciamos a favor de la unidad nacional, así como de la vigencia de los valores y postulados de nuestra Constitución, como un eje articulador que guíe nuestras decisiones y fortalezca los principios de política interior o exterior, para la defensa de nuestros intereses como nación y los de nuestros connacionales que residen en el exterior”, apuntó el presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Por último, Pablo Escudero llamó a los juristas, pues “hoy más que nunca requerimos que ustedes acompañen las decisiones de este país, que acompañen las políticas públicas, que acompañen inclusive la política única nacional en materia de política exterior, que estén con el Senado de la República y con el Ejecutivo federal”.

Integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), acompañados por el presidente de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, hicieron acto de presencia en la sede senatorial, donde dijeron, se realizaría una reunión de las comisiones unidas que analizan las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado de la República.

El encuentro no se llevó a cabo, en vista de que ningún otro integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la Comisión Anticorrupción, la Comisión de Justicia llegó al lugar. La senadora panista Marcela Torres Peimbert y su compañero de bancada, Ernesto Ruffo; así como el senador del PRD, Humberto Fernández y Eduardo Bohórquez, en representación de Transparencia Mexicana, reiteraron que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista (PVEM) están frenando la discusión.

El senador Ruffo Appel, aseveró que sí hubo una convocatoria para acudir a una reunión éste domingo 24 de abril, pero no hay respeto a los acuerdos establecidos respecto a las sesiones de las comisiones dictaminadoras. Indicó que la convocatoria a reunirse se planteó para los días viernes, sabádo y domingo, pero en las últimas sesiones la presencia de legisladores ha sido escasa.

Por otra parte, el senador Fernández Fuentes dijo que para tener “buenas leyes” en la materia, es necesario que haya debate. “Se vence el término para construir las leyes en materia anticorrupción, no hay tantos días para trabajar como se había planteado, sábados, domingos, el tiempo que fuera necesario, pues estamos cumpliendo. La verdad es que para el volumen de trabajo que tenemos sí se ocupa trabajar todos estos días, la verdad es que aquí estamos, estamos los que ven. Nos gustaría saber cómo va a avanzar esto. Refrendamos nuestro compromiso para que haya una buena ley en tiempo, pero una buena ley requiere debate”, apuntó el congresista.

Por el PAN, la senadora Torres Peimbert, adelantó que en lo particular, no votará una ley “diluida” ni que “maquille” el combate a la corrupción. “Me citaron a estas mesas para discutir una ley de cara a ustedes, aquí estoy, dispuesta a discutirla y a llegar hasta sus últimas consecuencias para lograr que México tenga un sistema que combata este cáncer de la corrupción. Pueden contar con que no votaré, y lo voy a decir a título absolutamente personal, una ley diluida y un sistema que maquille que va a combatir la corrupción. No me presto a juegos y tendré un criterio absolutamente personal para decidir si el sistema funciona o no funciona”, dijo.

Eduardo Bohórquez recordó que la sociedad civil se comprometió con el tema del combate a la corrupción, y por ello más de 634 mil ciudadanos dieron su firma para promover la iniciativa de la “Ley 3de3”. Recalcó que las organizaciones civiles acudirán todas las veces que se les invite y requiera para participar en la discusión de las siete leyes pendientes del Sistema Anticorrupción.

Sin embargo, este viernes 22 de abril se presentaron a las 16:30 horas, tal y como fueron convocados; el sábado 23 llegaron al Senado a las 10:00 horas, y el domingo estuvieron en el lugar a las 12:45 del mediodía, solo 15 minutos después de la hora pactada, pero la reunión prevista no tuvo lugar. Los panistas y perredistas en el Senado fueron enfáticos en cuanto a que había una convocatoria formal para asistir éste domingo en las oficinas del Senado, pero prácticamente nadie acudió.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, lanzó el ultimátum de que en julio próximo se endurecerán las medidas del Programa Hoy no Circula.

Anunció que enfocará su atención en medidas más específicas para regular el parque vehicular, ya que en el Valle de México circulan 3.8 millones de vehículos que generan 64 toneladas de óxidos de nitrógeno, además de supervisar las industrias que más contaminan.

En reunión con diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a quienes adelantó que en julio próximo se endurecerán las medidas del programa Hoy No Circula, que contempla incluir a todos los vehículos y una regulación más minuciosa del transporte público.

El legislador Jesús Sesma dijo que el PVEM sostendrá una reunión con los integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), con el fin de aportar acciones para mejorar la calidad del aire, proteger el ambiente, cuidar la salud de la población y evitar que crezcan los efectos del cambio climático.

En las oficinas del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el coordinador del PVEM en el Palacio Legislativo de San Lázaro, señaló que el tema de la contaminación ambiental representa uno de los rubros más importantes para su partido, por lo que refrendó sus compromisos en la materia.

Refirió que ante esta situación presentarán una serie de propuestas legislativas en la materia, que coinciden con el trabajo que lleva a cabo el gobierno federal.

Durante el encuentro, Sesma Suárez agradeció la apertura y el diálogo de las autoridades gubernamentales, y destacó que sesiones de trabajo de este tipo son muy satisfactorias y enriquecedoras para los diputados.

Sesma Suárez adelantó que su bancada presentará un punto de acuerdo para actualizar el marco normativo, con la finalidad de que las gasolineras modernicen sus equipos para la recuperación de vapores, y evitar se generen emisiones contaminantes a la atmósfera.

