14 de junio 2018.- México podría gravar 4,000 millones de dólares en importaciones anuales de maíz y soja de Estados Unidos si el presidente Donald Trump intensifica una disputa comercial con nuevos aranceles, dijeron esta semana funcionarios a Reuters, y está estudiando cómo reducir el impacto de la medida.

A principios de mes, México tomó represalias contra productos estadounidenses como acero, manzanas y carne de cerdo después de que Trump impuso aranceles al acero y aluminio mexicanos.

Pero no incluyó en la lista a los productos agrícolas estadounidenses más lucrativos: los granos, especialmente el maíz y la soja, utilizados para alimentar vacas, cerdos y pollos de México.

Los aranceles afectarían al principal mercado de exportación de los productores de maíz de Estados Unidos. México podría tratar de disminuir el impacto en su propia industria y en los consumidores abriendo cuotas libres de arancel que podrían representar un aliciente para proveedores como Brasil y Argentina.

“Este (…) es un tema que está para la fase dos”, dijo Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el principal organismo empresarial de su sector en México.

Afirmó que los aranceles se discutieron en una reunión a la que asistió el 4 de junio en la Secretaría de Agricultura, a cargo de la política comercial.

El empresario dijo que cualquier movimiento en contra de los granos apuntaría al cinturón de maíz de Estados Unidos y mencionó a estados como Misuri, Kansas, Iowa y Nebraska, que votaron por Trump en la elección presidencial de 2016.

Raúl Urteaga, director de comercio internacional de la Secretaría de Agricultura de México, dijo que México “por el momento, por ahora” no estaba apuntando a los granos de Estados Unidos, pero se negó a descartar tal medida en el futuro y dijo que México estaba buscando proveedores alternativos.

Un funcionario de la Secretaría de Economía de México declinó a decir si los funcionarios estaban estudiando o no los aranceles a los granos de Estados Unidos y se remitió a los aranceles de represalia anunciados a principios de este mes.

La decisión de no imponer aranceles al maíz y soja estadounidenses como parte de la represalia de México tenía el propósito de mantener opciones en la mesa de negociaciones mientras continúan las conversaciones comerciales y para evitar perjudicar al consumidor mexicano con precios más altos, dijo una fuente comercial familiarizada con el asunto.

Una de las principales preocupaciones de México es la decisión de Trump de iniciar una investigación de seguridad nacional bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión de Comercio de 1962 que se centraría en si las importaciones de vehículos y partes está amenazando a la salud de la industria, que podría golpear al sector automotor mexicano de 67,000 millones de dólares.

“Para esto nos estamos preparando”, dijo Bosco de la Vega.

GRANDES INTERESES

En las últimas dos décadas, los granos baratos de Estados Unidos han ayudado a transformar el creciente sector ganadero de res de México, en particular, en un importante exportador mundial.

Si se impusieran aranceles mexicanos de represalia a la soja y al maíz, la industria se esforzaría por encontrar suficientes proveedores alternativos sin costos significativamente más altos. Algunos en México no creen que se pueda hacer sin infligir un daño grave.

“No hay una posibilidad real de sustitución de estos dos productos a corto plazo. Las implicaciones son clarísimas. En el caso de carne de cerdo y de res el impacto en materia de costos sería brutal y eso se transferiría primero que nadie al consumidor mexicano”, dijo Mariano Ruiz-Funes, un exsubsecretario de agricultura.

De la Vega dijo que se está evaluando con la Secretaría de Economía la posibilidad de abrir una amplia cuota libre de aranceles para atraer importaciones de otros proveedores y contrarrestar el mayor costo de los granos estadounidenses, que fue lo que hizo la semana pasada con la carne de cerdo.

Los beneficiarios inmediatos podrían ser Brasil y Argentina, países a los que los importadores mexicanos ya están comprando más granos, tanto por razones económicas como por parte de una estrategia revitalizada para reducir la dependencia de Estados Unidos desde que Trump comenzó a amenazar con sacar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

De la Vega dijo que espera que las importaciones de maíz de los agricultores brasileños alcancen un millón de toneladas para fin de año, más otras 500,000 toneladas de Argentina.

