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Israel bombardea a 2 niños palestinos en supuestos ataques a Hamas

Dos hermanos palestinos de 6 y 10 años murieron este sábado en la Franja de Gaza tras ser alcanzados por los bombardeos israelíes contra un supuesto campo de entrenamiento de Hamas ubicado en el norte del enclave costero.

Otro niño que resultó herido en el mismo bombardeo se encuentra hospitalizado con pronóstico reservado, informó el portavoz del ministerio de Salud gazatí, Ashraf al-Qidra.

El funcionario precisó además que Isrá Abu Khusa, la niña de 6 años, murió algunas horas después del ataque a causa de las graves heridas, mientras que su hermano, Yasin, murió en el bombardeo.

Un periodista de la agencia de noticias palestina Maan, informó que al momento del ataque, los niños estaban en su casa, en el noroeste de Beit Lahiya, y agregó que la familia aún vive en una vivienda que fue parcialmente destruida durante la última ofensiva israelí, en 2014.

Según fuentes oficiales israelíes, la fuerza aérea atacó en la madrugada cuatro sitios de Hamas en la Franja de Gaza en respuesta a cuatro cohetes disparados anoche por el movimiento islamista que impactaron en zonas abiertas del sur de Israel sin causar daños.

Sin embargo, fuentes de seguridad palestinas, señalaron que fueron cinco los blancos atacados desde el aire, en tres casos instalaciones de entrenamiento que pertenecen al brazo armado de Hamas, que controla Gaza desde 2007, y de la Yihad Islámica.

También atacaron un puesto de milicianos en el centro de Gaza y una posición en el este de la Franja.

“El ataque con cohetes de hoy es un ejemplo de los incesantes esfuerzos de los extremistas para amenazar la seguridad de la población del sur de Israel”, dijo el teniente coronel Peter Lerner, portavoz militar para medios extranjeros, informó la agencia de noticias EFE.

En lo que va de año las milicias han disparado siete cohetes contra Israel, que suele responder a este tipo de agresiones con ataques puntuales en la Franja.

Las milicias y fuerzas de seguridad palestinas habían comenzado a evacuar sus posiciones esta madrugada en previsión de la respuesta israelí.

El protocolo de ataques con cohetes y contraataques aéreos quedó instaurado después de la última guerra entre las milicias palestinas de Gaza e Israel, en la que en 50 días murieron más de 2.100 palestinos y 73 israelíes.

Los sucesos se enmarcan en la ola de violencia que vive la región desde el 1 de octubre, en la que han muerto 177 palestinos, dos tercios de ellos abatidos al perpetrar o intentar cometer ataques y el resto por la represión militar de protestas contra la ocupación; mientras que 28 israelíes y 3 extranjeros han muerto en ataques palestinos.

Un palestinos de dos años y su madre embarazada murieron en octubre pasado cuando un ataque aéreo israelí derrumbó la vivienda en la que vivían en el sur de la ciudad de Gaza, mientras que otro niño, de cinco años, murió cuando le estallaron en sus manos municiones sin explotar el mes pasado.

Entretanto, un grupo de piratas informáticos de la Franja de Gaza intervino la señal de la principal cadena de televisión israelí para insertar un vídeo de amenazas a los israelíes, reconoció hoy el Canal 2.

La intervención duró varios minutos y afectó únicamente a aquellos que reciben la señal por medio de antenas parabólicas privadas, pero no a los espectadores abonados a empresas de cable, la mayoría en el país, informaron medios locales.

Mensajes como “Aprendan la lección”, “Protejan sus vidas y salgan del país”, o “Matan a mujeres y niños a sangre fría”, fueron algunos de los eslóganes proyectados en el vídeo mientras se veía una sucesión de imágenes de ataques palestinos contra israelíes en la última ola de violencia que sacude la región desde el 1 de octubre.

El vídeo, que interrumpió la señal del programa “Gran Hermano” y ha sido atribuido por el Canal 2 al movimiento islamista Hamas también incluía imágenes de palestinos abatidos por las fuerzas de seguridad israelíes en ataques contra blancos en Israel.

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Altos mandos ordenaron masacre de Tlatlaya; nuevas pruebas

Ciudad de México, 2 de jul.- Diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentaron este jueves un informe que podría cambiar la historia de México, pues se está mostrando evidencia donde se expone que altos mandos del ejército fueron quienes emitieron la orden de “abatir” a los militares que terminaron matando a 22 personas la madrugada del 29 de junio del 2014 en una bodega de Tlatlaya, Estado de México.