Ciudad de México, 31 de mar.- Después de haber estado congelada y en negociaciones por varios meses, de forma sorpresiva el día de ayer los diputados comenzaron las maniobras para desahogar por la vía del fasttrack una serie de reformas que definan los poderes especiales que podría tener el poder ejecutivo con base en el “estado de excepción”.

Diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, aprobaron en comisiones la minuta mediante la cual el presidente de la república podrá suspender de forma total o parcial los derechos y garantías individuales, en caso de contingencias extraordinarias, tales como “revueltas de gran calado”.

Una guerra, una invasión armada, epidemias, accidentes nucleares, plagas, así como perturbaciones ocasionadas como resultado de factores naturales como sismos, tormentas, huracanes, explosiones volcánicas, también serían motivo para suspender las garantías individuales.

En redes sociales ha causado indignación la noticia, pues el tema no ha sido discutido publicamente, unicamente en los pasillos del Congreso es que se ha estado negociando desde hace meses esta iniciativa.

Estado de excepción, más cerca de una dictadura

Hace unos meses Raúl Flores Durán realizó un recuento histórico de los estados de excepción; concluyendo que los principales teóricos del tema coinciden en que la mayoría de los casos esta cualidad se ha desvirtuado, convirtiéndose en la herramienta predilecta de las dictaduras para cometer crímenes de lesa humanidad, siendo usada principalemente con motivos políticos.

Muchas de las dictaduras latinoamericanas se valieron de este recurso para cometer incluso genocidio; pues lo que plantea es la suspensión de múltiples derechos humanos y la capacidad de poder cometer crímenes y actos arbitrarios que aunque puedan ser criminales, encuadrarían en su sistema jurídico emergente.

Con esta ley se pretende el sacrificio temporal de los derechos a la manifestación, asociación, circulación, libertad de expresión, patrimonial, de crédito o de autor, entre otros, como relata la crónica de Sopitas, quien también hace un recuento de porque es peligroso otorgar este tipo de poderes a políticos con tendencia a la represión como lo es el mismo Enrique Peña Nieto, quien se ha manifestado orgulloso de haber ordenado los actos represivos de San Salvador Atenco donde 28 mujeres fueron violadas y decenas de ciuadanos agredidos de forma brutal por la policía; todo esto sería legal bajo el estado de excepción.

En México la última vez que se implementó fue en la segunda guerra mundial, no obstante que había críticas en el sentido de que no están bien definidos los alcances de este procedimiento en la Constitución.

A nivel mundial entre los casos emblemáticos recientes está el estado de excepción decretado en los Estados Unidos tras los autoatentados del 11 de septiembre y que sirvieron como excusa para emprender una carnicería en Irak y Afganistán donde presuntamente iban por armas de destrucción masiva que nunca existieron.

La propuesta pasará al pleno en los próximos días, y si la ciudadanía mexicana permanece indiferente, se convertirá en una realidad con total colusión de los partidos políticos hegemónicos.

David Galeano

28 de mar.- Pueblos y organizaciones del Estado de México anunciaron su rechazo a la Ley de Regulación de la Fuerza Pública, llamada #LeyAtenco, así como movilizaciones sociales para evitar que se ejecute en las próximas manifestaciones.

En conferencia de prensa y encabezados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, se anunció la campaña #MayoRojo o #MayoEnFuego con actividades y movilizaciones para los días 3 y 4 de ese mes.

“Esta ley debería llamarse Ley Eruviel y los beneficios que pretenden, además de blindarse de los atropellos de quienes se manifiestan en el Estado de México, esta ley les permite el uso de armas de fuego en las manifestaciones por parte de la seguridad pública, no hay una cláusula de castigo para aquellos elementos que violen los derechos humanos.

“En Mayo inicia la campaña de #MayoRojo, #MayoEnFuego por estos hechos y con movilizaciones en las comunidades, así como una movilización magisterial en día del maestro, porque lo que buscamos es que la Ley Eruviel no pasará”, comentó Alfredo del Valle, líder del FPDT.

Representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos presentes en la rueda de prensa aseguraron que esta iniciativa favorece el uso de esposas rígidas, armas de fuego cargadas en contra manifestaciones, se permite el espionaje e intervención en asambleas públicas, así como la adecuación de la Ley fuga, esta última es la que faculta al policía para disparar en contra de un manifestante.

Recordaron que esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial de Edomex el pasado 18 de marzo del presente año, justo en el décimo aniversario de los sucesos de Atenco.

Aeropuerto, una de las razones para su aprobación   Ante la negativa de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que incluye terrenos en el municipio de Atenco, el FPDT aseguró que esta nueva ley abre la posibilidad para reprimir a aquellos que no estén de acuerdo con el proyecto.

“Desde luego que tiene que ver el proyecto del Aeropuerto y porque han utilizado todo para engañar, criminalizar nuestro clamor de justicia y desde los tres niveles de gobierno están buscando quebrar el movimiento de resistencia.

“No vamos a permitir la construcción de ese aeropuerto y utilizan todos los medios de que ya no hay resistencia, pero sobre todo que hay un despojo y robo de los terrenos donde están edificando este proyecto ilegal”, señaló Del Valle.

Finalmente, aseguraron que el objetivo principal será el de “tirar la Ley Atenco” con todos los recursos legales, jurídicos, sociales y pacíficos, ya que el temor es que se repitan escenas como las de hace 10 años, aunque con mayor derramamiento de sangre al permitir el uso justificado de armas de fuego.

