duartess
The logo of Swiss agrochemicals maker Syngenta is seen in front of a cornfield near the company's plant in Stein near Basel September 18, 2012.  REUTERS/Arnd Wiegmann

El gigante Syngenta ya es chino; EEUU preocupado

23 de mar.- Diversos senadores republicanos han comenzado a ejercer presión para que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se exprese ante la compra de Syngenta AG, uno de las mayores corporaciones del planeta en la producción de pesticidas y semillas, la cual fue adquirida por China, a través de su empresa paraestatal China National Chemical Corp (ChemChina).

La millonaria transacción, fue de 43 mil millones de dólares según reportes del Wall Street Journal, la empresa suiza, es también uno de los mayores expertos del planeta en alimentos geneticamente modificados, y el año pasado habían rechazado una oferta de su competencia estadounidense Monsanto.

El tema genera preocupación en los Estados Unidos por muchos otros motivos, de entrada, la superempresa agrícola ChemChina, se convertirá en un nuevo gigante valorado en al menos 100 mil millones de dólares.

Además Syngenta cuenta con plantas químicas de alta tecnología en los Estados Unidos, las cuales incluso contaban con sistemas de protección del Departamento de Seguridad para evitar infiltración terrorista, lo cual tendría implicaciones en la seguridad nacional, señaló el senador Chuck Graslley.

Por su parte China finalmente concretó la compra, después de que meses atrás había lanzado una oferta por 41 mil millones de dólares, se considera que esta transacción está motivada por las presiones en China para mejorar la producción y reducir su crecimente nivel de importaciones alimentarias.

 

apocaliptic.com

 

Monsanto

SCJN veta soya trasgénica de Monsanto por amenazar la miel

Fue unánime. Los cinco ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dieron la razón a 25 mil familias de las comunidades mayas de Campeche y Yucatán afectadas por la  producción de soya transgénica de la empresa Monsanto, y anularon el permiso dela gigante trasnacional para continuar con la siembra, hasta que sometan a consulta pública la información y las afectaciones que esta actividad genera.

Aunque los efectos totales del amparo aún están por conocerse, el abogado de las comunidades afectadas Jorge Fernández confirmó que una vez notificada la sentencia,la empresa estaría obligada a detener la producción de  soya modificada.

“Los ministros por unanimidad decidieron que se había violado el derecho que tienen las comunidades y que está  consagrado en la Constitución y en tratados internaciones, para que se les consulte con toda la información disponible y en su idioma de cualquier tema que afecte su entorno y ellos decidan si dan su autorización o no” dijo en entrevista.

Sin embargo, agregó el abogado, en su debate y pronunciamiento los ministros no abordaron la otra parte del amparo relacionada con el daño ambiental que ya causó la empresa, luego de que el gobierno federal le expidió permisos para  sembrar la soya transgénica pese a dictámenes ambientales que advirtieron del riesgo para el ecosistema.

“A reserva que revisemos el documento completo de la sentencia tenemos que lamentar que una vez más el tema de los derechos ambientales quede de lado aun en la Corte; creemos que los ministros se quedaron cortos al no tratar el tema ambiental  que sí abordaron en un inicio los jueces de los amparos originales” señaló Fernández.

Araceli Pech Martin, originaria de la comunidad de Hopelchen en Campeche,  y que acudió a la sesión de la Corte en representación de todas las familias afectadas por la siembra de la soya, advirtió que los tiempos en los que se podían pisotear los derechos de las comunidades indígenas ya quedaron atrás.

“El haberle ganado a Monsanto es un referente muy importante para nosotros y es tiempo de que las comunidades indígenas defendamos nuestros derechos porque por años nos hemos acostumbrado  que pasen sobre ellos y no reclamamos. El camino se está abriendo para ello” dijo en entrevista.

La sentencia de la Segunda Sala, agregó Francisco Martínez Esponda, director Regional de la organización no gubernamental Centro Mexicano de Derechos Ambientales, también servirá de referente para otros procesos que ya se encuentran en curso relacionados con daño provocados en comunidades indígenas, principalmente de Chiapas y Quintana Roo.

