23 de mayo 2018 (huellas.mx).- El caso de Nestora Salgado se está convirtiendo en la manzana de la discordia tras el Segundo Debate Presidencial, pues se ha generado todo una serie de señalamientos y acusaciones que dividen a un país, entre quienes la consideran una secuestradora, y quienes niegan estas aseveraciones y la catalogan de ejemplar. Aquí hacemos un recuento de los argumentos y evidencias de forma objetiva.

La polémica sobre Nestora Salgado

Casi de forma inmediata tras las palabras en cadena nacional de José Antonio Meade, candidato de la coalición ‘Todos por México’, donde hizo una cita contenida en una investigación judicial que buscaba incriminar a Nestora Salgado, han surgido múltiples muestras de rechazo, señalando que son falsos los señalamientos del candidato.

“Solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que dar la cantidad de 5 mil pesos”.

La misma Salgado también ha reaccionado, y en conferencia de prensa señaló que demandará a Meade por difamación. Y de igual forma múltiples voces le han manifestado su respaldo, incluyendo la Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la que había sido expulsada meses antes acusada de traición -por sumarse a un partido político, en este caso Morena, quien la postula como senadora plurinominal-.

Por su parte Meade, este martes ha refrendado sus señalamientos de forma tajante.

https://twitter.com/JoseAMeadeK/status/999251199168794624

El conflicto recae en el reconocimiento de los usos y costumbres

Incluso la plataforma oficial de VerificadoMx, realizó un análisis de las evidencias existentes y emitió un artículo explicando que los jueces habían concluido que -a pesar de diversos testimonios en su contra- no había evidencias suficientes para considerarla secuestradora, básicamente porque las acciones estaban encuadradas en procedimientos llevados a cabo por la Policía Comunitaria de Olinalá, comandada por Salgado.

El mismo Daniel Moreno Chávez -de los impulsores de VerificadoMx-, en entrevista con Risco, hizo hincapié en que la liberación -que fue aplaudida por organismos internacionales-, fue por falta de pruebas que respaldaran la acusación, y no por fallas en el debido proceso, como ha venido afirmando gente cercana a la campaña de Meade, como Aurelio Nuño.

https://twitter.com/jrisco/status/999279030955364352

En este mismo sentido, Luis Hernández, cuestionó también al ex secretario de educación, afirmando que las acciones de Nestora, estaban amparados por el artículo 701, que es donde se abre la oportunidad a regirse por usos y costumbres.

Mientes @aurelionuno sobre la comandanta de la CRAC-PC @nestora_salgado. Calumnias como lo hiciste con los maestros cuando eras secretario de la @SEP_mx. Nestora es una mujer ejemplar, una defensora de su pueblo. Siempre actuó al amparo de la Ley 701. https://t.co/dOmtwk3ROK

— Luis Hernandez N (@lhan55) May 22, 2018

No obstante que periodistas como Sergio Sarmiento han sido severos al respecto, y señalan que aunque las acciones de Nestora hayan sido sentenciadas como “no delincuenciales”, en la práctica sí encuadran en actos catalogados como “secuestro”, pues se privaba de la libertad a personas -presuntamente culpables de algún delito- y se pedía una suma de dinero a las familias a cambio de su liberación.

Las detenciones que llevaron a Nestora a tribunales, estaban relacionados con temas de robo de ganado y trata de personas, como presuntamente fue el caso de la menor citado por Meade.

Es decir, gran parte de la polémica radica en interpretar si las acciones de la CRAC-PC eran legales o legítimas, o bien equiparables a un secuestro.

Algunas voces cuestionan que las acciones de Nestora, en verdad se puedan catalogar como “usos y costumbres”, no solo por el hecho de que Nestora Salgado, es también de nacionalidad estadounidense y ha vivido la mayor parte de su vida de adulta en los Estados Unidos, sino porque ella abierta y -legalmente- ha reconocido que no pertenece a ninguna comunidad originaria, sino que su función era como habitante de la cabecera municipal de Olinalá.