Quadratín

Xalapa, Veracruz, 22 de mar.- Este martes tres diputados del PRI y uno del PVEM se encargaron de poner freno al proceso mediante el cual se pretendía llevar al pleno del Congreso de Veracruz, el caso del presunto desvío de recursos y malos manejos del gobernador del estado Javier Duarte, lo cual finalmente ha quedado descartado.

Fueron los priistas Ciro Félix Porras, Juan Manuel Velázquez Yunes y Marco del Ángel Arroyo, así como el diputado del PVEM, Eduardo Sánchez Macías, quienes se aliaron para formaron mayoría en las comisiones de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales del congreso de Veracruz, votando en contra de la iniciativa propuesta y con ello evitando que la discusión llegue al pleno de la legislatura local.

La propuesta del PAN fue criticada por los legisladores cómplices de Duarte, quienes aludieron un “sobreseimiento” del dictamen, al cual además señalaron de tener más una connotación política.

Los legisladores priistas se defendieron del presunto desfalco millonario, señalando que la aclaración de las finanzas es un proceso que aún continúa en desarrollo.

Por su parte el diputado panista Carlos Urrutia, condenó el “mayoriteo” que realizó el PRI en comisiones para vetar la iniciativa, señalando que se habían logrado recabar decenas de pruebas y documentos que han sido entregados a la Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la Auditoría Superior de la Federación, no obstante que estarían siendo desechados, sin permitir siquiera su análisis en la legislatura.

David Galeano

Ciudad de México, 22 de feb.- Este fin de semana, de forma calculada, para que casi nadie se entere, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) destituyó a 3 de los 7 consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), debido a flagrantes violaciones al proceso electoral en el estado, lo cual significó una total falta de equidad y respeto a la normatividad electoral.

Es decir casi la mitad de las máximas autoridades electorales de Chiapas, fueron destituidas por malos manejos en la elección, las faltas se relacionan con la equidad de género y con el proceso de elección de residentes en el extranjero, que es uno de los elementos más turbios del Cordovato en el INE.

La sanción original incluso planteaba remover a los 7 consejeros electorales, incluida su presidenta; no obstante el cabildeo de los magistrados tricolores Benito Nacif y Marco Antonio Baños, lograron evitar un escándalo mayor.

Lo grave del asunto es que la elección ya pasó, y como dice Calderón, “haiga sido como haiga sido”, las 122 alcaldías y 41 diputaciones ya están repartidas, a pesar de que la elección fue organizada y coordinada por funcionarios hoy destituidos por corruptos, incompetentes y criminales, pues atentan contra la vida democrática del país, como dictaminó la resolución aprobada en el INE, donde se les inhabilita de sus cargos.

Televisa, Milenio, ElUniversal y demás medios priistas minimizan esta noticia que debería ser de escándalo, pues se pone una vez más en evidencia la enorme corrupción que persiste en las instituciones de Chiapas, y que mantienen en el poder a una oligarquía de criminales que debería estar tras la rejas.

La manipulación del voto extranjero en Chiapas, además fue un ensayo de los preparativos que se tienen a nivel federal, donde por primera vez los mexicanos que ni viven en el país, podrán tramitar su credencial de elector para determinar quien gobierna a los que sí viven en México; es decir le siguen buscando de donde poder hacer trampas y triquiñuelas para obtener los ansiados votos.

El EZLN advierte lo que se viene

Este mismo fin de semana, la comandancia general del EZLN, que había estado en silencio practicamente desde comienzos de año, publicó un nuevo comunicado firmado por los subcomandantes Galeano y Moisés, donde exponen diversos ejemplos de como los indígenas de Chiapas están siendo engañados y despojados por múltiples organismos estatales y federales, quienes abusan de la ignorancia para seguir cometiendo saqueos y explotación al por mayor.

El EZ denuncia casos de indígenas a quienes les regalaron ganado antes de las elecciones, pero después les informaron que no era de su propiedad, sino que sólo se lo estaban cuidando a grandes terratenientes, a quienes además ya les habían cedido sin saber sus terrenos, con los papeles que les hicieron firmar para recibir beneficios sociales.

Y así son muchos los ejemplos, desde televisiones con las que compraron decenas de votos y que nunca sirvieron, hasta personas que se las llevaron a programas de trabajo y que resultaron ser empleos característicos del narcotráfico.

Así la porquería en Chiapas, mientras tanto el EZLN advierte que vendrá nueva convocatoria para adherentes a la Sexta Internacional, así como al Congreso Nacional Indígena, buscando resistir de manera organizada al inmenso exterminio que se sigue planteando desde el régimen neoliberal de Enrique Peña Nieto.

Raúl Flores Durán
Huellas.mx

Ambientalistas rechazaron la clausura simbólica del Malecón Tajamar en Cancún, Quintana Roo, que realizó hoy el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la zona. Los guardianes del manglar retiraron las mantas que había colocado ese instituto político y no permitieron la entrada a la zona a los simpatizantes verdes.

De acuerdo con imágenes difundidas en la agencia Cuartoscuro, los guardianes del manglar tiraron a la basura las pancartas del PVEM y les reclamaron porqué hasta ahora se realizaba esa acción.

