8 de mayo 2018.- Alfonso Gabriel “N”, candidato de la coalición Morena-PT a la alcaldía de Amacuzac, Morelos y detenido la víspera, está acusado por su presunta complicidad con Santiago Mazari, “El Carrete”, líder del grupo criminal Los Rojos.

Gabriel “N” fue diputado local en Morelos por el Partido del Trabajo de 2012 a 2015, y anteriormente, de 2009 a 2012, se desempeñó como presidente municipal de Amacuzac.

La víspera, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó de la aprehensión de Alfonso Gabriel “N” y Sergio “N”, en un operativo simultáneo en Amacuzac, Morelos y Tecamac, Estado de México, respectivamente.

Ambos son señalados como colaboradores del grupo delictivo responsable de la distribución de drogas y secuestro en Morelos.

Por su parte, a Sergio “N” se le identifica como principal operador en el trasiego de droga para la organización criminal y tiene antecedentes penales en 2013 por el delito de secuestro de una mujer y a quien le fue quitada la vida.

El presunto delincuente se habría trasladado al Estado de México por órdenes de “El Carrete”, ya que lo querían ejecutar, y controlaba los municipios de Tultepec, Coacalco, Tultitlán, Tecámac, San Juan Teotihuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco.

Para evitar que fuera identificado, buscó trabajo como operador del Mexibús y continuó en actividades ilícitas en los citados municipios, explicó el comisionado Nacional de Seguridad.

Aseguró que una vez realizado el análisis de la información obtenida en las investigaciones, personal de la Policía Federal dio parte a la autoridad ministerial competente quien ejerció la acción penal y obtuvo del juez de distrito las acciones en contra de esas personas por secuestro, homicidio y delincuencia organizada.

ntx

Capturan en Toluca a Jesús Areli Navarrete Castelán alias “El Papayo”,  inetgrante del grupo delictivo de “Los Rojos” y uno de los hombres más buscados por la FBI , fue detenido en  el Estado de México.

En un comunicado de la Procuraduría General  de la República, se dio a conocer que fue capturado este miércoles en un fraccionamiento en Toluca, la capital mexiquense.

“El Papayo”  cuenta con una orden de detención con fines de extradición, ya que se le relaciona con tráfico  de droga en automóviles  en la frontera con Estados Unidos,   desde el 2009.

Navarrete  Castelán  es requerido en una corte en  el estado de Tennessee en Estados Unidos,  por el delito de asociación delictuosa y  delitos contra la salud.

Actualmente  el dirigente integrante del cártel de los Rojos, se encuentra en el Reclusorio  Preventivo  Varonil  del Norte, en la Ciudad de México, con orden de aprehensión  provisional  y  con fines de extradición esta fue  girada  por el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal.

Fuenet. blureport.mx

Ciudad de México a 28 de mayo.- Tras las desapariciones forzadas  de habitantes del municipio de Chilapa, en Guerrero, presuntamente realizadas por integrantes del grupo criminal ‘Los Ardillos’, tanto el gobierno estatal como el federal se han sumado para esclarecer los hechos y localizar a las personas desaparecidas en el territorio que ha sido asolado por la violencia y se caracteriza por ser transito de estupefacientes.

La Fiscalía General del estado de Guerrero informó que continúa con las indagatorias derivado de los hechos violentos y la desaparición de personas en el municipio de Chilapa, en la zona centro del estado; por lo que, ha citado a declarar a 16 comisarios municipales de distintos poblados cercanos a Chilapa, por su probable participación de forma activa en la desaparición de personas registradas durante el 9 y 14 de mayo; en ese sentido la Procuraduría estatal cuestionará a los funcionarios municipales qué saben de las desapariciones y qué hicieron durante esos cinco días mientras un grupo armado ‘levantó’ a los habitantes en cuatro retenes.

No obstante, tras el vencimiento del plazo de 48 horas que los familiares habían dado al gobierno de Guerrero para encontrar a sus desaparecidos, los pobladores de Chilapa exigieron que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), intervenga en el asunto; en ese sentido, José Díaz Navarro, vocero de los familiares, consideró “desalentador” que la administración del gobernador Rogelio Ortega no les haya dado un “resultado favorable” a su demanda de que sus cercanos sean localizados.