Aunque a pesar de estos cuestionamientos sobre ella, en términos reales, la CRAC-PC no solo tiene más de 22 años funcionando en Guerrero, sino que a la fecha cuenta con total reconocimiento oficial, al grado de que incluso recibe subvenciones del estado, tales como patrullas y equipamiento policial, es decir, sus acciones se consideran “legales”.

La misma CNDH se ha pronunciado al respecto, pues aunque señala la legitimidad de recurrir a los usus y constumbres, tras revisar a fondo los casos, concluyó que sí se habían registrado casos equiparables a la tortura, por lo que ha recomendado mayores reglamentación al respecto.

También existe intriga respecto al dinero recabado a través de estos procesos, pues aunque algunos defensores señalaban que se trataba de “fianzas”, algunos autores aluden casos donde las sumas solicitadas ascendían a varios cientos de miles de pesos. Este tipo de transparencia, que podría ser usada en defensa de Nestora, no se está explotando, quizás porque no se tiene o porque no se transparenta de forma suficiente.

Candidaturas, bajo cuestionamiento

Aunque otro punto que está causando críticas hacia Nestora, es el hecho de que está mintiendo en relación a una supuesta exoneración de sus acciones, en lo cual coincide también la plataforma de Verificado y diversos analistas, quienes hacen referencia al hecho de que el Ministerio Público aún tiene la opción de aportar más pruebas y reactivar al menos 3 procesos penales que continúan vigentes.

No obstante, también vale la pena señalar, que el tener procesos vigentes en contra no es motivo para anular una candidatura, incluso José Antonio Meade los tiene, como apuntó Daniel Moreno.

Lo que sí es impedimento para una senaduría es el hecho de contar con una ciudadanía extranjera, por lo que aún está pendiente también la renuncia de Nestora a su ciudadanía estadounidense, como ya lo ha hecho Napoleón Gómez Urrutia.

Ciudad de México, 18 de mar.- Finalmente después de 31 meses presa, la mañana de este viernes salió libre Nestora Salgado, líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, a quien pretendían involucrar con un homicidio y secuestro.

Fue el día de ayer alrededor de las 18 horas que el juzgado 67 con sede en la Ciudad de México, decretó el auto de libertad, después de que los jueces de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, Guerrero, determinaran que no había elementos para vincular a Nestora con crimen alguno.

En el lugar fue recibida por miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quienes hicieron campaña para su liberación durante todo este periodo.

Nestora salió alredor de las 10:30 horas del penal de Tepepan, meses antes había logrado reducir considerablemente el crimen que asolaba la región de La Montaña guerrerense, donde es considerada una líder comunitaria.

Redacción. Huellas.mx
Foto ElUniversal

Ciudad de México, 17 de mar.- Tras 31 meses de permanecer en prisión, un juez dictó dictó hoy auto de formal libertad a la activista social y comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado.

De acuerdo con distintas fuentes de organizaciones civiles, este viernes después de las 8:00 de la mañana Nestora abandonará el penal de Tepepan. El Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS) confirmó su liberación esta tarde. Antes, su abogado dijo que Salgado había manifestado que tras su encierro viajará a Estados Unidos para recibir atención médica.

Durante el tiempo que estuvo recluida, dijo, no recibió el tratamiento y medicamento necesarios. Nestora tiene ambas nacionalidades: la mexicana y la norteamericana.

Grupos civiles mexicanos y extranjeras exigieron al Estado mexicano que la liberara, lo mismo que un panel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los grupos civiles han calificado el caso de Nestora Salgado como “representativo”, ya que el propio Gobierno de Guerrero la calificó como una presa política por su rol como Comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá.

La líder de la policía de la Montaña de Guerrero fue detenida el 21 de agosto del 2013 por elementos del Ejército. Se le adjudicaron cargos por su supuesta implicación en 50 secuestros. Y posteriormente fue recluida en el penal de máxima seguridad de Nayarit. Todas estas medidas fueron impugnadas por sus abogados defensores.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) tendría dentro de sus funciones detener personas. En varias ocasiones, los procesos ameritaban simples castigos de trabajo voluntario. Sin embargo, algunos detenidos acusaron haber sido maltratados y que sus detenciones fueron, más bien, secuestros.