Esos volúmenes ni siquiera se acercan a sustituir los envíos estadounidenses. El año pasado, los agricultores estadounidenses vendieron a su vecino del sur unos 14 millones de toneladas de maíz y casi 4.0 millones de toneladas de soja.

Reuters

Ciudad de México, 29 de sep.- Actores como Julieta Egurrola y Héctor Bonilla, así como el cantante de Café Tacuba, Rubén Albarrán, participaron de un performance en conmemoración del Día Nacional del Maíz, evento convocado por la organización internacional ambientalista GreenPeace, con quienes se conjuntaron para insistir en que se prohiba de forma definitiva la siembra del maíz transgénico en México.

La protesta, realizada frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en la Delegación Venustiano Carranza, se da en momentos en que el tema es discutido aún tribunales.

Los asistentes realizaron un performance acompañado de instrumentos de percusión, además de expresar también los argumentos que se tienen para pedir que se evite la entrada transgénicos.

Rubén Albarran subrayó datos de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, quienes advierten que el maíz transgénico no puede coexistir con el orgánico, pues el polen viaja grandes distancias que contaminan los sembradíos, lo cual además daría pie a empresas trasnacionales para emprendar acciones legales contra campesinos a quienes les alcance a permear las esporas, así haya sido de forma involuntaria.

Al respecto Contralínea publicó hace unos días una investigación que revela la presencia ya de cientos de hectáreas contaminadas con semillas transgénicas en gran parte del territorio nacional, a pesar de que supuestamente está prohibido, lo que representa una amplia contradicción que no se ha terminado de aclarar.

Hace unos días también un grupo de organizaciones sociales anunciaron que emprenderán campaña para abogar en pro de los transgénicos en México, lo que ha despertado polémica.

Actualmente la decisión de poder declarar la suspensión del maíz como definitiva depende del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal y Administrativa, por lo que se anunció una campaña para seguir advirtiendo sobre el riesgo de los transgénicos y la importancia del maíz nativo, pues México además es considerada la cuna del maíz en el mundo, decenas de especies que están siendo severamente amenazadas.

Redacción. Huellas.mx

El Colectivo Mexicano de Cocina, conformado por un grupo de chefs reconocidos, lanzó un llamado este martes al presidente Enrique Peña Nieto a impedir la siembra de maíz transgénico en el país.

El grupo de expertos en alta cocina manifestaron su oposición a la posible siembra de este tipo de maíz en México, luego de que el pasado jueves el Juzgado 12° de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito dejó sin efecto la medida precautoria que impedía la evaluación de nuevas solicitudes de permiso y el otorgamiento de permisos para la liberación experimental, piloto y comercial de la siembra de maíz genéticamente modificado.

“Los integrantes del Colectivo Mexicano de Cocina y los abajo firmantes, reiteramos nuestra oposición a la evaluación y otorgamiento de permisos para la siembra de maíz genéticamente modificado en nuestro país”, señala el comunicado.

Entre las razones para oponerse que exponen los chefs, como Enrique Olvera, Mikel Alonso, Mónica Patiño, Benito Molina, y Paulina Abascal, entre otros, están que el cultivo de estos productos atenta contra la diversidad de los maíces nativos; la tecnología de cruzar artificialmente el ADN de las especies plantea efectos colaterales, y que los agroquímicos que acompañan la siembra de maíz transgénico pueden representar un peligro para la salud.

Diversos países miembros de la Unión Europea, precisó el grupo, se niegan a cultivar transgénicos en sus territorios a causa de los posibles daños que dichos productos pueden provocar a la salud humana y al medio ambiente.

Además, el colectivo pidió al Gobierno federal que, través de las instancias correspondientes, exprese una postura clara y firme al respecto.