Por su parte, la investigación de Chris Kyle un antropólogo de la Universidad de Alabama ha documentado 105 asesinatos en Chilapa; en 1 año y 8 meses los chilalpenses han sido baleados, decapitados, desmembrados, apuñalados, ahogados y hasta lapidados, entre muchas otras formas de perder la vida, revela el investigador social; de tal forma que, en esta zona amapolera de Guerrero desde finales del 2013, una persona es asesinada en promedio cada 5 días.

Al respecto, la Subsecretaría de Derechos Humanos de esta dependencia se reunió con 20 familiares de las personas presuntamente privadas de manera ilegal de su libertad en Chilapa, Guerrero, entre el 9 y 14 de mayo de este año. La reunión se llevó a cabo con la presencia de integrantes de las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y Nacional de los Derechos Humanos, así como de autoridades estatales de la Secretaría de Desarrollo Social, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF y de la Fiscalía del estado de Guerrero.

El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, indicó que los comisarios rurales que tomaron Chilapa acusaron el grupo delictivo de Los Rojos sobre la desaparición de 30 personas y acusan directamente a Los Rojos, por lo que, realizaron aquella acción del 9 y 10 de mayo de irrumpir con ciudadanos armados a Chilapa, en la búsqueda también de sus familiares”.

Por otro lado, la Procuraduría General de la República puso a disposición la versión pública correspondiente a los 22 peritajes realizados en el basurero de Cocula, sitio en el que la versión oficial indica que fueron ultimados los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. En sesión pública, los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), destacaron que dicha información fue negada en un primer momento por la PGR aduciendo la reserva de las investigaciones, sin embargo, la propia institución revisó sus procedimientos y entregó copia pública sobre los peritajes. El informe no incluye los nombres de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la SEIDO y servidores públicos que realizaron funciones sustantivas ya que, derivado de las funciones que desempeña, su identificación podría poner en riesgo su vida, su seguridad o su propia salud.

Redacción. Huellas de México

Ciudad de México, 21 de may.- En horas recientes se han registrado en Chilapa, Guerrero, síntomas de una nueva tragedia que podría volver a cambiar la historia de México. El hecho más grave es la desaparición de al menos 16 personas de la comunidad, no obstante persisten también múltiples señalamientos que sugieren complicidad, protección o desentendimiento gubernamental.

El conflicto en Chilapa es añejo, se tiene ampliamente documentado el historial de violencia que ha persistido en el lugar desde hace años, motivado por la constante disputa de grupos criminales que buscan dominar  el territorio, particularmente entre Los Rojos, encabezados por Zenén Nava Sánchez y el grupo criminal Los Ardillos, quienes tendrían su bastión en Quechultenango, Guerrero.

Fue el pasado 9 de mayo, cuando un comando de campesinos indígenas armados, ingresaron a la cabecera municipal de Chilapa, haciéndose con el control de edificios oficiales e instalando retenes y puestos de revisión, bajo una estricta disciplina y con dos únicas demandas: la de presentar ante las autoridades policiales a Nava Sánchez, y la de destituir al comandante de la policía de Chilapa, el capitán primero de infantería, Job Encarnación Cuenca.

El comando armado, sobre quien pesaron sospechas desde el principio, recibió la anuencia de las autoridades federales y locales, quienes permitieron su operación durante seis días, tiempo en el cual se registraron múltiples desapariciones de personas de la comunidad; 16 casos han sido denunciados formalmente, aunque podrían ser 30 los desaparecidos, según el reporte de Proceso.

Fue hasta el pasado jueves 14, que autoridades militares finalmente entraron al relevo del control policial en la zona, tras alcanzar un acuerdo con el grupo armado, con quienes “negociaron” en mesas de diálogo, dejarlos libres y con todo su armamento ilegal, a cambio únicamente de retirarse del lugar, lo cual se cumplió, como relató la crónica de CNN.

