Ciudad de México, 6 de sep.- Investigadores independientes concluyeron el domingo que no hay evidencia de que los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad mexicana de Iguala, en Guerrero –sur del país—hayan sido incinerados en un basurero, refutando la investigación oficial.
“No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”, indica el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado a México hace seis meses por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el informe del caso elaborado por el GIEI, se explica que se llega a esa conclusión a partir del resultado de un peritaje realizado por José Torero, un reconocido especialista en incendios, realizada con base en trabajo de campo, examinar las pruebas y contrastar las declaraciones de los presuntos autores materiales.
En sus cerca de 500 páginas, la pesquisa independiente critica la inacción de las fuerzas federales y pone sobre la mesa un “elemento clave” que no ha sido considerado por la fiscalía: un quinto autobús que pudo transportar droga al momento del ataque.
El experto dijo que tampoco existe evidencia que muestre que la carga combustible necesaria para la cremación de cuerpos haya estado en algún momento disponible en las cercanías del basurero, donde solo se han registrado “fuegos de pequeñas dimensiones”.
En definitiva, según Torero, los testimonios de los presuntos miembros del cártel de Guerreros Unidos “indican eventos que no son posibles dadas las condiciones generadas para lo que sería el fuego mínimo necesario para la cremación de 43 cuerpos”.
Los expertos del GIEI han denunciado que algunos de los detenidos les han confesado que sufrieron torturas por parte de las autoridades para obtener la confesión, acusaciones que, exigen en el informe, tienen que ser investigadas.
Torero destacó las limitaciones científicas y técnicas de los estudios realizados hasta ahora para una investigación de naturaleza, “por lo que sus conclusiones son, en su mayoría, erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación”.
Esto pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se ha ido a pique a raíz del trágico crimen.
El presidente mexicano aceptó que lo sucedido con el fotoperiodista y en Ayotzinapa es una vergüenza.
Contradicciones, punto por punto
– Hay más ataques, más víctimas y más actores
Las autoridades siempre mantuvieron que hubo ataques en tres lugares la noche del 26 de septiembre de 2014 protagonizados por policías locales de los municipios de Iguala y Cocula y por sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, todos supuestamente bajo el mando del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Según los expertos, hubo ataques en al menos nueve puntos distintos con un “aumento progresivo del nivel de agresión” y además de esas dos corporaciones participaron agentes municipales de Huitzuco, un pueblo cercano. Asimismo, algunas de las víctimas mortales no murieron en el lugar y el momento descrito por las autoridades.
Aunque oficialmente solo se habla de los seis muertos, 43 desaparecidos y 22 heridos, los expertos cifran en 180 las “víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos” en los diferentes ataques de la noche del 26 de septiembre, la gran mayoría de ellos jóvenes y muchos menores de edad —como los miembros del equipo de fútbol que fueron baleados–.
– Fuerzas federales y ejército, al menos, monitorearon todos los sucesos
Miembros de la Policía Estatal de Guerrero, de la Policía Federal y del ejército monitorearon y estaban informados de todos los movimientos de los estudiantes tanto antes de llegar a Iguala, como durante los ataques.
Según un documento oficial de Protección Civil de Chilpancingo, la capital de Guerrero, en “ciertos momentos” de esa noche, las comunicaciones en el centro de control que conecta a todas las corporaciones de seguridad, el conocido como C-4, estuvieron “intervenidas” y “restringidas” por la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, el ejército. Además, el alcalde de Iguala hizo llamadas telefónicas para informar de la situación y los ataques tanto a mandos de los tres cuerpos mencionados.
Además, elementos de la policía federal y militares estuvieron presentes en los dos únicos lugares de donde desaparecieron los normalistas y miembros del ejército estuvieron en la comisaría local y resguardando los dos lugares donde hubo víctimas mortales, uno de ellos, donde se localizó al estudiante que fue cruelmente torturado y desollado.
Las autoridades no prestaron ayuda a las víctimas.
– El móvil: no se confundió a los estudiantes con narcotraficantes
La versión oficial argumenta que los estudiantes fueron a enturbiar un acto del alcalde de Iguala y su esposa y que fueron confundidos con miembros de Los Rojos, un grupo criminal contrario a Guerreros Unidos, que es el que tenía control de Iguala y estaba infiltrado en las autoridades locales.