“Por nuestra parte, los integrantes del Colectivo Mexicano de Cocina, así como nuestros colegas en otras partes del mundo, quienes nos han manifestado su apoyo y solidaridad frente a este tema, estaremos alerta en espera de una resolución adecuada, y nos mantendremos atentos a la forma en que se desarrollan los acontecimientos”, dice el texto.

Fuente. cnnexpansion.com

Por Silvia Ribeiro

El 19 de agosto 2015, el juez Francisco Peñaloza Heras, del Juzgado XII de Distrito en Materia Civil, canceló la medida precautoria que desde hace dos años mantiene suspendida la siembra de maíz transgénico en México en respuesta a una demanda colectiva por los daños que estos granos causan a la biodiversidad y la salud. Sin embargo, la suspensión sigue vigente, ya que su decisión fue inmediatamente apelada por Colectivas AC, representantes legales de la colectividad de 53 ciudadanos y 20 organizaciones que presentaron la demanda en 2013.

La forma en que el juez Peñaloza tomó la decisión, ignorando los argumentos de los demandantes y científicos independientes, pero basándose en los dichos de Monsanto y otras empresas, es otro escalón en la guerra sucia contra el maíz campesino y los pueblos del maíz.

En sincronía con su decisión, las trasnacionales de transgénicos desataron un aluvión de comentarios a la prensa asegurando que estaba liberada la siembra. Como denunció René Sánchez Galindo, abogado de la colectividad demandante, “Monsanto inició una nueva campaña de mentiras, ya que es falso que la siembra de maíz transgénico estuviera liberada”.

Las mentiras de la empresas de transgénicos no se limitan solo a los aspectos legales de la demanda. Dedican mucho tiempo y recursos a falsear datos ­para ocultar lo que realmente pasa con los transgénicos en los países donde su siembra es masiva, como Estados Unidos, país sede de Monsanto.

La realidad, basada en estadísticas oficiales de ese país durante casi dos décadas (no en estudios puntuales financiados por las empresas que toman datos parciales) muestra que los transgénicos son más caros que los híbridos que ya existían, que en promedio su rendimiento es menor y que han provocado un aumento exponencial del uso de agrotóxicos, con efectos devastadores en suelos, agua, y surgimiento de más de 20 “supermalezas” resistentes al glifosato. La industria afirma que el maíz manipulado con la toxina Bt disminuyó el uso de agrotóxicos, pero omite explicar que las plagas se han ido haciendo resistentes al Bt, y que luego de una inicial disminución, el uso de agrotóxicos ha ido aumentado cada año. Por ello, las empresas están abandonando la venta de semillas de maíz Bt, para vender maíces transgénicos con rasgos apilados, o sea junto a Bt, tolerantes a uno o más herbicidas de alta toxicidad, como glifosato, glufosinato, dicamba y hasta 2,4-d, con lo cual el aumento del uso de tóxicos se multiplica vertiginosamente.

Las empresas aseguran también que es posible la “coexistencia” de maíz transgénico con el maíz campesino. Existen múltiples estudios científicos y estadísticas en muchos países que demuestran lo contrario: donde hay cultivos transgénicos, siempre habrá contaminación, sea por el polen llevado por viento e insectos (a distancias mucho mayores de las “previstas” por las leyes) o por el trasiego en transportes, almacenamiento, puntos de venta, donde no hay segregación de transgénicos y otras semillas. Muchos estudios en México, incluidos los de la propia secretaría de medio ambiente (Semarnat), muestran cientos de casos de contaminación transgénica de maíces campesinos, aún cuando su siembra es ilegal. Legalizar la siembra aumentaría brutalmente esa contaminación que amenaza directamente la biodiversidad y el patrimonio genético agrícola más importante de México, legado por los millones de campesinos e indígenas que lo crearon y lo siguen manteniendo.