De igual forma las autoridades acataron la destitución del militar Job Encarnación Cuenca del mando de los policías de Chilapa, para nombrar en su lugar al oficial Juan Suástegui Epifanio. No obstante los “presuntos comunitarios” advirtieron que de no concretarse la captura del líder de Los Rojos, en un plazo de una semana, volverán a tomar el municipio.

Asimismo trascendió que el grupo de “narco comunitarios”, habría llegado proveniente de Quechultenango, precisamente la tierra de donde son Los Ardillos, como se describe en ElFinanciero.

Los habitantes de Chilapa, por su parte realizaron varias manifestaciones para exigir la presentación con vida de sus familiares, así como la salida del comando armado que tomó la cabecera municipal; esta situación generó gran tensión y connatos de enfrentamiento, en algunos de los cuales incluso fueron agredidos periodistas.

Resulta muy interesante también la experiencia contada en un extenso artículo, así como en un videoreportaje por el colectivo Subversiones, quienes realizan una crónica donde describen a gran detalle, la forma en la cual se pone en evidencia la protección gubernamental otorgada al grupo armado que tomó Chilapa, a quienes entrevistaron, y de quienes recavaron múltiples elementos para sugerir que efectivamente serían un comando armado compuesto por miembros de Los Ardillos, antagónico grupo criminal de Los Rojos.

Destaca entre las situaciones que se exponen, la actitud evasiva de del nuevo titular de la seguridad del municipio, Juan Suástegui Epifanio, quien pretendió engañar a los periodistas, afirmando que “el encargado de la seguridad no se encontraba“, que regresaran otro día.

Más tarde, el mismo sujeto delató su identidad, cuando decenas de pobladores exigieron su presencia para pedirle una explicación sobre el paradero de los desaparecidos, a lo que Suástegui respondió con una solicitud de voto de confianza.

Cabe señalar que en Subversiones ejercen también como activistas no solo como periodistas, por lo que identifican plenamente las características de grupos autónomos comunitarios, los cuales distan mucho del grupo de indígenas armados que tomaron Chilapa, a quienes se alude fueron llevados con engaños de venganza contra los “mestizos” de Chilapa.

El caso es tan grave que ha llegado ya el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, para instalar un operativo de búsqueda y rescate de los nuevos desaparecidos, refirió ElFinancero; mientras que la titular de la PGR Arely Gómez, también anunció el envío de expertos para apoyar en las investigaciones, como explica ElUniversal.

Milenio documentó de igual forma una lista inicial con fotografías de los desaparecidos, todos ellos personas humildes y jóvenes, quienes desaparecieron durante el periodo de retenes y dominio del comando armado sospechoso.

Con el contexto local no podían faltar las voces que comienzan a comparar esto con lo sucedido con Ayotzinapa; el columnista Carlos Puig, se pregunta como es que fuerzas federales se quedaron simplemente sentados, mirando como se perpetraba otro grave crimen más, para posteriormente dejar ir tranquilamente a los sospechosos de haber cometidos las desapariciones.

“El martes en la noche en MILENIO Tv mostramos imágenes de aquellos días. Jóvenes maniatados, madres llorosas, pobladores refugiándose en la Iglesia, encapuchados armados hasta los dientes y… fuerzas federales mirándolo todo. ¿Por qué no actuaron? ¿Creyeron que sí eran comunitarios?”, se cuestiona el líder de opinión.

Por su parte el Comisionado Nacional Antisecuestro, confirmó que no se trata de un secuestro con fines económicos, pues no se ha pedido rescate alguno por las vícticmas, detalla ElFinanciero.

Cabe señalar que el alcalde priista Francisco García González se encontraba autoexiliado y escondido desde hace meses, no obstante tras los nuevos hechos ha vuelto a salir a la luz pública, reiterando que teme por su vida, aunque exigiendo que se restablezca el orden en la región, como expresó Excelsior.

Con Los Ardillos también se relaciona a la familia Ortega, entre ellos al coordinador del congreso, Bernardo Ortega, quien ha negado tajantemente tener algún vínculo con dicha organización criminal, deslindándose también de sus hermanos, a quienes calificó como ‘pendejos’ en una entrevista con Adela Micha a fines del 2014, señalando que si ellos cometieron algún crimen, lo deberán pagar  con todo el rigor de la ley, pues son sospechosos de pertenecer a la banda delictiva asentada en la región de Quechultenango.

