Ley represiva

Garcia JosePostigo

José García Sánchez

La Ley de Seguridad Interior nace de una incapacidad, las corporaciones policiacas prefirieron acercarse a los narcotraficantes que a sus jefes inmediatos, cuyos tratos despóticos y abusos los hicieron prácticamente huir o despreocuparse de sus funciones o bien utilizar el uniforme para alcanzar la impunidad en los hechos de complicidad con el crimen organizado.

El narcotráfico ofrece mejores salarios a los miembros de las corporaciones policiacas que en sus instituciones desgastadas por la corrupción, y no escamoteaban los recursos y prestaciones a la hora de indemnizar a los familiares si moría el policía cómplice.

Los policías incorporados a las filas del narcotráfico, ya sea que dejaran sus empleos originales o dobletearan actividades, tenían más certeza del empleo con los malos que con los buenos, porque en la línea vertical de los mandos policiacos están expuestos a encarcelamientos injustos, acuartelamientos de ficción, a labores que atentan contra la integridad de los ciudadanos, que muchas veces resultan ser sus familiares y amigos; en cambio, en las filas del narcotráfico iban contra enemigos reales, contra gente preparada igual que ellos. Sus enfrentamientos no son contra la sociedad inerme, sino contra personas en igualdad de circunstancias, armadas y entrenadas.

Los salarios y prestaciones de los policías mexicanos son de risa comparados con los de otros países. Lo mismo sucede con las prestaciones laborales de los soldados, pero éstos aguantan más el maltrato de los superiores porque son extraídos de la miseria rural, mientras que los policías son incorporados de la pobreza urbana.

Es decir, el origen de la ineficiencia de los miembros de las corporaciones policiacas que abrieron las calles a los militares es un problema de estructura de gobierno, de sobrevivencia, no de lealtad. Los policías que se integran a las filas del narcotráfico encuentran mejor trato, a pesar de todo, en las filas del narcotráfico que en los cuarteles de sus diferentes corporaciones, donde se les maltrata, discrimina, humilla, encarcela, tortura, etc.

Si quieren en realidad que la inseguridad desaparezca, deben cambiar radicalmente las estructuras de gobierno, pero toda la maquinaria de gobierno está ahora volcada para evitar que haya cambios en los resultados de las elecciones.

Esto quiere decir claramente que la Ley de Seguridad Interna no pretende erradicar el narcotráfico, mermar a la delincuencia común o proteger a la población de la delincuencia común u organizada, sino detener la inconformidad social que puede tomar forma y convertirse en masas que protesten en las calles al ver violentados sus derechos cada día.

Por su parte, los militares deben ser los primeros en aceptar que no están preparados para ser partícipes de una ley de seguridad interna debido a que todavía las tropas no están entrenadas para respetar los derechos humanos. De esto ha habido muchas pruebas. El caso muy sonado en 2007, cuando unos militares violaron hasta la muerte a una anciana en la sierra de Zongolica, los uniformados arrebataron videos y grabadoras a los periodistas con testimonios de su responsabilidad. Esto sucede en todo momento. Ahí está Tlatlaya, Palmarito, Ayotzinapa, etc.

No hay gremio más agresivo contra los periodistas, ni impedimento para realizar su trabajo, que los militares. Ante esta realidad no es posible que les regalen las calles para que ellos hagan lo que se les venga en gana.

Es una ley represiva que el propio Gustavo Díaz Ordaz vetaría.

Senado, entre la espada y la pared

 

AGENCIA DE NOTICIAS

Huellas.mx

La inseguridad en México no sólo ha sembrado miedo y dejado miles de muertos, sino que divide y enfrenta a la clase política mexicana y confunde a la opinión pública. Expertos aseguran que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) rompe la línea entre lo civil y lo militar, mientras que otros auguran que esta ley morirá en los tribunales en caso de ser decretada.

Legisladores que votaron en favor de esta ley confían que es vital para frenar la violencia. Voces de activistas y organizaciones de los derechos humanos advierten que es una ley que veladamente autoriza a las Fuerzas Armadas utilizar la fuerza para reprimir a la sociedad civil. Aunque otros precisan que sólo es una cortina de humo para tapar la guerra electoral.

Ante esta situación el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, advirtió: “La Ley de Seguridad Interior en México puede conducir a un recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos, incluso fomentar torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, por lo que pidió al Senado mexicano rechazar esta ley.

Sostuvo que para México sería riesgoso consagrar la función de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. “Representa una evolución muy preocupante” y sostuvo que la aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana no es la respuesta.