“La aprehendieron por cinco supuestos secuestros, pero los siguientes días la suma llegó a 50 que se repartieron en tres procesos. En todos ya se determinó su libertad [la semana pasada]”, detalló el abogado Sandino Rivero Espinosa en entrevista realizada la semana pasada.

El involucramiento de Nestora con la CRAC-PC no se dio sino hasta en el último lustro, con el arrecio del narcotráfico en la zona.

Antes, a los 20 años huyó de la violencia doméstica, junto a sus tres hijas, rumbo a Estados Unidos. Allá realizó trabajos domésticos y no regresó a Olinalá sino hasta varios años después, cuando logró la ciudadanía de ese país y empezó a viajar una o dos veces al año a México.

Acostumbraba llevar víveres y ropa a los miembros de su comunidad. El grupo criminal Los Ardillos, junto a Guerreros Unidos, tienen presencia en el municipio del cual es oriunda y en el 2012 su inmersión con los problemas de la comunidad la llevó al cargo de Comandante de la policía comunitaria.

Sin embargo, pese a que los grupos de autodefensa en Guerrero están reconocidos en la propia Ley 701 como auxiliares de las fuerzas de seguridad pública estatal, y, además, el ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero les dio recursos para la compra de armas y equipo, las operaciones de la policía comunitaria no terminan por ser avaladas en todos los ámbitos.

La semana pasada, tres jueces ordenaron su libertad, pero la Fiscalía volvió a notificar otros tres cargos, en los juzgados de Huamuxtitlán, Tlapa y Ayutla, por lo que Nestora no pudo ser dejada libre.

Esta semana, según explicaron los abogados, se tomaron las declaraciones preparatorias de esas tres ordenes de aprehensión.

El Comité Nestora Libre ha abogado por el deterioro de la salud de Nestora durante su estancia en los penales. De 44 años de edad, Nestora padece problemas en el hígado y riñones. Asimismo, las huelgas de hambre emprendidas por más de 30 días con el fin de visualizar su caso han afectado una condición de gastritis.

“Su salud es buena. Sin embargo, ella sufrió un accidente automovilístico hace más de 10 años. Y viene arrastrando esas secuelas”, dijo Sandino.

NESTORA Y SU RESPONSABILIDAD

A pesar de que la Coordinadora tiene cientos de integrantes, a Nestora la Fiscalía la acusó de ser responsable por los secuestros.

“En particular detuvieron a Nestora y a otros nueve líderes que hay en Guerrero porque son la gente más emblemática que era más conocida, y era una forma de dar un mensaje a toda la coordinadora”, dijo Sandino.

Distintas organizaciones se opusieron en su momento a la liberación de la líder comunitaria. Entre ellas, Alto al Secuestro y México SOS, que dirigen Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, respectivamente.

El 13 de enero del 2015, Martí acusó que el Gobierno de Guerrero se había vuelto “narcoguerrillero”, por la convivencia entre autoridades y otros grupos. En conferencia de prensa presentó a cinco personas que aseguraron haber sido secuestradas por la Coordinadora.

“Desconozco cuál sea el móvil de estas personas. Pero al no haber un proceso donde haya sentencia, la presunción de inocencia siempre prevalece. Pero, fíjese, esto va más allá de un problema de particulares [en referencia a Martí y a Wallace], se trata de un proyecto de comunidades indígenas que pretenden su autodeterminación”, dijo Sandino.

El caso de Salgado es otro que ha traspasado las fronteras. El 23 de diciembre de 2014 los abogados de Nestora, Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que urgiera al Gobierno mexicano la protección en prisión de la comandanta.

En respuesta, la CIDH ordenó al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomienden los especialistas”, y dio un plazo de 15 días a las autoridades mexicanas para que informen de la atención a sus recomendaciones.

Alejandra Gonza, abogada de Nestora ante la CIDH y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Seattle, detalló que hubo intención deliberada del Estado por desarticular a la Coordinadora.

“Yo creo que sí había una clara intención del Gobierno de desarticular la organización de justicia y seguridad que supone la organización indígena. A través de justamente el encarcelamiento de sus líderes. Llévamos más de 30 meses en espera sin que los juzgados hayan tenido en cuenta algo bastante obvio, y es que justamente se trata de una organización amparada en la Ley, Constitución, y tratados internacionales de derechos indígenas”, dijo.