En la conferencia de prensa participó una de las sobrevivientes en la masacre: “Julia“, madre de la niña de 15 años que también fue asesinada en el lugar, quien por primera vez dio la cara, para sumarse a la exigencia de justicia.

En el evento participaron representantes de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos: Santiago Aguirre Espinoza, subdirector del Centro Miguel Agustín Pro Juárez; Darío Ramírez, de Artículo 19, Pedro Quiróz de Amnistía Internacional, Aidé Pérez de Fundar; Ernesto López Portillo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, José Antonio Guevara del CMDPDH; Miguel Concha del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Édgar Cortés del IMDHD,  quienes coincidieron en que se tratan de pruebas irrefutables de la participación del estado mexicano, quien, como práctica recurrente, lanzó la orden de asesinar.

 

La prueba principal

Aunque ya se tenían también los testimonios coincidentes de las tres personas que sobrevivieron a la masacre, se están presentando además documentos militares que revelan las órdenes que se emitieron en la región, provenientes de la sección 22 militar, con sede en Santa María Rayón, Estado de México, quienes emitieron a la base militar de Antonio del Rosario, la orden siguiente:

“Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Dicha orden, se emitió el día 11 de junio del 2014, a la base militar que terminó perpetrando la masacre en la bodega de Tlatlaya tres semanas después, y en la cual se incluía también la aclaración de que eran “órdenes del alto mando”, es decir del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Dicha orden viene detallada en el informe que presentan las organizaciones, y que tiene como título precisamente: “Tlatlaya, a un año: la orden fue abatir”.

Los especialistas afirman que la orden de “abatir”, significa claramente matar, asesinar, ejecutar, lo cual queda corroborado en el reporte presentado por los militares de Tlatlaya, quienes informan que se logró “abatir” a 21 criminales.

Con esto quedaría de manifiesto, que los militares ya tenían la orden de asesinar a presuntos delincuentes, sin llevar a cabo ningún proceso de por medio, algo ilegal y contrario a convenios internacionales ratificados por México como el de Ginebra, por lo que las órdenes del ejército mexicano, podrían encuadrarse en delitos de lesa humanidad advirtieron los defensores, al tratarse además de una práctica recurrente.

Los ponentes señalaron, que unicamente mediante amparos obtenidos por la testigo en su calidad de víctima, es como se pudo tener acceso a dicha documentación, la cual intentó ser bloqueada por el ejército mexicano.

 

 

“No ha habido verdad en Tlatlaya”

Otro de los fuertes señalamientos, es acerca del delito de encubrimiento que estarían realizando tanto las fuerzas armadas como funcionarios judiciales y de gobierno, quienes también han participado de la cadena de mentiras con las que han pretendido enterrar el caso, del cual, aún sigue sin salir a la luz pública toda la verdad.

Un hecho fundamental ratificado por los sobrevivientes, es el hecho de que participaron mucho más de ocho militares en la masacre; pues se hace referencia a que incluso pasaron muchos minutos, y llegaron personas con uniformes distintos después de haber iniciado las ejecuciones, tres de las cuales se habrían realizado incluso varios minutos después de que habrían sido ejecutado ya el resto de jóvenes.

Aquí es donde entra otra disparidad con la versión oficial; pues en el informe presentado hoy, se insiste que se tienen evidencias que hacen inverosímil la versión final emitida por la Sedena, de que 8 personas unicamente habrían sido ejecutadas después de rendirse, siendo que en realidad pudo haber sido incluso el doble.

 

Necesidad de investigar la cadena de mando

Las organizaciones abundaron en la necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército Mexicano, por lo que exigieron investigar no sólo al comandante de la 22 zona militar en ese entonces, el general José Luis Sánchez León, sino también ir escalando a la cadena de mando, hasta aclarar quien emitió la orden de ejecutar, así se tenga que llegar al titular de la Sedena referido como “el alto mando”, e incluso al presidente de la república Enrique Peña Nieto, quien es en todo caso el responsable de las fuerzas armadas.

Uno de los representantes especialista en derecho, recordó también un hecho fundamental: la participación del ejército en operaciones policiales; situación que durante muchos años fue impensada, aunque a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es que se abre la posibilidad a la participación del ejército mexicano en este tipo de operaciones, no obstante dicha participación está sujeta a dos condiciones: uno, que sean las autoridades civiles quienes solicitan la presencia del ejército en casos específicos; y dos, que sean las autoridades quienes se hagan responsables de las consecuencias que pueda ocasionar la participación de las fuerzas armadas.