De acuerdo con el diario Noticaribe, los verdeecologistas, encabezados por el legislador federal por Quintana Roo, Remberto Estrada, acudieron al Manglar Tajamar para realizar una clausura simbólica del lugar, sin embargo, fueron recibidos por ecologistas, activistas y ciudadanos con insultos y gritos de reproche, mismos que impidieron que la comitiva desplegara una manta de clausura que tenían preparada para tomarse la foto.

“Hipócritas”, “falsos”, “mentirosos” y “oportunistas”, fueron los gritos que ciudadanos y activistas lanzaron a los legisladores y simpatizantes verdes. También les reprocharon que fueron precisamente funcionarios del Partido Verde a nivel federal los que autorizaron la devastación sin contemplaciones del Malecón Tajamar, a pesar de los cuestionamientos por presuntas irregularidades en los permisos concedidos a los desarrolladores desde el 2005 para construir un complejo inmobiliario sobre el manglar.

Ciudad de México, 29 de oct.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, la cual prevé que el Gobierno Federal recaude vía impuestos y derechos cuatro billones 763 mil 899 millones de pesos.

En una sesión que inició el miércoles por la noche y concluyó la madrugada de este jueves, el órgano legislativo aprobó por 87 votos a favor y 20 en contra el proyecto de decreto, por el que se expide dicha Ley, el cual fue devuelto con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos dispuestos por el artículo 72 constitucional.

Ello derivado de las modificaciones realizadas al proyecto para reformar las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De este total, tres billones 102 mil 440.3 millones de pesos corresponden a ingresos del gobierno federal, un billón 52 mil 193.1 millones a ingresos de organismos y empresas, y 609 mil 240.6 millones de pesos a los ingresos derivados de financiamientos.

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2016, se proyecta una recaudación federal participable por dos billones 428 mil 227.8 millones de pesos.

Los legisladores coincidieron con el incremento en la estimación del tipo de cambio, de 15.90 a 16.40 pesos por dólar de los Estados Unidos de América, y en que el precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación sea de 50 dólares, así como en la previsión del nivel de la plataforma de producción de petróleo crudo de dos mil 247 millones de barriles diarios.

Además, respaldaron la propuesta de estimar un crecimiento económico previsto para el año 2016, proyectando una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 2.6 y 3.6 por ciento, así como un déficit estimado del 0.5 por ciento del PIB.

Del mismo modo, se avaló la previsión de que para 2016 la inflación esperada se mantenga dentro del rango objetivo previsto por el Banco de México de un tres por ciento.

Por otro lado, se coincidió en una previsión del nivel de la plataforma de producción de petróleo crudo de dos mil 247 millones de barriles diarios, con una estimación de 50 dólares de Estados Unidos por barril de petróleo crudo de exportación.

El proyecto prevé un monto de endeudamiento neto interno, que se autoriza al Ejecutivo federal hasta por 535 mil millones de pesos, así como un monto de endeudamiento neto extorno de seis mil millones de dólares de los Estados Unidos, el cual incluye el monto de endeudamiento que se ejercería para la contratación de financiamientos con organismos financieros internacionales.

Establece la autorización por un monto de endeudamiento neto interno de hasta 110 mil 500 millones de pesos y un endeudamiento neto externo de hasta ocho mil 500 millones de dólares de los Estados Unidos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus empresas productivas subsidiarias.

Así también que se autorice un monto de endeudamiento neto interno de hasta 12 mil 500 millones de pesos y un endeudamiento neto externo de cero dólares de los Estados Unidos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas subsidiarias.

Del mismo modo, se consideró conveniente mantener sin cambios los términos y condiciones en la contratación de deuda pública para el Distrito Federal y que el monto de endeudamiento neto de dicha entidad sea por 4 mil 500 millones de pesos, para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egreso del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016.

Que se eliminen, a partir de 2016, los pagos mensuales relacionados con el derecho por la utilidad compartida y con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a cargo de Pemex, establecidos en el artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación 2015.

El dictamen se aprobó en lo general con 87 votos a favor y 20 en contra, y luego de no admitir las reservas para modificar diversos artículos del proyecto planteados por senadores del PAN y PRD, la asamblea lo envió a la Cámara de Diputados.

La senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó un voto particular y argumentó que el dictamen no cumple con la exigencia del presentar al Congreso de la Unión un anexo donde se explique la metodología utilizada en las estimaciones de ingresos.

Además, no se transparenta si dentro del endeudamiento solicitado para 2016 ya están contemplados los nuevos instrumentos financieros que anunció el Presidente Enrique Peña Nieto y tampoco se sabe qué pasará con los ingresos derivados de la venta de los activos de Petróleos Mexicanos.

Al fundamentar en contra del proyecto, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, señaló que el tipo de cambio a 16.40 pesos por dólar afectará el consumo de la población, porque la mayor parte de los productos de la canasta básica se importan de Estados Unidos.

Dijo que la propuesta de estimar 50 dólares el barril de petróleo crudo, una cifra menor en 29 dólares respecto a la Ley de Ingreso de 2015, se prevé una afectación al crecimiento económico del país: “¿Con estas medidas cómo espera el gobierno federal que exista estabilidad macroeconómica y un crecimiento de entre el 2.6 y 3.6 por ciento como se propone?”, cuestionó.

El senador del PAN, Víctor Hermosillo y Celada, al hablar en contra del dictamen, preguntó que si lo mejor para México es endeudar a las familias mexicanas, seguir castigando a la clase media con impuestos, que su gobierno siga gastando mucho y mal o que se siga haciendo de la vista gorda en el tema de las pensiones.