La polémica se extendió a otros sectores. Algunos analistas políticos, legisladores, organismos y asociaciones nacionales aseguran que la LSI es una ley ociosa, ya que la Constitución otorga poder y facultades al Presidente de la República, comandante de las Fuerzas Armadas, utilizarlas cuando crea que es necesario para conservar la paz y garantizar el orden, pero todo indica que esta nueva ley que presentó el diputado priista César Camacho, en 2016, pretende deslindar al jefe del Ejecutivo de futuros enfrentamientos o disturbios donde se utilice la fuerza militar y federal.

 

Promueven opacidad

 

Layda Negrete, coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa y candidata a doctora en Política Pública por la Universidad de California en Berkeley y quien en los últimos 14 años se ha dedicado a estudiar el sistema de justicia y seguridad pública en México, sostuvo que la Ley de Seguridad Interior ofrece a las Fuerzas Armadas “demasiadas atribuciones y promueve la opacidad”, por lo que propuso al Senado mexicano dialogar el tema a través de un debate nacional.

Conocedora de los renglones torcidos de la justicia en México, la especialista sostuvo que de aprobarse esta ley en el Senado se romperá el balance democrático, ya que el dictamen no cuenta ni con una temporalidad ni con una especificación en las tareas que deberán realizar las Fuerzas Armadas.

“La LSI refleja un desbalance entre autoridades civiles y militares, ya que es un atentado contra el diseño institucional”. Agregó que de aprobarse existe una acción de inconstitucionalidad que puede pedir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo afirmó que el proceso es complicado.

La polémica es grande a nivel nacional. Preocupa a algunos, más otros están convencidos de que es un paso necesario para imponer la ley, la justicia y el orden en el corto plazo. Sin embargo, otro sector del pueblo, incluso de diputados y senadores, así como analistas políticos, precisan que esta ley “morirá” en los tribunales, que vendrá una lluvia de controversias constitucionales y de amparos.

Otros sectores de la sociedad precisan que la Ley de Seguridad interna rompe la línea entre lo civil y lo militar: es como si un civil fuera titular del Ejército y de la Marina, generaría una controversia igual y las mismas Fuerzas Armadas no estarían de acuerdo.

 

Gobernadores evaden responsabilidad

 

Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común AC, enfatizó al decir que el principal problema es que esta iniciativa no resuelve el tema de la responsabilidad que estados y municipios tienen para formar policías y prevenir la delincuencia.

“El mayor riesgo, si se aprueba la iniciativa del PRI, es que dejemos de preparar a nuestras policías, los gobernadores van a seguir evadiendo su responsabilidad y será imposible salir de este círculo vicioso y costoso”, expresó la activista social.

El colectivo #SeguridadsinGuerra, con voces como María Elena Morera y José Antonio Guevara que cuestionaron la falta de profesionalización de las policías del país para que los militares se retiren de este escenario, a la vez piden se respeten los derechos humanos.

“Hemos hablado con César Camacho y con Roberto Gil —quien es aliado de ellos— y siguen insistiendo en que la crisis es tan grande que es necesario contar con un marco jurídico para que participen en este tema las Fuerzas Armadas, nosotros por supuesto que reconocemos la gran labor que han realizado, sin embargo lo que hemos discutido es que entre más Fuerzas Armadas están presentes en los estados, menos incentivos tienen los gobiernos estatales, los ejemplos más claros son Tamaulipas y Veracruz, en el primero llevan 10 años con las Fuerzas Armadas como policía, y en Veracruz llevan 6 años incluso con marinos en labores de policías de tránsito”. Ante esta situación, dijo, se demuestran que el problema no se resuelve con más presencia militar en las calles.

“Es muy claro como recurrir a las Fuerzas Armadas no significa reducir la inseguridad, pero sí significa que preparen menos a sus policías, porque el dinero lo están utilizando para la permanencia de las Fuerzas Armadas y no para fortalecer a las policías, los militares y marinos tienen un sobresueldo por el servicio, lo que significa que están trabajando en algo que no les corresponde”, concluyó María Elena Morera.

 

Senado en la mira

 

Pese a toda esta oleada de dimes y diretes, de opiniones, explicaciones, dudas y convencimientos, el Senado de la República ya  analiza en comisiones la Ley de Seguridad Interior que aprobó la Cámara de Diputados, y que busca regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública.

Las comisiones de Marina, Defensa Nacional, Gobernación, Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales del Senado ya revisan la minuta y decidirán si se turna al pleno.

Cabe recordar que fue el diputado César Camacho, coordinador del PRI, quien el 27 de octubre de 2016 en conjunto con la diputada priísta Martha Sofía Tamayo, presentaron la iniciativa de Ley de Seguridad Interna que hoy ha generado una gran controversia a nivel nacional.

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