Ciudad de México a 20 de noviembre.- La primera dama declaró que aunque no es servidora pública detallaría su patrimonio; en ese sentido, Angélica Rivera refiere: “En el año 2008 se me otorgó el uso y goce de la casa ubicada en Paseo de las Palmas 1325 y comencé a vivir en ella en ese mismo año. El contrato que firmé en el 2004 lo dimos por terminado de mutuo acuerdo Televisa y yo, el 25 de junio de 2010, y en el mismo se impusieron obligaciones a ambas partes que describo a continuación: El 25 de junio de 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba; es decir la casa del Paseo de las Palmas. La escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre de 2010”; no obstante, el medio Sinembargo señaló que tras una búsqueda en el Registro Público de Propiedad y Comercio del Distrito Federal (RPP), realizada en marzo de 2013 por este diario digital –tres años después de que las escrituras fueran emitidas a su favor- arrojó que en esta demarcación federal Angélica Rivera Hurtado no contaba con un solo bien registrado bajo su nombre.
Cabe destacar que Angélica Rivera de Peña ha sido criticada principalmente en redes sociales, por sus onerosos gastos en prendas de diseñador, asesores de imagen, maquillistas y peinadores; al respecto, luego de una solicitud de transparencia que realizó el diario Quadratín a la Presidencia de la República -a través de su Dirección de Análisis Jurídico y Gestión Documental- se requirió el gasto erogado por la primera dama, en conceptos tales como guardarropa, asesoría y diseño de imagen, entre otras, la dependencia se negó a informar el gasto que representa para el erario los atuendos de la esposa del Presidente. Al respecto, se indicó que esta petición fue negada, argumentando que no se trata de un servidor público, sino que únicamente ostenta un cargo honorario. Lo anterior, pese a que dichos gastos son erogados a través de la partida presupuestal que el Congreso de la Unión autoriza a la Presidencia de la República para gastos correspondientes a compra de atuendo de gala, vestuario general, accesorios de carácter personal y gastos para invitados especiales.
Por su parte, la politóloga e investigadora Denise Dresser afirmó en entrevista con CNN que, “La polémica por la adquisición de una casa por parte de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, reveló la manera en cómo se usa, ejerce y comparte el poder político y económico en el país”; “la adquisición de un inmueble por parte de la esposa del mandatario mexicano, ocurrió de una forma irregular, sin rendir cuentas, opaca, además de que representa un conflicto de interés, por la relación entre empresarios y el gobierno.”, señaló Dresser .
Luego del escándalo por la mansión de US$7 millones propiedad de su esposa, el presidente Enrique Peña Nieto publicó los detalles de su patrimonio personal. En ese sentido, el documento señala que el mandatario posee cuatro casas, un departamento, cuatro terrenos, joyas, relojes y obras de arte. También posee inversiones financieras, cuentas de ahorro, seguros de retiro, monedas y metales valiosos. El valor de su patrimonio suma más de 48,5 millones de pesos, unos US$3,6 millones según su declaración de bienes publicada por la Presidencia de México.
Para Jorge Fernández Menéndez columnista de Excelsior, “hay un punto central: la señora Rivera presentó, además de los contratos respectivos, su declaración fiscal del año en que compró la multicitada casa y demostró allí ingresos anuales superiores a los cien millones de pesos de los que pagó además más de 30 millones de impuestos.”; Menéndez agregó: “Me encantaría, por cierto, que muchos otros políticos, incluyendo algunos de sus más fervientes críticos y partidarios, hicieran lo mismo. Sólo para saber de qué viven, sobre todo si no se les conoce ingreso remunerado alguno.”
A su vez, el comunicador Carlos Puig, propuso en Milenio que: “la declaración patrimonial que realizó el Presidente sea ley para todos. Nunca más declaraciones patrimoniales sin detalles. Y que sea ley para gobernadores y presidentes municipales con todo y sus gabinetes. Sin pretextos ni tardanzas. Si quieren ser servidores públicos que se sujeten al escrutinio público. Dos: establecer un verdadero sistema de rendición de cuentas y anticorrupción con base en lo que las organizaciones sociales han entregado y trabajado con el Congreso y causa escalofrío en los partidos. Tres: Hacer que el borrador de la Ley de Transparencia, construido con organizaciones de la sociedad civil, hoy en el Senado no sea mutilado por los partidos. Cuatro: Revivir aquella iniciativa para regular la relación de dinero entre medios y gobiernos. Y obligar a la mayoría priista a legislar.”
Por su parte, el escritor José Woldenberg propone un debate más allá de la coyuntura en un contexto que califica de “legítima preocupación por el futuro”; en ese sentido, Woldenberg refiere “tres dimensiones : a) el ejercicio más amplio posible de las libertades, b) un basamento de satisfactores materiales y culturales que posibilite la cohesión social y c) un Estado de derecho digno de tal nombre que regule la conflictividad inherente a toda convivencia.”; al respecto, sólo se ha mostrado avances en el primer punto; “El ejercicio de las libertades se ha expandido como acicate y correlato de un prometedor proceso democratizador que vivió el país. No me canso de repetirlo: México pasó de un sistema de partido hegemónico a otro plural y competitivo, de elecciones rituales y sin competencia a comicios altamente disputados y con ello el mundo de la representación fue habitado por una diversidad de corrientes políticas.”, sentenció el columnista.
Mientras que Carlos Elizondo Mayer-Serra, destacó dos decisiones del presidente Enrique Peña Nieto las cuales calificó de desaciertos; “uno, haber pensado que el tema de la seguridad estaba en camino de resolverse sólo por haber disminuido su exposición en los medios de comunicación y, dos, haber asignado la obra del tren rápido México-Querétaro (obra que, de entrada, no está claramente justificada) al único consorcio que compitió, los otros alegaron falta de tiempo para formular una propuesta. En el consorcio ganador participa una empresa dueña de la casa que está comprando la esposa del Presidente a través de un crédito de esta misma empresa. El que ahora la pretenda vender, y seguramente hasta gane dinero en la transacción, no resuelve nada.”
Redacción. Huellas de México
