Ombudsman recomienda cautela y responsabilidad en caso Apatzingán

Ciudad de México, 23 de abr.- En reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, confirmó que ya investigan también el caso de la masacre en Apatzingán desde el mes de enero, y aunque el ex comisionado Castillo finalmente salió a desmentir las acusaciones, el ombudsman pide calma y responsabilidad para permitir terminar las investigaciones y poder deslindar responsabilidades.

En su encuentro con los senadores el ombudsman nacional se comprometió a intensificar las pesquisas sobre el caso Apatzingán, confirmando que también siguen el caso desde el 6 de enero, fecha en que familiares realizaron la denuncia.

González Pérez evitó responder si participaron elementos de la Policía Federal en el homicidio de civiles, pues advirtió que la “gravedad de las imputaciones que se formulan demanda que actuemos con toda seriedad y responsabilidad a efecto de que las conclusiones a las que se llegue estén sólidamente sustentadas en las evidencias y elementos que obren en los expedientes de queja”, como relata ElEconomista.

De igual forma el titular de la CNDH pidió paciencia para permitir el desarrollo de las indagaciones, y pidió no anticiparse a las conclusiones, como se narra en LaJornada: “No podemos precipitarnos ni anticipar conclusiones de los hechos demandamos una investigación exhaustiva, integral y objetiva. Nuestro mandato constitucional y nuestro compromiso con la sociedad nos demanda el esclarecimiento de estos hechos”.

Por su parte el gobernador michoacano se deslindó de las averiguaciones, y dejó en manos de la procuraduría federal dictaminar el caso y aplicar las sanciones que pudieran aplicar, como detalla Ernesto Martínez.

Mientras tanto el comisionado Castillo salió a desmentir la investigación sobre la matanza de Apatzingán, acusando a los periodistas de estar incurriendo en actos muy graves;  “Lo que haya dicho esta periodista es muy irresponsable, es muy irresponsable, porque se está haciendo un acto tendencioso”, sentenció el comisionado en entrevista en Wradio.

 

 

Redacción. Huellas de México

Militares y policías, en la mira de defensores de Derechos Humanos

Ciudad de México a 20 de abril.- Tras la denominada Guerra contra el narcotráfico emprendida por el otrora presidente Felipe Calderón y la implementación de labores de seguridad pública por parte de mandos militares, las cifras de denuncia por tortura se han incrementado exponencialmente; al respecto, luego de una solicitud de información, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que ha recibido 1,177 denuncias contra igual número de militares, acusados de actos de tortura desde el año 2008, a la fecha; no obstante, en el año 2014 repuntaron las denuncias contra los militares registrándose 714 acusaciones; asimismo, la PGR detalló que en 23 casos, accedió a iniciar el Protocolo de Estambul, para determinar el grado de tortura denunciado, sobre todo durante los procedimientos de detención de personas, publicó El Economista.

En el Reglamento de Deberes Militares dice en una parte su artículo 3/o: “… Se abstendrá de emitir cualquier opinión, salvo el caso de hacer aclaraciones respetuosas…”, al respecto, el columnista Elías Flores considera que dicho documento esta desfasado; “ Se les mete a punta de presiones psicológicas que su superior jerárquico aun cuando las evidencias demuestran que está actuando incorrectamente este no se equivoca y en caso de ser así todo lo solucionará emitiendo órdenes en otro sentido, lo cual es válido para unas Fuerzas Armadas ociosas y de ceremonial como mucho tiempo lo fueron las nuestras, no lo es así para un ejército desplegado y operando, donde el error de un elemento insignificante puede ser perjudicial e incluso catastrófico.”, sentenció Flores.

En ese sentido, el caso Tlatlaya es emblemático y expone que: “se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados, que tuvo como consecuencia de que, cuando menos, 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales”, según la resolución emitida por la Cámara de Diputados.

Adicionalmente, la Cámara Baja detalló que, los impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos en el caso Tlatlaya se encuentran en: La alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por elementos de la Sedena; la tortura e intimidación en agravio de las víctimas sobrevivientes presuntamente por funcionarios del gobierno del Estado de México, y las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial, en las que presuntamente incurrieron servidores públicos del gobierno mexiquense, informó El Economista.

Por su parte, el secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur, indicó que, los dos testigos de los hechos ahora son consideradas víctimas y que se les compensará económicamente por los daños; además, advirtió que se investiga a 28 funcionarios por los supuestos abusos cometidos durante el encubrimiento de la matanza perpetrada por soldados en Tlatlaya, Estado de México, en la que murieron doce personas que ya se habían rendido, detalló Animalpolítico.

A su vez, las recientes revelaciones que arrojo una investigación periodística dan cuenta nuevamente del uso excesivo de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales por fuerzas del orden, en este caso en el municipio de Apatzingán, Michoacán, en donde se presume que policías federales asesinaron a civiles desarmados que protestaban en una plaza pública; al respecto, el pasado 6 de enero, policías federales a bordo de decenas de vehículos irrumpieron en el centro de Apatzingán y abrieron fuego contra civiles, causando la muerte de por lo menos 16 personas y varias heridas; sin embargo, Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en la entidad y recientemente nombrado director de la Conade, indicó que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”.

Y es que, parece que el Ejército en las calles ¡Es un peligro!, de esto da cuenta un estudio estadístico realizado por expertos de la Universidad Harvard que demuestra que los municipios con mayor intervención militar, lejos de pacificarse, registran un aumento de asesinatos, informó Proceso.

En ese sentido, el académico Oliver Linton, refiere: “El gobierno gastó 334 mil millones de dólares para mantener la paz en toda la República, monto que representa un 27.7% del PIB, sin embargo México tiene el primer lugar en secuestros a nivel mundial, y hasta enero de 2015 se extraviaron 9 mil 384 personas, 13 personas desaparecen al día, y aún así el pusilánime Peña Nieto explica que los precios bajos del petróleo son los culpables del ya anunciado recorte de 2016, porque su avaricia no tiene limites, es un judas con corbata, que buscará enriquecerse él, costa de hundir al pobre”.

Además, el informe del Índice sobre la paz global y en México, detalla que los casos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las rencillas entre autodefensas en Michoacán y el choque entre fuerzas federales y grupos del narcotráfico han elevado los índices de inseguridad y “continúa en una espiral de violencia”, publicó Revolucióntrespuntocero.

A su vez, el gran cementerio mexicano como lo han llamado medios internacionales, suma alrededor de 40 posibles fosas clandestinas con indicios positivos con la presencia de restos humanos en el norponiente de Guerrero; al respecto, integrantes del comité de familiares de víctimas de desaparición forzada, Los Otros Desaparecidos, ubicaron los cementerios clandestinos con probable presencia de restos humanos en la zona llamada las Antenas, entre las Parotas y el paraje la Joya, custodiados por personal de la Procuraduría General de la República, reveló El Financiero.

 

 

Redacción. Huellas de México