Seis años después de su detención, Orlando Santaolaya Villarreal, Ramiro López Vásquez, y Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez podrían abandonar la cárcel si el gobierno mexicano acata las recomendaciones que le hizo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) para que deje en libertad a los cuatro jóvenes torturados por militares en Baja California, en 2009.
En un plazo de 90 días, el gobierno de Enrique Peña Nieto deberá informar al Comité las medidas adoptadas para atender los señalamientos de esa resolución. De no hacerlo así, incumpliría con una obligación adquirida al firmar tratados internacionales.
El 16 de junio de 2009, sin orden de aprehensión o presentación, los hermanos Ramírez Martínez y Orlando Santaolaya Villarreal fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el conjunto habitacional Oceana, de Playas de Rosarito.
Los militares torturaron a las víctimas con golpes, descargas eléctricas en genitales y asfixiándolos con bolsas de plástico.
Ese mismo día, Ramiro López Vásquez fue detenido en las inmediaciones del primer puente peatonal en la carretera libre de Tijuana Rosarito mientras descansaba de su jornada laboral y hablaba con su esposa por teléfono celular.
A bordo de vehículos no oficiales, los cuatro jóvenes fueron llevados a dos casas particulares, donde los militares continuaron torturándolos física y psicológicamente, y los amenazaron con matarlos si no se declaraban culpables de un secuestro.
Todos fueron llevados a la Segunda Zona Militar, en el denominado “Cuartel Morelos’, donde fueron presentados ante medios de comunicación como una banda de secuestradores, y les colocaron armas para fotografiarlos. Se les acusó de varios delitos federales.
Según las víctimas, un día después de su detención fueron obligados a firmar sus declaraciones ante la autoridad ministerial mediante tortura y con los ojos vendados.
Los cuatro jóvenes permanecieron amarrados de pies y manos y sin ingerir alimentos en instalaciones de la Segunda Zona Militar. Después fueron trasladados al 28 Batallón de Infantería de la Sedena, denominado “Aguaje de la Tuna”, donde permanecieron bajo arraigo y fue hasta entonces cuando pudieron ver a sus familiares.
El 31 de julio de 2009 fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro, en Tepic, Nayarit, donde permanecen en espera de sentencia.
El 15 de marzo de 2012, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Organización Mundial contra la Tortura, que llevan la defensa de las víctimas, presentaron una comunicación del caso ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que es la primera que se presenta en contra de México.
Nancy López, directora de Defensa de la CMDPDH, aseguró en entrevista que el CAT resolvió que los jóvenes torturados sean liberados y que se investigue a los responsables de la tortura.
“Se resuelve que se cometió tortura contra los cuatro detenidos, que se utilizó arbitrariamente el arraigo, retoma este tema, retoma la falta de acceso a la justicia para las víctimas, la falta de reparación, la obtención de prueba ilícita”, señaló López.
La integrante de la CMDPDH informó que en este caso hay una controversia por parte del Estado mexicano sobre la detención, pero no sobre los actos de tortura, por lo que México aceptó que se cometió esa práctica en contra de los civiles.
“Es el primer caso que llega ante órganos de tratados de Naciones Unidas, es el primer caso para México que se resuelve en estos comités y es el primero sobre el tema de tortura, es una resolución histórica en el sentido de que un nuevo organismo internacional da cuenta de la comisión de actos de tortura y de estas violaciones graves”, dijo.
El Comité instó al Estado mexicano a iniciar una investigación exhaustiva sobre los hechos de tortura, que procese, juzgue y castigue con penas adecuadas a las personas responsables de esas violaciones, que determine la inmediata puesta en libertad de las víctimas y les dé una plena reparación con indemnización.
“El Comité toma nota de las alegaciones de los autores de que, durante su detención y arraigo, fueron golpeados repetidamente con armas, les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, recibieron descargas eléctricas, les arrancaron uñas de los pies y fueron amenazados de muerte”, indica el CAT.
Añade: “Los autores sostiene que dichos tratos fueron infligidos por agentes militares con el fin de obligarles a confesar un delito. El Comité observa que, si bien el Estado parte ha ofrecido una distinta versión sobre el contexto de la detención, no ha cuestionado los tratos invitados por los autores. El Comité considera que los hechos relatados constituyen actos de tortura bajo el artículo 1 de la Convención (contra la Tortura)”.
Apro
