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En México asesinan cada mes a 180 mujeres: Inmujeres

Javier Bárcenas

La diputada presidenta de la Comisión Especial de Alerta de Género, Karen Hurtado Arana (PRD), dijo que en muchas entidades este instrumento nació muerto y que es lamentable que la violencia contra las mujeres se vea como estadísticas, a pesar del número de homicidios contra este sector.

Durante el Foro “La efectividad de las Declaratorias de Alerta por Violencia de Género y mecanismos alternativos para hacer frente a la violencia generalizada contra las mujeres en México”, señaló que no existe suficiente información sobre la violencia que sufren las mujeres a nivel nacional.

Es momento de que la sociedad civil alce la voz y exija a las autoridades lo que les corresponde hacer, y que el Legislativo trabaje para garantizar una vida libre de violencia.

La presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos Por Razones de Género, diputada Maricela Contreras Julián (Morena), manifestó que en 10 años se han registrado más de 26 mil asesinatos de mujeres, debido a la impunidad, falta de procuración de justicia y de castigo.

Añadió que los mecanismos de alerta de violencia en los estados implementan un procedimiento muy largo, y comentó que Ciudad Juárez, Chihuahua, fue paradigma en este tema, porque a partir de que se registró la violencia contra la mujer, se comenzó a hablar del tema en todos los estados.

La diputada integrante de la Comisión de Igualdad de Género, Concepción Villa González (Morena), indicó que el procedimiento para eliminar una alerta es tardado, lo que genera un estado de emergencia por violencia feminicida.

“Urge revisar y analizar el instrumento de las alerta de género, con el fin de implementar acciones que garanticen el cese de la agresión en contra de las mujeres”, consideró.

El coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete Gutiérrez, pidió modificar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque el artículo 60 en materia de sanciones remite a un hoyo negro donde se pierde el tema de la responsabilidad de los servidores públicos.

Solicitó integrar un capítulo con perspectiva de género donde se plantee qué responsabilidad debe tener el servidor público que no emita una orden de protección a una mujer en situación de violencia, y qué se hará con autoridades que siguen patrones de omisión y maltrato.

La directora de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Elvia Lucía Flores Ávalos, puntualizó que la herramienta de alerta de género, aunque es muy importante, no resuelve el problema de feminicidio; es necesario implementarla en toda la República.

“Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, son estados que no implementan este instrumento. Buscamos que estados y municipios atiendan el problema de violencia contra las mujeres, hay mucho por hacer”.

Consideró que a fin de lograr resultados en la implementación de alerta por violencia, se debe reconocer a la víctima y a sus familiares para reparar el daño, “se debe integrar la parte de conocer las conductas para tipificarlas bien”.

Es urgente investigar todas las violaciones de derechos humanos, y proporcionar a las víctimas atención psicológica y garantizar que no se repetirán esas conductas agresivas.

En su oportunidad, la directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), Edna Guzmán García, consideró que para garantizar la implementación de alertas de género, hay que vincular a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las fiscalías de los estados para que se coordinen y enfrenten la problemática.

La directora Ejecutiva del Centro de Investigación para la Equidad Política y Desarrollo, Teresa Pérez Vázquez, puntualizó que no existe voluntad política para resolver la violencia de género.

Los servidores públicos deben olvidar la complicidad, omisión y falta de acciones que generan corrupción y retraso en la atención de la problemática e impide dar resultados eficientes. “Hay que buscar la forma de impulsar el quehacer de los servidores públicos, gobernantes y de quienes toman decisiones de forma ética”.

Menor con arma

Inmujeres llama a mejorar entorno social

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) exhortó a padres de familia, directivos de planteles educativos, maestros y medios de comunicación, trabajar juntos por un mejor entorno social, ante los hechos ocurridos el miércoles en una escuela particular de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde un alumno hirió a una profesora y a varios de sus compañeros con un arma de fuego.
El organismo también expresó su rechazo absoluto a la violencia en cualquiera de sus expresiones y consideró necesario redoblar las acciones para, desde la primera infancia, transformar la mentalidad a fin de evitar que “vean y vivan como algo normal una conducta que nos lacera a todos”.
Asimismo, manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la comunidad estudiantil que sufrió tan lamentable suceso en el Colegio Americano del Noreste.
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Inmujeres pide paridad en tribunal electoral