Chilapa es una zona que tiene décadas de practicar el cultivo de amapola y cannabis, lo cual impulsó la economía local, carcterizada también por el trabajo de calidad de sus artesanos.

No obstante persiste un gran clima de tensión, mientras que las horas pasan y los rumores de que proximamente serán encontrados los cuerpos de los desaparecidos circulan en redes sociales de Chilapa.

David Galeano
Huellas.mx

Al menos diez personas murieron y veinte resultaron heridas en un enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes de grupos antagónicos en un poblado de la sierra de Guerrero, en el sur de México, confirmaron hoy fuentes oficiales.

La Procuraduría General del Estado de Guerrero informó a Efe que el enfrentamiento se produjo en la madrugada de hoy en un poblado cercano al municipio de Tlacotepec, en la Sierra del Filo Mayor.

Aunque oficialmente no se mencionaron los nombres de los grupos que se enfrentaron, la zona es frecuentemente disputada por las organizaciones criminales de Guerreros Unidos y Los Rojos.

Las autoridades fueron alertadas sobre lo ocurrido por la encargada de la clínica del hospital de Tlacotepec, donde están internados los heridos, mientras que los muertos todavía permanecen en el municipio donde fueron ultimados por arma de fuego.

Esta zona ubicada en plena sierra y de difícil acceso es una de las zonas principales productoras de amapola en el estado de Guerrero.

Fuente. laprensa.hn

Ciudad de México, 4 de may.- El periodista de ElFinanciero, Raymundo Riva Palacio, afirma haber tenido acceso a documentación de la investigación oficial donde se da seguimiento a la versión de que el grupo criminal Los Rojos tenía a varios cómplices dentro del grupo de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que desaparecieron el pasado 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Dicha línea de investigación, está basada exclusivamente en declaraciones de criminales de Guerreros Unidos, como Sidronio Casarrubias, quien afirma que 17 de los estudiantes desaparecidos o asesinados, pertenecían al cártel de Los Rojos y más aún, que tenían la misión en aquel viaje a Iguala, de asesinar a Víctor Hugo Benítez, apodado El Tilo, el jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala.

Los Rojos es el grupo criminal rival de Guerreros Unidos en la zona, comandado por Santiago Mazari Hernández, sobrino de Alfonso Miranda, exdiputado del PT en el Congreso de Morelos,

Dichas versiones señalan además que el líder de esos jóvenes, quienes iban decididos a matar al jefe de plaza de Guerreros Unidos, iban comandados por un joven a quien terminaron salvajemente desollando, en clara alusión a Julio César Mondragón, joven originario de Tenancingo, Estado de México, asesinado aquella noche trágica en Iguala.

Es notorio el hecho de que la PGR no ha mencionado publicamente nada del caso de Julio César, ni de las afirmaciones de infiltración de Los Rojos; Riva Palacio afirma también contar con el testimonio de un funcionario federal que habría aseverado que “es algo que no se dice con claridad porque se ofende a los papás de los muchachos”.

No obstante las razones del silencio oficial, también podría estar motivadas por el poco peso de las argumentaciones, además de que “las autoridades carecen de legitimidad y credibilidad para que su palabra, por más sustentada que la presenten, pueda convertirse en la verdad jurídica e histórica”, como afirma el mismo columnista, haciendo referencia a la delicada situación política con que se está manejando el tema, debido al gran impacto internacional que sigue generando.

De igual forma los bochornosos casos que terminaron siendo expuestos como equivocaciones generadas a partir de falaces declaraciones de criminales, es otro antecedente que propicia a actuar con cautela en el tema.

Cabe señalar que tampoco hay evidencia de que los jóvenes estudiantes fuesen armados al lugar; más aún, periodistas como John Gibler, quien entrevistó a decenas de jóvenes que estuvieron aquella noche, o que conocían a los jóvenes de Iguala, señalan que casi la totalidad de estudiantes eran de nuevo ingreso, muchachos muy jóvenes que emocionados acudían a su primera actividad de lucha en campo; describiendo a unos estudiantes muy distintos del comando de 17 peligrosos sujetos armados que sostiene Sidronio Casarrubias.