Ni siquiera les preguntaron

El derecho mexicano e internacional respalda a las comunidades indígenas para que sean consultadas y tomadas en cuenta si su entorno pretende ser intervenido en cualquier forma. El articulo 2 de la Constitución y en el 108 de la Ley de Bioseguridad, subrayan que las comunidades tienen la garantía de ser consultadas de forma libre e informada.

De la misma forma el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la declaración de Naciones Unidas sobre seguridad de los Pueblos Indígenas, refirman el derecho de información y consulta de las comunidades.

Pero nada de eso ocurrió en el caso de Monsanto. Los ministros de la Segunda Salaconcluyeron que las 25 mil familias de las distintas regiones mayas de Yucatán y Campeche donde se siembran la soya transgénica nunca fueron consultadas sobre lo que se iba a hacer en el territorio donde viven.

El resultado a los pocos meses fue una afectación considerable en las zonas de cultivo y trabajo de las que dependen las comunidades, pues no hubo ningún tipo de previsión ni preparación al respecto.

“Nosotros tenemos que estar en la consulta porque no pueden consultar a quien no está afectado.  Y el tema no es si solo siembra o no esta soya sino como protegen a las comunidades mayas e indígenas con todos sus recursos naturales y la biodiversidad que tanto daño se está haciendo con esta agricultura industrial y como nos pueden proteger” señaló Pech Martin.

Uno de los daños de mayor consideración fue para las actividades de apicultura de la región, es decir de la producción de miel, actividad fundamental de la que dependen la mayoría  de las familias de las regiones afectadas.

Las abejas, explicó Pech, comenzaron a  morirse por las fumigaciones aéreas hechas para los cultivos de la soya transgénica.

“Tenemos también  el riesgo de la contaminación de la miel con el rastro del polen transgénico… estamos disminuyendo el volumen de producción y esto se debe a que hay grandes extensiones de deforestación y a que hay una pérdida de especies que necesitan las abejas para el néctar y el polen” señaló.

En ese contexto, la segunda Sala de la Corte, que preside el ministro Alberto Pérez Dayan, determinó que los permisos para la producción de la soya no pueden continuar hasta que se haga la referida consulta.

El abogado Jorge Fernández explicó que no se trata de una encuesta al vapor ni de un proceso sencillo, pues la consulta pública no solo conlleva preguntas sino información clara y honesta sobre las afectaciones que se produzcan en el medio ambiente, y que  debe ser presentada en los idiomas y dialectos de los pueblos.

“Hay toda una serie de mecanismo y metodología y es por eso que se dará vista a varias instancias de gobierno entre ellas la Comisión para los Pueblos Indígenas, para que se comience a trabajar en este procedimiento” agregó el litigante.

Impunidad ambiental

En 2011,  tres instancias especializadas, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Ecología (INE) emitieron dictámenes en los que identificaron el daño tanto al agua, como a la flora y fauna que podría originar la siembra de transgénicos en Campeche y Yucatán.

Pese a lo anterior, Monsanto recibió los permisos oficiales de instancias como Semarnat y Sagarpa para iniciar la siembra y cosecha de la soya genéticamente modificada.

En 2012, tres jueces federales de Campeche y Yucatán concedieron distintos amparos a las comunidades, en los que se reconocía que hubo una violación no sólo por la  falta de consulta sino en el derecho que establece la Constitución para poder vivir en un medio ambiente sano.

Sin embargo, según lo explicado por el abogado Fernández, los ministros de la segunda Sala de la Corte dejaron de lado esta situación en el debate que  sostuvieron, y abordaron únicamente lo relacionado con la falta de consulta en las comunidades.

Tenían que haberse tomado en consideración los dictámenes ambientales que había en el expediente y que no acataron las autoridades federales (…) nosotros consideramos que es una violación trascendental que tenía que haber analizado la Corte, sobretodo porque si lo vieron los jueces de distrito. Falta ver en engrose pero parece se run tema que no le entraron” dijo el abogado.

Consideró que aun cuando la Corte ha tenido resoluciones favorables hacia las comunidades indígenas como la del caso Monsanto, sigue quedando como pendiente el tema del derecho ambiental en varios expedientes.

