El asesinato de Luis Donaldo Colosio, el último magnicidio que ha cimbrado a México en la historia reciente, cumple este miércoles 22 años de haber sido perpetrado por un hombre que continúa preso.
El magnicidio que cimbró a México en 1994
La tarde del 23 de marzo de 1994, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República fue asesinado de dos disparos en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, tras finalizar un acto de campaña.
Mario Aburto, el homicida, era entonces un hombre de 24 años que fue atrapado instantes después de que disparó su revólver mientras Colosio caminaba entre los asistentes.
Exdiputado, exsenador, exlíder del PRI y exsecretario de Estado en el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas, el candidato tenía dos meses y 13 días de haber iniciado su campaña.
Pugnas políticas, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, narcotráfico y una idea generalizada entre la población sobre un complot para acabar con la vida de Colosio fueron ingredientes que aportaron un cúmulo de confusiones y dudas a las pesquisas oficiales.
La investigación del magnicidio se prolongó por más de seis años.
El asesino
Durante un tiempo, la única certeza que hubo sobre el asesinato fue que Aburto empuñó su revólver a unos centímetros de la oreja derecha de Colosio para dispararle.
El asesino aprovechó que el candidato se abría paso entre sus simpatizantes, después de que la valla humana que debía protegerlo había sido rota, para acercarse y tirar primero hacia su cabeza y después al abdomen.
En el primer interrogatorio de la extinta Policía Judicial Federal, una hora después del crimen, Aburto aseguró que había planeado sólo herir a Colosio para llamar la atención de la prensa y exponer los problemas sociales del país.
Surgieron versiones de que simpatizaba con el EZLN y que incluso había viajado a Chiapas antes del levantamiento de la guerrilla, el 1 de enero de 1994, o que era miembro de grupos opositores.
En su indagatoria, la Procuraduría General de la República (PGR) encontró que esas versiones no estaban sustentadas, al igual que las que lo vinculaban con la masonería, narcomenudeo, tráfico de ilegales, pandillas y sectas religiosas, entre otras.
La PGR concluyó que el obrero oriundo de Michoacán se interesaba desde joven por los problemas políticos del país, pero sin una definición ideológica precisa ni una afiliación a un grupo beligerante. Era un hombre aislado que había crecido en una familia desintegrada y disfuncional, con baja autoestima, impulsivo, inseguro y con facilidad para mentir.
Las indagatorias demostraron que era el único autor material del crimen; sin embargo, hasta el 2000, la PGR no tenía elementos para concluir si realmente no hubo un autor intelectual.
Aburto fue sentenciado en definitiva a 45 años de prisión en diciembre de 1994 y actualmente está preso en un penal federal.
Una llamada telefónica
Una versión que la PGR indagó fue una supuesta llamada telefónica que Colosio recibió la mañana de su asesinato, en la que se le advertía que debía renunciar a la candidatura presidencial.
La llamada, realizada a la habitación del Hotel Ejecutivo, en Culiacán, Sinaloa, habría sido recibida antes de las 7:00 horas. El candidato supuestamente respondió a su interlocutor que se atendría a las consecuencias de no desistir.
Esa versión fue dada a conocer en octubre de 1995 por el entonces senador perredista Guillermo del Río Ortegón, quien declaró ante la PGR que un conocido de alto nivel le había confiado ese dato.
De gira por Sinaloa, Colosio había pasado la noche en ese hotel, del que salió para continuar sus actos el 23 de marzo por La Paz, Baja California, durante la mañana y mediodía, y Tijuana, por la tarde.
La PGR realizó diversas diligencias para confirmar la versión porque,además de la declaración del senador, recibió dos anónimos que hacían referencia a la llamada.
Sin embargo, tiempo después terminó descartándola, tras corroborar los telefonemas que el candidato había recibido y hecho la mañana de su muerte.
La teoría del complot
Casi un año después del homicidio, la PGR anunció que la muerte de Colosio había sido un complot porque tenía pruebas de la participación de un segundo tirador.
El 24 de marzo de 1995, el entonces procurador Antonio Lozano Gracia anunció la detención en Tijuana de Othón Cortés, un priista que era empleado del aeropuerto de la ciudad fronteriza.
Las investigaciones, bajo la dirección del entonces fiscal especial Pablo Chapa, señalaban que Cortés había realizado el disparo que hirió al candidato en el abdomen, versión que contradecía los primeros peritajes.
Tres testigos imputaron al hombre ser el coautor del asesinato y hubo versiones que sugirieron de que en los meses previos había tenido contacto con el Estado Mayor Presidencial, encargado de la seguridad de Colosio, lo cual fue descartado.