De igual forma este periodista cuenta con testimonios de diversos familiares y conocidos de Julio César en Tianguistenco, Edomex, y que relatan una vida muy diferente a la que se esperaría de un líder criminal, como lo estaría investigando la PGR; Julio César era un jóven recién convertido en padre, con raíces en una familia muy humilde en un poblado llamado Tecomatlán, municipio de Tenancingo; estaba estudiando en Ayotzinapa con la ilusión de convertirse en maestro y salir adelante de manera honesta.

No obstante hasta la fecha ninguna de las líneas de investigación ha dado frutos convincentes, por lo que la campaña de los padres de los jóvenes desaparecidos, sigue extendiéndose globalmente; este fin de semana una pequeña comisión de padres estuvo apoyada por alrededor de 200 personas que marcharon por las calles de París, exigiendo justicia, como relata AFP.

David Galeano
Huellas.mx

Ciudad de México a 6 de abril.- El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que el hecho de que en las elecciones pueda haber candidatos ligados al crimen organizado, es un riesgo que siempre existe; al respecto, Córdova, señaló: “Ese riesgo existe siempre, desafortunadamente la criminalidad organizada es una circunstancia, es una realidad en nuestro país, pero también asumimos que nosotros, si bien no somos los garantes de que esta circunstancia no ocurra, sí como parte del estado podemos contribuir a que ese riesgo se atenúe”.

Por lo que, las mayores amenazas para la normalidad electoral devienen del crimen organizado, quienes buscan financiar las campañas electorales con el propósito de influir en la elección de autoridades municipales y, por ende, controlarlas, someterlas y, de ser posible, utilizarlas en sus actividades criminales; en ese sentido, los hechos trágicos en Iguala, Guerrero, así como lo acontecido en Michoacán, “han dejado al descubierto la vulnerabilidad de la democracia mexicana frente al crimen organizado”, opinó Liébano Sáenzs de Milenio.

Al respecto, el ex Presidente Vicente Fox recomendó al Gobierno federal dialogar con el crimen organizado para encontrar un camino de paz ante la violencia que se incrementa en el país; “Hay que mejorar la estrategia, la estrategia tiene que ser de gran inteligencia, tiene que ser de una búsqueda para terminar la violencia sin provocar violencia. Yo creo firmemente en que se puede dialogar hasta con los criminales y todo ser humano es rescatable, todo ser humano merece una segunda oportunidad, creo que se debe hacer una estrategia en ese sentido”, señaló Fox.

Tras las declaraciones del ex presidente panista Vicente Fox, en las que pide al Gobierno federal dialogar con el crimen organizado para encontrar la paz en México, los partidos políticos calificaron la propuesta de absurda; al respecto, el dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ernesto Prieto Ortega opinó: “Es un deslenguado, proponer que se dialogue o pacte con el narcotráfico no corresponde a una persona cuerda, si se pacta la justicia ya no funciona. Los que cometen ilícitos tienen que pagar”, sentenció el político; a su vez, la diputada Yulma Rocha manifestó que hacerle caso al ex Presidente sería entregar la autoridad del Gobierno a los criminales.

Por su parte, Pablo Hiriart, consideró que el hecho de que sean Los Rojos los que entren en escena por el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, tiene una connotación mucho mayor para esclarecer aún más los lamentables sucesos de Iguala, ya que desde hace años se menciona la cercanía entre el cártel de Los Rojos y los directivos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, refire Hiriart. Al tiempo que cita a El Cepillo, uno de los asesinos de los normalistas, quien torturó e interrogó personalmente a los cabecillas de los estudiantes secuestrados en Iguala, declaró a la PGR que de acuerdo con los testimonios que obtuvo en esa noche, los normalistas fueron enviados a Iguala por petición de Santiago Mazari Hernández, El Carrete, líder de Los Rojos.