Enfatizó que el asunto de las pensiones es una granada en la mano a punto de explotar, y que en el Senado no se trabaja en una reforma de gran calado para enfrentar este problema, lo que provocará que luego se tomen medidas totalmente impopulares.

Por su parte, su correligionario Ernesto Ruffo Appel, aseveró que no se puede gastar más de lo que se ingresa de forma permanente, e indicó que cuando se pide prestado es cuando se tiene el ingreso para pagar tal deuda.

Subrayó que México está en un problema estructural de deuda, toda vez que se pide prestado, pero no se sabe cómo se va a pagar, por lo que consideró que en cuestión de finanzas públicas se ha perdido su racionalidad.

Aseguró que entre la deuda y las pensiones debemos el 100 por ciento del PIB, pero lo gravoso del problema; subrayó que no se le ve solución, estamos al inicio de una crisis financiera.

El senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, denunció que en el rubro de aprovechamientos hay una “bolsa secreta” que se llama “otros de otros” que contempla para 2016, recursos por 155 mil millones de pesos.

Indicó que en esa bolsa los diputados “aparecieron” 17 mil millones de pesos simplemente al modificar el tipo de cambio, pero “no hay una sola línea en el dictamen que explique” eso; “pasamos en esta administración de la partida secreta a las bolsas secretas”, apuntó.

Por otro lado, advirtió que con la ratificación de este dictamen, el Senado aprobará un nuevo Fobaproa al avalar un endeudamiento equivalente a 10 puntos del PIB, un billón 946 mil millones de pesos, que ni siquiera se va a registrar dentro de los requerimientos financieros del sector público; están a punto de aprobar el “Pemexproa”, señaló.

Su compañero de bancada Isidro Pedraza Chávez dijo que votaría a favor del dictamen aunque hay una crisis “que el gobierno se empeña en negar. Plantea hacer recortes pero tenemos que hacer mucho más que eso”.

El paquete económico es, de principio a fin, una aplicación insensible ante la realidad del modelo neoliberal, bajo el cual la pobreza se origina en la desigual distribución de la riqueza y los bajos salarios que generan las ganancias extraordinarias de las empresas trasnacionales, aseguró el legislador del Grupo Parlamentario del PT, Manuel Bartlett Díaz.

Señaló que este modelo somete a México a una dictadura externa, conlleva al abandono de los intereses nacionales, genera el saqueo de los recursos y la pérdida de soberanía, “su profundización llevará inevitablemente a una reacción social que no podrá ser contenida por los poderes espurios”.

Notimex

Ciudad de México, 22 de oct.- Esta noche se ha confirmado el fallecimiento del ex senador y ex diputado Tomás Torres Mercado, miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien habría perecido en un accidente aéreo a la altura del municipio de Apaseo el Alto, en Guanajuato.

Se había reportado que alrededor de las 17:30 horas una avioneta había caído en una zona despoblada en La Tinaja, cerca de los límites con Celaya, al lugar se trasladaron unidades médicas y de protección civil, quienes confirmaron la presencia de dos muertos.

Uno de los fallecidos sería el reconocido político, quien despegó minutos antes del Aeropuerto Internacional de Toluca, al parecer solamente con un piloto.

Diversos testimonios señalan que la avioneta “estalló en el aire”, según reportaron medios locales; testigos también afirman haber visto la aeronave envuelta en llamas antes de caer al aire.

En la Cámara de Diputados, donde comparece el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se guardó un minuto de silencio en memoria del ex perredista.

Torres era originario de Valaparaíso, Zacatecas; se descartó que en el avión estuviera a bordo su esposa, como se especuló en un principio.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México, 15 de oct.- En redes sociales Arturo Escobar se ha convertido en tendencia, aunque como suele ser en su caso, no es por alguna acción relevante o digna de aplaudir al prominente político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sino nuevamente a causa de la indignación que despierta en la sociedad mexicana, su actitud pedante, prepotente y típica de un capo, no de un servidor público.

Aún todavía no termina la andanada de críticas por su reciente nombramiento en la Segob, como el Subprocurador para la Prevención del delito, cuando un nuevo escándalo invade su imagen; esta vez por haberse negado a revelar sus bienes en su declaración patrimonial que como funcionario público está obligado a hacer; antes ya había rechazado también sumarse a la iniciativa 3X3, consolidándose como uno de los funcionarios más opacos.

Esta opacidad se vuelve más sospechosa, si se considera que estamos hablando de un político que ha sido cachado en posesión de exorbitantes y misteriosas cantidades de dinero; tal como ocurrió un día antes de las elecciones de 2009, cuando se le detectó una maleta con más de un millón de pesos en efectivo en el aeropuerto de Chiapas; situación que delató la criminalidad del político, tan sólo considerando las múltiples contradicciones que él mismo mencionó acerca del destino del dinero; y sin profundizar en el ad hoc sistema político que le permitió permanecer en total impunidad.

Es tal la degradación de este político, que hasta en Milenio arremeten contra su cinismo; el columnista CarlosPuig lo resume de forma adecuada: “Lástima que no nos enteramos de nada”.

Es una lástima, que muy poca gente se entere, que el ahora subsecretario de Osorio Chong, ha publicado una declaración patrimonial, que ha sido tomada como una burla por múltiples analistas; pues en la declaración pública de Escobar, se lee simplemente: “El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”; un renglón más abajo, cierra una enigmática frase: “No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés”.