A principios de febrero, un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) determinó que la detención de Nestora Salgado fue “ilegal y arbitraria” en tres distintas categorías.

Éstas incluyen por la forma en que se realizó, por las autoridades que lo realizaron y su traslado ordenado por el poder Ejecutivo. Por lo que se solicitó al Gobierno su inmediata liberación y compensación.

sinembargo.mx

Ciudad de México a 3 de junio.- El país está reprobado en temas de justicia y seguridad; asimismo, México está considerado como un peligro para los disidentes y activistas; al respecto desde testimonios, hasta estudios internacionales posicionan al país muy por debajo del ranking de justicia.

Pésimamente calificado está el país en lo que respecta a temas penales, de seguridad y corrupción; en ese sentido, México fue situado en el lugar 99 de 102 en materia de orden y seguridad, concluye la edición 2015 del Índice Mundial de Imperio de la Ley, un estudio del World Justice Project que mide más de 40 factores que permiten dimensionar en la realidad práctica, la existencia del Estado de Derecho en la vida cotidiana de los ciudadanos, informó Reforma.

Al respecto, el sacerdote y activista, Alejandro Solalinde, declaró: “Los defensores de derechos humanos nos enfrentamos a todo tipo de agresiones, estamos en la mira, están preparadas para nosotros las falsas acusaciones y las difamaciones, siembra de droga, de armas. En cualquier momento nos pueden fincar el delito que se les ocurra a las autoridades y al gobierno, con tal de meternos en las cárceles, las cuales también son controladas por ellos”; asimismo, el defensor de los migrantes, agregó: “ellos controlan el aparato de justicia y las corporaciones, es así como las prisiones se convierten en un lugar escarmiento para los defensores de derechos humanos, opositores y disidentes al gobierno. En mi caso no tengo miedo y seguiré, hasta el último momento, luchando y hablando, porque respondo a mi conciencia, si yo callo, sería una traición a mi conciencia y a la gente, porque la sociedad tiene que enterarse de las atrocidades del gobierno, ya que hay sociedad que todavía está dormida, pero también muchos más están despertando”, expresó Solalinde.

En ese sentido, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, lleva 28 días en huelga de hambre, lo que ha deteriorado considerablemente su salud; al respecto, Salgado perdió 6 kilos de peso, tiene problemas con el páncreas, inflamación en el hígado y los médicos advirtieron que de continuar sin alimentos puede tener daños irreversibles a su salud; no obstante, la activista está dispuesta a mantener su protesta hasta alcanzar su libertad y la de los demás integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y del líder opositor a la construcción de la presa La Parota en Acapulco, Marco Antonio Suástegui, informó el abogado Leonel Rivero Rodríguez.

Por su parte, el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, promulgó las reformas en materia de oralidad familiar, a través de las cuales se “empodera a la mujer”; al respecto, el mandatario capitalino indicó que a través de los juicios orales se hace una justicia más transparente y expedita, con más cercanía y contacto entre el juzgador y las partes que van a atender la nulidad del matrimonio, la pérdida de la patria potestad de menores acogidos por una institución pública o privada, de asistencia social, o un juicio especial de levantamiento de acta por la asignación para la concordancia del sexo, entre otras.

Redacción. Huellas de México

Distrito Federal— Después de estar 21 meses recluida en el penal federal para mujeres de Tepic, Nayarit, la ex líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan.

Leonel Rivero, abogado de la mujer de 43 años de edad, que cumplió 24 días en huelga de hambre, informó que ésta fue ingresada a la Torre Médica del penal capitalino para ser evaluada clínicamente.

En entrevista afuera del penal, explicó que el operativo estuvo a cargo de las autoridades de Guerrero, quienes fueron las que dispusieron de una aeronave para trasladar por aire a Salgado de Tepic a Cuernavaca, Morelos, y de ahí por tierra a Tepepan.

Salgado fue ingresada a las 14:50 horas abordo de una camioneta Honda Pilot, con vidrios polarizados y placas del estado de Guerrero HFR1525.

“Ahorita está la esposa del gobernador adentro con ella, la vino acompañando durante todo el viaje”, indicó minutos después de que se dio el ingreso.