No obstante, los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre desmintieron haber pedido ayuda al líder de Los Rojos; en ese sentido, Meliton Ortega, padre de Mauricio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, señaló al diario El Financiero: “Las cartulinas que se pegaron ahí no tienen nada que ver con nosotros, nosotros entregamos volantes a la población, para que nos proporcionen información”.

Por su parte, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, indicó que estaría dispuesto a dialogar con grupos de la delincuencia organizada si eso sirviera para hallar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; “Ya lo he dicho, si a mí me dicen que vaya a buscar un encuentro, un diálogo con gente de la delincuencia organizada para que nos pidan un rescate y encontremos con vida a los muchachos, estoy dispuesto a hacerlo”. “Afortunadamente los muchachos de Ayotzinapa no comparten esa posición, que significa que hay opiniones diversas con relación al caso. Entonces, hay que cuidar que con la delincuencia organizada es mejor mantener distancia, pero si esa fuera la ruta para encontrar a los muchachos con vida, pues hay que darle satisfacción a los familiares en todas las rutas, las líneas de investigación que ellos consideran conveniente; el estado tiene que ser solidario con ellos”, indicó el mandatario.

Mientras tanto, el dirigente municipal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Marcial Rodríguez Saldaña, criticó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) haya otorgado el registro sin exigir a los candidatos la carta de no antecedentes penales como lo establece la ley; en ese sentido, el líder e Morena detalló que el Instituto sólo pidió una carta de buena fe donde los candidatos afirman que no tienen antecedentes penales, lo cual consideró una omisión grave, sobre todo en los tiempos actuales.

En ese sentido, la tesis del periodista John Gilber es terminante: “El narco y la guerra contra el narco: los dos son mercados y obedecen a las reglas del mercado, no a las del Código Penal”; al respecto, cabría decir que a los mexicanos nos queda claro esto luego del nombramiento como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Eduardo Medina Mora, uno de los facilitadores del operativo Rápido y furioso, que permitió al narco de este lado recibir un considerable cargamento de armas.

Al respecto, Phil Jordan, exdirector de la DEA, afirmó para la cadena Univisión, que EE.UU mantiene documentadas las donaciones que El Chapo Guzmán pagaba a la campaña del PRI, así como los millones pagados al PAN por permitir su fuga en 2001; por lo que, Jordan presume la existencia de una red de corrupción de alto nivel en Estados Unidos y advierte que los exgobiernos priístas estuvieron profundamente involucrados en el tráfico de drogas;asimismo, agregó que el PAN recibió millones de dólares para permitir que el Chapo escapara de prisión, y que además el capo financió campañas políticas en las pasadas elecciones, incluyendo la de Enrique Peña Nieto.
Redacción. Huellas de México

Iguala, Guerrero, 31 de mar.- Un grupo de padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, colocaron una manta en esta ciudad, en la cual envían un mensaje a Santiago Mazarí Hernández, alias El Carrete, buscado narcotraficante, líder del cártel de Los Rojos, y quien ha estado colocando narcomantas con mensajes alusivos a la desaparición de los jóvenes.

Cabe señalar que Los Rojos son el cártel antagónico de Guerreros Unidos, con quienes se disputan la zona y quienes recientemente han publicado varias narcomantas deslindándose de la desaparición de los jóvenes, señalando como culpable a Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastian, quien reiteradamente ha sido acusado de encabezar al grupo criminal Guerreros Unidos.

Los padres de los estudiantes le pidieron que si Mazarí tiene más información o detalles, acerca de estas versiones o sobre el paradero de sus hijos, los muestre a la luz pública; incluso manifestaron estar dispuestos a reunirse con él.

“Le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos porque este mal Gobierno no ha sido serio con nosotros. Al contrario, nos ha lastimado con sus mentiras. Nosotros somos gente pobre y han pisoteado nuestra dignidad”, se lee en la manta colgada en transitada zona de la ciudad; con el que se despiden señalando “Háganos saber de alguna manera cómo puede ayudarnos. Gracias por su comprensión y esperamos que le llegue este mensaje”.

David Galeano
Huellas.mx

Chilpancingo Guerrero a 29 de octubre.- En la residencia de Los Pinos se encuentran reunidos los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala con el presidente Enrique Peña Nieto, dicho encuentro será privado.