Martínez Esponda, del Centro Mexicano de Derecho Ambientales, dijo que no es un dato  menor que las zonas mejor conservadas en temas ambientales del país son aquellas en las que precisamente habitan comunidades indígenas, por lo que cualquier intervención unilateral es de la mayor relevancia.

“Cuando el estado mexicano toma decisiones como las de este caso (Monsanto), es decir expedir un permiso para la siembra de soya transparencia sin medir lo que esto implica y las afectaciones que genera, violenta el paradigma de los derechos humanos pero también el patrimonio cultural y ambiental” dijo.

En ese contexto subrayó que esperarán para ver si en el documento final del amparo se considera el tema ambiental, luego de que en el debate no se hizo mención al mismo.

Aun con lo anterior, Martínez Esponda celebró el que se esté avanzando con estas sentencias a un Estado que reconoce los derechos de las comunidades indígenas y su entorno, sobretodo en vísperas de nuevos procesos que vienen como los relacionados con as actividades minera so de uso de agua también en áreas protegidas.

 

animalpolitico.com

images(5)

Chefs mexicanos exigen a EPN evitar luz verde al maíz transgénico

El Colectivo Mexicano de Cocina, conformado por un grupo de chefs reconocidos, lanzó un llamado este martes al presidente Enrique Peña Nieto a impedir la siembra de maíz transgénico en el país.

El grupo de expertos en alta cocina manifestaron su oposición a la posible siembra de este tipo de maíz en México, luego de que el pasado jueves el Juzgado 12° de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito dejó sin efecto la medida precautoria que impedía la evaluación de nuevas solicitudes de permiso y el otorgamiento de permisos para la liberación experimental, piloto y comercial de la siembra de maíz genéticamente modificado.

“Los integrantes del Colectivo Mexicano de Cocina y los abajo firmantes, reiteramos nuestra oposición a la evaluación y otorgamiento de permisos para la siembra de maíz genéticamente modificado en nuestro país”, señala el comunicado.

Entre las razones para oponerse que exponen los chefs, como Enrique Olvera, Mikel Alonso, Mónica Patiño, Benito Molina, y Paulina Abascal, entre otros, están que el cultivo de estos productos atenta contra la diversidad de los maíces nativos; la tecnología de cruzar artificialmente el ADN de las especies plantea efectos colaterales, y que los agroquímicos que acompañan la siembra de maíz transgénico pueden representar un peligro para la salud.

Diversos países miembros de la Unión Europea, precisó el grupo, se niegan a cultivar transgénicos en sus territorios a causa de los posibles daños que dichos productos pueden provocar a la salud humana y al medio ambiente.

Además, el colectivo pidió al Gobierno federal que, través de las instancias correspondientes, exprese una postura clara y firme al respecto.

“Por nuestra parte, los integrantes del Colectivo Mexicano de Cocina, así como nuestros colegas en otras partes del mundo, quienes nos han manifestado su apoyo y solidaridad frente a este tema, estaremos alerta en espera de una resolución adecuada, y nos mantendremos atentos a la forma en que se desarrollan los acontecimientos”, dice el texto.

 

 

Fuente. cnnexpansion.com

Las_semillas_mutantes_de_maiz_y_el_Santuario_transgenico_de_Monsanto_en_san_Luis

Guerra sucia contra los pueblos del maíz

Por Silvia Ribeiro

El 19 de agosto 2015, el juez Francisco Peñaloza Heras, del Juzgado XII de Distrito en Materia Civil, canceló la medida precautoria que desde hace dos años mantiene suspendida la siembra de maíz transgénico en México en respuesta a una demanda colectiva por los daños que estos granos causan a la biodiversidad y la salud. Sin embargo, la suspensión sigue vigente, ya que su decisión fue inmediatamente apelada por Colectivas AC, representantes legales de la colectividad de 53 ciudadanos y 20 organizaciones que presentaron la demanda en 2013.

La forma en que el juez Peñaloza tomó la decisión, ignorando los argumentos de los demandantes y científicos independientes, pero basándose en los dichos de Monsanto y otras empresas, es otro escalón en la guerra sucia contra el maíz campesino y los pueblos del maíz.