En Estados Unidos la contaminación transgénica es omnipresente. Monsanto hizo de ello un negocio: demanda a las víctimas de contaminación transgénica por uso de sus genes patentados, lo cual le ha redituado cientos de millones de dólares en juicios o acuerdos fuera de juicio. Recientemente Monsanto declaró que no va demandar a agricultores en México. Sería absurdo creerlo. Por supuesto lo harán, cuando tengan las condiciones para ello. Ya desde 2004, Monsanto publicaba en periódicos de Chiapas avisos que advertían que el que usara “ilegalmente” sus genes patentados en “importación, siembra, guarda, comercialización o exportación” podría sufrir cárcel y multas mayores. Además instigaban a que si usted “conoce alguna situación irregular”, se contactara con Monsanto, para evitar ser acusado de “cómplice”. Si no siguió adelante fue porque no tenía el marco legal para ello, tema que ahora presionan por corregir.

Las trasnacionales mienten cuando afirman que los transgénicos son inocuos a la salud. De partida, los cultivos transgénicos tienen un nivel hasta 200 veces más alto de residuos de glifosato, herbicida que la OMS declaró cancerígeno en marzo 2015. Y casi cada mes se publican nuevos artículos con evidencia de daños de los transgénicos a la salud o al medioambiente.

Por ejemplo, el 14 de julio 2015, la revista científica arbitrada Agricultural Sciences, publicó una investigación del Dr. Shiva Ayyadurai, que muestra que la soya transgénica acumula formaldehído, sustancia cancerígena, junto a una disminución drástica de glutatión, antioxidante esencial para la desintoxicación celular. El estudio analizó 6497 experimentos de 184 instituciones científicas en 23 países. El estudio pone de manifiesto la invalidez del principio de “equivalencia sustancial” que se aplica para evaluar transgénicos, alegando falsamente que son “equivalentes” a los convencionales. Existe gran desconocimiento de cómo la transgenia afecta la biología del maíz y qué impacto tiene en la biodiversidad y en la salud de la población de México, donde el maíz se consume más que en ningún otro país.

La guerra recrudece, pero también crecen las muchas resistencias, como la “moratoria popular” de no permitir transgénicos en nuestros campos y mesas, y eso, no va a terminar.

– Silvia Ribeiro es investigadora del grupo ETC

Fuente. ALAI AMLATINA

Un juez federal revocó este día la orden que en 2013 prohibió la liberación de maíz transgénico en México. Sin embargo, la organización Acción Colectiva Maíz informó que es falso que se haya liberado la siembra de la semilla modificada genéticamente, puesto que de inmediato se apeló la decisión.

Hoy el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, Francisco Peñaloza Heras, dejó sin efecto la medida precautoria que impedía la evaluación y otorgamiento de nuevas solicitudes de permiso para la siembra de maíz genéticamente modificado. Dicha suspensión fue dictada hace dos años.

Sin embargo, Monsanto, la empresa más afectada con esta prohibición al ser la mayor productora de transgénicos en el mundo, promovió un amparo en el que alegó que en dicha medida cautelar no se escucharon opiniones técnicas.

Hoy mismo, a través de un comunicado, la Colectividad del Maíz, informó que desde la 09:00 horas de este miércoles, la coalición de científicos y campesinos que componen la organización, apelaron la decisión del juzgado.

La Colectividad del maíz que promovió el juicio de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico que por dos años ha impedido judicialmente su siembra, denunció que Monsanto “ha iniciado una nueva campaña de mentiras, puesto que es falso que la siembra de maíz transgénico esté liberada, lo cierto es que está suspendida por la apelación que promovimos inmediatamente que fuimos notificados”, declaró René Sánchez Galindo, abogado del colectivo.

El artículo 396 del Código Federal de Procedimientos Civiles que en estos casos la apelación suspende la ejecución “la apelación suspende la siembra de transgénicos, porque la ley dispone que debe tramitarse con efectos suspensivos y devolutivo, y nosotros apelamos desde las 9 de la mañana de hoy miércoles 19 de agosto”, precisó Galindo.