Salgado tiene tres causas penales abiertas por los delitos de secuestro y privación ilegal de la libertad, supuestamente cometidos cuando estaba a cargo de la Policía Comunitaria, acusación que ella ha rechazado, pues sostiene que las detenciones realizadas las hizo en el desempeño de sus funciones.

“Hubo también una acusación federal por delincuencia organizada, pero de ésta ya fue absuelta porque evidentemente no hubo tal delincuencia organizada, ella era parte de la Policía”, señaló Rivero.

En febrero pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Estado Mexicano que adoptara medidas cautelares para preservar la vida y la integridad de la ex líder policiaca.

Entrevistado vía telefónica, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que el Estado Mexicano ha garantizado la integridad y la salud de Salgado, y que, al estar en Tepepan, tendrá mayores facilidades para atender su salud.

“Nosotros en todo momento hemos estado al pendiente de su salud, sin embargo, los abogados y la familia de Nestora nos plantearon la posibilidad de este traslado y en virtud de que el asunto federal fue ya resuelto a favor de Nestora, hicimos la gestión con las autoridades de Guerrero”, señaló.

Fuente. Rolando Herrera/Agencia Reforma

Ciudad de México a 14 de mayo.- La tortura una práctica arraigada en el país y denunciada internacionalmente nuevamente es foco de atención luego de las recientes revelaciones del caso Ayotzinapa.

Mientras que familiares de la activista Nestora Salgado García –quien lleva nueve días en huelga de hambre en un penal en Tepic, Nayarit–, así como parientes de otros policías también presos y acusados de secuestro por su labor en contra de la delincuencia organizada en Guerrero, anunciaron que iniciarán bloqueos carreteros e incluso una movilización hacia la Ciudad de México si no se libera a esta personas recluidas; al respecto, en conferencia de prensa, Cleotilde Salgado y Geovanni Torres, hermana y sobrino de Nestora, informaron que la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero, sigue en ayuno sin que las autoridades hayan considerado la petición de trasladarla a otro penal en la Ciudad de México; por lo que, si antes del próximo 2 de junio no tienen una respuesta, harían un plantón en la capital del país el 3 y 4 de junio, antes de las elecciones del 7 de junio.

Además, la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, es decir la versión oficial respaldada por Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), de los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, respecto a la muerte de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, que concluye fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula, Guerrero, y luego desechados en el Río San Juan, fue obtenida mediante el testimonio de tres presuntos coautores de la masacre mediante prácticas de tortura, reveló Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh), en entrevista con Sinembargo.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México a 12 de mayo.- Las protesta o la disidencia en México en muchos casos es reprimida y de ello dan cuenta, desde los trabajadores que en un acto de supervivencia se inconforman para mejorar su calidad de vida o bien las y los lideres comunitarios que aparecen altivos y desafiantes a la injusticia de sus pueblos.

Al respecto de las protestas de jornaleros de San Quintín, Baja California, la antropóloga Gisela Espinosa Damián, narró que los trabajadores “viven con bajos salarios, largas jornadas de trabajo, contacto con agroquímicos, falta de contrato y pésimas condiciones de vivienda”; asimismo, comentó sobre la huelga de los días 16 y 17 de marzo, en la que refiere: “miles de jornaleros, cerraron la carretera Transpeninsular y fueron desalojados y detenidas diversas personas.”; Espinosa Damián afirmó que las mujeres de la región comparten muchas de las injusticias junto con los hombres jornaleros, que está viviendo la población que trabaja en campos agrícolas, publicó Aristeguinoticias.

Por otro lado, Leonel Rivero Rodríguez, abogado de Nestora Salgado García, ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá en Guerrero, señaló que no hay fundamentos legales para que la activista esté recluida en un penal federal; por lo que, se ha solicitado que Salgado sea trasladada a un reclusorio donde tenga atención médica; Nestora, quien permanece en huelga de hambre desde el pasado martes 5 de mayo en el penal de Nayarit, está recluida acusada de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro que es un delito del fuero común, por lo tanto no debe estar en una prisión federal, indicó su defensor.

Redacción. Huellas de México