“¿Qué pensarán sus compañeros en el gabinete, su jefe, el secretario, el Presidente de la República, que todos han tenido que hacer públicas sus declaraciones después de los escándalos de las múltiples casas? ¿De qué privilegios goza?”, se pregunta el periodista.

Más aguda aún es la crítica que le hace SanJuanaMtz en SinEmbargo; la periodista, además de enlistar diversos episodios donde se pone de manifiesto la capacidad criminal de Escobar, sentencia también en contra de las instituciones mexicanas; “el nombramiento de Escobar Vega es una burla para los mexicanos, un ataque a la cultura de la legalidad, una clara muestra del cinismo de los políticos sujetos más a compadrazgos e intereses de partido. Hay ciudadanos ven con hartazgo tanta podredumbre, tanta ineficacia e improvisación desde las instituciones”.

Mientras tanto diversos líderes de opinión como Sergio Aguayo, promueven una petición en Change.org, para exigir se cancele su nombramiento como subprocurador para prevenir el delito, siendo que además no ha tenido formación ni experiencia alguna en tal área.

Raúl Flores Durán
Huellas.mx

Después de cinco horas de un duro debate entre el oficialismo y la oposición sobre la responsabilidad de la “crisis de Estado” en torno a los sucesos de Ayotzinapa, el Senado de la República aprobó por 93 votos a favor y ninguno en contra un posicionamiento de 8 puntos para respaldar las peticiones de los padres de familia de los normalistas.

Mientras en tribuna, legisladores del PRI y del Partido Verde contratacaban a las críticas de senadores del PRD y del PT, los integrantes de la Junta de Coordinación Política redactaron un documento de 8 puntos que se aprobó tras terminada la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los normalistas, sobrevivientes y abogados de Ayotzinapa.

Los ocho puntos aprobados incluyen lo siguiente:

“1.-Reconocimiento de la legitimidad de la búsqueda de justicia y de que el caso Iguala esté abierto.

“2.-Permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aceptación plena de su informe y sus recomendaciones.

“3.-Reencausar la investigación en una unidad especializada.

“4.-Relanzamiento y concentración de la búsqueda, a partir del uso inmediato de tecnología.

“5.-Atención digna e inmediata a los heridos y familiares de ejecutados, trato digno a las víctimas.

“6.-Respeto a la Normal Rural Isidro Burgos y la no criminalización de los normalitas.

“7.-Mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a sus derechos.

“8.-Acciones para proteger y hacer valer los derechos humanos y combatir cualquier forma de impunidad.

Tras dar lectura a estos 8 puntos, el presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth sometió a votación del pleno este acuerdo de los coordinadores. El senador panista Javier Corral pidió que se aclarara en el documento que se trata de un lenguaje que corresponde al “equilibrio que los coordinadores hacen de las peticiones”. También Layda Sansores, senadora del PT, afirmó que le preocupaba la redacción.

Sin embargo, los ocho puntos fueron finalmente votados a favor por senadores de todos los partidos, aunque horas antes legisladores del Partido Verde acusaron a la dirigencia nacional del PRD, a López Obrador y hasta el senador Armando Ríos Pitter de ser responsables de los sucesos de Iguala, hace un año.

Provocador, Pablo Escobar, del Verde, subió a insistir que los responsables de la violencia en Iguala y la desaparición de los normalistas son los gobiernos municipal y estatal que estaban a cargo del PRD.

En esa primera parte del debate, Armando Ríos Pitter, senador guerrerense del PRD, acusó al Verde de hacerle el trabajo sucio al PRI y recordó que, en todo caso, también habría que responsabilizar al presidente municipal de Cocula, que es del PRI.

“¡Qué bueno que José Luis Abarca esté en la cárcel!”, exclamó Ríos Pitter, pero sentenció que los sucesos en Iguala constituyen una “crisis de Estado” y el máximo jefe del Estado es el presidente de la República.

La tesis de que se trata de una “crisis de Estado” y que la responsabilidad máxima es del primer mandatario la defendieron en tribuna los senadores Dolores Padierna, del PRD, Manuel Bartlett, del PT, Angélica de la Peña, del PRD, entre otros.

Por su parte, los priistas subieron a defender la “disponibilidad” de Peña Nieto para reunirse con los familiares de los normalistas y hasta presumieron que los resultados del grupo de expertos del GIEI formaron parte de una orden presidencial.

Omar Fayad, del PRI, reiteró la “solidaridad con los familiares” y condenó el “pleito entre partidos”, al tiempo que otros de sus correligionarios atizaron las acusaciones para minimizar la responsabilidad del gobierno federal.

Graciela Ortiz, también del tricolor, sentenció que “merecemos la verdad, no la manipulación política de los hechos”. A su vez, Manuel Cavazos Lerma enumeró 8 elogios al gobierno de Peña Nieto para recordar que fue un compromiso suyo la investigación del GIEI.

Fuente. homozzaping.com.mx

Ciudad de México, 23 de sep.- A un día de que se reúnan las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa con Enrique Peña Nieto, la tensión política se encuentra al rojo vivo, situación que se percibe en los hechos violentos acaecidos en horas recientes, mientras que en la prensa también, lejos de confirmar alguna verdad, se mantienen visiones opuestas de la realidad, donde algunos ven con claridad un crimen de estado, y otros se empeñan en negarlo.