En tanto, Francia Gutiérrez, coordinadora de comunicación del colectivo, precisó varios de los argumentos que el Juez omitió para resolver la resolución del día de hoy.

Entre ellas, indicó, están los riesgos de sembrar, “como por ejemplo, una vez liberados los transgénicos son incontrolables, de hecho debiendo existir cero presencia, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de la Semarnat, reporta 89 casos de presencia ilegal de transgenes en maíces nativos en 6 estados del país a lo largo de una década; ello a pesar de que Profepa pretendió sorprender al juez reportando solo un caso aislado”.

Otros riesgos de su siembra, agregó la activista, que fueron omitidos de la decisión judicial son los relacionados con la salud.

“Puesto que la Secretaría del ramo y la Cofepris informaron al Juez que estas autoridades sanitarias solo vigilan el consumo pero no estudian los impactos de la siembra en la salud, a pesar de que cerca del 50 por ciento de la alimentación de los mexicanos (proteínas y calorías) proviene de comer productos del maíz que se siembran en nuestro país, hasta hoy libre de transgénicos”, indicó.

Dijo que el Juzgado “también omitió analizar que los propios argumentos de empresas y Gobierno se contradicen”.

Un ejemplo de ellos, es que “las empresas hablan de mayor productividad, pero Sagarpa reconoció ante el Juez, que no hay tal incremento. Afirman que con la siembra de transgénicos habría menores gastos en insumos, sin embargo, como vimos, la CIBIOGEM, citó un estudio que demuestra que se incrementan”.

Fuente. sinembargo.mx

Washington, Estados Unidos a 30 de octubre.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió hoy en audiencia, a representantes de 14 organizaciones sociales, académicas y de comunidades indígenas, que denunciaron la destrucción del patrimonio biocultural de México por privilegiar megaproyectos, la falta de legislación y políticas culturalmente adecuadas para los pueblos indígenas y comunidades equiparables.

En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos maya, nahua de la Sierra Norte y la tribu yaqui expusieron ante la CIDH el “patrón sistemático de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos” en México.

Luis Arturo Carrillo, portavoz del colectivo MAOGM, que lucha contra los transgénicos detalló que uno de los planteamientos fue que 70% del territorio nacional tiene potencial minero, por lo que 35% fue concesionado por el gobierno entre los años 2000 y 2010, periodo en el que, destacó se autorizaron más de 29 mil concesiones para la explotación minera.

Carrillo Sánchez, agregó: “Alrededor de 17% de estas concesiones –unos 5 mil 87 títulos– se encuentran dentro de alguno de los territorios indígenas y, en algunos casos, las concesiones ocupan todo su territorio ancestral, como es el caso de kiliwas, kikapoo, cucapás, pimas y guarijios”, destacó.

Asimismo, se expuso ante la CIDH, las autorizaciones para la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM) en México y la amenaza que esto representa para el maíz, alimento ancestral y fundamental de la cultura y sobrevivencia de los y las mexicanos.

Al respecto, los especialistas del tema señalaron: “Debido a la política del Estado en parte del país, se ha sustituido el maíz indígena por el mejorado e híbrido, principalmente en áreas de riego y de temporal con buenas condiciones de lluvias anuales. El 92% proviene de pocas empresas transnacionales, que no tienen la obligación de certificar de dónde obtuvieron su germoplasma y tiene la protección de obtentores en la ley de semillas de 2007”.

Además, en la Península de Yucatán han sido autorizados sin consulta, varios permisos para siembra de soya genéticamente modificada, entre los que destaca un permiso para siembra comercial de 253 mil hectáreas.Por lo que, comunidades y organizaciones mayas de los estados de Campeche y Yucatán interpusieron tres amparos, en cuyas sentencias el Poder Judicial reconoce la arbitrariedad, falla a favor del pueblo maya y deja sin efecto este permiso. Actualmente, dos de estos tres juicios están a cargo de tribunales colegiados y uno de ellos ha sido atraído, dada su relevancia, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, aún con las sentencias que prohíben estos cultivos y en claro desacato a la restricción judicial, este año se sembró soya transgénica en el estado de Campeche.