Los expertos aseguran que fue una acción con “coordinación y mando” ejercida con un objetivo de “alto nivel”. Sabotear la presentación del alcalde era un motivo inviable porque terminó antes de que llegaran los estudiantes.
Según su investigación, la meta era no dejar salir de la ciudad los autobuses que habían tomado los estudiantes y/o “castigar” a los jóvenes de la combativa escuela. Ponen como ejemplo que alguien al mando decidió liberar a los choferes de los autobuses porque la acción solo era “contra los normalistas”.
“Dada la evidencia, en ese momento, la Policía Municipal de Iguala no tenía elementos para suponer, ni siquiera erróneamente, que perseguía a “Los Rojos””, asegura el documento. “Sabían que se trataba de estudiantes”.
Según el informe, la “hipótesis más consistente” sobre el móvil del crimen y que no ha sido investigada por las autoridades es que la acción de toma de autobuses de los estudiantes para utilizarlos en una manifestación se cruzó con que uno de los autobuses que intentaron tomar podría estar vinculado el trasiego de heroína, cocaína o dinero entre Iguala y Chicago ya que vehículos como ese son utilizados para esos fines criminales, según investigaciones desarrolladas en Estados Unidos.
Ese bus desapareció de la versión oficial, aunque los estudiantes lo mencionaron desde el principio, y no fue atacado por las fuerzas de seguridad.
Los cinco acusados de ser perpetradores directos de la supuesta muerte e incineración de los 43 dijeron a los expertos que fueron torturados.
La revista Proceso publicó una entrevista que muestra la posible intenvención del ejercito en Ayotzinapa.
– No se quemaron los 43 cadáveres de los estudiantes en el basurero
De acuerdo a la investigación de los expertos, no hay pruebas para afirmar que los estudiantes estén muertos ni tampoco que estén vivos. De esta forma, aunque el gobierno mexicano aseguró que los cadáveres de los 43 fueron calcinados en un basurero de Cocula, el informe asegura la “imposibilidad” de un escenario como el descrito por las autoridades: una hoguera en el basurero que duró 12 horas y luego un trabajo de destrucción de los restos hasta convertirlos en ceniza y echarlos al río.
Los peritos consultados por los expertos consideran que no pudo darse un fuego de las características descritas por la fiscalía y no hay precedentes de que el grupo criminal Guerreros Unidos actúe de esta manera.
– Inacción, ocultación y destrucción de pruebas
Diversas cámaras de seguridad que forman parte del sistema de vigilancia en Iguala “estaban inutilizadas”, algunas grabaciones fueron “destruidas” y objetos personales y ropa presuntamente de los estudiantes no fueron analizados ni mostrados a las familias hasta que el grupo de expertos lo exigió.
La fiscalía mexicana impidió al grupo de expertos interrogar a los militares que fueron testigos de los hechos. En algunos casos tardó más de seis meses en tomar declaraciones a testigos clave, como los choferes de los autobuses, y en otros supuso hipótesis que excedían la información disponible.
La ‘verdad histórica’ de la fiscalía
Alegando detentar una “verdad histórica”, la fiscalía mexicana concluyó que, la noche del 26 de septiembre pasado, decenas de estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa fueron atacados por sicarios y policías corruptos en Iguala mientras tomaban a la fuerza cuatro autobuses para sus movilizaciones políticas.
Luego, los policías habrían entregado a los 43 estudiantes -conocidos por su beligerante ideología de izquierda- a narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron por sospechar que eran miembros de un cártel rival.
El entonces fiscal, Jesús Murillo, dijo que gracias a 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos quedaba acreditado que los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero, para después arrojar sus restos al río San Juan.
Según los cuatro supuestos autores materiales confesos, ellos incineraron a los jóvenes durante 12 horas por órdenes del jefe del cártel.
Sin embargo, el laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria) que analizó los restos recuperados en el basurero y en el río San Juan solo pudo identificar genéticamente a uno de los 43 jóvenes, Alexander Mora.
Según Murillo, la identificación de Mora certificaba “que el grupo ahí fue asesinado” porque “él iba con los demás”.
Fuente. univision.com