El diario ElPaís de España, quien reveló la inacción del Ejército mexicano, documentando que a pesar de haber testificado los golpes, agresiones, balazos y levantones contra los estudiantes, no hicieron nada por detener a los criminales, continúa con el análisis del tema, haciendo un recuento histórico que reitera además que las suspicacias en contra del ejército, tienen especial motivo de sospecha en Guerrero.

“Cientos de insurgentes desaparecieron a manos del Ejército y la policía. Hubo centros de tortura y vuelos de la muerte. Aquella trama criminal, amparada por el Estado, nunca se ha sentado en el banquillo, pero su espectro se mantiene vivo, sobre todo, en lugares como la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.”

La impunidad de la que ha gozado el ejército para cometer crímenes de lesa humanidad en Guerrero, ya era motivo suficiente de sospecha e investigación, no obstante ahora las nuevas revelaciones acerca de su presencia en el lugar de los hechos, deberían generar indagaciones de oficio, pues además sigue sin aclararse porque nunca se le puso un alto a César Nava González, quien había sido señalado por el exmilitar director de la policía de Cocula como miembro del crimen organizado, y quien siguió operando bajo la protección de los altos mandos militares de Guerrero.

El diario ElFinanciero subraya además que en su declaración, Gildardo López Astudillo, alias ‘El Cabo Gil’, se reunió la noche del crimen precisamente con César Nava González, lo cual también está documentado en múltiples testimonios; y aunque ha salido a la luz pública la versión de ‘El Cabo Gil’, donde niega haber ordenado la ejecución de la jóvenes; aún no se ha revelado todo el contenido de las declaraciones de César Nava González, pieza clave del caso.

Por este motivo expertos consideran que ya hay suficientes elementos para condenar a múltiples servidores tan solo por acción u omisión, como se detalla en un entrevista de la agencia Apro.

A pesar de las múltiples evidencias y condenas internacionales, periodistas de conocida tendencia como PabloHiriart, aprovechan sus espacios para insistir en que el reporte del GIEI, en ninguna parte dice que “haya sido el estado”, que al contrario, se pide seguir la huella del narco.

No osbtante MartínMoreno de SinEmbargo, publica una columna afirmando lo contrario, que “sin fanatismos”, es necesario aceptar que se trató de un crimen de estado, basándose también en los reportes que documentan la presencia y participación de fuerzas armadas de todos los niveles de gobierno, incluido el federal.

No obstante la búsqueda de culpas no involucra sólo al gobierno federal sino también a las principales fuerzas políticas de izquierda; analistas como CésarRamírez afirman que el PRD debería dar una explicación más amplia de sus vínculos con los Abarca, y responder por el respaldo brindado.

Por su parte el líder del PRD en el Congreso, Jesús Zambrano, acusó directamente a López Obrador y a su gente de ser quien apoyó la carrera política del empresario igualteco, como externó en entrevista con ElFinanciero; esto es algo que el tabasqueño poco ha podido negar, pues es bien sabido que Lázaro Mazón era su gallazo para la gubernatura de Guerrero, y éste a su vez amigo de la juventud y cómplice político de José Luis Abarca. También queda el testimonio del candidato del PRD que fue desplazado por Abarca en el proceso interno, y quien afirma que le informó a López Obrador de la trampa que se estaba gestando en el proceso de elección, a lo que el tabasqueño, complaciente le afirmó que no podía hacer nada; a pesar de que era el líder absoluto del PRD y con aspiraciones de alcanzar la presidencia de la república.

Mientras tanto el diario ElPaís analiza también los hechos violentos registrados en las últimas horas, desde el enfrentamiento en al carretera, hasta los destrozos causados en la Fiscalía de Guerrero, donde se pone de manifiesto el amplio rechazo estudiantil a las fuerzas del estado.

Por su parte las bancadas del PRI y PAN estarían alistando en el senado un acuerdo para solicitar una Fiscalía General de Desapariciones, lo cual se realizaría también con coadyuvancia del GIEI, como expone Reforma.

No obstante que aún están frescas las fricciones de la sesión anterior, donde senadores del PRD, PT y Morena tomaron la tribuna, por la negación de los legisladores del PRI y del PVEM para analizar la respuesta al informe del grupo de expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa.

Quien también se prepara para dejar el cargo es el director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, José Luis Hernández Rivera, quien a más tardar en diciembre de este año dejará el cargo, abriendo espacio a la renovación en la dirección del instituto, como relata Etcétera.

Paralelamente en Iguala peritos de la PGR realizan nuevos procesos para reconstruir los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre, estando a sólo cuatro días de cumplirse un año de la desaparición de 43 normalistas, como abunda ElFinanciero.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México, 22 de sep.- Las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron en lo general y sin cambios el dictamen de la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica, la cual permitirá a los medios de comunicación negar el derecho de réplica a cualquier ciudadano, quien será orillado a iniciar un proceso judicial, enfrentar engorrosos trámites y presentar pruebas físicas del agravio.

Los senadores del PRI, PAN y PVEM votaron a favor y los del PRD y el senador panista Javier Corral, en contra.

La Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias acusa que el ciudadano es el menos beneficiado con esta ley que debería proteger el derecho de réplica. El dictamen –aprobado en diciembre de 2013– llevaba casi dos años congelado.

En esta ley no sólo se contemplan excusas para que los medios nieguen el derecho de réplica y obliguen a judicializar el proceso, sino que eso atenta contra un derecho de réplica expedito, gratuito, equitativo y confiable, como marca el derecho internacional.