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Senado considerar el principio de paridad en la renovación del pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Conformar el máximo órgano jurídico en los procesos electorales en términos paritarios resulta congruente con los esfuerzos que el Estado mexicano ha realizado para alcanzar la igualdad de género en todos los espacios de la vida pública y privada, indicó el Inmujeres a través de un comunicado.
Señaló que de las seis magistraturas que constituyen el pleno de la Sala Superior, solo una está representada por una mujer, lo cual dista significativamente de exponer un órgano con representación equilibrada e igualitaria.
La renovación, dijo, conlleva la oportunidad de contar con un organismo de justicia electoral integrada de forma paritaria, alineado a los derechos y al trabajo que la propia institución ha realizado para fortalecer el avance político y los liderazgos de mujeres en el país.
El instituto confió que los integrantes de la Corte y del Senado consoliden los esfuerzos, acciones y notable impulso que tienen los principios de paridad e igualdad sustantiva en el país para eliminar cualquier brecha entre mujeres y hombres.

7 de cada 10 mujeres padecen violencia de género: Inmujeres

Ciudad de México a 19 de septiembre.- De acuerdo con la doctora en Ciencias en Salud Colectiva, Ángela Martínez González, el aborto no es un factor de riesgo para el suicidio en las mujeres, como sí lo constituye la violencia de género, especialmente la violencia sexual y la imposibilidad de decidir sobre su cuerpo y su vida. Lo que contradice el enfoque biológico y patriarcal sobre la salud mental de las mujeres que ha considerado al aborto como una causa de suicidio en ellas, argumento utilizado por grupos conservadores para prohibir este derecho a las mujeres.

Por su parte, el gobierno del estado de Morelos no ha aceptado de manera oficial las 15 recomendaciones para detener la violencia feminicida, que emitió la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) que presentó la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) de la que se desprendió la investigación de la ola de asesinatos de mujeres en la entidad. Por lo que, a un día de que se cumpla el plazo (19 de septiembre) para aceptar de manera formal las recomendaciones la organización civil manifestó su descontento ante la informalidad del gobierno estatal para aceptar las observaciones.

Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) dictó la primera sentencia condenatoria en el estado contra un feminicida, luego de la tipificación de dicho delito en abril de 2013. La condena de 37 años y seis meses de cárcel, le fue impuesta a Modesto Dolores San Juan, quien resultó penalmente responsable de la muerte de María Lara Esteban.

No obstante, Chihuahua es el único estado del país que no ha tipificado el delito del feminicidio, a pesar de que en México, 7 de cada 10 mujeres sufren algún acto de violencia, indicó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Por lo que, uno de los grandes retos para el país es erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres, señaló Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, durante el Seminario Internacional a 20 años de la Convención Belém do Pará, realizado en Montevideo, Uruguay.

 

 

Redacción. Huellas de México

Prevalece cultura patriarcal en detrimento de DDHH femeninos

La reforma constitucional de derechos humanos de 2011 está limitada por una cultura patriarcal, misógina y machista que persiste de manera particular en los operadores del sistema de procuración y administración de justicia, afirmó Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres.

Al inaugurar el Foro sobre la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 en favor de las mujeres, en La Paz, Baja California Sur, Navarrete Gutiérrez señaló que el sistema jurídico nacional mantiene la tradición de derecho romano, el cual ha permeado de manera negativa en la consecución de los derechos humanos de las mujeres.

Consideró que a casi tres años de que se publicó la reforma constitucional de derechos humanos es preocupante ver que existen muchos riesgos reales de que no se llegue a aplicar cabalmente.

“Nos angustia la contrarreforma académica que a diario se da en las aulas, porque se observa que las universidades, de manera particular las facultades de derecho siguen formando al alumnado bajo el concepto tradicional de garantías individuales, incluso contraponiéndolo con el concepto de Derechos Humanos”.

El coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres lamentó que lejos de una formación innovadora de derechos humanos, las Facultades de Derecho de las distintas universidades del país se mantienen ancladas en conceptos tradicionales de derecho que no han contribuido a un cambio en la dinámica social, política y cultural a favor de los derechos de las mujeres y los hombres.

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