Esto vendría a ratificar también la responsabilidad de las autoridades civiles, en este caso directamente del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien fue también uno de los principales en encubrir los ilícitos.

 

Lucha por la justicia

Las organizaciones reiteraron que no se trata de defender criminales y criticar a las instituciones, sino se trata de una defensa de los derechos humanos, pues la realidad del país, y cifras provenientes de amplios estudios internacionales, revelan que en México se está “violando sistemáticamente los derechos humanos” de parte de las fuerzas armadas, quienes no solamente están cometiendo ejecuciones, sino también tortura y desapariciones forzadas en todo el país; insistiendo también que no se trata de un hecho aislado.

Por tales motivos los expertos hicieron un llamado a la Corte Penal Internacional de La Haya, para iniciar averiguaciones acerca de las violaciones sistemáticas del estado mexicano, advirtiendo también la necesidad de ampliar las investigaciones.

 

Asimismo se externó la necesidad de implementar un plan de salida de las fuerzas armadas del ejército, para que puedan dejar de hacer funciones que no le corresponden; aunque haciendo mención de que esto sólo será posible cuando los policías cumplan con su deber, lo cual solamente se hará realidad cuando existan mecanismos de rendición de cuentas que garanticen la correcta realización de sus funciones; lo cual consideraron tarea complicada, haciendo alusión al hecho de que “existe una decisión de estado, de mantener en condición de debilidad a las instituciones de seguridad”.

 

DESCARGAR EL INFORME COMPLETO

 

Raúl Flores Durán. Huellas.mx

Videos de la conferencia de prensa:

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Sudáfrica deja ir al dictador de Sudán condenado por La Haya

Actualización: Finalmente el gobierno sudafricano confirmó la partida de su territorio del presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, apenas minutos antes de que un juez federal ordenara su detención, en cumplimiento de una orden internacional girada por La Haya.

Johannesburgo, Sudáfrica, 15 de jun.- Gran incertidumbre persiste en torno a la detención en Sudáfrica del presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, quien es el primer mandatario en ser encontrado culpable por crímenes de lesa humanidad, por la Corte Internacional de La Haya.

Desde 2009, se emitió una orden de arresto por parte de la Corte Internacional, misma que están comprometidos a ejecutar, todos los países que han firmado los estatutos, como recordó Ban Ki Moon, el secretario general de la ONU, hace unos minutos, en medio de un conflicto diplomático de alcance internacional.

Al-Bashir, acudió a Sudáfrica a una cumbre de jefes de estado del continente, no obstante un juez, en cumplimiento preventivo de la orden internacional, ordenó impedir al presidente de Sudán abandonar el territorio sudafricano, instándolo a presentarse ante un juzgado local.

El presidente de Sudán, también llamado Sudán del Norte, es un dictador militar que tomó el poder por medio de un golpe de estado en 1989; está acusado de múltiples crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, además de ser investigado también por genocidio.

Por este motivo el Secretario general de las ONU, exhortó a Sudáfrica a cumplir con la resolución de La Haya, no obstante, minutos después de que el dictador se presentó ante el juez, fuentes oficiales de Sudán señalaron que el presidente Al-Bashir se encontraba ya en camino a Sudán.

Es aquí donde se ha desatado también gran controversia, pues mientras que la televisión oficial de Sudán, y el vocero oficial afirmaron que el presidente Omar Hassan al-Bashir despegó de Sudáfrica con destino a Jartoum, la capital de Sudán, ninguna fuente de Sudáfrica o internacional ha confirmado tales versiones.

De hecho un representante del gobierno sudafricano salió a aclarar que al-Bashir no se encontraba en la lista de pasajeros que despegó en el jet sudanés, lo cual también comienza a ser corroborado por diversas agencias internacionales.

Al Arabiya relató fuentes sudanesas que afirman que el gobierno de Sudáfrica reconoció que no puede detener a al-Bashir, pues fue invitado por el ejecutivo sudafricano, ofreciéndole inmunidad, al igual que al resto de jefes de estado que acudieron a la cumbre.

Y aunque la BBC reportó también la supuesta salida del presidente de Sudán, en conferencia de prensa autoridades de Sudáfrica insistieron en que Al-Bashir sigue en territorio sudafricano.

 

Redacción. Huellas de México

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