Cortés negó la acusación, tras asegurar que acudió al mitin de Lomas Taurinas porque era miembro del PRI local, de cuyos dirigentes había sido chofer y mensajero.
El hombre salió libre del penal de máxima seguridad del Altiplano, antes llamado Almoloya, el 7 de agosto de 1996, luego que el juez Jorge Pardo Rebolledo —hoy ministro de la Corte— lo absolvió del homicidio al determinar que no existían pruebas de su participación.
Uno de los factores que tomó en cuenta fue que las pruebas mostraban la imposibilidad de que Cortés realizará el segundo disparo, como acusaba la fiscalía.
Al igual que Cortés, otros seis hombres detenidos en diferentes momentos tras el atentado obtuvieron su libertad entre 1995 y 1996, y sólo Aburto permaneció preso.
Cinco días después de la liberación de Cortés, el presidente Ernesto Zedillo ordenó la remoción de Chapa al frente de la Fiscalía Especial y la teoría del complot se fue diluyendo con el tiempo.
La teoría del narcotráfico
Las versiones sobre una implicación de cárteles de la droga en el asesinato de Colosio fueron una constante en los meses y años posteriores.
En su informe final, la PGR da cuenta de haber indagado 28 versiones, conjeturas y presunciones sobre posibles vínculos del narcotráfico con el atentado, la mayoría vertidas en notas periodísticas de México y Estados Unidos.
La dependencia incluso entrevistó sobre el crimen al capo Joaquín el Chapo Guzmán cuando se encontraba preso.
Guzmán, recapturado en enero de 2016, dijo entonces desconocer información al respecto, señalando que estaba en la cárcel desde antes del magnicidio y que sólo en una ocasión Aburto le había hecho comentarios al interior del penal.
Una teoría vertida en 1998 por un exinformante de agencias de Estados Unidos señalaba que el asesinato había sido por órdenes de Juan García Ábrego, excapo del cártel del Golfo, porque Colosio había despreciado una cooperación de millones de dólares para su campaña ofrecida por su hermano, Humberto García Ábrego.
La versión fue descartada al paso de las investigaciones, al igual que conjeturas que relacionaban a narcotraficantes de los cárteles de Tijuana y de Juárez, entonces poderosos en el país.
Una versión incluso llevó en 1997 a personal de la Fiscalía Especial a viajar a Colombia, donde un hombre aseguraba que se escondían tres narcotraficantes del cártel de Tijuana que habían participado en el crimen.
La única línea que tenía relación con drogas y que resultó cierta fue que el candidato del PRI utilizaba en su campaña un jet que, en 1989,había sido asegurado dentro de una investigación contra el hoy extinto Amado Carrillo Fuentes, del cártel de Juárez.
El avión pertenecía a la empresa Taxi Aéreo del Norte, propiedad de Sonia Barragán, esposa del capo, pero tras ser asegurado por la PGR había sido liberado en 1990 y un año después vendido a Aéreo Escorpión, del empresario Ricardo Canavati, quien lo prestó a Colosio.
La PGR concluyó que no existían indicios serios para considerar que cárteles de la droga hubieran intervenido en la planeación del asesinato de Colosio, ni que Aburto tuviera vínculos con narcotraficantes.
Expediente cerrado
Más de seis años después del asesinato, el 20 de octubre del 2000, la PGR decretó la reserva del expediente, que para entonces constaba de 174 tomos, 68,543 fojas y 296 anexos.
El fiscal especial Luis Raúl González informó que sólo Aburto era el autor material e intelectual del crimen y que no había sustento en las hipótesis de un móvil político, crimen de Estado o de otra índole.
Para entonces habían pasado tres fiscales especiales del caso desde 1994: Miguel Montes, Olga Islas y Pablo Chapa.
De manera inédita, en la investigación quedaron asentadas declaraciones ministeriales del entonces presidente Ernesto Zedillo, el presidente Carlos Salinas, gobernadores, y decenas de funcionarios y políticos federales y estatales.
La PGR fijó un plazo de 35 años como periodo límite para el ofrecimiento de nuevas pruebas que pudieran reactivar la investigación y que conllevaran a una hipótesis distinta a la del asesino solitario.
A petición del Senado y la Cámara de Diputados, el gobierno del entonces entrante presidente Vicente Fox, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), analizó el expediente.
No obstante, el 18 de marzo de 2004 la PGR informó a los legisladores que después de revisar la investigación no había encontrado elemento alguno para reabrirla.
Desde entonces la dependencia no ha vuelto a emitir información oficial sobre el caso.
CNN