Entre las peticiones realizadas a la CIDH incluyen realizar un trabajo masivo de difusión en su Informe Regional sobre el Derecho a la Consulta; solicitar información al Estado mexicano respecto de los mecanismos de consulta vigentes en casos de proyectos de supuesto interés público y los mecanismos para evaluar la sostenibilidad ambiental de los proyectos y su impacto sobre el patrimonio biocultural.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México, 27 de oct.- Existe gran preocupación en el sector agrícola mexicano ante la baja de los precios internacionales del maíz, trigo, sorgo, frijol y otros granos básicos, los cuales también están causando impacto en los productores nacionales, quienes incluso enfrentan la amenaza de tener un año de pérdidas irreparables, a pesar de haber conseguido cosechas récord este año; la situación es tan grave que a partir de esta semana se realizarán importantes movilizaciones campesinas en la capital del país, para exigir acciones al respecto.

El problema

Las constantes lluvias, así como el óptimo clima para el periodo de recolección, ha generado una sobreproducción de granos por parte de los mayores productores del mundo, como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Ucrania, quienes han propiciado la amplia oferta que ha encarecido el valor del grano para varios países.

La Confederación Nacional Campesina (CNC), manifestó su preocupación por la caída de los precios, los cuales “dañan a más de 3.5 millones productores del país al no poder vender por arriba de sus costos de producción, lo que se traduce en pérdidas económicas a pesar de las cosechas récord en el año”.

Estados como Chiapas han presumido las históricas cosechas que se han conseguido este año; no obstante falta materializarlas en ganancias, lo cual no se está concretando.

En algunos casos como el del maíz, grano esencial de la dieta de los mexicanos desde hace miles de años, se registra una caída del precio de casi el 40 por ciento en el último año, advirtió Benjamín Grayeb Ruiz, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.

El líder agropecuario afirmó que “miles de productores de maíz están en peligro de caer en cartera vencida, dejar de producir y engrosar las filas de la delincuencia en caso de que el gobierno federal no incremente los incentivos a la comercialización que permitan enfrentar la caída de los precios del maíz”.

Destaca también que según las estimaciones de la Agencia de Agricultura de los Estados Unidos, México ha incrementado las importaciones de maíz un 29.7% en los últimos 3 años, consolidándose como un país importador de maíz, con un déficit de 10.7 millones de toneladas.

Especialistas como Roberto Delgado Gallegos, consultor de Mercados Agrícolas, señalan que son urgentes los incentivos y los ajustes al precio de granos básicos como el frijol, el cual debería tener un precio mínimo de 12 mil 548 pesos por tonelada, es decir, 12.50 pesos por kilogramo, para cubrir al menos los costos de producción.

El experto subrayó que “ante la recurrente ineficiencia en la definición y operación de los programas de comercialización de frijol, lo menos que debe hacer el Gobierno Federal es garantizar a los productores el retorno de su inversión”.

Protestas

Organizaciones campesinas advirtieron que desde este lunes y martes más de mil integrantes del sector se manifestarán frente a las secretarías de Gobernación y Hacienda, mientras que el miércoles tomarán las principales vialidades del Distrito Federal con rumbo a las Secretarías de Gobernación, Agricultura y Hacienda, además de tener contemplada la toma nacional de la Secretaría de Agricultura, en todos los estados de la República, el 10 de noviembre próximo. Días antes; el 5 de noviembre, llevarán a cabo el Encuentro Nacional de Productores Granos Básicos, que se realizará también en la capital del país.

Organizaciones campesinas acusan que la caída del 53 por ciento del precio de granos básicos y el aumento de 70 por ciento en los insumos para su producción, son motivos para exigir medidas para evitar la quiebra de cientos de productores y personas que viven del campo.

David Galeano
Huellas de México