Mientras tanto, luego de que dos sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos, identificaron el punto exacto en el paraje conocido como Puente del Río de San Juan, del municipio de Cocula, en donde fueron entregados, y posiblemente asesinados, los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados por policías municipales, se prevén las primeras excavaciones en búsqueda de fosas en ese punto.

Además, agentes federales continúan con la búsqueda de los 43 normalistas, auxiliándose de lanchas y un equipo de buzos, a lo largo del río Cocula. En ese sentido, elementos de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal iniciaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del río Cocula, como parte de las acciones para localizar a los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.

A su vez, en la reunión de integrantes del gabinete de seguridad del gobierno federal con el mandatario estatal, Rogelio Ortega, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong anunció que se establecerán diversas estrategias para 17 municipios de Tierra Caliente, con mandos confiables para la ciudadanía, hasta que la entidad genere sus fortalezas institucionales y policiales. Asimismo, en dicho encuentro, el procurador Jesús Murillo Karam aseguró que se están usando todos los medios de inteligencia para cumplimentar las órdenes de aprehensión contra José Luis Abarca, exalcalde prófugo de Iguala, acusado —junto con su esposa y el exjefe de la policía municipal.

Por su parte, Sidronio Casarrubias Salgado, líder de los Guerreros Unidos, confesó ante la SEIDO que su organización secuestró a los 43 normalistas de Ayotzinapa porque entre ellos, supuestamente, iban infiltrados 17 miembros de la banda rival de Los Rojos, de la célula de Santiago Mazari Hernández “El Carrete”, sobrino del diputado petista Alfonso Miranda Gallegos. Según la declaración de Casarrubias, Los Rojos iban armados y su propósito era asesinar a Víctor Hugo Benítez “El Tilo”, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, así como a cinco de sus hermanos.

Además, Sidronio Casarrubias afirmó que “El Gil” le dijo que los estudiantes dejaron tres cuerpos abandonados en la terminal de Iguala, mismos que habrían sido levantados en Chilpancingo presuntamente con la intención de calentar la plaza. Cabe señalar que los estudiantes reconocen que fueron a la terminal de Iguala, no obstante afirmaron que nunca pasaron por Chilpancingo, debido a los operativo con policías antimotines que había en la capital.

El mismo “Gil”, lugarteniente de los Guerreros Unidos, indicó que los ejecutados ya habrían sido quemados y sus cenizas lanzadas al río; al respecto, Casarrubias presume que se refería al Río Cocual. Cabe aclarar que los ejecutados eran los 17 presuntos Rojos infiltrados quienes fueron retenidos al menos hasta las 14:00 hrs del día 27 según un mensaje de blackberry. Asimismo, en las declaraciones de Sidronio Casarrubias afirmó que Los Rojos pagaron alrededor de 300,000 doláres al procurador de Guerrero Iñaky Blanco, al secretario de seguridad pública del estado, Leonardo Vazquez Perez y al director de la escuela normal de Ayotzinapa para permitir al infiltración del grupo criminal en los autobuses con los estudiantes en su plan de asalto de la plaza Iguala.

Cabe señalar que no se tiene registro alguno de cuerpos abandonados en la terminal de Iguala el 26 de septiembre, lo que también podría ser confirmado por las cámaras de vigilancia del lugar, lo cual no ha sucedido. Además,

Por otro lado, Sidronio Casarrubias, agregó en sus declaraciones a la PGR que la familia Pineda Villa, fundadora de Guerreros Unidos, financió la campaña electoral de Ángel Aguirre Rivero a la Gubernatura en 2010. De acuerdo con el capo, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del Alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, era la responsable de los dineros de este clan criminal.

No obstante, el grupo criminal de Guerreros Unidos,logró operar y ampliar su influencia territorial sin que las dependencias de seguridad nacional, el aparato de inteligencia, ni los gobernadores de la zona centro del país lo frenaran; a pesar de las reuniones de la Zona Centro del gabinete de seguridad, incluido el CISEN y siete gobernadores, en las que se presumía coordinación y blindaje.

Redacción. Huellas de México