En sincronía con su decisión, las trasnacionales de transgénicos desataron un aluvión de comentarios a la prensa asegurando que estaba liberada la siembra. Como denunció René Sánchez Galindo, abogado de la colectividad demandante, “Monsanto inició una nueva campaña de mentiras, ya que es falso que la siembra de maíz transgénico estuviera liberada”.

Las mentiras de la empresas de transgénicos no se limitan solo a los aspectos legales de la demanda. Dedican mucho tiempo y recursos a falsear datos ­para ocultar lo que realmente pasa con los transgénicos en los países donde su siembra es masiva, como Estados Unidos, país sede de Monsanto.

La realidad, basada en estadísticas oficiales de ese país durante casi dos décadas (no en estudios puntuales financiados por las empresas que toman datos parciales) muestra que los transgénicos son más caros que los híbridos que ya existían, que en promedio su rendimiento es menor y que han provocado un aumento exponencial del uso de agrotóxicos, con efectos devastadores en suelos, agua, y surgimiento de más de 20 “supermalezas” resistentes al glifosato. La industria afirma que el maíz manipulado con la toxina Bt disminuyó el uso de agrotóxicos, pero omite explicar que las plagas se han ido haciendo resistentes al Bt, y que luego de una inicial disminución, el uso de agrotóxicos ha ido aumentado cada año. Por ello, las empresas están abandonando la venta de semillas de maíz Bt, para vender maíces transgénicos con rasgos apilados, o sea junto a Bt, tolerantes a uno o más herbicidas de alta toxicidad, como glifosato, glufosinato, dicamba y hasta 2,4-d, con lo cual el aumento del uso de tóxicos se multiplica vertiginosamente.

Las empresas aseguran también que es posible la “coexistencia” de maíz transgénico con el maíz campesino. Existen múltiples estudios científicos y estadísticas en muchos países que demuestran lo contrario: donde hay cultivos transgénicos, siempre habrá contaminación, sea por el polen llevado por viento e insectos (a distancias mucho mayores de las “previstas” por las leyes) o por el trasiego en transportes, almacenamiento, puntos de venta, donde no hay segregación de transgénicos y otras semillas. Muchos estudios en México, incluidos los de la propia secretaría de medio ambiente (Semarnat), muestran cientos de casos de contaminación transgénica de maíces campesinos, aún cuando su siembra es ilegal. Legalizar la siembra aumentaría brutalmente esa contaminación que amenaza directamente la biodiversidad y el patrimonio genético agrícola más importante de México, legado por los millones de campesinos e indígenas que lo crearon y lo siguen manteniendo.

En Estados Unidos la contaminación transgénica es omnipresente. Monsanto hizo de ello un negocio: demanda a las víctimas de contaminación transgénica por uso de sus genes patentados, lo cual le ha redituado cientos de millones de dólares en juicios o acuerdos fuera de juicio. Recientemente Monsanto declaró que no va demandar a agricultores en México. Sería absurdo creerlo. Por supuesto lo harán, cuando tengan las condiciones para ello. Ya desde 2004, Monsanto publicaba en periódicos de Chiapas avisos que advertían que el que usara “ilegalmente” sus genes patentados en “importación, siembra, guarda, comercialización o exportación” podría sufrir cárcel y multas mayores. Además instigaban a que si usted “conoce alguna situación irregular”, se contactara con Monsanto, para evitar ser acusado de “cómplice”. Si no siguió adelante fue porque no tenía el marco legal para ello, tema que ahora presionan por corregir.

Las trasnacionales mienten cuando afirman que los transgénicos son inocuos a la salud. De partida, los cultivos transgénicos tienen un nivel hasta 200 veces más alto de residuos de glifosato, herbicida que la OMS declaró cancerígeno en marzo 2015. Y casi cada mes se publican nuevos artículos con evidencia de daños de los transgénicos a la salud o al medioambiente.