Un medio, agencia de noticias, emisoras o productoras independientes pueden negar el derecho de réplica cuando:

• Se trate de transmisiones en vivo y consideren que la réplica ya se realizó.
• Consideren que el afectado no se está limitando a la aclaración de datos, sino que tiene otros fines.
• La información presuntamente inexacta se base en datos oficiales.
• La declaración de un servidor público o provenga de alguna agencia de noticias.

En cualquier caso, el afectado deberá contar con pruebas físicas del agravio, lo que implica solicitar una copia de la emisión o publicación al mismo medio que la transmitió; lo que según la AMDA es un obstáculo para ejercer el derecho de réplica pues no existen garantías de que el medio entregue la prueba requerida.

Según el derecho internacional, la carga de probar los hechos debería caer sobre el medio que difunde la información y no sobre el ciudadano agraviado.

En el marco del debate en las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, los legisladores Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Dolores Padierna y Angélica de la Peña expresaron su voto en contra del dictamen.

El senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, advirtió que esta ley debería establecer plenamente que la réplica es gratuita, expedita y general; sin embargo, se obliga a los afectados a contratar en la misma vía y con el mismo costo un espacio para ejercer su derecho.

“Se está generando de manera disfrazada un nuevo mercado en los medios de comunicación, el mercado de la réplica, donde uno tiene que pagar para ejercer su derecho ante un agravio cometido, ya sea por la autoridad o por un particular”, sostuvo.

Señaló que dicha minuta contradice disposiciones avaladas en reformas aprobadas en materia de telecomunicaciones y político electoral.

A su vez, la priista Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación,respaldó el dictamen al argumentar que el derecho de réplica debe publicarse un día hábil siguiente de la notificación del sujeto de este derecho.

Carlos Puente Salas, senador del PVEM, dijo que el dictamen protege el derecho de réplica ante información falsa o inexacta, y propuso que el costo de una réplica en casos de inserciones pagadas debe estar a cargo de quien la paga no del medio de comunicación.

El senador perredista Benjamín Robles lamentó que aun cuando se llevaron a cabo audiencias públicas con expertos y representantes de la sociedad civil, los argumentos del dictamen siguen siendo los mismos a los que el PRD se opuso en un principio, pues “no le cambiaron ni una coma al dictamen que conocimos”, señaló.

El dictamen íntegro

Dictamen de la nueva ley de réplica

Fuente. Notimex.

Ciudad de México.- La actriz de Televisa, Anahí Puente Portilla, esposa del Gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello ha comenzado a ser criticada por usuarios de redes sociales debido a que durante la ceremonia del Grito de Independencia realizada en Tuxtla Gutiérrez, la cantante usó un vestido valorado en 7 mil dólares, equivalente a 120 mil pesos.

La prenda de color verde fue realizada por el diseñador mexicano Benito Santos, el mismo que confeccionó el vestido de novia que utilizó la Primera Dama de Chiapas el pasado 25 de abril durante su enlace matrimonial con Velasco Coello.

Santos es reconocido por realizar diseños para la Primera Dama de México, Angélica Rivera y a Margarita Zavala esposa del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Miles de usuarios han criticado a la actriz por utilizar una prensa ostentosa, pues Chiapas es uno de los estados con más alto índice de pobreza y marginación.

Manuel Velasco Coello, Gobernador emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido cuestionado por el gasto excesivo que ha utilizado para promocionar su imagen en revistas especializadas en espectáculos.

También se le ha señalado de poner oídos sordos a los problemas sociales y económicos. La nula resolución de conflictos ha sido una constante durante su administración.

Fuente. sinembargo.mx

Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en el Congreso de Guerrero, al considerar que no se cumplieron los límites de subrepresentación y sobrerrepresentación establecidas en la ley, de manera que determinó retirar un diputado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y asignarlo a Movimiento Ciudadano (MC).

Al resolver el SUP-REC-677/2015 y acumulados, el Pleno estableció que con esta asignación se garantiza el equilibrio entre los límites de subrepresentación y sobrerrepresentación en el Congreso de dicha entidad.

En otro asunto, SUP-REC-0635-2015, el Pleno confirmó la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, así como la entrega de la constancia de mayoría, a favor de la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional (PAN).

El magistrado Flavio Galván Rivera señaló que la Sala Superior atiende los plazos establecidos en la ley para resolver los medios de impugnación que se le presentan, de manera que pocos minutos antes de la hora prevista en la legislación, se están atendiendo los recursos, “no porque se pretenda mandar un mensaje de que sí trabajamos las 24 horas o que se resuelve en lo obscurito”.

En este sentido, el magistrado Galván Rivera afirmó que “no tenemos física, jurídica ni materialmente otra oportunidad, no hay alternativa, porque ya no sólo estamos sometidos al calendario electoral de las entidades federativas, sino al calendario de las leyes orgánicas de los congresos, tanto de la Unión como de los estatales y a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que establecen las fechas de instalación de las Legislaturas o la rendición de protesta de los diputados electos”.

Por su parte, el magistrado Pedro Esteban Penagos López indicó que en periodo electoral todos los días y horas son hábiles para efectos de las resoluciones, por lo que la Sala Superior cumple su función jurisdiccional en los plazos previstos en la ley federal y en las disposiciones normativas locales para la integración de los congresos.

Fuente. wradio.com