Por ejemplo, el 14 de julio 2015, la revista científica arbitrada Agricultural Sciences, publicó una investigación del Dr. Shiva Ayyadurai, que muestra que la soya transgénica acumula formaldehído, sustancia cancerígena, junto a una disminución drástica de glutatión, antioxidante esencial para la desintoxicación celular. El estudio analizó 6497 experimentos de 184 instituciones científicas en 23 países. El estudio pone de manifiesto la invalidez del principio de “equivalencia sustancial” que se aplica para evaluar transgénicos, alegando falsamente que son “equivalentes” a los convencionales. Existe gran desconocimiento de cómo la transgenia afecta la biología del maíz y qué impacto tiene en la biodiversidad y en la salud de la población de México, donde el maíz se consume más que en ningún otro país.

La guerra recrudece, pero también crecen las muchas resistencias, como la “moratoria popular” de no permitir transgénicos en nuestros campos y mesas, y eso, no va a terminar.

– Silvia Ribeiro es investigadora del grupo ETC

 

 

Fuente. ALAI AMLATINA

el-mundo-monsanto-3sqs

Juez abre la puerta al maíz transgénico en México

Un juez federal revocó este día la orden que en 2013 prohibió la liberación de maíz transgénico en México. Sin embargo, la organización Acción Colectiva Maíz informó que es falso que se haya liberado la siembra de la semilla modificada genéticamente, puesto que de inmediato se apeló la decisión.

Hoy el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, Francisco Peñaloza Heras, dejó sin efecto la medida precautoria que impedía la evaluación y otorgamiento de nuevas solicitudes de permiso para la siembra de maíz genéticamente modificado. Dicha suspensión fue dictada hace dos años.

Sin embargo, Monsanto, la empresa más afectada con esta prohibición al ser la mayor productora de transgénicos en el mundo, promovió un amparo en el que alegó que en dicha medida cautelar no se escucharon opiniones técnicas.

Hoy mismo, a través de un comunicado, la Colectividad del Maíz, informó que desde la 09:00 horas de este miércoles, la coalición de científicos y campesinos que componen la organización, apelaron la decisión del juzgado.

La Colectividad del maíz que promovió el juicio de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico que por dos años ha impedido judicialmente su siembra, denunció que Monsanto “ha iniciado una nueva campaña de mentiras, puesto que es falso que la siembra de maíz transgénico esté liberada, lo cierto es que está suspendida por la apelación que promovimos inmediatamente que fuimos notificados”, declaró René Sánchez Galindo, abogado del colectivo.

El artículo 396 del Código Federal de Procedimientos Civiles que en estos casos la apelación suspende la ejecución “la apelación suspende la siembra de transgénicos, porque la ley dispone que debe tramitarse con efectos suspensivos y devolutivo, y nosotros apelamos desde las 9 de la mañana de hoy miércoles 19 de agosto”, precisó Galindo.

En tanto, Francia Gutiérrez, coordinadora de comunicación del colectivo, precisó varios de los argumentos que el Juez omitió para resolver la resolución del día de hoy.

Entre ellas, indicó, están los riesgos de sembrar, “como por ejemplo, una vez liberados los transgénicos son incontrolables, de hecho debiendo existir cero presencia, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de la Semarnat, reporta 89 casos de presencia ilegal de transgenes en maíces nativos en 6 estados del país a lo largo de una década; ello a pesar de que Profepa pretendió sorprender al juez reportando solo un caso aislado”.

Otros riesgos de su siembra, agregó la activista, que fueron omitidos de la decisión judicial son los relacionados con la salud.

“Puesto que la Secretaría del ramo y la Cofepris informaron al Juez que estas autoridades sanitarias solo vigilan el consumo pero no estudian los impactos de la siembra en la salud, a pesar de que cerca del 50 por ciento de la alimentación de los mexicanos (proteínas y calorías) proviene de comer productos del maíz que se siembran en nuestro país, hasta hoy libre de transgénicos”, indicó.

Dijo que el Juzgado “también omitió analizar que los propios argumentos de empresas y Gobierno se contradicen”.

Un ejemplo de ellos, es que “las empresas hablan de mayor productividad, pero Sagarpa reconoció ante el Juez, que no hay tal incremento. Afirman que con la siembra de transgénicos habría menores gastos en insumos, sin embargo, como vimos, la CIBIOGEM, citó un estudio que demuestra que se incrementan”.

masacre-mac3adz

 

Fuente. sinembargo.mx

Menu Title